Tachados y enjaulados en Estados Unidos

Una nota sobre la entrevista
Estamos publicando esta entrevista por cortesía del programa radial The Michael Slate Show de KPFK, Los Ángeles. Los puntos de vista expresados por la autora son, por supuesto, suyos y ella no es responsable de los puntos de vista expresados en otras partes de este periódico.

En 1980 Estados Unidos tenía medio millón de encarcelados. Para 2006 ese total estaba en 2.3 millones, un aumento de más del 450 por ciento. Este fenómeno ha afectado con particular dureza a los negros. Los afroestadounidenses componen el 13 por ciento de la población general, pero más del 50 por ciento de la población penitenciaria, y el índice de encarcelamiento de los negros es ocho veces mayor que el de los blancos.

En su libro The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness [El nuevo Jim Crow: El encarcelamiento masivo en la época de ceguera al color de la piel], la estudiosa en derecho y activista de derechos civiles Michelle Alexander describe de manera incisiva y perspicaz cómo todo esto funciona hoy y cómo se han centrado y se han encauzado todos los recursos del sistema judicial para efectuar este encarcelamiento masivo sin precedente de gente negra, en particular de los hombres jóvenes negros. Alexander describe en detalle el desarrollo y el diseño de la llamada Guerra contra las Drogas como parte de todo este proceso y el papel clave que dicha guerra sigue desempeñando hoy. Algo muy importante que Alexander demuestra es que todo eso ha creado un nuevo sistema de castas raciales, un nuevo sistema de deshumanización tipo Jim Crow que atrapa a millones de negros en el fondo de la sociedad imperialista estadounidense debido a su condición de ser ex presos. Se da todo esto en medio de las prédicas continuas de que vivimos en una sociedad que es ciega al color de la piel.

Michelle Alexander apareció en The Michael Slate Show de la estación de radio KPFK en mayo de 2010, y los siguientes pasajes vienen de esa entrevista.

Michael Slate: Dices que el encarcelamiento masivo de negros y latinos durante los últimos 30 años ha creado un nuevo sistema de castas raciales. ¿Puedes explicar lo que quieres decir con eso?

Michelle Alexander: Creo que a pocas décadas del colapso del viejo sistema de Jim Crow, nosotros como nación hemos logrado recrear las castas raciales en Estados Unidos. Claro que tras la elección de Barack Obama mucha gente cree que hemos vencido el concepto de raza. Pero en algunas de las grandes ciudades del país, la mayoría de los hombres afroestadounidenses o está encerrada tras las rejas o tiene la etiqueta jurídica de felón (persona que ha cometido un delito grave). Una vez que se te tachan así, quedas atrapado. Estás atrapado en una condición permanente de segunda categoría, a raíz de la cual pueden privarte del derecho de votar, excluirte automáticamente de los jurados y discriminarte legalmente en el empleo, la vivienda y el acceso a la educación, las estampillas de comida y las prestaciones públicas.

Así que muchas de las viejas formas de discriminación supuestamente superadas a raíz del movimiento de derechos civiles, de repente son legales de nuevo cuando te tachan de felón. Por eso digo que no hemos eliminado las castas raciales en Estados Unidos. Simplemente hemos cambiado de modelo, singularizando a los afroestadounidenses, principalmente por medio de la Guerra contra las Drogas, muchas veces tachándolos de felón a una edad joven, incluso antes de la edad de votar: tachamos a millones de jóvenes de color como felones, a menudo por cometer delitos que no son violentos pero tienen que ver con la droga, los mismitos delitos a los que generalmente en las comunidades blancas de clase media se les hace la vista gorda. Estamos recreando un sistema de castas en que estas personas quedan atrapadas por vida en una condición permanente de segunda categoría.

Slate: Creo que a mucha gente le sorprende un poco tu afirmación de que el sistema penal estadounidense ha llegado a ser un sistema de control social sin paralelo en la historia mundial. ¿Puedes darle a la gente un sentido del alcance que esto tiene?

