La democracia de Washington en Colombia: los escuadrones de la muerte

22 de septiembre de 2008. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. La triple alianza entre el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, los derechistas escuadrones de la muerte (paramilitares) que han asesinado a decenas de miles de personas en las últimas décadas, y el gobierno estadounidense, nunca había sido tan abierta. El general Mario Montoya, comandante del ejército colombiano, que ha sido por años el principal enlace entre los militares de Colombia y Estados Unidos, ha sido señalado como un importante y quizá el principal enlace entre las fuerzas armadas colombianas y los paramilitares.

Estas afirmaciones las hizo un veterano paramilitar en una audiencia judicial a puerta cerrada en Medellín, Colombia. El Washington Post obtuvo un video de su testificación, y el periodista Juan Forero entrevistó en la cárcel a este hombre, Luis Adrián Palacio (Washington Post, 17 de septiembre). Forero escribió que al menos cuatro comandantes paramilitares han hecho testificaciones similares. Funcionarios de la Fiscalía colombiana dicen que Palacio “tiene un alto grado de credibilidad” y que el general Montoya debería ser investigado, con miras a una acusación.

Montoya estaba oficialmente a cargo de administrar las enormes cantidades de dinero que los EUA han canalizado para las Fuerzas Armadas de Colombia, sumas que, en términos del apoyo estadounidense, las han puesto en la misma liga de los militares israelíes y pakistaníes. Montoya es un visitante frecuente de los EUA, y es bien conocido en Washington. Recibió entrenamiento y al menos una medalla de los EUA. Cuando el periódico le pidió al Subsecretario de Estado de EUA para asuntos exteriores, Thomas A. Shannon Jr, que comentara sobre estas afirmaciones, dijo, “Él es un gran comandante de campo. Lo ha hecho muy bien contra las FARC”. Los EUA operaron por intermedio de Montoya para orquestar el rescate en julio pasado de Ingrid Betancourt y otros rehenes que mantenían las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) (Washington Post, 3 de julio). El funcionario estadounidense admitió que su gobierno es consciente de las acusaciones desde hace tiempo sobre las conexiones de Montoya con los paramilitares, pero dijo que “no ha encontrado nada que las apoye”.

En realidad, hay evidencia de que el gobierno estadounidense no solamente sabe mucho acerca de las conexiones entre los paramilitares y el gobierno colombiano, sino que en primer lugar organizó dichas conexiones. Esto ha sido ampliamente investigado y descrito en muchos documentos, incluido el informe “Redes de asesinos en Colombia”, hecho por Human Rights Watch en 1996. (También se puede ver la muy documentada entrada de Wikipedia “Paramilitarismo en Colombia” y colombiajournal.org).

El movimiento paramilitar en Colombia al igual que las FARC, tiene sus raíces en la guerra civil que estalló inicialmente entre los partidos Conservador y Liberal en 1948 y que desde entonces ha continuado con diversa intensidad, principalmente en el campo. Los bien armados mercenarios de derecha de hoy son descendientes del plan LASO, implementado por el presidente de EUA John F. Kennedy a principios de la década de los 60 cuando los militares estadounidenses trabajaron con las fuerzas armadas locales para conformar milicias civiles que combatieran a los movimientos radicales y pro soviéticos en América Latina. En Colombia, esto significó la organización de escuadrones de la muerte liderados por terratenientes para librar una guerra sucia contra el movimiento guerrillero de esa época, basados en el campesinado. A mediados de la década de los 60, buena parte de ese movimiento evolucionó hacia las FARC, dirigidas por un partido pro soviético cuya estrategia era utilizar la lucha armada para llegar a un tipo de régimen reformista (y de alguna manera pro soviético) que los EUA estaban decididos a evitar en su autoproclamada “esfera de influencia”, como ocurrió en Guatemala (el golpe de la CIA de 1954 y la guerra genocida en el campo liderada por EUA entre 1966 y 1996, un modelo para los asesores militares estadounidenses en Colombia), en Chile (el golpe de la CIA de 1973), en Granada (invadida en 1983), en Nicaragua (en donde los brevemente exitosos rebeldes fueron aplastados por la “Contra”, escuadrones de la muerte organizados por los EUA y financiados con el tráfico de droga, y por el bloqueo de EUA y luego dejando que salieran con el voto) y en El Salvador (donde una guerra civil a finales de la década de los 80 y comienzos de la de los 90, fue muy similar a la de Colombia).

