Desapercibida:
La construcción de la horca de la represión fascista total en Estados Unidos

15 de marzo de 2018 | Periódico Revolución | revcom.us

A escondidas de las políticas tan públicas de Washington, D.C., y sin aprobar legislación importante como la tristemente célebre Ley Patriota de la era de George W. Bush (cual ley sigue vigente), las fuerzas encabezadas por el régimen de Trump y Pence están intensificando la represión política y preparando el terreno judicial e ideológico para una represión sin precedentes contra la protesta política.

Las amenazas recientes lanzadas por Jeff Sessions, el Procurador General de Trump, contra la alcaldesa de Oakland, California por haber anunciado por adelantado que ICE iba a llevar a cabo redadas contra inmigrantes, y contra el estado de California por aprobar leyes de santuario que han limitado la capacidad de ICE para detener a inmigrantes, constituyen una escalada importante de la represión fascista. (Vea “Escalada de ataques de Trump y Sessions al santuario para los inmigrantes: ¡Esto es intolerable! Hay que detenerlo”). A continuación están otros ejemplos de la intensificación de la represión.

Los acusados del 20 de enero y la criminalización de los que organizan políticamente

Como hemos escrito antes, el arresto y los cargos contra más de 200 personas que protestaron contra la toma de posesión de Trump fue “una GRAN escalada de la represión política“. La “teoría legal” de la oficina de la fiscalía federal fue que cada individuo que participó en las protestas fue plena y legalmente responsable de las ventanas rotas en media docena de lugares durante la protesta — ¡y 194 de los acusados recibieron cargos que conllevan más de 60 años en la prisión! Lo que es más, el gobierno federal exigió que se le dieran el nombre y dirección de correo electrónico de 1,3 millones de personas que visitaron el sitio web de la protesta del día de la toma de posesión. (Los tribunales impusieron ciertas restricciones a ese proyecto gubernamental de espionaje masivo).

Los acusados se resistieron a estos cargos con valentía, y la gran mayoría de ellos no solo pidió un juicio en vez de aceptar un pacto de culpabilidad sino que además, colectivamente y con simpatizantes [enlace en inglés], denunciaron ampliamente estas acciones represivas. El 21 de diciembre de 2017, el juicio de los primeros seis acusados concluyó con una contundente derrota del gobierno; todos fueron absueltos, y uno de los jurados dijo categóricamente después del juicio: “El jurado en su conjunto cree que es un acto legal asistir a una protesta en la que ocurre el vandalismo”.

Ante esto, el gobierno anuló los cargos contra 129 acusados el 18 de enero el 2018, pero intensificó la persecución de los 59 acusados restantes. Mantiene que estos “(1) llevaron a cabo actos identificables de destrucción, violencia, u otra conducta de agresión; (2) participaron en la planificación de la violencia y la destrucción; y/o (3) participaron en conducta que indica un uso consciente e intencional de la táctica del black bloc [bloque negro]…”.

Esencialmente el punto 2 se refiere a personas que organizaron la protesta. Aunque el gobierno ha dejado a un lado (por ahora) el argumento de que participar en protestas es en sí criminal, insista para argumentar que, si uno organiza una protesta en la que suceden presuntos actos ilegales, le hacen a uno responsable de todos los actos cometidos. Y el punto (3) “uso intencional de la táctica del black bloc” se refiere, en las propias palabras del gobierno [enlace en inglés], a quienes tienen puestos “prendas negras u oscuras, guantes, bufandas, gafas de sol, pasamontañas, máscaras anti-gas, cascos, capuchas y otros artículos que ocultan o protegen la cara…”. O sea que, si bien el gobierno ha concedido que no es ilegal estar presente en la protesta, insiste en que cierta vestimenta (“prendas negras u oscuras”), y cosas que te protegen de un ataque policial (“máscaras anti-gas”, “cascos”) o prendas normales del invierno (“guantes, bufandas… capuchas”), ¡te identifican como criminal por lo cual te mereces 60 años en la prisión!

Así que, si bien las luchas políticas y legales obtuvieron importantes victorias, ahora el gobierno busca, de una manera más precisa, criminalizar la protesta así como imponer larguísimas sentencias contra activistas y organizadores.

De la criminalización a los cargos de “terrorismo”

Desde varios ángulos, los fascistas se esfuerzan por calificar no solo como “criminales” sino también como “terroristas” a la desobediencia civil no violenta y otras formas de protesta que desvían del disentimiento cortés. En mayo informamos sobre las leyes anti-protestas en las legislaturas de más de 20 estados. Según la ACLU [enlace en inglés] (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), las leyes en dos estados (Carolina del Norte y Washington) llaman explícitamente “terrorismo” a protestas que causan el trastorno económico, y eso está implícito en otras leyes también: por ejemplo, una ley en Oklahoma dice que protestas sentadas de brazos cruzados en instalaciones de oleoductos constituyen ataques criminales contra la infraestructura de Estados Unidos.

Si bien no se han aprobado (todavía) la mayoría de esas leyes, indican cómo los fascistas ven la protesta, y que tipo de leyes implementarán si siguen consolidándo el poder. Pero aun sin esas leyes, las agencias policiales federales, estatales y locales cada vez más están tratando a la protesta como el terrorismo. Una indicación importante de eso fue el informe del FBI de agosto de 2017 (filtrado al público en octubre) que calificó a activistas negros en contra de la brutalidad policial y en otros movimientos contra la opresión como “extremistas de identidad negra”.