Alexander: Consideren esto: Hoy hay más afroestadounidenses en las prisiones o en las cárceles, o bajo libertad condicional, que el total de esclavos en 1850, una década antes del comienzo de la Guerra de Secesión. Hoy más afroestadounidenses están bajo control correccional que eran esclavos. Así es el alcance y el tamaño del problema. Creo que parte del problema es que las personas, cuando van a la prisión, están fuera de nuestra vista y de nuestra mente, y por eso nos es fácil rechazar mentalmente el mero tamaño, alcance y magnitud del encarcelamiento masivo, porque las correccionales están mayormente fuera de la vista pública. Sin embargo, la realidad es que en unas cuantas décadas nuestra población carcelaria se ha quintuplicado, ha aumentado no por un factor de dos o tres, sino de cinco. Ahora tenemos el mayor índice de encarcelamiento del mundo, eclipsando por mucho incluso a países muy represivos como Rusia, China e Irán.

Esta explosión demográfica en las prisiones no obedece a los índices de criminalidad. La justificación, supuestamente ciega respecto al color de la piel, que se da por el encarcelamiento masivo de gente de color es el índice de criminalidad. Pero como describo en detalle en mi libro, el índice de criminalidad ni llega a explicar el increíble aumento rápido del encarcelamiento en las comunidades afroestadounidenses. La Guerra contra las Droga es la principal causa de ese aumento, y se trata de una guerra que se ha librado casi exclusivamente en las comunidades pobres de color, aunque los estudios demuestran una y otra vez que las personas de color no son más propensas que los blancos a usar ni a vender drogas.

Han arrestado a más de 30 millones de personas desde el comienzo de la guerra contra las drogas y la abrumadora mayoría es gente de color. Aunque muchas personas suponen que la guerra contra las drogas se declaró en respuesta a un aumento de los delitos de drogas en las comunidades urbanas deprimidas, eso simplemente no es cierto. El presidente Reagan declaró la presente guerra contra las drogas oficialmente en 1982, un tiempo en que los delitos relacionados con las drogas en realidad iban en descenso, y no en ascenso. Esto fue unos años antes de que la cocaína “crack” apareciera en las calles de Los Ángeles y se esparciera a comunidades urbanas pobres de todo el país. La guerra contra las drogas se declaró obedeciendo a políticas raciales, no a una criminalidad relacionada con las drogas. Era parte de la gran estrategia del Partido Republicano de atraer a los votantes blancos pobres y de clase trabajadora mediante un vocabulario cifrado racialmente de “mano dura” con la delincuencia y la asistencia pública.

Los estrategas y encuestadores del Partido Republicano descubrieron que pudieron tener grandes éxitos cuando iban a gente blanca pobre y de clase trabajadora, en particular en el Sur, con un discurso cifrado racialmente en aplicar “mano dura” a la delincuencia y la asistencia social. De hecho, H.R. Haldeman, el Jefe de Gabinete del gobierno del ex presidente Richard Nixon, observó: “Realmente el problema entero son los negros. La clave es diseñar un sistema que reconoce esto sin dar la apariencia de reconocerlo”. Y así lo diseñaron.

Unos años después de anunciar la guerra contra las drogas, cuando apareció el crack, el gobierno de Reagan, regodeándose, aprovechó esa novedad y contrató a gente para dar publicidad al fenómeno de los “bebés adictos al crack”, las “madres adictas al crack” y las “putas de crack” en las zonas urbanas deprimidas. El objetivo era causar una sensación mediática en torno al abuso y la violencia relacionados al crack en esas zonas urbanas, así reforzando el apoyo público para la guerra contra las drogas, para que se pudiera transformar lo que había sido una guerra retórica en una guerra de verdad. El plan funcionó a las mil maravillas. Por más de una década, los narcomenudistas y consumidores negros aparecían con regularidad en los periódicos y saturaban los noticieros. El Congreso y las legislaturas estatales de todo el país destinaron miles de millones de dólares a la guerra contra las drogas y aprobaron severas sentencias mínimas obligatorias. Los demócratas empezaron a hacer competencia con los republicanos, demostrando que podían ser aún más duros contra el crimen, aún más severos contra esa otredad de piel oscura que los medios de comunicación habían definido como la fuente de todos los males sociales. Dentro de un período increíblemente corto, no obedeciendo a los índices de criminalidad, pues repito, los índices de criminalidad han fluctuado durante los últimos 30 años y ahora están en un punto bajo históricamente. Pero los índices de encarcelamiento han subido vertiginosa y sistemáticamente. Han cambiado independientemente de los índices de criminalidad, debido a una guerra que se ha declarado, no contra las drogas, sino contra comunidades definidas por raza.

