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Revolución #124, 23 de marzo de 2008
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La entrevista de REVOLUCIÓN
Una sección especial para que nuestros lectores se familiaricen con las opiniones de importantes figuras del arte, la música y la literatura, la ciencia, el deporte y la política. Los entrevistados expresan sus propias opiniones, naturalmente, y no son responsables de las ideas que aparecen en otras partes de esta página web.
El abogado Shayana Kadidal del Centro pro Derechos Constitucionales:
El proyecto de ley sobre la intervención de telecomunicaciones y la expansión sin precedentes de los poderes presidenciales
En las últimas semanas, dos sucesos pusieron de relieve la trituración de “normas” jurídicas aceptadas y el establecimiento de nuevas normas fascistas en este país. El 8 de marzo, George Bush vetó un proyecto de ley sobre inteligencia, aprobado en el Congreso, que prohíbe ciertas técnicas de tortura, como el “submarino”. Luego, el 14 de marzo, la Cámara de Representantes aprobó una versión de un proyecto de ley, llamado Proteger a América, que legaliza y extiende el programa de intervención de telecomunicaciones sin orden judicial de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). El año pasado, el Congreso aprobó una versión temporal y la versión nueva extiende el programa por otros seis años. Bush ha amenazado con vetar cualquier proyecto de ley que no proteja a las compañías de telecomunicaciones, que encaran varias demandas a raíz de su participación en dicho programa. El Senado aprobó una versión antes que las absuelve de cualquier delito.Revolución habló con Shayana Kadidal, abogado del Centro pro Derechos Constitucionales (CCR), sobre esos sucesos y en particular la intervención de la NSA. El portal del Centro pro Derechos Constitucionales dice: “Además de supervisar las demandas respecto a Guantánamo, [Kadidal] supervisa el proyecto de viajes a Cuba y colabora en la demanda CCR vs. Bush, sobre el programa de intervención sin orden judicial de la NSA, y HLP vs. Gonzales, que cuestiona la ley de ‘ayuda material’. Colabora también con la Vulcan Society, un grupo de bomberos negros que está demandando al Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York por contratación discriminatoria; con la Coalición Sikh, que está demandando a la Autoridad de Tránsito de la misma ciudad por discriminación religiosa; y en otros casos”.
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Revolución: Primero que todo, ¿puede reflexionar un poco y poner estos acontecimientos relacionados con la tortura y el espionaje oficial en el contexto de los cambios jurídicos muy profundos que han ocurrido en los últimos siete años, por ejemplo el minar del hábeas corpus, y así sucesivamente?
Shayana Kadidal: Todos los cambios jurídicos tienen un tema en común: que el ejecutivo debe tener ciertos poderes que el Congreso no puede frenar. Que no importa lo que dice el Congreso, aunque sea clarísimo, en ciertas circunstancias no se previó que el Congreso tuviera la autoridad para regular el poder ejecutivo. Como usted sabe, en parte eso ha sido la intención de Cheney desde los años 70. Si recuerda, Cheney fue una de las personas que en los tiempos de Watergate pensaban que muchas reformas que los demócratas, con una mayoría inmensa [en el Congreso], lograron aprobar debilitaron al país porque debilitaron la posición del ejecutivo. Por ejemplo, las leyes FISA (Vigilancia de Inteligencia Extranjera) que limitaron la capacidad del presidente de recopilar información de inteligencia sin la aprobación de un juez para propósitos de "seguridad nacional", espionaje a potencias extranjeras, gobiernos extranjeros, organizaciones terroristas extranjeras, etc. Eso es un aspecto.
