El asesinato policial de Ismael López: La consolidación del fascismo en práctica y por ley

16 de octubre de 2019 | revcom.us

 

Ismael López era un inmigrante de 41 años de edad de México. Había vivido en Estados Unidos durante décadas, y tenía un taller de reparación de autos en Southaven, Misisipí, un suburbio de Memphis. Él y su esposa, Claudia Linares, se casaron en el condado de Crittenden, Arkansas.

A eso de la medianoche del 24 de julio de 2017, dos cerdos del departamento de policía de Southaven balearon y mataron a López dentro de su casa. Los policías dijeron que buscaban a un hombre en una casa al otro lado de la calle de la casa rodante de López. López no había cometido ningún crimen, y no había órdenes de arresto en su contra. Pero estos cerdos abrieron a golpes la puerta de su casa rodante y abrieron fuego varias veces en la casa oscura. Uno de esos disparos penetró el cráneo de Ismael López, se alojó en su cerebro y lo mató. Exoneraron a los asesinos de Ismael López tanto un gran jurado en Misisipí como el FBI.

En junio de 2019, Claudia Linares presentó una demanda de 20 millones de dólares por muerte por negligencia ante un tribunal federal. La demanda dice que los policías asesinos violaron los derechos civiles de López, específicamente la Cuarta Enmienda, que establece que “No se violará” el derecho del pueblo “a la seguridad de sus personas, [y] hogares... contra allanamientos e incautaciones fuera de lo razonable”; y la Decimocuarta Enmienda, que dice que ningún estado “privará a persona alguna [nuestro énfasis] de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido procedimiento legal...”.

Un argumento por una casta jurídica de “no personas”

En septiembre el municipio de Southaven respondió. Su argumento jurídico es que en vista de que Ismael López estaba en Estados Unidos sin papeles, él “...aunque fuera una persona en suelo estadounidense, no era uno de los ‘Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos’ con derecho a los derechos civiles invocados en esta demanda”.

Piense en lo que esto significa. Los funcionarios de Misisipí argumentan en los tribunales federales que millones de inmigrantes son “no personas” que no tienen los derechos protegidos por la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Este argumento declara que sectores enteros de seres humanos son “infrahumanos”, “roedores”, sin incluso la pretensión de derechos jurídicos. Eso se parece a lo que los nazis en Alemania habían declarado que fueran los judíos, a medida que avanzaban hacia crear los campos de exterminio que aniquilaron a millones de personas.

Lo que están argumentando los abogados de Misisipí ya lo están repitiendo los funcionarios locales en una zona particularmente atrasada e históricamente racista de Estados Unidos. Pero el sector dominante de la clase dominante de Estados Unidos, y una gran parte de la sociedad estadounidense, aceptan la perspectiva detrás de este argumento. Si los tribunales federales defienden este argumento —y Trump ha venido llenando el poder judicial con fanáticos fascistas cristianos durante casi tres años—, eso representará un gran salto en la consolidación total del fascismo supremacista blanco. Le dará luz verde sin restricciones a la policía de todo pelaje para matar y brutalizar a los inmigrantes, y a las personas que “sospechan” de ser inmigrantes. Proporcionará una defensa jurídica para todo tipo de violencia contra aquellos los que, por ley, son “no personas”.

Esto es un genocidio en formación. Los ataques a los inmigrantes se basan en corrientes profundas y centenarias de supremacía blanca y de odio por los inmigrantes en la sociedad estadounidense. Tienen el potencial, aquí y ahora, de convertirse en horrores más allá de la imaginación.

Un Dred Scott del siglo XXI

Poco antes del estallido de la Guerra Civil de Estados Unidos, la Corte Suprema rindió su tristemente célebre decisión en el caso de Dred Scott. Resolvió que la gente negra “no está incluida, y no era la intención de que estuviera incluida, bajo la palabra ‘ciudadanos’ en la Constitución”, y que los negros “no tienen derechos que el hombre blanco esté obligado a respetar”. Ahora, 160 años después, un argumento está cobrando impulso en las cortes federales que se propone establecer por ley en Estados Unidos que los inmigrantes sin papeles —que se calcula constituyen unos 10.5 millones de personas— no cuentan con derechos que la policía esté obligada a respetar.

Todavía no se ha resuelto la demanda de Claudia Linares. Pero el argumento en su contra representa un componente mortalmente serio en una nueva redacción y reconfiguración fascista de la ley y algunos de sus preceptos subyacentes de vieja data. Se están triturando lo que se supone que son derechos civiles y legales para todos.

Pase lo que pase en este caso, sirve de advertencia ominosa del rumbo en que la sociedad se está encaminando rápidamente. Debería ser una llamada de atención que mueva a actuar a todos los que se niegan a vivir en un mundo en el que se permite cazar y arrestar, encarcelar y matar con impunidad a sectores enteros de la población.

 

Ismael Lopez y su esposa Claudia Linares