Revolución #224, 6 de febrero de 2011


Últimas novedades: Amplían la red del gran jurado federal en Chicago

¡Escalada de la expedición de pesca contra activistas anti-guerra y pro solidaridad internacional! ¡Aumentan los citatorios hasta 23!

Han sucedido acontecimientos nuevos y dramáticos en los ataques del gobierno contra los activistas anti-guerra y pro solidaridad internacional. En septiembre de 2010 el FBI realizó redadas en los hogares y oficinas de activistas en Minneapolis/St. Paul, Minnesota y en Chicago. Expidieron citatorios del gran jurado a 14 personas que participan en el movimiento anti-guerra y en forjar solidaridad con las luchas de los pueblos palestino y colombiano. El gobierno llama esos ataques contra los activistas políticos una investigación del supuesto “apoyo material para organizaciones terroristas extranjeras”. Es un pretexto para un amplio y generalizado esfuerzo de represión política contra personas que están sacando a la luz y oponiéndose a los crímenes que Estados Unidos comete en varias partes del mundo.

Además de los 14 citatorios del gran jurado en septiembre, expidieron nueve más a personas en Chicago a fines de 2010 y ordenaron que algunos comparecieran el 25 de enero de 2011. Parece que esta última ronda de citatorios se centra en activistas del movimiento de solidaridad con la lucha del pueblo palestino.

Una activista recién citada es Maureen Murphy, una organizadora del Grupo de Solidaridad con Palestina y la directora de edición de la página web Intifada Electrónica. También ordenaron a comparecer en enero a Sarah Smith, una joven judía de Chicago que viajó en una delegación a Israel y los territorios ocupados de Palestina con dos amigos que crecieron en Chicago pero de origen palestino. También expidieron citatorios contra esos dos amigos palestinos.

En una rueda de prensa del 22 de diciembre, Michael Deutsch, un conocido abogado de Chicago que durante décadas se ha opuesto al uso inapropiado del gran jurado como instrumento de represión política, señaló que durante 40 años no ha presenciado una investigación del gran jurado contra activistas políticos de esta envergadura. Basó esta conclusión en el número de personas citadas así como en la amplitud y el contenido de lo que persigue el procurador general en este caso.

Todo testigo citado se niega a participar en la expedición de pesca

Las 14 personas citadas en septiembre le informaron a la oficina del procurador general, por medio de sus abogados, que hacían valer su derecho a guardar silencio y no iban a rendir testimonio ante el gran jurado. En respuesta, la oficina del procurador general retiró todos los citatorios pero no dijo nada acerca de sus planes para el futuro. Luego, a principios de noviembre, el procurador general les notificó a los abogados que iba a expedir nuevos citatorios para comparecer ante el gran jurado a tres mujeres de Minneapolis (las cuales fueron unas de los 14 que se negaron a comparecer originalmente).

Pero eso fue sólo el comienzo. En noviembre y diciembre, bajo la dirección del procurador general, agentes del FBI les entregaron nuevos citatorios a nueve personas adicionales. Ordenaron que algunas de ellas comparecieran para rendir testimonio ante el gran jurado de Chicago el 25 de enero de 2011.

Los abogados de estos activistas citados por primera vez le han informado al procurador general que éstos también harán valer de su derecho de guardar silencio. El Comité para Parar la Represión del FBI llamó a protestas ese día frente a edificios federales y las oficinas del FBI por todo el país para oponerse y resistir a esos citatorios y la cacería de brujas del gran jurado.

Las tres mujeres en Minneapolis que recibieron nuevos citatorios siguen negándose a rendir testimonio ante el gran jurado ni cooperar con el procurador general. El gobierno puede obligarlas a aceptar una “inmunidad limitada” contra acción criminal. Bajo el derecho actual, eso en esencia barrería su derecho de guardar silencio bajo la V Enmienda. Si a uno le dan una “inmunidad limitada” y luego uno se niega a rendir testimonio, lo pueden encarcelar de inmediato (sin juicio) y mantenerlo ahí por la duración del gran jurado, la que puede ser de meses, hasta años. Históricamente el gobierno se ha valido del gran jurado no sólo para cacerías políticas de brujas sino como mecanismo de castigo a aquellos que desafíen las órdenes de rendir testimonio.

Un ataque muy serio

El gobierno lleva a cabo las redadas, citatorios y cacería de brujas del gran jurado bajo el pretexto de una investigación del supuesto “apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras (FTOs)”.

La Suprema Corte federal está ampliando muchísimo la acepción de “apoyo material”.1 Hasta el ex presidente Jimmy Carter ha dicho que un fallo reciente de la Corte Suprema constituye una amenaza contra el trabajo de su organización, el Centro Carter. Se preguntaba si le podían acusar por monitorear las elecciones en el Líbano, ya que uno de los partidos en las elecciones fue un grupo declarado un FTO. En una entrevista a Michael Ratner del Centro pro Derechos Constitucionales en el programa de radio Law and Disorder, Deutsch explicó que el ataque del gobierno va contra “el trabajo político que cuenta con protecciones bajo la ley, que está en solidaridad con Palestina o Colombia... Se trata en esencia de abogar por ideas y asociarse con otros. A pesar de Holder v The Humanitarian Law Project, creemos que es una violación total de la I Enmienda y una violación de los derechos políticos del pueblo”.

Ni una sola persona ha sido acusada de ningún delito durante estos últimos meses de redadas y citatorios. Además, el hecho que hace poco los activistas revelaron que los fiscales que dirigen la investigación del gran jurado confirmaron la participación de al menos de un agente encubierto que pasó dos años y medio infiltrando al Comité Anti-Guerra en Minneapolis y después se unió a la Freedom Road Socialist Organization (FRSO).