Otro aspecto, más pertinente ahora tras el 11 de septiembre, es la idea de que la nación está en una situación como una guerra con al Qaeda, que tradicionalmente el Congreso no debe desempeñar ningún papel en decirle al presidente cómo interrogar a los soldados capturados en una guerra, y que esa limitación de la autoridad del Congreso se extiende también a las técnicas específicas de interrogación. En contraste, previamente se podía suponer que el poder del Congreso de definir qué es un crimen de guerra, un poder detallado en la Constitución, así como la autoridad de regular las fuerzas armadas y esa clase de cosa, le darían explícitamente al Congreso la autoridad de legislar reglas de interrogación, incluso en un contexto militar, incluso si es que se acepta que hay una "guerra" contra al Qaeda y que los reglamentos militares deben aplicarse y no las reglas normales de investigación. Incluso si se acepta todo eso, se puede decir que el Congreso debe tener la autoridad de regular esas cosas, como lo explica la Constitución. El gobierno y sus abogados dicen que no, que no es así: que el presidente tiene un control total sobre lo que ocurre en el campo de batalla, pues es el comandante en jefe, y que así es la manera más "eficaz" de hacer las cosas. Y que decirle al presidente qué clase de técnicas de interrogación puede usar es poner en peligro al país.
Así que todo cabe dentro de este contexto de poder ejecutivo. Y, en particular, si el Congreso puede limitar el poder del presidente, o no.
Si la ley que prohíbe el "submarino" se hubiera aprobado con suficientes votos para anular un veto presidencial, Bush habría hecho una "declaración de firma" que decía: a pesar del voto abrumador, no tengo que aplicar esta ley porque sobrepasa la autoridad del Congreso. Y si la CIA o varios funcionarios tuvieran que responder por violaciones de esa ley, el presidente habría dicho: Bueno, ya di mi opinión jurídica de que la ley no es constitucional. El secretario de Justicia está de acuerdo con mi decisión, y los funcionarios del gobierno deben poder confiar en la asesoría jurídica de la rama ejecutiva.
Revolución: Y la cuestión de hábeas corpus: de acuerdo a la Ley de Comisiones Militares que el Congreso aprobó en el 2006, el presidente puede declarar que una persona es "combatiente enemigo" y con eso solamente se le puede detener y privar de sus derechos.
Shayana Kadidal: Sí, es básicamente una manera de decir que la rama judicial no desempeña ningún papel en decirle al presidente cuándo se permite detener a "combatientes enemigos" en el campo de batalla. Pues su definición del campo de batalla es casi el mundo entero, debido a esa organización nebulosa contra la cual supuestamente estamos en guerra, al Qaeda.
Revolución: Hablemos del proyecto de ley, llamado la "Ley de Proteger a América", que extiende el programa de intervención sin orden judicial de la NSA. Quiero preguntarle sobre la versión que la Cámara de Representantes acaba de aprobar, que no tiene protecciones para las compañías de telecomunicaciones que participaron en esa intervención ilegal. Pero primero, ¿puede describir los elementos clave y los peligros de este proyecto de ley?
Shayana Kadidal: En esencia se modela en la ley que el presidente hizo tragarse a los demócratas en el verano del 2007. Destaca porque representaba un cambio de las órdenes judiciales individualizadas; es decir, cuando el gobierno decide vigilar a una persona, provee ciertas pruebas al tribunal FISA de que dicha persona está trabajando para un gobierno extranjero o una organización terrorista extranjera, de acuerdo a la definición muy amplia de la ley FISA. Luego el tribunal gira una orden que dice que se puede vigilar a esa persona en particular.
Bueno, lo que esa ley cambió —y es un gran cambio, en términos de la historia de las regulaciones de intervenciones de telecomunicaciones— es que ahora el gobierno puede ir al tribunal y pedir la aprobación de todo un programa de espionaje. Por ejemplo, va al tribunal y le dice: queremos intervenir a todas las personas que llaman desde Afganistán a Estados Unidos en la madrugada, y luego respecto a la persona que recibe la llamada, queremos intervenir las llamadas que hace en los próximos quince minutos. Algún criterio así, muy general, que se puede aplicar a centenares de casos cada día y en que es posible que el gobierno ni siquiera sepa a quién se está interviniendo. El proyecto de ley "Proteger a América" dice que todo eso está bien, con tal de que los programas no hagan blanco de ciudadanos estadounidenses. Se permite que el tribunal apruebe el programa.
