El “acuerdo razonable” del Senado: Una pesadilla para los inmigrantes

Si van a decir que cruzar fronteras sin permiso es un delito que no se puede tolerar y que se debe castigar; ¡¿qué dicen de George Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, C. Rice (y, sí, Colin Powell) y el resto de esa pandilla, quienes “cruzaron la frontera”… de Irak y de muchas partes más sin permiso y con terrible violencia?!

El 26 de mayo el Senado aprobó un proyecto de ley de inmigración que supuestamente es un “acuerdo razonable”, pero que en realidad es una pesadilla para los inmigrantes porque aumenta la penalización de los indocumentados, los bancos de datos y las redes de espionaje (lo que afectará a todos, no solo a los inmigrantes), y la descarada explotación de los trabajadores inmigrantes.

El proyecto de ley del Senado aprueba la detención de inmigrantes en bases militares mientras esperan deportación o una audiencia de asilo. Pueden detener por un período indefinido a quienes no sean aceptados en su país de origen o si hay “razón fundada”, lo cual es casi imposible de apelar. Pueden deportar con “pruebas secretas”, que antes solo se usaban en casos de terrorismo.
Cataloga a los inmigrantes según el tiempo que han estado aquí: los que lleven más de cinco años supuestamente tendrán la oportunidad de ser ciudadanos (pero en realidad serán muy pocas personas, como veremos). Los que lleven entre dos y cinco años tendrán que presentarse a “puertos de entrada” (ya sea en las costas o en la frontera), sin importar a qué distancia estén, y cuando se presenten se encontrarán ante un dilema: tendrán que comprobar cuántos años tienen aquí, pero si resulta que han usado documentos falsos, como un número de Seguridad Social, no se les permitirá quedarse y los podrán deportar. Ya vimos lo que pasó cuando los sudasiáticos y musulmanes recibieron órdenes de presentarse al gobierno en 2003 y deportaron a casi 500.
Autoriza a la policía a entregar a los inmigrantes a la Migra para que los deporte, lo cual pone a millones en riesgo de que cualquier encuentro con la policía los separe de la familia para siempre. Además, declara guerra contra la juventud latina y de otros grupos inmigrantes con el pretexto de la lucha contra las pandillas; cualquier persona que un policía clasifique de “pandillero” (sin ningún criterio establecido) puede ser deportada. Un estudio del “Banco de Datos de Pandillas” del Departamento de Policía de Los Ángeles realizado en 1992 indicó que el 94% de más de 100,000 chavos del banco de datos (dos tercios eran latinos) no cometieron ningún delito (ver “Demonizing Youth”, de Linda S. Beres y Thomas D. Griffith, Loyola Los Angeles Law Review).
Crea una zona especial de 160 kilómetros a partir de la frontera en la cual no se aplican los trámites normales para solicitar asilo político. Por ejemplo, una persona que viene huyendo de persecución política no podría solicitar asilo si se encuentra con policías o agentes de inmigración en San Diego.
El proyecto de ley del Senado no es un “camino a la ciudadanía”, como dice la prensa burguesa. Niega ciudadanía a cualquiera que haya sido condenado de un “delito grave” (como tener documentos falsos) o de tres delitos menores, sin importar hace cuánto ocurrieron. Cualquiera que haya usado documentos falsos para trabajar, o sea millones de personas, quedaría descalificado y correría el riesgo de ser deportado. No está claro todavía cuántas personas recibirían ciudadanía, pero las organizaciones que velan por los derechos de los inmigrantes, como National Immigration Project, dicen que muchos no podrán ser ciudadanos.
Además, crea un programa de trabajadores huéspedes que legitima más la explotación de los inmigrantes y establece por ley que son personas de segunda categoría. (Ver “La cruel realidad de los programas de 'trabajadores huéspedes’”, Revolución #48) A los trabajadores huéspedes los contratarán para los trabajos más pesados y peligrosos, y vivirán siempre endeudados y bajo la amenaza de que los deporten o que les pase algo peor, y luego los descartarán cuando ya no los necesiten. Bush y otros han dicho categóricamente que esos trabajadores no serán ciudadanos.

Ahora, los proyectos de ley de la Cámara y el Senado los revisará un comité que podría incluir al congresista Sensenbrenner, el patrocinador del proyecto de ley que quiere penalizar a cualquier persona que ayude a un inmigrante. Por eso, la ley de “conciliación” de la Cámara y el Senado será peor que lo que propone el Senado.

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