Obrero Revolucionario #911, 15 de junio, 1997
Desde el momento en que estalló una bomba en el edificio federal en Oklahoma City hace dos años, las autoridades lo han aprovechado para darle más poderes a las dependencias policiales federales. En los últimos dos años han destinaron grandes cantidades de dinero a la maquinaria de espionaje del FBI, han aprobado leyes que dan nuevos poderes a la policía y han llevado a cabo canallas operativos policiales.
Este proceso continuó en mayo, durante el juicio en que condenaron a Timothy McVeigh por el dinamitazo. Con su condena, los grandes medios desencadenaron una gran campaña publicitaria en pro de la pena de muerte. Poderosas fuerzas quieren aprovechar la ocasión para crear opinión pública a favor de reanudar la ejecución de presos por el gobierno federal, que se suspendió en 1963.
El 19 de abril de 1995, una poderosa bomba destruyó gran parte del edificio federal en Oklahoma City, matando a por lo menos 168 personas e hiriendo a unas 500. La mayoría de las víctimas fueron gente común y corriente, como los niños de una guardería infantil.
Inmediatamente los medios y el gobierno chillaron que un "terrorista mesoriental" había "lanzado un ataque en el centro de Estados Unidos". En la histeria que siguió, asediaron a árabes por todo el país e incluso los atacaron chusmas furiosas. Después, acusaron a dos ex soldados, Timothy McVeigh y Terry Nichols, del dinamitazo. Dijeron que McVeigh, fascista y racista hasta el tuétano, dinamitó el edificio en el segundo aniversario del ataque militar federal contra el campamento del grupo derechista Branch Davidian en Waco, Texas.
A las dos meses del dinamitazo, el Senado aprobó una ley que propuso la administración Clinton en 1993 para expandir los poderes policiales. La ley destinó otros $1,5 billones al ya enorme presupuesto de la policía federal. Además, lanzó nuevos ataques contra las actividades políticas de inmigrantes y toda persona vinculada a una organización extranjera que el gobierno tilda de "terrorista", a pesar de que para ese entonces ya se sabía que ningún movimiento político extranjero participó en el dinamitazo de Oklahoma City. La nueva ley también restringe el derecho de los presos condenados a muerte a apelar su sentencia, y destina fondos para contratar a mil nuevos agentes federales para "combatir el terrorismo". Cuando Clinton firmó esta ley el 24 de abril, se quejó de que no es lo suficientemente dura y que el FBI debe tener el derecho de interceptar conversaciones telefónicas en cualquier teléfono que cree que podría usar un sospechoso.
El FBI inmediatamente amplió su maquinaria de espionaje en Estados Unidos y declaró públicamente que tiene el derecho de usar una amplia gama de nuevas tecnologías. Hasta la fecha la única información que se ha divulgado sobre estas actividades viene del FBI, pero incluso esto nos da un vistazo de lo que se ha desencadenado.
El periódico Rocky Mountain News de Denver informó el 14 de abril que después de que arrestaron a McVeigh y Nichols en la primavera de 1995, el FBI pidió y recibió información sobre 608 números de teléfono por todo el país (más de 160.000 llamadas). Examinó los registros computarizados de teléfonos públicos de Oklahoma City, de varios pueblos pequeños donde había ido McVeigh y de una tarjeta prepagada que supuestamente usó, e investigó a todos los que llamó. Entrevistó a más de 21.000 personas y reunió más de 400 horas de película de cámaras de vigilancia de gasolineras, bancos y tiendas por todo el Suroeste. Incluso examinó fotos tomadas por satélites de 20 sitios de Oklahoma y Kansas.
Con el pretexto de "combatir el terrorismo", le han dado al FBI enormes nuevos recursos para espiar e investigar.
La justificación oficial de esa racha de operaciones policiales ha sido proteger al público de posibles ataques derechistas. Pero a pesar de la enormidad de su investigación, el gobierno no ha dicho ni mu sobre conspiraciones derechistas; dice que McVeigh no está vinculado a grupos derechistas y que probablemente dinamitó el edificio federal con la ayuda de uno o dos compañeros. En el último año, los medios ni siquiera han especulado sobre sus posibles vínculos con grupos racistas o fascistas.
Pero el Rocky Mountain News informó que, durante el juicio, el FBI divulgó de mala gana pruebas de repetidas llamadas telefónicas entre McVeigh y grupos fascistas en el Suroeste en abril de 1995, cuando supuestamente estaba preparando el ataque dinamitero. En ese período, McVeigh llamó a la sede de un grupo fascista cristiano en "Elohim City", en el este de Oklahoma, e hizo nueve llamadas de tarjetas prepagadas a Richard Coffman, un dirigente de la Alianza Nacional, un grupo racista blanco de Arizona.
Parece que el FBI y los fiscales federales han decidido restarle importancia públicamente a los vínculos de estos grupos con el dinamitazo de Oklahoma City. Esto no debe sorprenderle a nadie: a lo largo de toda la historia de este país, el sistema ha utilizado organizaciones reaccionarias extraoficiales como el Ku Klux Klan para atacar las luchas de los oprimidos. El FBI y la policía han infiltrado sistemáticamente el Klan y otros grupos derechistas paramilitares. La policía política hace todo lo posible para destruir y "neutralizar" movimientos progresistas, pero refuerza las organizaciones derechistas que infiltra para utilizarlas como un arma extraoficial.