La ley del 2007 solo tenía una vigencia de seis meses y los demócratas estaban dispuestos a extenderla por períodos cortos. El presidente se negó a aceptar eso así que fracasó. Sin embargo, cualquier orden para programas enteros puede continuar por un año entero. Entonces, si el gobierno pidió seis o siete programas generales un día antes de vencer la ley, todos serán vigentes un año más. Esa es la clase de sistema en que el gobierno está operando ahora.
Una cosa interesante es que con esta ley, el gobierno puede intervenir básicamente todas las telecomunicaciones de ciudadanos estadounidenses que no están en Estados Unidos. Y si por casualidad ese espionaje interviene llamadas de ciudadanos estadounidenses que viven en el exterior a ciudadanos que viven en Estados Unidos (y viceversa), no importa; según la ley eso es legal.
Para darle un ejemplo: en nuestros casos de Guantánamo, trabajamos todo el tiempo con abogados que son ciudadanos estadounidenses, pero viven en Londres y trabajan con una organización que se llama Reprieve. Digamos, pues, llamo a uno de esos abogados para hablar de algún asunto confidencial respecto a uno de los casos de Guantánamo. De acuerdo de la Ley Proteger a América, el gobierno puede espiar a uno de esos abogados sin tener que pedir una orden del tribunal FISA. Y puede escuchar cualquier conversación que esos abogados tienen con cualquier otra persona, por ejemplo un abogado en Estados Unidos que es ciudadano de este país, como yo, mientras hablamos sobre una demanda contra el gobierno. Así que ahora es básicamente legal espiar a los abogados.
Revolución: El principio de confidencialidad entre el abogado y su cliente se ha echado por la borda.
Shayana Kadidal: Sí. Generalmente, incluso con una intervención típica donde comprueban ante un juez que hay causa probable de actividad criminal —póngale que ya intervienen el teléfono de la casa de un narcotraficante de alto nivel y este llama a su abogado—, en el instante en que se den cuenta o tengan motivos para creer que la conversación es confidencial, entonces según las reglas normales para intervenciones, sea de intervenciones domésticas o del FISA, deben apagar sus grabadoras. Se supone que se han establecido procedimientos que se llaman procedimientos de “minimizar”, que protegen las comunicaciones confidenciales como las con un abogado. Al gobierno simplemente no se le permite monitorearlas o grabarlas. Debe haber un proceso establecido según el cual, si por accidente intervienen la línea telefónica de uno que no es abogado y llama a su abogado, entonces el proceso debe proteger esas comunicaciones. Bajo la Ley "Proteger a América", según el panorama que le expliqué resumidamente, ahora pueden intervenir las comunicaciones de abogados que son ciudadanos estadounidenses.
El nuevo proyecto de ley que aprobó el Senado, que se llamara la ley Cheney-Rockefeller, atenúa un poco la gravedad de algunos de estos problemas, pero mantiene intacto el concepto general de aprobar programas enteros de vigilancia. Y eso es una desviación muy grande de lo que tradicionalmente se ha requerido de las intervenciones para que cumplan con la Cuarta Enmienda. La idea era que aprobaron la Cuarta Enmienda en parte como respuesta a las órdenes judiciales de asistencia bajo las cuales la corona británica autorizaba a la policía a irrumpir donde quisiera para encontrar a los que no pagaban los impuestos. Era sumamente impopular pues la policía andaba allanando a rienda suelta. Por eso los fundadores escribieron la Cuarta Enmienda de la manera en que está escrita, que requiere que se compruebe ante un juez una causa probable, con detalles específicos de las actividades criminales del acusado, y requiere que las órdenes judiciales de allanamiento limiten la capacidad de los agentes de la ley de interpretarlas y ejecutarlas. Debe ser lo opuesto de darles carta blanca. Esto es el problema básico con la Ley "Proteger a América", con la nueva versión, porque le permite al gobierno, y no a un juez, decidir las detalles de quiénes están en la lista.
