Vía rápida al fascismo: El régimen Trump y Pence y la Corte Suprema aumentan asaltos a inmigrantes legales

5 de febrero de 2020 | revcom.us

 

Usted sabe que corre el riesgo de que lo arresten y deporten por solicitar cupones para alimentos para ayudar a torear un momento difícil después de perder un trabajo, pero es un riesgo que corre para que quizá sus hijos tengan algo para cenar...

Usted sabe que al llevar a un ser querido gravemente enfermo pero sin seguro médico a una sala de urgencias, ambos podrían ir a dar a la custodia del ICE y que los deporten, pero si no lo hace, lo único que tiene es la esperanza de que de alguna manera su enfermedad termine y ella sobreviva...

Estos son los tipos de opciones que innumerables personas (inmigrantes con documentos) probablemente enfrenten debido a las nuevas reglas severas impuestas por el régimen de Trump y Pence, y ratificadas por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El mayor ataque a la inmigración legal en un siglo

En septiembre de 2018, el régimen de Trump y Pence anunció nuevas reglas que implicarían que muchos más inmigrantes con estatus jurídico permanente (tarjetas verdes) o que soliciten ese estatus podrían perderlo y ser objeto de deportación o que sus solicitudes sean denegadas si recibieran ayuda pública, o incluso que los funcionarios los etiquetaran como potenciales usuarios de esas prestaciones. Las prestaciones incluyen cupones para alimentos y vales de vivienda de la Sección 8. Como informó el New York Times: “La medida podría obligar a millones de inmigrantes pobres que dependen de la ayuda pública para alimentos y vivienda a tomar una difícil decisión entre aceptar ayuda económica y solicitar una tarjeta verde para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos” (22 de septiembre de 2018).

Incluso antes de que entre en vigor, esta medida despiadada está causando estragos e infundiendo temores en la vida de innumerables personas, incluidos los inmigrantes que han “seguido las reglas”, que entraron a Estados Unidos legalmente y mantuvieron al día su condición jurídica. En octubre de 2019, el sitio web City Limits informó que en la ciudad de Nueva York, “para las personas mayores no ciudadanas, esa renuencia [a usar las prestaciones disponibles] ha crecido en el último año, como resultado de la alarma por los cambios en las pruebas federales de admisibilidad que entrarán en vigor... si las demandas en las cortes no los desestiman”. En Texas, cayó el número de niños recipientes de Medicaid por 170.000 niños entre diciembre de 2017 y noviembre de 2019, y el número de niños de Texas inscritos en CHIP (el Programa de Seguro Médico para Niños) cayó por 64.000.

Varios estados y organizaciones de derechos de los inmigrantes presentaron demandas para impedir que entre en vigor esta medida. En octubre de 2019, un juez federal de Nueva York rindió un amparo a nivel nacional que bloqueaba la aplicación de la orden de Trump hasta que se hubieran resuelto las disputas legales sobre la medida en los tribunales. Pero el 27 de enero (Día de la Recordación del Holocausto), mientras el juicio político de Trump estaba en marcha en el Senado, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó que se levantara el amparo. La periodista Sophia Tesfaye escribió en Salon que esto “representa el esfuerzo más fuerte por restringir la inmigración legal a Estados Unidos en más de un siglo” (28 de enero de 2020).

“Prueba de riqueza”

Desde 1882, la ley migratoria federal ha permitido que se negara admisión a Estados Unidos a las personas que el gobierno determinara que iban a ser una “carga pública”, o sea, que dependieran de fondos en efectivo provenientes del gobierno como principal fuente de mantenimiento, o que necesitan una supervisión a largo plazo en una institución médica o una prisión. Esto se utilizó generalmente contra un número relativamente pequeño de personas que tenían graves discapacidades físicas o mentales. A menos de 1% de los solicitantes se les negó la admisión debido a la cláusula de carga pública.

Ese número creció en la década de 1930, durante la administración demócrata de Franklin D. Roosevelt, cuando los funcionarios estadounidenses usaron la cláusula de “carga pública” para impedir que entraran unos 300.000 judíos alemanes que trataban de huir de la persecución nazi. Ahora, con el visto bueno de la Corte Suprema a la orden de Trump, aunque siga siendo impugnada en los tribunales, los fascistas en el poder en las ramas ejecutiva y judicial del gobierno de Estados Unidos han ampliado dramáticamente su definición legal de carga pública.

A partir de ahora, las autoridades migratorias impondrán una prueba de “previsión” y determinarán si creen que los solicitantes tienen “más probabilidades de que no” requieran ayuda de los programas gubernamentales de nutrición, vivienda y atención de la salud en algún momento de la vida. Esta evaluación se basa en una “totalidad de circunstancias” y tiene estándares específicos que incluyen los ingresos, la educación y el dominio del idioma inglés. Amplía significativamente los programas que impedirán que las personas reciban u obtengan el estatus legal para incluir atención médica, nutricional y de vivienda, y no sólo ayuda directa en efectivo. Como muchos señalan, esto es básicamente una “prueba de riqueza” para los inmigrantes.