Jess Sundin, de Minnesota, dijo en una declaración de prensa el 12 de enero de 2011 que el agente que infiltró al Comité Anti-Guerra desde 2008 tuvo acceso a sus actividades, oficina, registros de contabilidad, etc. Sundin señala: “Incluso después de dos años y medio de tener acceso total, no existen cargos contra nadie. Al contrario, en ausencia de pruebas con que acusar a alguien, han arrastrado a cerca de 20 personas por un proceso de intimidación de gran jurado, que es una cacería de pesca. Si existiera una actividad verdaderamente criminal en este caso, el agente ‘Sullivan’ habría sabido de todo eso. Los únicos delitos cometidos en este caso fueron abusos a nuestros derechos realizados por  la misma ‘Karen Sullivan’”. La casa de Sundin fue allanada el septiembre pasado.

Se amplía la cacería de brujas represiva

Durante las redadas iniciales del FBI, éste se apoderó al azar de inmensas cantidades de material político y personal, celulares, computadoras y listas de contactos. Al menos una de las personas cuya casa fue allanada dijo que la lista del FBI de las cosas confiscadas de su casa incluía objetos que ella sabía que no estaban en la casa. Agentes con citatorios del gran jurado han acorralado a personas en sus casas y oficinas, y han tratado en vano de insistir y de intimidar para que hablen.

En la última ronda de citatorios, no se dice nada de por qué están obligando a comparecer a las personas que los están recibiendo, qué leyes están aplicando, sobre qué están obligándolos a rendir testimonio ni nada más. Simplemente ordenan que comparezcan. Esto en sí es muy inusual.

En la entrevista en el programa radial Law and Disorder, Michael Deutsch habló de la importancia de esto:

“Bien, a diferencia de la primera serie de citatorios que pedían que presentaran documentos, estos citatorios solamente hablan sobre acudir a rendir testimonio y me parece que lo que está pasando ahora [es]… que están tratando reunir información. Así que en particular es una cacería de pesca en el sentido de reunir información sobre el trabajo y filiaciones políticos de las personas… [No] dicen de qué se trata. Solo dicen que se trata de un citatorio a comparecer ante un gran jurado el 25 de enero. [Ni] siquiera dicen bajo cuál ley los están investigando”.

Más tarde en la entrevista, Deutsch llamó la atención sobre el atropellamiento descarado de los derechos constitucionales relacionado con esta cacería de brujas:

“…Lo que sucede en este caso es una violación total de la I Enmienda y una violación de los derechos políticos de las personas. Una de las cosas que yo mencionaría es que uno de los abogados federales dijo: ‘Ah, ustedes saben que estas personas de Freedom Road [miembros del Freedom Road Socialist Organization] son marxistas-leninistas. Se llaman entre sí camaradas y quieren derrocar al gobierno estadounidense’. Este es el tono subyacente de su proceso: de perseguir a personas y a esta organización por su ideología política… Sé de la historia del uso del gran jurado y de este ataque. Nunca he visto algo así tan abiertamente ideológico y de gran envergadura” (de una trascripción hecha por el periódico Revolución).

Hay que vencer estos ataques

Como analizó el artículo “En la era de Obama, la criminalización de la oposición política a la agresión estadounidense: Las redadas del FBI contra los activistas anti-guerra”:

He aquí una ironía: todo esto lo está haciendo el gobierno del “estudioso constitucional”, el presidente Obama. Pero la ironía no se trata de que al presidente se le olvidara que una vez daba clases en la Universidad de Chicago, sino que mucha gente se dejó creer que el paquete en que él venía envuelto era fundamentalmente distinto al de Bush. Estas redadas demuestran la realidad del funcionamiento de este sistema, no importa quién lo gobierne en un momento determinado. Cuando los representantes políticos de este sistema imperialista lo estimen necesario usar los instrumentos de la dictadura (en este caso, la policía política, los tribunales y las prisiones), no dudarán en violar los preceptos democráticos asentados en su Constitución.

La pura verdad es lo siguiente: la clase dominante, y Obama, no dejan que los derechos supuestamente garantizados por ley impidan lo que perciben como los intereses del imperialismo [estadounidense]. Pero eso NO quiere decir el pueblo no debiera luchar por esos derechos. Al contrario. Lo que sí demuestra es que debemos luchar tanto más duramente y sin ilusiones contra esta represión, denunciando tanto la naturaleza cruel de las políticas que estas redadas hacen cumplir (y los intereses que mueven dichas políticas) como las maneras en que estas redadas son completamente ilegítimas: son una violación no sólo de los derechos fundamentales y de las creencias fundamentales de muchísimas personas en materia de lo que es justo sino de las propias leyes tales como se redactaron.

En septiembre de 2010 en 60 ciudades en todo el país, protestas de emergencia estallaron frente a oficinas del FBI y edificios federales. Desde entonces se han celebrado mítines y otras formas de protesta a través del país, incluyendo declaraciones de grupos religiosos progresistas y resoluciones de sindicatos, todos los cuales han condenado la investigación del gran jurado. Hace poco, el Sindicato de Maestros de Chicago aprobó una resolución en este sentido. El 25 de enero se realizaron protestas en todo el país con motivo de la fecha para comparecer ante el gran jurado. Hay que vencer este ataque del gobierno. En verdad muchísimo está en juego.

1. Ver el artículo “Holder v Proyecto de ley humanitaria: Un fallo supremamente malo de la Suprema Corte”, Revolución #215, 31 de octubre de 2010, en línea en revcom.us, sobre Holder v Humanitarian Law Project, un fallo draconiano de la corte que aprobó y reforzó una ley federal que otorga mayores poderes al gobierno para prohibir y castigar lo que éste (el gobierno) considere o defina como “el apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras. [regresa]

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