Revolución #230, 24 de abril de 2011


De un lector
Niegan asilo político a Víctor Toro; ordenan deportarlo a Chile

Una decisión muy mala

El 2 de marzo, un juez de inmigración del tribunal federal de Nueva York falló en el caso del conocido activista de derechos humanos y exiliado chileno Víctor Toro, denegando su petición de asilo político y ordenando su deportación a Chile.

Como los lectores de Revolución recordarán (Revolución #96), el caso de Víctor Toro empezó el 6 de julio de 2007, cuando agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) se subieron a un tren de Amtrak cerca de Rochester, estado de Nueva York, para recorrer los pasillos exigiendo mostrar los documentos migratorios a quienes tomaron por inmigrantes, y detuvieron a 35 personas. El hecho de que este conocido activista pro derechos de inmigrantes se encontraba entre los detenidos convirtió el incidente en noticia importante en ese momento. Colocó bajo la lupa un ultraje que es cada vez más común: en los trenes y estaciones de autobús los agentes de ICE prejuzgan y detienen a las personas por su "perfil" de inmigrante. [La perfilación racial también se evidencia en el trato prejuiciado dado a otra persona de renombre, el Dr. Silvio Torres-Saillant, ex director del Instituto de Estudios Dominicanos de la City University of New York y actual director del Programa de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la Universidad Syracuse. Dr. Torres-Saillant ha dicho que en las estaciones de autobús del norte del estado de Nueva York, los agentes de ICE lo han detenido en tres ocasiones al comienzo de su viaje de regreso a la Ciudad de Nueva York.]

El fallo en el caso de Víctor Toro fue ultrajante en muchos niveles. En testimonios poderosos, Toro, su familia y los testigos expertos pintaron un panorama de enormes crímenes, entre ellos la tortura, cometidos contra él y otros en Chile. Toro era uno de muchos miles de chilenos arrestados y torturados por el gobierno de Augusto Pinochet, que había llegado al poder en septiembre de 1973 en un golpe de estado respaldado por Estados Unidos. Documentos secretos filtrados durante años han demostrado contundentemente que el gobierno estadounidense, por medio del entonces secretario de Estado Henry Kissinger, desempeñó un papel clave en planear y realizar ese golpe de estado.

El testimonio presentado en el caso de Toro citó tres cámaras de tortura donde lo torturaron brutalmente. Documentó que el gobierno de Chile, una junta militar, lo declaró muerto oficialmente y lo expulsó del país. Las evidencias detallaron cómo la DINA, las fuerzas de seguridad chilena, usó la "Operación Cóndor" para perseguir y asesinar a opositores del régimen de Pinochet en diferentes partes de Latinoamérica, además del atentado contra el ex vicepresidente Bernardo Leighton en Italia en 1975 y el asesinato por coche-bomba del ex ministro [durante la presidencia de Salvador Allende] Orlando Letelier y su secretaria estadounidense Ronni Moffitt en las calles de Washington, D.C., en 1976. Se presentó evidencia de que la DINA, después de que Toro dejó Chile, le seguía la pista en varios países. Sin embargo, el tribunal se negó a reconocer que Toro tenía razones muy buenas por no pedir asilo durante el año después de su entrada en Estados Unidos en 1984, pues temía que al revelarle su paradero al gobierno estadounidense, el que trabajaba tan de cerca con la policía secreta chilena, esa información podría llegarle también a la DINA.

Pero eso no era lo peor. La fiscalía, que inició el procedimiento judicial durante el régimen de Bush y ha continuado en el mismo rumbo bajo Obama, presentó informes sensacionalistas de la CIA y de expertos asociados con la CIA con el fin de pintar como "terroristas" a Toro y a sus compañeros en Chile. El Departamento de Seguridad de la Patria adujo un artículo de la revista Time de 1970, que describió una toma de tierras por varios miles de personas en las afueras de Santiago y que nombró a Víctor Toro como uno de los líderes.

El juez apoyó la afirmación de los fiscales de Seguridad de la Patria de que "se ha dado un cambio fundamental en la situación en Chile" y que ahora Toro no tiene por qué temer volver a ese país, a pesar del hecho de que la mayoría de los que torturaban a él y a otros, incluidos algunos que todavía ocupan puestos de autoridad, siguen estando en libertad.

Los médicos dieron testimonio acerca de la discapacidad de Toro, sus problemas de espalda y el sufrimiento emocional que son productos de la tortura y continúan hasta hoy. Los testigos documentaron el trabajo importante que hace el centro político-cultural "Vamos a La Peña" del sur del Bronx, del cual Toro es un fundador. Sus simpatizantes colmaron el juzgado cada día, una muestra del gran aprecio que mucha gente le tiene a Toro. No obstante, el juez ordenó su expulsión a Chile, separándolo de su familia, de su hijo y nieto, y de amigos que ha tenido en el sur del Bronx desde hace 25 años.

La crueldad y la naturaleza desalmada de esta decisión y el marco legal que el juez seguía dan un testimonio condenatorio sobre este sistema. ¿Qué clase de sistema ordena y ayuda en el asesinato de mandatarios extranjeros, en la matanza y la tortura de miles, el éxodo forzoso de miles a Estados Unidos y luego obliga a los inmigrantes que llegan aquí a vivir décadas de temor, acosados por las autoridades y sujetos a la perfilación racial y la detención a manos de los agentes de ICE?

No piensen que se trata de un incidente aislado: miren lo que Obama dijo en su visita a Chile, apenas diez días después de que se le denegó el asilo a Toro. En una rueda de prensa allá, un reportero chileno le preguntó a Obama si "Estados Unidos está dispuesto a pedir perdón por lo que hizo durante esos años 70 muy difíciles en Chile". Obama no hizo más que contestar con firmeza que no se disculpará, agregando que ni Estados Unidos ni Chile pueden "quedarse atrapados en su historia" e insistiendo que no podía "abordar todas las políticas del pasado".

Se está apelando esta decisión ultrajante y la lucha continúa contra este ataque y hay que apoyarla. Y todos los días que siga estando aquí, Víctor ha declarado que "lucharé por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos" y por sacar a la luz y cerrar las cámaras de tortura en Guantánamo y en otras partes del mundo.

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