Slate: Hablemos un poco más acerca de la Guerra contra las Drogas. ¿Cómo funciona realmente en relación con todo esto?

Alexander: Uno de los mayores mitos de la guerra contra las drogas es el que dice que se centra en eliminar a los grandes capos o los delincuentes violentos. Pero eso es muy, muy lejos de ser verdad. Los fondos federales se destinan a las agencias del orden estatales o municipales que estén dispuestas a aumentar dramáticamente el total de arrestos por drogas, los puros números. El gobierno de Reagan adoptó nuevas reglas y nuevos programas que autorizaron proporcionar millones de dólares de fondos federales a esas agencias, algunas de las cuales antes habían sido reacias a lanzar una guerra contra las drogas, pues pensaban que eso distraería recursos de los delitos más importantes como asesinatos, violaciones y robos. El gobierno de Reagan persuadió a las agencias del orden a sumarse a la guerra contra las drogas mediante sobornos, mediante subvenciones que otorgaron a las agencias que estaban dispuestas a aumentar drásticamente el mero total de arrestos por drogas.

Empeorando la situación, el gobierno de Reagan logró cambiar las leyes de confiscación de propiedades de las personas condenados de delitos de drogas de manera que las agencias del orden estatales y municipales pudieran quedarse con el 80% de los carros, el dinero en efectivo y las casas que confiscaron de los sospechosos de delitos de drogas, y disponer de estos bienes como querían, lo que les dio un interés monetario directo en la rentabilidad del mercado de drogas. El resultado fue totalmente predecible. La policía hace redadas en masivo de personas de color. Para y registra a los niños en camino a la escuela. Si los jóvenes aprenden a manejar un carro, los agentes muchas veces registran el carro con la esperanza encontrar drogas, y a veces lo desmantelan. Hacen redadas de multifamiliares y escuelas, en busca de drogas. Y, repito, no están buscando a los criminales violentos o a los capos de la droga. Están tratando de incrementar el saldo de arrestos por drogas en esas comunidades.

En 2005, por ejemplo, de cada cinco arrestos por drogas, cuatro eran por posesión. Solo uno de cada cinco arrestos se debía a la venta de drogas. La mayoría de las personas en prisiones estatales por delitos de drogas no tiene antecedentes violentos y ni siquiera de felonías. De hecho, en la década de los 1990, el período de expansión más dramática de la guerra contra las drogas, casi el 80 por ciento del aumento de arrestos por drogas se debió a la posesión de marihuana, una droga ampliamente considerada menos dañina que el alcohol o el tabaco, e igualmente común en las comunidades blancas de clase media que en las comunidades pobres de gente de color. A pesar de eso, la guerra contra las drogas se ha librado casi exclusivamente en las comunidades pobres de gente de color. De hecho, en algunos estados, del 80 al 90 por ciento de los condenados por cuestiones de drogas son afroestadounidenses.

Así mediante incentivos monetarios, y el permiso que la Suprema Corte dio a las agencias del orden para detener y registrar a casi todo mundo, en cualquier lugar, con tal que puedan extraer el consentimiento del sospechoso, la guerra contra las drogas ha logrado tachar a millones de personas como felones. Y una vez tachadas así, es legal discriminarlas por toda la vida. Para las personas que han salido de la prisión, encontrar un trabajo es extraordinariamente difícil. Les es obligatorio marcar esa casilla en la solicitud de trabajo, no importa que fuera hace 20 años que cometieron una felonía menor de drogas, de todos modos hay que marcar la casilla en la solicitud. Algunos estados no permiten que los condenados de felonías obtengan licencias para ejercer una profesión. Miles de licencias profesionales están prohibidas para los felones. En algunos estados ni siquiera puedes conseguir una licencia de peluquero si te han tachado de felón.

Slate: Dices que se ha utilizado la Guerra contra las Drogas como justificación para triturar muchos derechos constitucionales básicos. ¿Qué efecto ha tenido eso, cuántos derechos se han definido de otra manera para facilitar el encarcelamiento masivo de personas de color?

