“Qualcomm me hizo recordar Katrina”

José Fusté, un estudiante posgrado de la facultad de Estudios Étnicos de la Universidad de California en San Diego, nos envió esta carta:

Es importante que se sepa que la respuesta del gobierno ante los incendios de San Diego no ha sido tan benévola como ha hecho pensar la prensa. Para las familias migrantes, esto de ninguna manera es una “anti-Katrina”, pues se les están negando servicios de emergencia, los patrones los ponen en peligro, las autoridades y los voluntarios los tratan mal, no les dan ayuda en los refugios para evacuados, y la policía los discrimina por su raza y la Patrulla Fronteriza los deporta.

Hay dos aspectos importantes de esto que demuestran que ese es un patrón recurrente desde hace una semana:

A los migrantes los desatienden las autoridades y los obligan a trabajar en las granjas al lado de los incendios.

Hoy [25 de octubre] el San Diego Union-Tribune informó que muchos migrantes que viven en los cañones alejados y en los campos cerca de los incendios no han sido evacuados. En ciertos casos, las autoridades no los han informado de las órdenes obligatorias de evacuación. Otros no quieren irse porque temen perder el empleo o que los detenga la Patrulla Fronteriza.

Hoy, la Patrulla Fronteriza encontró los cadáveres calcinados de cuatro personas ætres hombres y una mujeræ en un cañón cerca de Potrero. Las autoridades suponen que son migrantes y están tratando de determinar cómo murieron. Unos dicen que cruzaban la frontera, pero otros especulan que vivían en un cañón y no evacuaron. Hasta la fecha, ellos son un cuarto de las muertes directa o indirectamente relacionadas con los incendios.

Esta tarde hablé con Enrique Morones, fundador y director de Ángeles Fronterizos (Border Angels). Él y otros voluntarios andan recorriendo las zonas rurales para convencer a los migrantes que tienen que evacuar, pero han encontrado que en muchos casos los patrones les dicen que hay que quedarse a trabajar en las granjas en las zonas de evacuación obligatoria, sin siquiera darles mascarillas para la respiración. Por eso corren mucho riesgo, especialmente por el aire contaminado.

También hablé con Greg Morales de Ángeles Fronterizos y la Asociación de Poetas México-Americanos, que es la persona a cargo de recibir agua y alimentos para los migrantes en el histórico parque Chicano en el barrio Logan. Él dice que las autoridades han descuidado y en ciertos casos impedido sus esfuerzos de llevar artículos de primera necesidad a los migrantes en las zonas afectadas. En los últimos tres días, han llenado 200 vehículos con abastecimientos, que los voluntarios tratan de llevar a las comunidades de migrantes que más las necesitan. Varios voluntarios intentaron llevarlos a Potrero, una comunidad rural en la zona de los incendios cerca del cruce fronterizo de Tecate, pero la policía estatal no quería dejarlos pasar y les dijo: “¿Por qué quieren ir a Potrero? La mayoría se han ido. Ahí solo hay narcotraficantes”.

Esta mañana, los voluntarios en el parque Chicano recibieron una visita no deseada de siete miembros de los Minutemen. También los han acusado de distribuir artículos robados de los refugios, lo cual todos negaron categóricamente. La policía también ha estado hostigando a los voluntarios y vigilando todas sus actividades. Cuando le pregunté al Sr. Morales acerca de la ayuda que han recibido de las autoridades, me dijo: “Lo único que hemos recibido del gobierno es hostigamiento hoy por la mañana y dolor por estar aquí”.

Las autoridades y voluntarios han maltratado y amenazado con deportar a los migrantes evacuados en el estadio Qualcomm.

Ayer, el Union-Tribune informó que la Patrulla Fronteriza arrestó a seis migrantes ilegales acusados de robarse suministros del estadio Qualcomm, la mayor concentración de evacuados. El artículo dice que una señora los vio cargando suministros en una camioneta y que le informó al sargento de policía Jesse Cesena, quien dijo: “Se robaron muchas cosas”. El artículo dice que cuando intervino la policía, uno confesó que le habían pagado para llevarse cosas del estadio.

“Devolvimos las cosas y los sacamos. Se estaban robando de la gente en necesidad”. El artículo dice que “porque algunas de las personas hablaban español, llamaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza que están en el estadio para ayudar. Ellos establecieron que estaban en el país ilegalmente y los arrestaron”.

Hoy el periódico publicó otro artículo para aclarar lo que sucedió (pero no ha publicado una corrección formal). Dice que las personas que deportaron el miércoles eran dos parejas, una con tres hijos. También intentaron deportar a una tercera familia, pero esta tenía papeles y los pusieron en libertad.

