La Casa Blanca "casi coreografió" la tortura

En diciembre hubo un breve escándalo cuando el New York Times reveló que la CIA destruyó miles de horas de grabaciones en video del submarino y otras técnicas de tortura aplicadas durante el interrogatorio de varios detenidos en 2001. Ahora ha salido a la luz que esas sesiones de tortura se planearon deliberada y meticulosamente en docenas de reuniones de altos funcionarios de la Casa Blanca. Una fuente le dijo al noticiero ABC, que hizo pública la noticia, que las torturas “casi se coreografiaron”.

En las reuniones secretas estuvieron presentes el vicepresidente Richard Cheney, la asesora sobre seguridad nacional Condoleeza Rice, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el secretario de Estado Colin Powell, el jefe de la CIA George Tenet y el secretario de Justicia John Ashcroft. Cuando se le preguntó sobre el asunto, George Bush dijo que estaba enterado de las reuniones y que “las aprobé”.

Aquí está la prueba pues, a la plena luz del día. En una reunión tras otra, altas figuras de la estructura de poder estadounidense discutieron con lujo de detalle cómo ahogar e infligirles extremos dolores físicos y mentales a seres humanos. El presidente, quien afirmó por años que “no torturamos”, ahora dice abiertamente que la aprobó. Esos son crímenes de guerra y de lesa humanidad. Cualquier persona que dice lo contrario se está negando a mirar la realidad y pronunciarse sobre qué es justo y qué es injusto e inmoral.

Pero, ¿acaso esa nueva revelación llegara a ser titular de primera plana de todos los periódicos y primera noticia en la tele? De ninguna manera; si siquiera la mencionaron, la trataron como noticia de menor importancia. Hasta la red ABC —que la hizo pública— informó sobre ella después de pasar otras tres noticias. ¿Y dónde estaban los llamados iracundos en el Congreso para darles juicio de destitución a Bush y a Cheney por esos crímenes de guerra y sacarlos del poder? Simplemente no pasó nada.

El hecho de que esas reuniones no suscitaron protestas airadas por toda la sociedad es un indicio de la medida en que el uso abierto de la tortura se ha legitimado en la política y el discurso oficial del país, y del alcance de la destrucción de las viejas normas de legitimación y su reemplazo por nuevas normas fascistas. Desde sus comienzos, la prohibición al “castigo cruel e inusual” fue uno de los derechos “fundamentales” de Estados Unidos. Los gobernantes siempre han aplicado esos derechos de una manera limitada (y, por supuesto, no los aplicaron de ninguna manera a los negros y los amerindios) y a veces los violaron completamente. Pero es algo nuevo y muy peligroso que desde los puestos más altos del gobierno se aprueban actos como la tortura que en un tiempo eran violaciones formales de la ley, y se declara que la ley es lo que ellos digan.

En esas reuniones sobre la tortura, el único que tenía algún reparo fue John Ashcroft, y eso no fue porque se opusiera a la tortura, sino porque (como dijo el noticiero ABC) “argumentó que los altos asesores de la Casa Blanca no deben involucrarse en los duros detalles de los interrogatorios”. Se preocupaba por la posibilidad de que se les relacionaran a todos con la tortura y los demás crímenes que estaban planeando. Se sabe también que otras figuras del gobierno de Bush, las fuerzas armadas y la CIA se inquietaban por la posibilidad de que el uso abierto de la tortura —una violación directa de leyes nacionales e internacionales— perjudicara los intereses del imperio estadounidense en general.

El memorándum de John Yoo sobre la tortura

En eso entraron los abogados del gobierno de Bush. El abogado de la Casa Blanca, Alberto González, le dijo a Bush que la Convención de Ginebra era “anticuada” y que no se aplicaba a la “guerra contra el terror” estadounidense. Asimismo, un equipo de abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia elaboró una serie de infames memoranda secretos para darle un barniz de legalidad a la tortura de los detenidos bajo el control estadounidense.

Un memorándum, escrito por John Yoo, ayudante adjunto al secretario de Justicia, y firmado por su jefe Jay Bybee, dijo que las técnicas que los interrogadores de la CIA aplicaban a los presos se consideraran tortura jurídicamente solamente si “la intensidad del dolor equivale al dolor provocado por una grave herida física, como la insuficiencia o la incapacidad de funcionar de un órgano vital, o incluso la muerte”. De todos modos, Yoo afirmó que las leyes contra la tortura y el trato inhumano a los presos no importan porque el presidente, como comandante-en-jefe, goza de poderes ilimitados en tiempos de guerra.
Otro memorándum de Yoo, de marzo del 2003, utiliza los mismos argumentos para defender las técnicas de interrogatorio de las fuerzas armadas. En 81 páginas, Yoo examina fríamente si el presidente debe permitir que los interrogadores estadounidenses le saquen el ojo a un preso o le tiren “agua hirviente, ácido corrosivo o sustancias cáusticas”, que figuran entre los ataques brutales prohibidos específicamente por un estatuto (una ley) estadounidense contra la “mutilación”. Responde que eso depende de cuáles circunstancias o “partes del cuerpo se especifican en el estatuto”. Pero otra vez, nada de eso importa en el razonamiento perverso de Yoo, porque en últimas instancias la autoridad del presidente como comandante en jefe tiene prioridad sobre cualquier ley.

