Revolución #009, 24 de julio de 2005, posted at revcom.us
El 1° de julio, Sandra Day O’Connor se jubiló de la Suprema Corte federal. Desde ese momento, la han pintado como una magistrada “moderada” y defensora de los derechos del pueblo. Harry Reid, líder de los demócratas del Senado, dijo: “Es esencial reemplazarla con alguien que encarne igualmente los valores fundamentales estadounidenses de libertad, igualdad e imparcialidad”.
Ojalá, dicen, que Bush nombre a un nuevo magistrado que siga sus pasos.
Pero un breve vistazo a la vida y obra de O’Connor muestra que ese “modelo de imparcialidad” no es tal.
El presidente Ronald Reagan nombró a O’Connor a la Suprema Corte en 1981, con el apoyo de sus aliados republicanos de Arizona, William Rehnquist (magistrado y actual presidente de la corte) y Barry Goldwater (senador derechista).
O’Connor no ha sido “protectora de la justicia” sino una funcionaria de alto nivel de la clase dominante que resuelve disputas entre sus varios sectores, protege la legitimidad del gobierno y defiende el marco básico del sistema capitalista.
Ha socavado la separación tradicional de la religión y el estado y el derecho al aborto. Ha puesto obstáculos a los que quieren abolir la pena de muerte y ha ayudado a los que proponen más castigos y más largas sentencias.
Todo eso lo ha hecho con la teoría del “federalismo”, o sea, darles más poderes a los estados para castigar y restringir a la población. El “federalismo” es un nuevo disfraz de la vieja política de los “derechos de los estados”, que desde comienzos de la historia nacional ha llevado a muchas formas de opresión y represión (como por ejemplo la segregación racial y el negarle el derecho a votar a los negros).
Una y otra vez O’Connor ha apoyado el derecho del gobierno de ejecutar, a pesar de que ha tenido que admitir que muchas veces los condenados a muerte no recibieron un juicio justo.
En 1984 (en el caso de Strickland vs. Washington), escribió la opinión de la mayoría del corte. Esa opinión dificulta que un condenado a muerte apele porque su abogado cometió errores.
En 1987 (McCleskey vs. Kemp), votó con la mayoría en defensa de la pena capital. En ese caso rechazaron el argumento de que los patrones de aplicación de la pena de muerte demuestran que discrimina contra los negros.
En 2005 (Roper vs. Simmons), la corte prohibió la ejecución de presos por delitos cometidos cuando eran menores de edad (menores de 18 años). O’Connor se opuso a ese fallo y dijo que viola los derechos de los estados.
O’Connor escribió un fallo en 2003 (Ewing vs. California) que le dio un sello de aprobación a la ley de “tres strikes” de California.
Esa ley dicta que una persona condenada de tres delitos reciba una sentencia automática de cadena perpetua. A Gary Ewing lo sentenciaron de 25 años a cadena perpetua por robar tres palos de golf. A más de 300 personas las sentenciaron al mismo castigo por robos de menor cuantía.
O’Connor escribió: “La sentencia que le dieron a Ewing es larga, pero es una decisión legislativa racional que se debe respetar”.
En 1989 (Texas vs. Johnson) y 1990 (United States vs. Eichman), la Suprema Corte falló que quemar una bandera nacional es una forma de “expresión política protegida”.
O’Connor se opuso y dijo que los estados deben tener el derecho de castigar a los que queman banderas.
Dijo específicamente que hay que proteger la bandera nacional porque “en tiempos de crisis nacional, inspira y motiva al ciudadano común y corriente a hacer sacrificios personales para lograr metas sociales de importancia primordial”. Es decir, piensa que el sistema debe reprimir las acciones antipatrióticas para que la ciudadanía esté dispuesta a morir en guerras.
Cuando la nombraron a la corte, O’Connor se declaró en contra del aborto y apoyó casi todas las restricciones al derecho al aborto. Pero se opuso a darle a los estados el derecho de prohibirlo totalmente (o sea, de anular el fallo Roe vs. Wade).
En el fallo Webster en 1989, apoyó una ley de Missouri que prohíbe usar fondos gubernamentales para practicar abortos, a menos que la vida de la mujer esté en peligro. En el caso Casey de 1992, defendió más restricciones, como requerir el “consentimiento informado”, informarle a los padres de las adolescentes y esperar 24 horas. Solo se opuso a una restricción: una ley que requiere notificarle al esposo. En 2000 (Stenberg vs. Carhart), rechazó leyes que prohibían abortos tardíos.
Se ha subrayado el hecho de que O’Connor no quería anular Roe vs. Wade completamente,pero se ha dicho mucho menos que restringió el aborto e hizo más difícil, o imposible, que millones de mujeres —especialmente las mujeres pobres y jóvenes, y las que viven en zonas rurales— terminen un embarazo no deseado.
