Obrero Revolucionario #1258, 14 de noviembre, 2004, posted at http://rwor.org
El 5 de noviembre empezó y de inmediato se postergó el juicio del presidente Gonzalo y otros 17 acusados de ser líderes, militantes y partidarios del Partido Comunista del Perú. Los informes, fotos y videos de la prensa muestran que el presidente Gonzalo y otros acusados se pusieron de pie ante la prensa con el puño en alto y corearon: "¡Viva el Partido Comunista del Perú!" y "¡Gloria al marxismo-leninismo- maoísmo!". Estalló el caos y el juez desalojó a la prensa y aplazó el proceso una semana. Las autoridades dicen que el juicio continuará bajo medidas estrictas para impedir más desórdenes. Esta fue la primera vez que se ha visto al presidente Gonzalo en público y ante la prensa en 12 años, desde que lo condenaron y lo metieron en un calabozo de la base naval de El Callao en 1992.
Este artículo se basa en información del Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar.
El 5 noviembre ha sido señalado como la fecha para la apertura del juicio de Abimael Guzmán (presidente Gonzalo) y otros 17 líderes, miembros y partidarios del Partido Comunista del Perú (PCP). Este juicio será la primera salva de un ataque judicial del estado peruano contra el presidente Gonzalo.
En realidad el juicio será contra la guerra popular que lanzó el PCP en 1980 bajo la dirección del presidente Gonzalo: un levantamiento armado de masas que atrajo a millones de oprimidos, sobre todo campesinos de las montañas y selvas, obreros de las ciudades jóvenes que rodean a Lima, así como a personas de diversas clases sociales. En el momento de la captura del presidente Gonzalo en 1992, la guerra popular era tan intensa que una sensación de ocaso sobrecogía a las viejas clases dominantes.
Pero el 12 de septiembre de 1992 el presidente Gonzalo fue capturado y sentenciado a cadena perpetua en un juicio militar sumario secreto ante jueces encapuchados con leyes "antiterroristas" impuestas por el dictador Alberto Fujimori. Junto con Elena Iparraguirre (camarada Miriam), el presidente Gonzalo ha pasado los años en un calabozo subterráneo alejado del resto del mundo. Desde ese entonces, la guerra popular ha encarado dificultades y ha sufrido serios retrocesos.
En enero de 2003, la Corte Constitucional del Perú declaró inconstitucionales las leyes "antiterroristas" con que condenaron al presidente Gonzalo y a miles más. Por ese entonces el desacreditado Fujimori tuvo que abandonar la presidencia y exiliarse; por tanto, el nuevo gobierno estaba ansioso de demostrar que era diferente y anuló los decretos de Fujimori, que el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos ya había declarado ilegales conforme al derecho internacional.
Aunque anularon las leyes y las condenas del presidente Gonzalo y miles de presos, el gobierno no tenía la menor intención de ponerlos en libertad. Ordenó nuevos tribunales y nuevas leyes "antiterroristas" para volver a juzgar y condenar a los presos políticos. El juicio que empieza 5 de noviembre es el primero de varios contra el presidente Gonzalo y otros líderes del PCP.
Los cargos provienen de una redada de la Academia César Vallejo por la policía secreta (DINCOTE) en junio de 1992. Las autoridades dicen que además de sus actividades académicas, la Academia, situada en el centro de Lima, servía secretamente como "centro de reclutamiento" y de medio "para transmitir órdenes del Partido", según el cotidiano limeño La República o, en la descripción más fuerte de Perú 21, era un "aparato financiero y logístico que se reportaba directamente a la dirección central". Esto, de acuerdo a la prensa, es el "crimen" que el presidente Gonzalo y otros líderes han cometido.
Esa no es una imputación muy fuerte tras tantos años de cárcel, aunque parece ser lo mejor que las autoridades pudieron entablar para justificar que el presidente Gonzalo siga preso. Pero este es solo el principio. Las autoridades prevén un "megajuicio" con numerosos cargos específicos contra el presidente Gonzalo y otros líderes del PCP por haber dirigido la guerra popular. Con esos juicios las autoridades esperan tachar de "terrorismo" la heroica lucha de las masas peruanas, dirigidas por el PCP, para liberarse de la opresión del estado y el dominio del imperialismo yanqui. Quieren enterrar vivos a todos los que tienen algo que ver con la guerra popular.