En 1985, las FARC, que siempre han buscado un acuerdo negociado a la guerra y compartir el poder con las clases dominantes tradicionales del país, llegaron a un acuerdo con el gobierno colombiano y trataron de convertirse en un partido político legal. Los paramilitares en alianza con la policía y el ejército asesinaron a al menos un mil de sus activistas públicos y a sus candidatos a elecciones en varios niveles —incluidos dos candidatos presidenciales— antes de que el llamado proceso de paz llegara a su fin. (Otro elemento en la estrategia reformista armada de las FARC ha sido la esperanza y algunas veces el logro en conseguir el respaldo europeo, ya que el capital europeo ha estado contendiendo cada vez más con el de EUA en América Latina. El reaccionario secuestro y los largos años de cautiverio de la política colombo-francesa Betancourt se convirtieron en un cínico pretexto para varios años de contactos y negociaciones entre las FARC y el gobierno francés. El colapso de esa esperanza, y ahora el visible fin del apoyo de la Venezuela de Hugo Chávez, son factores que inciden en las actuales dificultades de las FARC),

La organización que con el tiempo vino a dominar el movimiento paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), representan una confluencia de los viejos y nuevos terratenientes (con algunos barones de la droga adquiriendo grandes cantidades de tierra, y algunos terratenientes moviéndose hacia el negocio de la droga), con los militares y con los sectores público y privado de EUA. La compañía bananera estadounidense Chiquita Brands admitió que financió a las AUC desde su fundación en 1997 hasta cuando éstas aceptaron una amnistía del gobierno y se desmovilizaron oficialmente en 2003. Un congresista estadounidense que se reunió con los líderes de la AUC dice que ésta es apenas “la punta del iceberg” en términos del apoyo privado estadounidense a los paramilitares. Estos escuadrones de la muerte han ayudado a compañías extranjeras a controlar la militancia de los trabajadores en las plantaciones, las fábricas, en las instalaciones de petróleo y de gas y en otras áreas de la economía.

Pero ha sido el gobierno estadounidense, actuando por medio de los militares y de la CIA, el que ha entrenado, armado y dirigido a estos paramilitares, tanto en forma directa como por medio de de las fuerzas armadas de Colombia. El informe de The Human Rights Watch, que está basado en una entrevista con el agregado militar norteamericano en Bogotá, ya retirado, describe la formación en 1996 de un equipo conformado por el Grupo Militar de la Embajada estadounidense, el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses, la CIA y otras agencias norteamericanas, para conformar una red secreta de civiles (incluyendo oficiales retirados del ejército), bajo el mando de militares en servicio activo. El informe concluye que aunque “no todos los paramilitares están íntimamente relacionados con los militares”, la colaboración establecida era “un mecanismo sofisticado, apoyado en parte y durante años con información, entrenamiento, armas y con el silencio oficial de los Estados Unidos, que permitieron que el ejército colombiano librara una guerra sucia y la oficialidad colombiana lo negara”.

Sería difícil exagerar las atrocidades cometidas por las AUC. Uno de sus comandantes, Ever Veloza (alias H.H.), quien confesó haber matado a casi mil personas y dio detalles sobre el asesinato de 6.000 personas, solamente por su milicia en coordinación con el ejército, dijo que el 90 por ciento de las víctimas no tenían nexos con la guerrilla (Washington Post, 19 de agosto). A Mapiripán, en el departamento del Meta, en 1997, miembros de las AUC llegaron con una lista de nombres proporcionada por informantes. Fueron casa por casa, llevaron a la gente a la plaza central, y los torturaron hasta la muerte —cortándolos en pedazos con machetes o motosierras y botaron al río los restos (y algunas veces los desmembrados aún estaban vivos). Mataron aproximadamente diez personas diarias, durante cinco días. Los funcionarios locales llamaron varias veces al ejército durante ese tiempo, pero el ejército no llegó hasta que las AUC se hubieron ido. El general que posteriormente fue acusado de planear la masacre, acababa de finalizar su entrenamiento con los Boinas Verdes del ejército norteamericano que operan en Colombia. En el Alto Naya, en Cauca, en 2001, 90 miembros de las AUC asesinaron a unas 120 personas, también con motosierras y machetes. Una unidad del ejército que estaba cerca se negó a intervenir. En Betoyes, en el mismo departamento, en el año 2003, las AUC atacaron una comunidad indígena, violando y asesinando niñas y mujeres de la forma más horrible. Amnistía Internacional informó que el ejército apoyó la masacre. (Diversas publicaciones de derechos humanos y otras, citadas en el artículo de Wikipedia). Estos paramilitares también han estado activos en las barriadas pobres de Medellín, donde han llevado a cabo los que algunos consideran una campaña de genocidio contra los jóvenes, en Bogotá y otras ciudades, asesinando a activistas políticos, abogados, académicos, sindicalistas y otras personas, creando un clima de terror político.