Alexander: La Suprema Corte de Estados Unidos ha desmembrado, simplemente ha triturado, muchas de las protecciones constitucionales que antes protegían a la población contra acciones policiales arbitrarias y discriminatorias. En una serie de decisiones, la Suprema Corte ha dicho que es perfectamente legal que la policía pare a las personas en la calle, les pregunte acerca de posibles actividades relacionadas con las drogas o con algún delito, y las registre. Siempre que presenten su exigencia como una pregunta, es perfectamente legal. De esa manera, si un policía dice: “¿Puedes levantar los brazos?” y “¿Puedes volverte hacia la pared para que te registremos?”, y la persona realiza esas acciones, eso se interpreta como consentimiento. Así que las agencias del orden no necesitan tener ni siquiera una sospecha razonable de actividad delictuosa, con tal que “consigan el consentimiento”. Y bueno, desde luego mucha gente no tiene la valentía o la imprudencia de oponerle resistencia a la policía cuando esta dice: “¿Puedes levantar los brazos? ¿Puedo registrar tu carro?”. La gente no ve que son preguntas. Las interpreta como órdenes y cumple con ellas. Muchas veces cuando las personas sí tratan de oponer resistencia y negarse a consentir a un cateo, terminan ante la brutalidad policial.

Así que la Suprema Corte en realidad ha allanado el terreno para el arresto de millones de estadounidenses por delitos relativamente menores relacionados con las drogas. Además, la Suprema Corte casi ha hecho que sea imposible probar que el sistema jurídico penal tiene un sesgo racial. La gente siempre me pregunta: “Bueno, si el sistema tiene ese sesgo, como dices, ¿por qué no se habla más sobre eso en los noticieros? ¿Por qué no se entablan demandas?”

Bueno, la razón por la que no se entablan más demandas por el sesgo racial del sistema jurídico penal es que la Suprema Corte ha cerrado las puertas a cualquier acusación de ello en cualquier etapa del proceso de justicia penal, empezando con el parar y registrar, siguiendo a la negociación de cargos reducidos hasta la sentencia. En una serie de fallos que empezó con McCleskey v Kemp, la Suprema Corte ha dicho que por severa que sea la disparidad racial, por contundente que sea la evidencia estadística, si no hay pruebas de que el policía actuó basándose en un prejuicio racial consciente, los tribunales no van a aceptar la demanda. Ni siquiera puedes interponer una acusación de discriminación. En la época de ceguera al color de la piel, pues todos saben que no funciona decir que “lo paré porque es negro”; “quise imponer la pena de muerte porque es negro”; o “rechacé negociarle una reducción de la sentencia porque era negro”, todos saben que es mejor no decir eso. Así que la insistencia en ver evidencia de un prejuicio racial consciente, en ver el humo que sale de la pistola disparada, como dicen, garantiza que la discriminación rutinaria que enfrentan los afroestadounidenses en el sistema jurídico penal jamás estará sujeta al escrutinio judicial.

Y de esta manera, se ha vacunado el encarcelamiento masivo de los afroestadounidenses contra cualquier recusación en el sistema jurídico, muy similar a cómo la Suprema Corte protegía en un tiempo las instituciones de la esclavitud y de Jim Crow.

Slate: Algo que pueda sorprenderle a mucha gente es que notas que la Suprema Corte dijo que la policía puede usar la raza como factor en determinar a quién parar y registrar o interrogar.

Alexander: Eso lo llamo el secreto sórdido de la perfilación racial, pues la Suprema Corte de hecho autorizó a las agencias del orden a usar la raza como factor en decidir a quién para y registrar. Esto tiene una relevancia particular hoy, puesto que Arizona ha aprobado una ley que autoriza a las agencias del orden a demandar documentos de ciudadanía de cualquier persona a quien sospechan de estar en el país ilegalmente. La afirmación de que esto llevará inevitablemente a la perfilación racial es completamente certera, porque la Suprema Corte ha dicho, específicamente en el contexto de la inmigración pero puede aplicarse también a las leyes sobre drogas, que la raza puede usarse como un factor en determinar a quién parar y registrar. Muchísimas personas tenían la esperanza de que la Suprema Corte revocara ese caso. En este caso la Corte llegó a la conclusión de que la policía podía tomar en cuenta el aspecto mexicano de una persona para formar una sospecha razonable de que el vehículo pudiera tener a bordo a inmigrantes indocumentados. La Corte dijo: “La probabilidad de que una persona de ascendencia mexicana sea un extranjero ilegal es suficientemente grande para hacer de la apariencia de ser mexicano un factor relevante” en las decisiones acerca de quién parar y registrar.