Revolución: ¿Qué de esta cuestión de inmunidad para las compañías de telecomunicaciones bajo esta ley? Hay varias demandas contra ellas por participar en el programa ilegal de intervenciones de Bush. La Cámara de Representantes aprobó una versión del proyecto de ley que Bush amenaza con vetar porque no contiene inmunidad. ¿Podría explicarnos de eso?
Shayana Kadidal: La administración Bush trata de convencer de que no se les debe castigar a estas compañías por haber cooperado cuando se le pedimos después del 11 de septiembre. Básicamente, lo que pasó es que muchas de estas compañías grandes le permitieron a la NSA entrar y hacer un empalme con el eje de sus redes de comunicación, para extraerle todo, hacer una copia de toda llamada telefónica, toda comunicación electrónica, y entregarla a Fort Meade, donde la NSA tiene la mayor capacidad computarizada del planeta para analizar ese tipo de datos. No es necesariamente un caso de que quieren tener la capacidad de ejecutar ciertas intervenciones específicas e intervenir ciertas comunicaciones más rápidamente. Parece que el tipo de acceso que ya sabemos que ocurrió, según han contado dos ex empleados que delataron estas compañías, es básicamente más sistemático. Tiene más en común con el programa de Total Information Awareness (TIA: Conocimiento Total de Información) de John Poindexter que con la capacidad de ejecutar más rápidamente órdenes judiciales específicas.
Pero, más allá de eso, la idea de que esas compañías hacían eso voluntariamente por “patrióticas” es ridícula y demuestra falta de perspectiva. La realidad es que estas compañías telefónicas obran en un ambiente monopolístico. Sus ganancias dependen en cierto nivel de permisos gubernamentales, así que son dependientes de que las leyes les favorezcan, esencialmente para sacar buenas ganancias. Eso significa que tienen un enorme incentivo económico para cooperar con todo lo que les pida el gobierno, sin importar si les parezca o no legal o buena idea desde el punto de vista de sus políticas o si concuerde o no con los intereses de sus clientes. Lo que les interesa es el balance final en una de las industrias más reguladas del país. Por supuesto que van a hacer lo que les diga el gobierno. Y estoy seguro de que en algunos casos ha de haber una retribución, un tipo de “acuerdo entre caballeros” que se le van a conceder favores en cambio de hacer lo que les piden las agencias de inteligencia. Es absurda la idea de que se debe proteger a estas compañías de las demandas por haber violado la privacidad de sus clientes, que están pagando $500 a $1000 al año para las llamadas telefónicas. Es algo ridícula la declaración de estas compañías de que deben más lealtad al gobierno que a los clientes.
Se han propuesto muchas versiones de arreglo de este proyecto de ley. Parece una traba mayor. El gobierno está presionando duro porque creo que sabe que si se les responsabiliza a las compañías, entonces en el futuro encargarán a los abogados de tratar eso. Y los abogados van a obrar con cautela porque la hoja de datos declara que se les puede multar $1000 al día por intervenir ilegalmente las comunicaciones de cada cliente. De eso se trata. Si se les responsabiliza de algún modo a las compañías, ya no van a ser tan dispuestos a violar la ley despreocupadamente en el futuro. Por eso algunas versiones de la ley han propuesto un arreglo que pone un tope a la cantidad total de daños y prejuicios —2% del máximo de la capitalización de la compañía o x dólares por persona— para que se responsabilicen, pero sin que se perjudiquen ni que se vayan a la bancarrota. Para el gobierno de Bush, es demasiado incluso un límite como 2% de la capitalización del mercado porque sabe que cualquier castigo que les perjudique en lo más mínimo disminuiría su disposición a cooperar en el futuro.
Revolución: Demuestra lo decidido que es el gobierno actual de eliminar cualquier límite a sus derechos de espionaje.