El año pasado, Los Ángeles Times reveló un informe de la CIA sobre los nexos entre los militares colombianos y los paramilitares, en el que se describen las masacres que ocurrieron en Medellín en 2002, durante una ofensiva anti FARC llamada “Operación Orión”. El general Montoya comandó al ejército durante esta operación. El informe cita a un informante que dice que las órdenes para la ofensiva fueron firmadas en conjunto por Montoya y por el líder paramilitar Fabio Jaramillo, un subordinado del sucesor del capo de la droga en Medellín, Pablo Escobar. La CIA no quiso confirmar ni negar la autenticidad del informe, sino que en lugar de esto atacó al periódico por “afectar en últimas nuestra capacidad de proteger a los americanos” (Los Ángeles Times, 27 de marzo de 2007). Las acusaciones de que Montoya estaba vinculado con los paramilitares vienen de hace unos treinta años, cuando como joven teniente comenzó su ascenso hacia los grados más altos del ejército. En esa época sirvió en el Batallón de Inteligencia y Contra Inteligencia (BINCI), una unidad que lideró una campaña de bombas, asesinatos y desaparición de detenidos. Que esto al menos fue conocido por las autoridades norteamericanas de entonces, si no es que fue obra suya, quedó claro hace poco con la desclasificación de un informe anteriormente secreto de la Embajada estadounidense en Bogotá (“La verdad sobre la Triple A”, Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington, www.gwu.ed).

Aunque las acusaciones sobre Montoya son especialmente reveladoras, él es, después de todo, sólo el jefe del ejército. El gobierno de Uribe no es menos un “activo” norteamericano que el general, y no está menos envuelto a fondo con las AUC y otros paramilitares. En los últimos dos años, el hermano de Uribe, un primo, su vicepresidente, su ministro de defensa, el jefe de su partido y docenas de parlamentarios miembros de su partido, han recibido acusaciones formales y/o condenas por complicidad con las AUC. Se ha afirmado que los paramilitares celebraron reuniones secretas en la finca de Uribe. Acusaciones que vienen de diferentes partes, algunas de ellas incluidas en los informes de inteligencia estadounidenses, han trazado vínculos de toda la vida entre Uribe y su familia con Pablo Escobar y otros capos narco-paramilitares de Medellín. (Despacho de la Agencia Americana de Inteligencia de Defensa, incluido en 1991 en el Archivo Nacional de Seguridad). Independientemente de las disputas internas de las clases dominantes que pueda haber detrás de las decisiones de los jueces, de políticos del propio partido de Uribe y otros miembros de la clase política de Colombia para atacarlo, Uribe ha reaccionado atacando al poder judicial y tratando de amasar aún más poder en manos del ejecutivo. Las masivas marchas contra el “terrorismo” en muchas ciudades de Colombia a principios de este año son parte de los esfuerzos de Uribe por legitimar y reforzar estos intentos.

En vez de criticar o cortar nexos con gente como Uribe y Montoya, los EUA están ahora trabajando para protegerlos del sistema judicial colombiano. Lo que los EUA han publicitado como un esquema para llevar a los barones de la droga colombianos ante la justicia está diseñado para hacer exactamente lo contrario: extraditar a los líderes de las AUC a las cárceles de los EUA donde los colombianos no podrán cuestionar a estos asesinos que usaron la droga para financiar sus operaciones, silenciando por tanto el perjudicial caudal de testimonios sobre el eje EUA/Uribe/paramilitares….