Bueno, eso es absurdo, la idea de que con cualquier persona que parezca mexicana [risas] es razonable sospecharla de ser inmigrante ilegal, es indignante. Y hoy, muchas agencias del orden afirman que no recurren al perfil racial. Pero dicen eso con un guiño de complicidad. Porque saben que tienen la autorización de la Suprema Corte de usar la raza como un factor, con tal que no sea el único factor, la única razón por la que paran a una persona, pueden usar el perfil racial con impunidad.

Slate: Una idea con la que bregas es que esta sociedad es ciega en cuanto al color de la piel. Una expresión de cómo opera esta contradicción es que la policía y los fiscales dicen: “Aquí no entran factores raciales”, aunque claramente eso es lo que está pasando. Dicen: “Solo estamos usando nuestro poder discrecional”.

Alexander: La apariencia de las leyes de drogas es que son neutrales respecto a cuestiones raciales. Las leyes no se escribieron para ser aplicadas de manera distinta a los negros, o a los blancos o a los latinos. La apariencia es que son neutrales respecto a lo racial. Pero se las aplican de una manera discriminatoria, racialmente. Es posible aplicarlas de una manera racialmente discriminatoria porque a las agencias del orden se les ha otorgado un criterio casi ilimitado para decidir a quién parar y registrar, a quién acusar de qué delito. Casi no supervisan ni responsabilizan a las agencias del orden por las decisiones que toman en cuanto a quién parar y quién registrar.

Es lo mismo con los fiscales. Los fiscales y la policía tienen un enorme poder discrecional en cuanto a quiénes verán como sospechoso, quiénes seguirán, quiénes pararán y registrarán, y quiénes dejarán pasar libremente. Y ese poder discrecional produce inevitablemente disparidades raciales. ¿Por qué? Porque todos tenemos sesgos conscientes e inconscientes acerca de quiénes son los delincuentes. Como señalé antes, esos sesgos y estereotipos no están en la mente simplemente por casualidad. Son una creación de las campañas mediáticas de los políticos.

El hecho de que nuestros televisores se saturaban de imágenes de narcomenudistas negros y latinos durante la epidemia de crack no fue accidente. El gobierno de Reagan de hecho lanzó una campaña mediática y contrató a gente para dar publicidad a los consumidores y vendedores de crack en las zonas urbanas deprimidas. Así que no es de sorprenderse que cuando se hizo una encuesta en 1995 que pidió: “Cierra los ojos por un minuto e imagina a un delincuente de drogas”, el 95 por ciento de los encuestados tuviera en mente a un afroestadounidense. Solo el 5 por ciento imaginó a una persona de otra raza. Así que tenemos en la conciencia pública una asociación entre la delincuencia y la raza que es profundamente arraigada. La asociación entre los afroestadounidenses y el consumo de drogas y la venta de drogas es profunda, aunque las personas de color no son más propensas a usar o vender drogas que los blancos.

La Suprema Corte ha dicho que, con tal de que las agencias policiales puedan identificar una razón adicional por parar a una persona, además de la apariencia racial, está bien usar la raza como un factor. La ridiculez de esta lógica es evidente al considerar el hecho de que la policía casi nunca para a las personas debido solamente a su apariencia racial. Un joven negro en pantalones holgados que está frente a su prepa y rodeado de un grupo de otros jóvenes negros vestidos de la misma manera, pues los agentes de policía pueden pararlo y registrarlo porque les parece como vendedor de drogas. Pero está claro que la raza no era la única razón por la que llegaron a esa conclusión: El género, la edad, el atuendo y el lugar también juegan un papel. La policía probablemente no prestaría atención a un hombre negro de 85 años que estuviera en el mismo lugar, rodeado de un grupo de mujeres negras de tercera edad. Así que siempre habrá otros factores que pueden dar como motivo, además de la raza.

The Michael Slate Show en KPFK 90.7 FM en Los Ángeles

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