Pero el ejemplo más escalofriante viene de las protestas que duraron meses contra el Oleoducto Dakota Access (DAPL por las siglas en inglés) que organizaron personas indígenas que se autodenominaron “protectores del agua” en las Dakotas del Norte y del Sur entre 2016 y 2017. Las protestas fueron principalmente campamentos pacíficos de cientos de personas en territorios o cerca de territorios señalados para la construcción del oleducto, protestas no violentas, así como ceremonias culturales y religiosas indígenas. El Intercept informó [enlace en inglés] que en respuesta, la corporación que está construyendo DAPL contrató a la compañía privada de seguridad TigerSwan, fundada por un comandante de la élite Fuerza Delta, que se hace pasar por una operación antiterrorista y tiene oficinas en Irak y Afganistán.

TigerSwan describe a los protectores del agua como “una insurgencia motivada ideológicamente con un fuerte componente religioso… [que] por lo general sigue el modelo de insurgencia yihadista”; en sus informes internos se refiere a los manifestantes como “terroristas”, y sus protestas como “ataques”, su campamento como un “campo de batalla”. TigerSwan también se refiere a acumular inteligencia para poder “encontrar, fijar y eliminar” amenazas al oleoducto — lenguaje que evoca el eufemismo militar para un asesinato: “encontrar, fijar, terminar”.

TigerSwan llevó a cabo una amplia gama de acciones en contra de los manifestantes, como vigilancia constante de la escena desde helicópteros, operaciones de seguimiento y videograbación de activistas, así como infiltración de los campamentos con espías que conscientemente intentaron “explotar” “riñas actuales entre indígenas y no indígenas” y otras contradicciones en el seno del pueblo.

Pero si usted piensa que esta fue una aislada operación de seguridad respaldada por corporaciones derechistas de energía, ¡piénselo mejor! TigerSwan trabajó estrechamente con agencias policiales locales, estatales y federales, compartiendo información como informes internos y video en tiempo real. Al mismo tiempo, a veces la Agencia Federal de Aviación limitó el uso de aviones no tripulados de la prensa mientras permitía el espionaje aéreo por parte de la policía y TigerSwam. Para aclarar las cosas aún más, el FBI mandó su Equipo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo para “entrevistar” (o sea, hostigar) a los activistas y, el Equipo de Trabajo, junto con la oficina del FBI de Des Moines, Iowa y agentes del Departamento de Seguridad Nacional, se reunieron con TigerSwan en marzo para conversar sobre “recursos de seguridad y personas de interés”.

Es importante resaltar que en las últimas décadas se ha interpretado que llamar a un grupo o individuo “terrorista” quiere decir que no tienen ningunos derechos judiciales. Bajo la administración Bush, el campo de detención en Guantánamo estaba lleno de cientos de hombres capturados y detenidos indefinidamente, muchos jamás acusados formalmente y casi ninguno enjuiciado. Bajo Obama, ciudadanos estadounidenses acusados de ser terroristas fueron ejecutados por aviones no tripulados [enlace en inglés] (Anwar al-Awlaki, acusado de producir propaganda de al-Quaeda, y dos semanas después, su hijo de 16 años que no fue acusado de nada). Durante la campaña presidencial, Trump pidió que se matara a los parientes de “terroristas”, y esta semana pidió extender enormemente el uso de la pena de muerte en Estados Unidos para incluir a “narcotraficantes”. Por tanto, es imposible exagerar el amenazante significado de identificacar como “terroristas” a manifestantes pacifistas.

La colaboración entre las organizaciones fascistas (no gubernamentales) y las fuerzas del orden del estado

Otra medida sumamente grave.

Durante los juicios de los acusados del 20 de enero, la fiscalía aprovechó videograbaciones que recibieron de los Oath Keepers, un grupo de paramilitares fascistas compuesto predominantemente de policías y ex policiales, y de Proyecto Veritas, un grupo derechista que se especializa en entablar conversaciones secretamente grabadas con liberales y progresistas mientras estos derechistas mienten sobre sus propias identidades y hacen preguntas de tal manera que, después de que las redactan, pueden parecer acusatorias. Han atacado a la organización ACORN, al Washington Post, y a Planificación Familiar, entre otros.

En las manifestaciones de agosto de 2017 en Charlottesville, Virginia, los policías se quedaron como espectadores [enlace en inglés] cuando un fascista disparó a un manifestante negro. A otro negro que fue golpeado brutalmente por fascistas lo arrestaron y acusaron de un delito grave. En junio de 2016, la policía de Sacramento, California colaboró con fascistas para identificar y arrestar a manifestantes antifascistas.

Es cierto que buena parte de esta colaboración entre la policía y los fascistas empezó antes de que Trump fuera elegido, pero como han señalado defensores de los derechos civiles y otros, Trump ha dejado en claro que le ha dado luz verde a la policía para que tomara medidas contra los manifestantes, y ha mandado un mensaje a los fascistas entre los policías que pueden portarse según sus creencias.

La colaboración entre policías ya crueles y violentas y fuerzas fascistas fuertemente armadas que tienen aun menos restricciones que la policía, augura un emergente salto hacia el gobierno fascista “clásico” que combina la violencia de matones fascistas y el terror de la “Gestapo” en contra del pueblo. Compaginado con la demonización y criminalización de la protesta política, y argumentos judiciales que declaran que activistas y organizadores son responsables de acciones presuntamente ilegales de quienquiera que proteste, en conjunto representan buena parte de la arquitectura de una sociedad plenamente fascista en el proceso de imponerse, y que no deja de ser mortal por más que se la ignore.

Se necesitan: Voluntarios para revcom.us y Revolución

Envíenos sus comentarios.

Si le gusta este artículo, suscríbase, done y contribuya regularmente al periódico Revolución.