Las acusaciones a José Padilla y el ataque de la Casa Blanca contra los derechos jurídicos
Revolución #025, 4 de deciembre de 2005, posted at revcom.us
A José Padilla lo arrestaron en mayo de 2002. Le han negado los derechos jurídicos más básicos y durante tres años y medio no lo acusaron de nada. Pero el 22 de noviembre el gobierno federal de repente lo acusó y anunció que lo va a juzgar.
Según el principio de habeas corpus y otros principios jurídicos de larga trayectoria, una persona tiene ciertos derechos al ser arrestada: de hablar con un abogado y ser representada, de que no la detengan indefinidamente sin acusarla, de tener un juicio en el que puede oír las pruebas en su contra y hacerle preguntas a los testigos, y otros. Pero en el caso de Padilla, el gobierno le quitó todos y cada uno de esos derechos. Ni siquiera anunció el arresto sino hasta un mes después. Lo metieron a un calabozo y no le permitieron hablar con un abogado durante dos años.
Pero al acusarlo ahora, el gobierno de ninguna manera está pidiendo disculpas ni echándose atrás. Todo lo contrario: es una forma de afirmar agresivamente que tiene derecho de tratar así a la gente… y que lo hará.
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Un mes después del arresto de Padilla, el secretario de Justicia, John Ashcroft, un fanático fascista cristiano, soltó acusaciones públicas incendiarias. Dijo que era "agente de Al Qaeda" y que "exploraba un plan para construir y estallar un mecanismo de dispersión radiológico, o ‘bomba sucia’, en Estados Unidos". Ashcroft dijo que tenía "múltiples fuentes independientes que lo corroboran".
Bush lo declaró "combatiente enemigo" y justificó quitarle todos los derechos como ciudadano estadounidense diciendo: "Este tipo, Padilla, es malo, y está donde debe estar: detenido". Los medios grandes lo repitieron como loros y así contribuyeron a esta infamia.
Pero ahora, tras quitarle sus derechos jurídicos nada más porque Bush lo mandó, se sabe que el gobierno no tiene ninguna prueba. ¡NINGUNA! No lo acusaron de querer construir una "bomba sucia" ni de ser miembro de Al Qaeda. De hecho, no lo acusaron de planificar un ataque en Estados Unidos.
Pero de todos modos planean mantenerlo tras rejas el resto de la vida. Por las acusaciones que entablaron (ser mensajero de bajo nivel que llevó dinero a unos grupos islámicos en Bosnia, Chechenia y Afganistán), podrían sentenciarlo a cadena perpetua.
El gobierno dice que recibió información sobre Padilla y la "bomba sucia" de presos en otras partes del mundo. Pero resulta que a esos presos los torturaron. ¿Se puede creer cualquier cosa que digan los mentirosos del gobierno de Bush, incluso las últimas mentiras sobre Padilla?
Nada más miren lo que han hecho: el FBI arrestó a José Padilla, un puertorriqueño que nació en Nueva York y se convirtió al islam, en el aeropuerto O’Hare de Chicago en mayo de 2002, al regresar de Pakistán. Desapareció en una pesadilla de interrogatorios y castigos. El presidente y el secretario de Justicia suspendieron todas las normas, principios y derechos jurídicos en su caso.
Es cierto que esos derechos y principios se han violado a diestra y siniestra en este país; pero que el gobierno anunciara que puede mandar a paseo el habeas corpus y otros principios a gusto,con solo decir que un preso es "combatiente enemigo", es otra cosa muy distinta.
La Casa Blanca no pide ese poder. Ha declarado que ya lo tiene como parte de los "poderes de guerra" desde el 11 de septiembre de 2001, y que no necesita la aprobación del Congreso ni de los tribunales. Ya está en vigor y el gobierno ya funciona así. En abril de 2004, en una audiencia formal, un abogado del presidente dijo: "Hay que reconocer que en condiciones de guerra, cuando el gobierno está en pie de guerra, hay que confiar en el ejecutivo".
Bush impone su autoridad de guerra con fuerza.
Hace dos meses el juez Littig, del Cuarto Tribunal de Apelaciones, confirmó que Bush tiene poder de meter a la cárcel sin juicio ni acusación. Ese fallo se apeló a la Suprema Corte. Ahora, con las acusaciones contra Padilla, el Departamento de Justicia dice que no hay razón para que la Suprema Corte lo vea, y que se puede dejar intacto el fallo de Littig a favor de Bush.
En pocas palabras, han acusado a Padilla y lo juzgarán para fortalecer los poderes presidenciales de meter a la cárcel sin juicio y anular los derechos jurídicos básicos en el futuro.
Piensen en los peligrosos cambios de las normas jurídicas que ya han hecho. Piensen en lo que la Casa Blanca y sus agentes le han hecho a José Padilla. Piensen en quiénes más atacarán si no los para un movimiento popular que no se trague esa "nueva normalidad".
"Si no nos oponemos y movilizamos para parar esto, nos obligarán a aceptarlo".
De la Convocatoria de El Mundo No Puede Esperar