Revolución #215, 31 de octubre de 2010
Holder v Proyecto de ley humanitaria:
Un fallo supremamente malo de la Suprema Corte
Los abogados y los activistas que fueron citados para comparecer ante un gran jurado federal después de las redadas del FBI a fines de septiembre señalan que "temen que el gobierno busque aprovechar el reciente fallo de la Suprema Corte, Holder v Proyecto de ley humanitaria, con el objeto de atacar actividades que claramente cuentan con el aval de la libertad de palabra y que nunca imaginaban que podrían interpretarse como 'apoyo material para el terrorismo'" ("Grand Juries", del Committee to Stop FBI Repression).
Para entender esto, primero es necesario entender que el secretario de Estado estadounidense tiene los poderes para designar a cualquier grupo una "organización de terrorismo extranjera" o FTO. Estos poderes han sido usados de una manera altamente selectiva. Según David Cole, un abogado de derechos civiles que presentó los argumentos ante la Suprema Corte por el Proyecto de ley humanitaria, se permite poner en la lista negra de FTO a grupos e individuos si el secretario de Estado "determina que las actividades del grupo socaven nuestra 'defensa nacional, relaciones con el exterior o intereses económicos'. En esencia no existe ningún recurso factible para impugnar esta designación" (Cole, Less Safe, Less Free, p. 55). El gobierno puede designar a un grupo "terrorista" a base de sus afirmaciones, al igual que hizo con las personas que detuvo y encerró en Guantánamo.
Nancy Chang escribe en el libro Silencing Political Dissent que si el estatuto FTO hubiera sido ley en los años 70 y 80, el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela podría haber sido puesto en la lista FTO durante la lucha contra el apartheid.
Hoy muchos grupos palestinos figuran en la lista pero ningún grupo israelí.
Una vez que el secretario de Estado designe a un grupo FTO, constituye un delito con una potencial sentencia de hasta 15 años de cárcel "a sabiendas darle apoyo o recursos materiales" al grupo. Desde la aprobación de la Ley Patriota, han expandido considerablemente el ámbito del concepto de "apoyo material". Según David Cole: "Es delito dar 'apoyo material' a los grupos de la lista, no sólo en la forma de dinero o armas, sino también en la forma de palabras; la ley prohíbe específicamente que cualquiera les proporcione 'asesoría de experto', 'entrenamiento' y 'servicios'. Según la administración de Obama, la ley prohíbe hasta las palabras que tienen por objeto desalentar la violencia fomentando alternativas legales" (Cole, "The Roberts Court vs. Free Speech", The New York Review of Books, 19 de agosto de 2010).
La Ley Patriota explícitamente dice que es delito donar ayuda humanitaria y educativa a las organizaciones designadas FTO. Supuestamente se permiten excepciones en el caso de medicamentos y, desde luego, materiales religiosos. Recaudar dinero para las actividades legales de cualquier grupo de la lista FTO, tales como clínicas, escuelas, orfanatos, socorro para inundaciones o tsunamis, o hasta enseñar cómo recaudar fondos para estos fines, que siempre ha sido legal, ahora es ilegal.
En junio del presente, la Suprema Corte dio otro paso emitiendo el fallo en el caso Holder v Proyecto de ley humanitaria. El caso surgió a raíz de los esfuerzos de un juez jubilado, un médico, una organización de derechos humanos y varios grupos sin fines de lucro que querían enseñarles a ciertas FTO y abogar por el uso del derecho internacional y otros medios no violentos para atenuar los conflictos y promover los derechos humanos. Por ejemplo, el Proyecto de ley humanitaria quería darle este tipo de ayuda a una organización que el gobierno ha tachado de terrorista, específicamente, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Pero si lo hicieran, correrían en peligro de ser procesados bajo esa ley debido a su definición ampliada de "apoyo material". Previamente, múltiples cortes inferiores habían emitido amparos que declaraban que la ley era inconstitucional en su aplicación al Proyecto de ley humanitaria.
El Departamento de Justicia de Obama apeló el caso y éste llegó hasta la Suprema Corte, cuyo fallo tomó partido con el gobierno contra el Proyecto. La mayoría de la corte dijo que no tenía importancia que el propósito del Proyecto fuera el de promover la resolución no violenta del conflicto y falló que el Proyecto y los esfuerzos de otros serían ilegales si se emprendieran, afirmando que los esfuerzos podrían "coordinarse" con los grupos designados FTO.
En tanto señal de qué tanto el gobierno ha ampliado la definición de "apoyo material" al terrorismo, hasta el ex presidente Jimmy Carter criticó el fallo, sosteniendo: "La 'ley de apoyo material', cuyo objeto es poner fin al terrorismo, en los hechos amenaza nuestro trabajo y el trabajo de muchas otras organizaciones por la paz que tienen que interactuar directamente con los grupos que han participado en la violencia". La interpretación de la ley de parte de la Suprema Corte suscitó la inquietud de Carter de que él mismo podría ser procesado por su trabajo de monitoreo de elecciones en el Líbano, dado que uno de los partidos en las elecciones era un grupo designado FTO.
La Asociación Estadounidense de Derechos Civiles presentó un escrito a favor del Centro Carter, tomando partido con el Proyecto de ley humanitaria. Importantes instituciones se unieron al escrito: Christian Peacemaker Teams, Grassroots International, Human Rights Watch, International Crisis Group, el Kroc Institute for International Peace Studies en la Universidad de Notre Dame, Operation USA y otros.
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