Tras la difusión pública por fin de ese memorándum hace unas semanas, el Gremio Nacional de Abogados y otros comenzaron una campaña para que le despidan a Yoo de Boalt Hall, la prestigiosa facultad de Derecho de la Universidad de California donde ha trabajado como profesor tras salir del gobierno de Bush en 2003. El director de Boalt Hall y otras personas más se oponen a esa demanda, diciendo que despedirle de su cátedra con titularidad perjudicaría la libertad académica.

Es cierto que la libertad académica se encuentra bajo un feroz ataque hoy en Estados Unidos. Están acosando a profesores, los están silenciando y los despiden por su pensamiento crítico o fuera de convención. Pero esa es una ofensiva derechista sistemática encabezada por fuerzas como David Horowitz que tienen lazos en altos círculos del país y en el propio gobierno de Bush para el cual Yoo trabajaba. Yoo no es simplemente un profesor que ha publicado escritos académicos polémicos o que propugna opiniones de poca aceptación. Fue uno de los principales arquitectos jurídicos del uso y la legitimación de la tortura que hace el gobierno de Bush. Se puede comparar su papel con el de los abogados nazis que le asesoraban a Hitler sobre cómo llevar a cabo “legalmente” atropellos como la desaparición de gente de los territorios ocupados a los campos de concentración secretos... abogados a quienes los juicios de Nuremburg tras la II Guerra Mundial condenaron por cometer crímenes de guerra.

No solo hay que despedirle a Yoo de su puesto de profesor “respetable” de derecho; ¡tanto él como todo el gobierno de Bush (y Bush mismo) son criminales de guerra!

Yoo y otros elaboraron sus memoranda con la plena intención de justificar y excusar jurídicamente la tortura que ya se hacía bajo la dirección de altos niveles del gobierno de Bush. Esos memoranda abrieron el camino para cometer más crímenes de guerra y de lesa humanidad. Vincent Warren, director ejecutivo del Centro pro Derechos Constitucionales, ha escrito que esos memoranda fueron “la piedra angular del programa de tortura y la necesaria condición previa para la creación y la implementación del programa de tortura”.

Conocemos unos de los horrores de ese programa de tortura: la muerte de por lo menos 108 detenidos desde el 11 de septiembre, en muchos casos debido a la tortura; el uso de perros de ataque, ataques sexuales y otros tipos de terror contra los presos de Abu Ghraib en Irak ocupado; los centenares de presos aislados por años en el campo de tortura de Guantánamo y los otros (no pocos) que se volvieron locos o se suicidaron; el horror del submarino, en que el torturador le amarra al preso a una tabla, le cubre la cara con una tela o un plástico, y le vierte agua en la nariz y la garganta para “simular” el ahogamiento. Todavía quedan muchos horrores más envueltos en el mayor secreto.

La Ley de Comisiones Militares: La institucionalización de la tortura

Más tarde se revocaron ciertos memoranda de tortura. No obstante, la Ley de Comisiones Militares, que el Congreso aprobó en el 2006 y que Bush firmó, institucionaliza el uso de la tortura de parte del gobierno estadounidense y da una inmunidad retroactiva a los funcionarios y militares que ya torturaron. En marzo, Bush vetó un proyecto de ley que hubiera prohibido que la CIA aplicara el submarino y ciertas técnicas de tortura. La legitimación de la tortura y su uso generalizado son parte de un programa integral del sistema de hacer un salto cualitativo en la consolidación y la expansión de su dominio global para alcanzar la posición de imperio indiscutible e indisputable. Ese programa significa la violencia reaccionaria y el sufrimiento en escalas masivas para los pueblos del mundo, como se ve en las guerras de Afganistán e Irak que ya han matado a cientos de miles de personas y han desplazado a millones, y ahora Irán está en la mira de Washington. Significa un cambio radical y represivo en Estados Unidos, con leyes fascistas como la Ley Patriota, la intervención telefónica y el espionaje en un nivel sin precedente, el auge de un movimiento teocrático de fundamentalismo cristiano que está hasta en los altos niveles del gobierno, y también redadas tipo Gestapo para detener y deportar a miles de migrantes.

Esta es la realidad que millones de personas por toda la sociedad estadounidense tenemos que confrontar... y movilizarnos para oponer una resistencia política de millones, de convicciones morales y una determinación intrépida. “Nuestros” gobernantes están torturando abiertamente y cometiendo otros crímenes de guerra. El silencio frente a eso es hacerse cómplice con esos crímenes horrorosos y es inaceptable.

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