O’Connor fomentó la religión en la vida pública.
En 1983 (Lynch vs. Donnelly), apoyó a los gobiernos locales que quieren promover el cristianismo (como poner pesebres) en propiedad pública con fondos gubernamentales. Ese fallo decía que “somos un pueblo religioso cuyas instituciones toman por dado la existencia de un Ser Supremo”.
En 1985 (Wallace vs. Jaffree), votó con la mayoría por permitir “momentos de silencio” en las escuelas públicas, lo que les dio a las autoridades escolares una manera de promover la oración.
En 1997 (Agostini vs. Felton), escribió el fallo que les permitió a las juntas de educación enviar maestros de las escuelas públicas a enseñar “clases remediales” en escuelas parroquiales, o sea, utilizar fondos públicos para promover el adoctrinamiento religioso.
De esa manera, O’Connor socavó la separación de la religión y el estado y fomentó la religión en la vida pública.
Pero es muy diciente que ahora poderosas fuerzas de su propio partido (republicano) la andan criticando por no ir lo suficientemente lejos para permitirle al gobierno endosar abiertamente el fundamentalismo cristiano.
En 2003, O’Connor escribió el fallo Grutter vs. Bollinger que les permitió a las universidades públicas “tomar en cuenta la raza” (de una manera muy limitada) en el proceso de escoger a los estudiantes. Como se opuso a los magistrados más derechistas, se dice que es prueba de que es “moderada”.
Pero es importante señalar que sus escritos presentan el punto de vista de la clase dominante, y no de los oprimidos.
Escribió: “Las universidades, y en particular las facultades de derecho, capacitan a gran parte de nuestros dirigentes nacionales. Para cultivar un grupo de dirigentes legítimo a los ojos de la ciudadanía, es necesario abrir el camino a los individuos de talento y buenas cualidades de toda raza y etnicidad”.
Cree que se debe permitir cierto grado de “acción afirmativa” (especialmente en las instituciones más elitistas) porque la estabilidad y legitimidad del sistema requieren capacitar a individuos de todas las nacionalidades para servir en los más altos niveles.
Por otro lado, votó con la mayoría de la corte por anular el programa de acción afirmativa de la Universidad de Michigan (Gratz vs. Bollinger), porque fomentaba un amplio reclutamiento de estudiantes afroamericanos, latinos y amerindios a todos los programas universitarios.
O’Connor desempeñó un papel importante en la intervención de la Suprema Corte en las elecciones de 2000, cuando bloqueó un recuento de votos en Florida y le dio la presidencia a George Bush.
Ese golpe de estado fue un parteaguas siniestro en la dirección del gobierno. La corte pasó por alto todos los informes de anormalidades electorales, como privar del derecho de votar a muchos electores negros.
En este caso, O’Connor de repente no se preocupó por los “derechos de los estados”, ¡porque no cuadraba con las metas generales de los sectores derechistas!
El gobierno estadounidense lleva años desbocándose por todo el mundo, secuestrando, encarcelando y torturando a individuos, invadiendo a países con mentiras y violando los tratados internacionales sobre el tratamiento de presos. y más. Y ha hecho todo esto con la aprobación, o por lo menos el silencio, de la Suprema Corte y de Sandra Day O’Connor.
En junio del año pasado, la corte anunció tres fallos relacionados con la “guerra contra el terror”.
O’Connor escribió el fallo de Hamdi vs. Runsfeld, que apoyó el derecho del presidente, en tiempos de guerra, de declarar que una persona es “combatiente enemigo”.
Dos de esos fallos (Hamdi vs. Rumsfeld y Rasul vs. Bush) mandaron darle a esos presos (incluso en Guantánamo) audiencias sobre su cautividad.
La corte aprovechó un detalle técnico para no tener que pronunciarse sobre otro caso (Runsfeld vs. Padilla). A José Padilla lo arrestaron en Chicago y lo declararon “combatiente enemigo”. Lleva tres años en la cárcel sin acusación y ahora, como la Suprema Corte no vio su caso, el gobierno está libre de mantenerlo aislado y de seguir secuestrando a gente por todo el mundo (incluso a ciudadanos estadounidenses en territorio nacional) y encarcelarlos sin juicio como “combatientes enemigos”.
En un nivel muy básico, esos fallos le han dado un sello de aprobación a las infamias que anda cometiendo el gobierno por todo el mundo, con unos pocos cambios para hacerlas más aceptables.
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En breve: Sandra Day O’Connor es defensora de un sistema criminal y de grandes injusticias, y empujó la política y el derecho nacional hacia la derecha.
No es un “modelo de lo que queremos” sino una representante de todo lo que debemos rechazar.
No es nada bueno. y hay que decirlo claramente.