Durante el movimiento de derechos civiles de los años 50 y 60, por ejemplo, el FBI infiltró tan completamente el Klan en Misisipí que gran parte de la organización funcionaba bajo su control directo. El gobierno federal dirigió las actividades klanistas conforme a las metas de la clase dominante, como por ejemplo para atacar a los activistas de derechos civiles que trataban de integrar estaciones de camiones en el Sur. La violencia no oficial de los grupos paramilitares y la oficial de la policía estatal y federal son las dos caras de la maquinaria represiva de este sistema.
El actual clima reaccionario, con los ataques al welfare y la acción afirmativa, ha envalentonado a los klanistas y demás reaccionarios. Además del dinamitazo de Oklahoma City, ha habido muchos ataques organizados a clínicas de salud de la mujer e iglesias negras. El FBI ha respondido a esos ataques con una racha de espionaje, seguida por el anuncio de que no ha encontrado ninguna "conspiración organizada". La clase dominante quiere preservar y proteger a estos grupos derechistas, y tenerlos bajo su propio mando.
Eso es precisamente lo que ha pasado en el caso de McVeigh: el gobierno federal lanzó una enorme operación de espionaje. Por la manera pública en que la llevó a cabo, declaró que tiene el derecho de lanzar operaciones parecidas en el futuro. Y toda la historia de la policía política en Estados Unidos demuestra que su blanco principal serán las organizaciones revolucionarias y los movimientos de resistencia.
Al cierre de esta edición, los medios de información hablan incansablemente de la audiencia de sentencia, cuando el jurado decidirá si aplicarle la pena de muerte a McVeigh. Les han dado mucha publicidad a los familiares de las víctimas del dinamitazo. Les aconsejan pedir la pena de muerte. Así y todo, varios familiares se han pronunciado en contra. Esta etapa del juicio la están aprovechando, desvergonzadamente, para crear opinión pública a favor de ejecutar presos federales. Los fiscales federales dicen que McVeigh es "el candidato ideal para la pena de muerte" y posan de vengadores de los inocentes. La hipocresía del sistema es increíble. La clase dominante de Estados Unidos es el mayor asesino de inocentes por todo el mundo: su caballería destruyó aldeas de indígenas lakota y cheyenne en el invierno para que murieran de frío; su fuerza aérea lanzó bombas atómicas contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki; las caras de niños vietnamitas quemados por napalm están grabadas en nuestra memoria; y, hace solo unos pocos años, sus bombas destruyeron Basora y Bagdad, dos ciudades iraquíes.
Es igualmente sin vergüenza que las autoridades federales se las den de defensores de niños inocentes. ¿Cuántos niños están sufriendo (y muriendo) hoy mismo debido a las "reformas del welfare" de Clinton"? ¿Quién puede olvidar el 13 de mayo de 1985, cuando la policía de Filadelfia mató a seis adultos y cinco niños de la organización MOVE con explosivos del FBI? ¿Y quién puede olvidar que en 1993, Clinton y la Secretaria de Justicia mandaron atacar el campamento de Waco, Texas, y quemaron vivas a 70 personas, entre ellas muchos niños? ¿Quién le enseñó a Timothy McVeigh a ser asesino y racista? ¿Quién lo ascendió y condecoró por su parte en la guerra del Golfo? El mismo sistema que ahora quiere más poderes para ejecutar y que dice que necesita esos poderes para "proteger a la población" de las fuerzas que él mismo adiestró y desencadenó.
Sería muy mal para el pueblo que el gobierno federal volviera a ejecutar a presos. Las ejecuciones federales se suspendieron durante la década de los 60 cuando se divulgó que, tanto a nivel estatal como federal, la pena de muerte se aplica por motivos racistas. Desde ese entonces, muy poco ha cambiado. Las galerías de la muerte federales son un ejemplo del racismo que practica el sistema judicial: de los 12 presos federales sentenciados a muerte, solo uno es blanco.
En los últimos años, a los gobiernos estatales les han dado rienda suelta para ejecutar más y más presos. A nivel federal, varias decisiones en las cortes y nuevas leyes han restringido el derecho de los presos a apelar una sentencia de muerte. En 1994, aprobaron nuevas leyes federales para permitir que las cortes federales apliquen la pena de muerte a más de 60 delitos, entre ellos usar explosivos y matar agentes federales.
Sin duda alguna, después de 34 años el gobierno federal está resuelto a recuperar el poder de ejecutar presos federales. Está aprovechando el caso de McVeigh para crear opinión pública con ese fin, manipulando cínicamente la ira y el temor que muchos sienten por el KKK y demás fascistas. A esos reaccionarios habrá que tratarlos con mano dura y sin vacilación, pero solo será posible en el contexto de una revolución.
Todos los progresistas y revolucionarios tenemos que estudiar, denunciar y oponernos a estas maniobras fascistas del gobierno.
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