Revolución #217, 21 de noviembre de 2010
Centenares de personas frente al Palacio de Justicia de Filadelfia exigen justicia para Mumia
La sala de audiencias más grande del Tercer Tribunal federal del Circuito de Apelaciones estaba llena de partidarios de Mumia Abu-Jamal mientras un panel de tres jueces escuchaba los últimos alegatos orales en su caso. Afuera cientos más marchaban y cantaban. Gente de todo el Este de los Estados Unidos estaban allí, incluyendo todos los alumnos de una clase de historia del Hunter College en Nueva York. También había delegaciones de Francia y Alemania.
Mumia Abu-Jamal es uno de los presos políticos más conocidos en el mundo, cuya injusta condena ha sido objeto de protestas de fuerzas que van desde personas de diversos sectores sociales al Parlamento Europeo y Amnistía Internacional. Ha pasado 27 años en aislamiento sentenciado a muerte, después de haber sido falsamente condenado en un juicio manifiestamente falso. En el 2001, un tribunal federal se negó a concederle un nuevo juicio a Mumia, pero anuló la sentencia de muerte. Mumia ha continuado luchando contra la condena, y en las cortes el estado de Pensilvania ha intentado reinstaurarle la pena de muerte. Esta audiencia fue un intento de reestablecerle la pena de muerte a Mumia.
La gente estaba justificadamente enojada con el último giro de los acontecimientos. Este mismo tribunal federal de apelaciones había desechado ya la sentencia de muerte de Mumia en 2008 debido a que las instrucciones dadas al jurado estaban en violación de las leyes federales bien establecidas. Pero ahora la Suprema Corte federal, en respuesta a un recurso de apelaciones por el estado de Pensilvania, había ordenado que la corte de apelaciones federal volviera a ver su decisión anterior.
La Ley contra el Terrorismo y de Pena de Muerte Efectiva de 1996 (promulgada por Bill Clinton) ha estado ensombreciendo el proceso de apelaciones de Mumia. Un aspecto importante de esta ley dificulta más que los presos tengan el recurso de pretender revocar fallos ilegales de los tribunales estatales en los tribunales federales. Bajo esta ley, no basta que Mumia demuestre que se dictara la sentencia de muerte mediante una violación de las leyes federales. Tiene que demostrar que se dictó mediante “una aplicación irrazonable de una ley federal claramente establecida”. La redacción de la ley tiene el propósito de darles a los tribunales estatales “el beneficio de la duda” al proceder con las ejecuciones.
Mumia estuvo representado en la audiencia oral por la profesora Judith Ritter de la Escuela de Derecho de la Universidad de Widener. La profesora Ritter había argumentado con éxito la cuestión de las instrucciones al jurado en las audiencias orales del 2008. En una presentación cuidadosamente razonada le pidió a la corte sostener su conclusión anterior de que la sentencia de muerte de Mumia sea revocada ya que el nuevo caso citado por la Suprema Corte no era aplicable.
Muchos en la sala de audiencias estaban muy inspirados después de la exhibición de una película y un debate la noche anterior. La proyección fue de una película anti-Mumia llamado “El cañón de un arma”. La película dice que Mumia, siendo un joven Pantera Negra, era parte de todo un movimiento dedicado a matar a policías. La película hasta especula que Mumia y su hermano habían tendido una emboscada para matar a un oficial de la policía.
Lo que siguió a la proyección, sin embargo, terminó por poner al descubierto y refutar los argumentos de las fuerzas anti-Mumia. Se había acordado un debate sobre el caso. En representación de Mumia estaban el abogado Michael Coard y la profesora Johanna Fernández, quien recientemente hizo la película “La justicia en el banquillo”. Argumentando a favor de la ejecución de Mumia estaban el actual fiscal del distrito de Filadelfia, Seth Williams, y Tigre Hill, quien hizo la película “El cañón de un arma”.
El debate se convirtió rápidamente en derrota cuando se hizo evidente que ni Williams ni Hill se basaban en los hechos básicos del caso. Por ejemplo, el fiscal Seth Williams dijo que hubo cuatro testigos presenciales de la matanza, cuando en realidad sólo un testigo en el juicio de Mumia afirmó haber visto el tiroteo.
Mientras observadores legales progresistas siguen esperanzados de que el panel del Tercer Circuito se mantenga firme y resista las presiones para revertir su decisión anterior, si eso llegase a ocurrir el estado de Pensilvania todavía puede convocar a un nuevo jurado y celebrar una nueva fase de dictar la sentencia por la condena original, en el que Mumia podría volver a ser condenado a muerte. Desde que fue rechazada la apelación de Mumia ante la Suprema Corte federal para anular su condena, el estado de Pensilvania ha estado con muchas ganas de ejecutar a Mumia.
No importa en qué dirección vaya la decisión actual, el bando perdedor sin duda apelará de nuevo ante la Suprema Corte federal, además de que hay todavía otras cuestiones jurídicas relativas a la condena de Mumia sobre las que nunca se han pronunciado. Esto significa un camino largo en las cortes, pero en un clima político que es mucho más reaccionario que en años anteriores. Un movimiento de las masas, llegando a lo largo y ancho de la sociedad y en todo el mundo, fue un factor crucial que impidió que los gobernantes de este país ejecutaran a Mumia Abu-Jamal en la década de 1980 y 90. Es aún más importante que las personas deban unirse en apoyo a esta demanda para liberar a Mumia Abu-Jamal.
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