Revolución #52, 25 de junio de 2006
Alto a la campaña contra Ward Churchill
La Comisión Permanente de Falta de Ética Profesional de la Universidad de Colorado en Boulder recomendó por un voto de 6 a 3 el despido de Ward Churchill, profesor de Estudios Étnicos. La recomendación sobrepasa la de cuatro de los cinco miembros del panel de investigación que examinó las acusaciones contra Churchill y recomendó suspenderlo de 2 a 5 años. Ahora la dirección de la universidad puede darle los últimos toques a un vil ataque que empezó hace más de 16 meses, cuya meta es echar a Churchill de la universidad, arruinarle la reputación y la carrera, y advertir a los profesores radicales y progresistas de todo el país que “tengan cuidado con lo que dicen y escriben”. El rector y el decano de letras y ciencias darán su recomendación al presidente interino Phil DiStefano.
DiStefano ha dirigido desde el comienzo el ataque contra Churchill en Boulder. En la primavera del año pasado, 200 profesores publicaron una crítica a su decisión de hacer una investigación para ver si se podía despedir (o arrestar) a Churchill por el contenido político de sus escritos. La raíz de fondo de la investigación es que los gobernadores de Colorado y Nueva York pidieron castigo para Churchill por los comentarios que escribió después del 11 de septiembre. Esto respaldó las demandas de una chusma de periodistas y presentadores radiales derechistas. Siguiendo el consejo de David Horowitz (quien se ha dedicado a “limpiar” el mundo académico), DiStefano cambió el ataque y decidió investigar a Churchill por “falta de ética profesional”. ¿Quién entabló las acusaciones? El mismo DiStefano reunió varias viejas acusaciones (unas de hace más de una década), algunas de las cuales ya se han resuelto. Hasta el informe del panel de investigación dice que el papel de DiStefano es una posible violación de las reglas universitarias. Pero de todos modos los miembros del panel desempeñaron el papel de títeres en un ataque político.
El panel (cuya presidenta es la ex subsecretaria de Justicia de Texas Marianne Wesson) concluyó que Churchill “es culpable de una falta seria, repetida y a propósito de ética profesional en sus investigaciones”. Pero la neta es que todo el ataque, y la decisión de despedir a Churchill, buscan establecer un nuevo orden represivo en las universidades, y aplastar el disentimiento y el pensamiento crítico que no están de acuerdo con la versión oficial de la historia de este país y su papel en el mundo. El ataque y la decisión han sido como un viento glacial en las universidades. Es sumamente importante que dentro y fuera del mundo académico se capte lo serio que es este ataque, se condene y se exija que anulen la decisión y las acusaciones contra Churchill y lo reintegren a su posición sin perjuicio.
En una carta titulada “Resumen de falsedades”, Churchill explica que el informe es “un castigo por ejercer la libertad de expresión que permite la Constitución”, condena la composición del panel y sus métodos de investigación, y responde a cada una de las conclusiones. Concluye: “He publicado dos docenas de libros, 70 capítulos y docenas de artículos con un total de aproximadamente 12,000 notas de pie de página. Dudo que las obras de cualquier profesor ligeramente prolífico puedan resistir la clase de examen a que han sometido las mías”. Dice que la decisión “es la última descarga de una campaña nacional, y en realidad internacional, para desprestigiar a los que pensamos críticamente y llevamos perspectivas alternativas a la investigación”. El informe “tiene el objetivo de dar una clara declaración a todos los académicos: No tomen riesgos. No desafíen la ortodoxia. Si lo hacen, los atacarán y los eliminarán…”.