Estos cambios golpearán a millones de personas, con un efecto duradero y catastrófico. El Instituto de Políticas Migratorias escribió en agosto de 2019 que la nueva regla “podría causar que deje de solicitar ayuda pública una proporción importante de los casi 23 millones de no ciudadanos y ciudadanos estadounidenses de familias inmigrantes que utilizan tal ayuda…. Estos efectos escalofriantes podrían ampliarse con la esperada publicación de una nueva propuesta de reglamento que se espera que amplíe los motivos para deportar a los no ciudadanos que se encuentran legalmente en el país”. Otro informe, del Centro para el Progreso Americano, señala que cada año, la nueva prueba “se aplicaría a aproximadamente 912.500 personas que solicitan tarjetas de residencia; 10 millones de personas que solicitan visas de no inmigrante a funcionarios del Departamento del Estado de Estados Unidos (DOS); y aproximadamente 500.000 no inmigrantes que solicitan prorrogas de estadía o cambios de estatus de no inmigrante a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS)” (27 de noviembre de 2018).

Los ataques despiadados contra los inmigrantes legales forman parte de la fascistización integral de la política migratoria: restricciones a las solicitudes para visas, a la admisión de personas como refugiados y asilados y al Estatus de Protección Temporal; una frontera franqueada con campos de concentración; la singularización de los musulmanes y latinoamericanos con una represión feroz; el encierro a los niños en jaulas de perros, etc. Robert McCaw, el director de asuntos gubernamentales del Consejo de Asuntos Islámico-Estadounidenses, expuso la importancia de la norma de “carga pública” del régimen Trump y Pence de forma clara y precisa: “La política de la administración de Trump de hecho podría matar a personas al hacer que tengan demasiado temor de solicitar atención médica para salvar vidas, y al parecer la Corte Suprema está de acuerdo en que un sistema tan cruel es aceptable”.

La Corte Suprema: Acelera la consolidación del fascismo

Desde que tomó el poder, un objetivo primordial del régimen fascista encabezado por Trump ha sido la derogación de las leyes de larga data relacionadas a la inmigración legal. Ahora, después de casi tres años y cientos de folios de documentos legales dedicados a destrozar la reglamentación existente y a poner en marcha una nueva y muy punitiva reglamentación, ya tienen su plan.

Los amparos de los tribunales federales de apelación han sido una espina clavada en el costado del régimen durante sus maniobras para llevar a cabo todo esto. Repetidamente, los tribunales han rendido amparos que han tenido un impacto a nivel nacional al retrasar, si bien no detener, algunas de las medidas anti-inmigrante del régimen.

Los fascistas que dominan la Corte Suprema quieren poner fin a esto. Una mayoría de la Corte Suprema avaló el último ataque de Trump a la migración legal. Y mientras que una apelación contra la nueva medida todavía se está procesando en las cortes, el voto de la Corte Suprema indica que casi con seguridad se confirme.

Pero para Neil Gorsuch y Clarence Thomas, eso no fue suficiente; quieren terminar por completo con la presentación de amparos para detener la ejecución de las reglas federales. Y una opinión concurrente que presentaron con el fallo del 27 de enero indica que pronto la Corte Suprema podría hacer precisamente eso. Gorsuch escribió: “Se ha hecho cada vez más evidente que en cierto momento, esta corte tiene que enfrentar estas importantes objeciones a esta práctica cada vez más extendida... Espero ... que en un momento apropiado, podamos retomar algunas de las cuestiones equitativas y constitucionales subyacentes planteadas por el aumento de los amparos en todo el país” (New York Times, 27 de enero de 2020). En otras palabras, detener a los amparos que retrasan la ejecución de las medidas fascistas, y poner manos a la obra de llevarlas a cabo.

Si logran hacerlo, eso eliminaría a un policía acostado que está impidiendo la consolidación total y legitimación del fascismo que el régimen de Trump y Pence está impulsando. Centralizaría más el poder indiscutible en las manos de un ejecutivo fascista, avalado por un tribunal lleno de fascistas. Sería extremadamente perjudicial para los intereses del pueblo.

Un sistema de horrores sin fin

Pongamos las cosas en perspectiva un minuto. El sistema estadounidense del capitalismo-imperialismo de hecho ha empobrecido y devastado la vida de miles de millones de personas en todo el planeta. En Nigeria, donde la producción de petróleo ha envenenado el aire, la tierra y el mar y la gente muere habitualmente en explosiones e incendios de oleoductos; en México, donde millones de campesinos han sido expulsados de sus parcelas mientras que la producción altamente rentable de artículos no esenciales resulta en bienes exportados a Estados Unidos para usarse en cosas como el pan tostado de aguacate; en el sudeste asiático, donde millones de personas murieron en las guerras criminales de la agresión imperialista estadounidense, las pequeñas bombas de fragmentación enterradas en el suelo siguen despedazando los cuerpos de los niños y las tierras envenenadas por el Agente Naranja y la gelatina incendiaria (napalm) siguen siendo no aptas para la agricultura.

¿Y ahora los gobernantes de este sistema están emperrados en un plan para castigar aún más a las personas a las que han obligado a abandonar sus hogares y las que logran entrar a Estados Unidos porque no han acumulado suficiente riqueza? ¡Nadie debería aceptar o tolerar esta injusticia!

La humanidad necesita una revolución que derrote este sistema del capitalismo-imperialismo. Y ahora mismo, a medida que el fascismo se consolida rápidamente en Estados Unidos, la humanidad necesita más que nunca un movimiento de resistencia no violenta sostenida para expulsar del poder al régimen de Trump y Pence.

La satanización, criminalización y deportación de los inmigrantes, de Bob Avakian, en inglés

Lea el texto de este corto en español aquí.
De: POR QUÉ NOS HACE FALTA UNA REVOLUCIÓN REAL Y CÓMO CONCRETAMENTE PODEMOS HACER LA REVOLUCIÓN: Para leer en español el texto del discurso completo, haga clic aquí.