Shayana Kadidal: Claro, si el Congreso frena el poder del presidente bajo ciertas circunstancias y si los requisitos para órdenes judiciales de allanamiento también lo frenan, entonces si las compañías telefónicas y otras compañías privadas que acumulan vastos recursos de información, que van desde Google y Amazon a compañías de teléfonos y crédito, si también frenan el poder presidencial al cumplir con la ley, esto sería un problema para la teoría del poder ejecutivo ilimitado.
Revolución: Mencionó el programa de TIA (Conocimiento Total de Información) al cual lo prohibió el Congreso en el 2003. El Wall Street Journal publicó un artículo el 10 de marzo que dice que de hecho la NSA ha estado construyendo un programa que es básicamente lo mismo. De allí se ve claramente que el proyecto de ley actual sobre intervenciones de la NSA es solo una parte de una vigilancia gubernamental vasta y creciente. ¿Qué comenta al respecto?
Shayana Kadidal: Creo que tiene razón. Inicialmente defendieron el programa [de intervenciones sin orden judicial de la NSA] en el 2005 cuando el New York Times lo sacó a la luz pública. Dijeron que solo trató tantitos miles de terroristas, que era muy limitado, cuando en realidad, según toda la información que supimos por ex empleados, puede haber buscado en un radio sumamente amplio. Que hicieron un empalme en un número de esos circuitos principales de las compañías telefónicas. Y ahora tienen la tecnología para ojear todas y cada una de las comunicaciones electrónicas que pasan por el sistema y posiblemente pasar un enorme número de llamadas por un proceso de reconocimiento de voces. Esas eran precisamente las características del programa TIA, tras la implementación del cual en los principios del 2003 hubo una reacción en su contra. A los estadounidenses les pareció excesivo en términos de intrusión en la vida privada, en parte por esa idea de que juntan toda la información respecto a uno y la someten al “análisis de pautas” para decidir si es sospechoso. Bueno, un estadounidense fulano oye que “la NSA está espiando a terroristas de al Qaeda” de una manera enfocada, se despreocupa pensando “no van a sospechar de mí pues no me llamo ‘al-fulano’ en árabe”. Pero cuando oye de “análisis de pautas” y de revisar todititas las comunicaciones, se pone nervioso. Podría convertirse sin querer en un blanco por algo que “cuadra con una pauta”. El público lo rechazó y el Congreso quitó los fondos al programa TIA. Pero la ley que le quitó fondos realmente acabó con solo ciertos aspectos y permitió que otros continuaran sin darse cuenta. Creo que la prensa la cubrió así. Permitieron continuar ciertos aspectos del TIA. No es de sorprenderse porque un programa como eso es simplemente tan importante para las agencias de inteligencia. Después del 11 de septiembre se descubrió la pésima condición de la “inteligencia humana”, especialmente en el mundo árabe, que la inteligencia se ha militarizado y depende mucho de la tecnología, y realmente hicieron falta los recursos humanos. Bueno, la respuesta de las agencias de inteligencia no fue tratar de cultivar agentes de habla árabe para salir al mundo árabe y hacer el trabajo duro de colocar fuentes de información en el campo de acción. En cambio, prefieren usar tecnología avanzada para reemplazar los recursos humanos. En ciertos respectos era el sueño de las agencias de inteligencia en los años 40: el problema con espías humanos es que es posible que sean traidores, que estén trabajando por ambos lados a la vez, no se puede confiar en ellos. Siempre el sueño ha sido crear un tipo de persona autómata para hacer el espionaje, como el “Candidato de Manchuria”. A esta idea se le sustituyó la de, en vez de mandar a agentes para infiltrar organizaciones sospechosas, ojear toda llamada telefónica y aplicar criterios de “reconocimiento de pautas” que les permite encontrar a los sospechosos sin contar con ninguna inteligencia humana. El problema, por supuesto, es que no da buenos resultados. El hecho de recurrir a tal estrategia indica que tiene tan mala fama en las comunidades pertinentes en el extranjero y en las comunidades minoritarias dentro del país que ya nadie coopera con el gobierno. Esa situación hace imposible llenar el vacío en la inteligencia humana.
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