Las AUC se disolvieron (al menos oficialmente, aunque hay indicios de que algunas de sus bandas asesinas aún están operando) no porque el gobierno les haya propinado golpes sino porque el mismo gobierno que secretamente les pagó a estos mercenarios por combatir, ahora públicamente les ofrece pagarles para que paren. A diferencia de a las FARC, a ellos se les permitió unirse al establecimiento político. Cuando las AUC se disolvieron formalmente, sus comandantes se sometieron a arresto con la expectativa de que rápidamente serían absueltos y reciclados en la vida civil. Pero su destino legal se ha ido complicando más de lo que ellos y el régimen de Uribe esperaban. Algunos de ellos languidecen en prisión, donde han hablado con investigadores civiles. En mayo pasado, actuando sin avisar y ante el asombro general, Uribe sacó de una prisión en Medellín al principal comandante de las AUC, y a 14 de sus colegas de mayor rango, y los envió a los EUA. Más recientemente los EUA se han movido para extraditar al mencionado Veloza, uno de los más de veinte altos mandos de las AUC que testifican ante el proceso judicial especial conocido como “Justicia y Paz”, quien “contó cómo los escuadrones de la muerte que él ayudó a formar fueron apoyados por oficiales del ejército y por importantes políticos”.(Washington Post, 19 de agosto) En ese artículo, el periodista Forero escribió, “Otros quince altos comandantes paramilitares han sido extraditados a EUA, generando importantes preocupaciones entre los investigadores colombianos, los grupos de derechos de las víctimas y organizaciones como Human Rights Watch, todos los cuales dicen que las complejas investigaciones sobre los crímenes de los paramilitares quedan en el aire. Con casi todos los altos comandantes en cárceles de EUA, sostienen, los investigadores y fiscales colombianos han perdido sus fuentes más informadas sobre los grupos paramilitares”.

Sin embargo, es muy cierto que el desenmascaramiento de Montoya y los otros tendrá mucho efecto por sí mismo. La colaboración de las fuerzas armadas con los paramilitares no ha sido un secreto para millones de colombianos que han sufrido a manos de estos. Se calcula que un diez por ciento de la población ha sido desplazada en forma violenta, forzada a salir del campo por estas bandas armadas aliadas. Sus asesinatos y su terrorismo han alcanzado cada rincón de la sociedad colombiana y ayudaron a dar forma a buena parte del panorama político y económico del país, incluyendo el crecimiento de la agroindustria, y otras formas de la expansión capitalista. En una palabra, los paramilitares, con sus raíces en el semifeudalismo, han constituido un factor esencial en la preparación del terreno para el desarrollo capitalista del país, subordinado al imperialismo, pero real. Se puede decir que la legitimación de las elecciones y la eficacia de los escuadrones de la muerte (incluido el escuadrón de la muerte conocido como las Fuerzas Armadas de Colombia) han sido dos pilares gemelos de la tan cacareada, y dominada, por el imperialismo democracia colombiana.

En su declaración del 1º de Mayo titulada “Tener las miras en la meta del comunismo”, el Grupo Comunista Revolucionario (GCR) de Colombia, describe este proceso: “aumenta vertiginosamente la concentración de la tierra, ya no sólo en manos de los terratenientes tradicionales y de los narcoparamilitares, sino de los capitalistas locales e imperialistas que buscan el desarrollo de la industria de biocombustibles; aumenta el desplazamiento forzoso; el país se subordina más al imperialismo —principalmente yanqui pero también europeo, japonés y australiano— no sólo en lo económico sino en lo político, lo militar y hasta lo jurídico. Para las clases dominantes, terratenientes y capitalistas aliados y apéndices del imperialismo, la ‘salida’ a la crisis, es decir, la solución de los problemas que les impide explotar más y con menos resistencia (no la solución de los problemas de la mayoría) es la mayor represión, legal e ilegal, buscando no dejar siquiera respiro a las luchas del pueblo, desarrollando más la tendencia a la fascistización.

“Con los medios de comunicación convertidos en desvergonzados aparatos de propaganda del régimen hambreador y genocida de Uribe, han logrado ganar los corazones y las mentes de un sector importante de las clases trabajadoras, de ninguna manera ha implicado la claudicación de sectores del pueblo también importantes, lo que ha agudizado la polarización actual como se vio incluso en las gigantescas marchas del 4 de febrero (convocada por el gobierno y sus áulicos) y del 6 de marzo (convocada por la oposición de diverso tipo). La polarización que se requiere tiene que ser de otro tipo, exige pasar de la resistencia a la revolución“.

El Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar es un servicio de Un Mundo Que Ganar (aworldtowin.org), una revista política y teórica inspirada por la formación del Movimiento Revolucionario Internacionalista, el centro embrionario de los partidos y organizaciones marxista-leninista-maoístas.

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