En septiembre, el licenciado Manuel Fajardo, actual defensor del presidente Gonzalo, entabló una petición de hábeas corpus que sostiene que, debido a que la condena de su cliente fue anulada, no hay ninguna base jurídica para mantenerlo preso. Los abogados de otros cientos de prisioneros hicieron lo mismo. Los reaccionarios de peso de Lima argumentaron que si no se procesara a los miles de prisioneros políticos ni se les diera nuevas sentencias de prisión, pronto muchos podrían quedar en libertad, a través de fallos de los tribunales o porque ya habrían cumplido las sentencias mínimas correspondientes. Un ex oficial de la policía secreta que participó en la captura del presidente Gonzalo advirtió que, de procesarlo bajo cargos del fuero común, dada la pena máxima autorizada por las leyes para tales condenas, podría quedar en libertad en cinco años.
En pocas palabras, este nuevo juicio tiene más que ver con venganza que con justicia. El presidente Gonzalo dirigía una guerra civil revolucionaria, que no es "terrorismo". Al parecer, las autoridades quieren procesarlo a él y a otros en relación a la Academia porque consideran que pueden probar los vínculos directos.
Al presidente Gonzalo, quien frisa los 70 años, y otros líderes presos, los podrían condenar a cadena perpetua (lo cual significa estar preso por lo menos 35 años). Los fiscales han pedido de 20 a 25 años de prisión para los dos directores de la Academia. Según las autoridades peruanas y sus medios de comunicación, ese es el único resultado posible del juicio. Todos menos dos de los acusados ya han pasado más de una década y media en prisión. El propósito principal del juicio es justificar "con el derecho" las sentencias que dictaron los jueces "sin rostro" de Fujimori y reafirmar el decreto de que la prisión de El Callao sería "la tumba" del presidente Gonzalo.
En septiembre, entablaron nuevos cargos de "terrorismo" con una posible sentencia de 20 años de cárcel contra los licenciados Alfredo Crespo, el primer defensor del presidente Gonzalo, y Jorge Cartagena, defensor de otros dirigentes del PCP. Poco después de que sentenciaron al presidente Gonzalo en 1992, encarcelaron a su abogado, quien fue el único civil presente en el juicio fuera del acusado. Desde entonces, ha estado preso. Ahora a estos abogados les van a hacer nuevos juicios de "terrorismo" con posibles sentencias de 20 años por practicar su profesión en la defensa de revolucionarios. Eso destaca que las autoridades quieren vengarse mediante estos procedimientos y que el sistema jurídico del país simboliza la injusticia.
Se dice que el presidente Gonzalo ha dado testimonio en otras ocasiones, como en junio, cuando supuestamente testificó contra Fujimori por haber ordenado el asesinato del líder sindical Pedro Huillca en 1992. A Fujimori lo juzgaron en ausencia porque el gobierno japonés le dio asilo, con el consentimiento cómplice de Estados Unidos. En el momento del asesinato de Pedro Huillca, muchos medios informativos e incluso activistas de derechos humanos del mundo repitieron a ciegas las alegaciones de Fujimori de que el partido del presidente Gonzalo fraguó el asesinato.
A diferencia de la primera farsa de juicio militar, celebrado en secreto, las autoridades han anunciado que este juicio civil será público. Los medios de comunicación peruanos esperan asistir, junto con reporteros de todo el mundo. No obstante, como este juicio se celebrará en una sala especial de alta seguridad en la base naval de El Callao, cerca de Lima, donde mantienen preso al presidente Gonzalo, no está claro a cuál "público" admitirán ni qué tipo de cobertura permitirán que den los medios de comunicación. Según una nueva ley, pueden prohibir grabaciones de voz e imagen.
Desde su captura en 1992 las autoridades jamás le han permitido al presidente Gonzalo hablar en público; sin embargo afirman que él y la camarada Miriam firmaron una carta que urgía negociaciones para terminar la guerra popular. Ante esas alegaciones el movimiento internacional que lo defiende exigió que se le permitiera explicar su punto de vista en público directamente y sin trabas. Pero no lo permitieron. No está del todo claro si el presidente Gonzalo tendrá la oportunidad de defenderse él mismo o de explicarse durante el juicio.
Entre los individuos que procesarán el 5 de noviembre figuran ocho personas arrestadas con el presidente Gonzalo el 12 de septiembre de 1992 y otros acusados de ser líderes o cuadros del partido, como Óscar Ramírez Durand (camarada Feliciano), quien asumió la dirección del partido después de la captura del presidente Gonzalo y la camarada Miriam; ambos están presos en celdas contiguas a la del presidente Gonzalo en la mazmorra subterránea de El Callao. Se informa que trasladarán desde otras prisiones a Margie Clavo (camarada Nancy), Osmán Morote, Martha Huatay, Víctor Zavala y Angélica Salas.
Tenemos que oponernos y denunciar esta ofensiva judicial que se propone atacar la guerra popular de Perú y de tildar de "terroristas" a quienes la dirigieron.