Según el corresponsal que habló por teléfono con los deportados en Tijuana, ellos negaron que confesaron a la policía que cometieron un robo. Dijeron que se estaban llevando cosas donadas a ellos al prepararse para regresar a casa. Unos testigos presenciales con las que hablé hoy confirmaron su versión.

Ese incidente causó mucha ansiedad para las familias migrantes en el estadio Qualcomm, por lo cual unos activistas de los derechos de los migrantes se vieron obligados a ir al estadio para servir de observadores legales e intérpretes. Hoy pasé la mitad del día como observador voluntario e intérprete para la Coalición de San Diego pro Derechos de Migrantes. Hablé con Andrea Guerrero, una abogada de asuntos migratorios de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que está a cargo de los observadores legales. Guerrero dice que la detención y deportación de los migrantes podría ser ilegal ya que la policía de San Diego no tiene ninguna autorización para entregar a las personas a la Patrulla Fronteriza a no ser que se los haya arrestado y acusado de algún delito. Debo señalar que la policía de San Diego no acusó a ninguna de las personas deportadas de haber cometido un robo. Andrea Guerrero y otros abogados de la ACLU hablaron sobre eso con el jefe de policía en el estadio, quien admitió que la policía no ha sabido llevar el asunto.

Todos los abogados de la ACLU y voluntarios del Consorcio de Derechos de Migrantes con quienes hablé me dijeron que el arresto y deportación de los seis migrantes fue resultado del racismo. Hoy, alcancé a ver cómo acusaron a una familia afroamericana de robo cuando cargaban cosas en su SUV. Le dijeron a los policías y testigos que se llevaban artículos donados a ellos como todos los demás. Sin embargo, eso no impidió que varios europeoamericanos anotaran el número de placa del carro y tomaran fotos digitales, o que comentaran sobre la “audacia” de llevarse tantas cosas.

Los arrestos de miércoles y lo que vi hoy en el estadio me hizo recordar Katrina. Todos sabemos que después del huracán la prensa pintó a los residentes blancos de Nueva Orleáns que se llevaban suministros de tiendas de “carroñeros”, pero a los negros que hacían exactamente lo mismo los criminalizó como “saqueadores’. Ese mismo tipo de racismo y criminalización está sucediendo en San Diego durante esta catástrofe.

Después de la deportación de los seis migrantes las autoridades levantaron retenes en las puertas del estadio para verificar identificaciones, y empezaron a recorrer el estadio pidiendo identificaciones. Las autoridades de San Diego dijeron que era necesario para confirmar que solo las personas que debían estar ahí recibían donaciones, alimento y bebida. Muchos me dijeron que eso asustó a muchos migrantes. Guerrero calcula que unas 25 familias se fueron del estadio porque temían que los iban a detener, y que a muchos más los obligaron a irse anoche porque no tenían identificación. Es difícil decir con certeza, pero Guerrero calcula que a unas 1000 personas las mandaron irse. Suponemos que eso afectó de manera desproporcionada a las familias de migrantes que dudaron de mostrar identificación. También afectó a las personas que, por salir de la casa de urgencia, no la tenía consigo.

En el estadio hablé con unas seis familias de migrantes (aproximadamente 30 personas), que me confesaron que estaban aquí sin documentos. Todos me dijeron que después de que arrestaron a los seis migrantes acusados de robar, todos se sentían mucho miedo de que a ellos también los deportaran. La mayoría también se quejó de que las autoridades y los voluntarios los trataron mal e injustamente. Una señora mexicana indocumentada de Ramona me dijo que los voluntarios se negaron a darle a ella una caja de 12 jugos cuando acababan de darles jugo a los evacuados blancos. El Union-Tribune informó sobre otro incidente parecido: una señora dijo que “le pidió a un voluntario que le diera pañales para su hijo de dos años que tenía diarrea, y que le dio tres pañales individuales. ‘Y cuando me fui le dio a una americana toda una caja’, ella dijo”. Unos observadores/intérpretes me dijeron hoy que intervinieron en casos parecidos. Otra señora mexicana sin documentos con la que hablé hoy me dijo que después del arresto del miércoles temía pedir alimentos y suministros. Su esposo æun guatemalteco que también está aquí sin papelesæ dijo que el miércoles las autoridades amenazaron con deportar a su suegro por no tener documentos adecuados, y que solo lo dejaron quedarse después de que les mostró su propia licencia de manejo.

Hay que saber que de la misma manera que al gobierno no le importa la gente negra de clase obrera de Nueva Orleáns, no le importan las familias de migrantes latinos de clase obrera de California.

Se puede encontrar un informe detallado sobre las violaciones de los derechos civiles y humanos durante los incendios de San Diego en www.immigrantssandiego.org.

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