Acto seguido, el Consejo Americano de Directores y Exalumnos (ACTA) publicó un informe titulado “¿Cuántos Ward Churchill habrá?”. A pesar de que tiene un nombre con aires académicos, ACTA es un grupo derechista organizado por Lynne Cheney, esposa del vicepresidente, y el senador Joseph Lieberman. La actual presidenta es Ann Neal, esposa del poderoso congresista conservador Tom Petri, y en la junta de asesores hay derechistas prominentes como William Bennett y Ward Connerly. A esta gente no le interesan las notas de pie de página u otras formas de “falta de ética investigativa”: el informe describe a Churchill como “símbolo del extremismo en el mundo académico”. Basándose en una investigación sumamente superficial de los cursos de 25 universidades públicas y particulares, concluye que “la clase de opiniones políticas extremistas por las que [Churchill] es famoso son comunes en el mundo académico, y reciben aprobación y recompensa”. ¿La prueba? Que se permite dar clases sobre raza, clase, género, sexualidad, globalización, capitalismo, hegemonía estadounidense, opresión y destrucción ambiental. Además, ¡lanza un ataque especial contra las clases sobre “justicia”! Junto con David Horowitz (que acaba de publicar el libro The Professors: The 101 Most Dangerous Academics in America—Los profesores: Los 101 académicos más peligrosos de Estados Unidos), la estrategia de estos defensores del programa extremista del gobierno de Bush es librar una guerra cultural en las universidades, uno de los pocos lugares donde se sigue practicando el pensamiento crítico, porque lo consideran una amenaza a la ortodoxia oficial (que justifica el afán de un mayor imperio mundial). La meta es amenazar, intimidar y callar a los profesores radicales y progresistas.
Como dijimos anteriormente (#48, 28 de mayo): “Hay que decirlo sin rodeos: esta investigación ha causado más daño y es un mayor peligro que cualquier falta de ética de investigación que el comité haya descubierto”. El hecho de que los organizadores de la campaña contra Churchill lograran convencer a un panel de profesores de llevar a cabo la investigación ha creado la impresión de que este es el veredicto de sus colegas y le ha dado un barniz de legitimidad a un ataque abiertamente político iniciado desde los más altos niveles. Ha planteado dudas y confusión donde no deben existir.
El profesor Thomas Mayer, de la facultad de Sociología de la Universidad de Colorado y del Instituto de Ciencias de la Conducta, estudió el informe y publicó su propio “Informe sobre Ward Churchill”, que dice: “El defecto central del informe es la exageración grotesca de la magnitud y la gravedad de las faltas de Ward Churchill. Las sanciones que recomienda van mucho más allá de las que se han impuesto contra luminarias como Stephen Ambrose, Doris Kearns Goodwin y Lawrence Tribe, todos los cuales cometieron plagios mucho mayores que los que se le atribuyen al profesor Churchill”.
Mayer señala que hablar de invención y falsificación “distorsiona el significado de esas palabras de tal manera que resultan irreconocibles. Falsificación da a entender que uno quiere engañar. No hay ni una sola prueba de que los escritos de Ward Churchill contienen ninguna afirmación que él mismo no crea. El lenguaje del informe es incendiario: desacuerdo pasa a ser mala interpretación, mala interpretación pasa a ser tergiversación y tergiversación pasa a ser falsificación. Es posible que Ward esté equivocado cuando describe a quiénes consideraba amerindios la Ley de Adjudicación General de 1887 o los orígenes de la epidemia de viruela de 1837-1840 de los amerindios del norte de las grandes llanuras, pero el informe no demuestra que solo un loco o un mentiroso podría llegar a las mismas conclusiones basándose en las pruebas existentes”.
Mayer continúa: “Las acusaciones de invención y falsificación parten de pequeños fragmentos de artículos mucho más largos. El informe dedica 44 páginas a una discusión de la epidemia de viruela de 1837-1840, así que parece que Ward escribió todo un libro sobre el tema. En realidad no ha escrito más de tres párrafos. En cada uno de los seis ensayos citados, hubiera podido omitir toda mención de la epidemia sin restarle importancia al tema”.
Concluye: “Si entran en vigor las sanciones recomendadas por el panel de investigación, será un golpe contundente contra la libertad académica. Demostrará que se podrá singularizar por motivos puramente políticos a un pensador prolífico e influyente; que se le podrá someter a un arduo interrogatorio que prácticamente garantiza que se encuentren problemas; y que se le podrá despedir de la universidad. Indicará que es peligroso participar en polémicas públicas y que la herejía intelectual podría ser mortal para una carrera académica. Demostrará que los profesores con titularidad pueden enseñar mientras sean del agrado de los gobernadores, los columnistas políticos, los magnates de los medios y los locutores radiales… la expulsión permanente o provisional de Ward Churchill será una enorme pérdida para la Universidad de Colorado. De golpe será una institución más tibia, tímida y servil. Privará a los estudiantes del contacto con un potente contendiente contra los marcos cognoscitivos aceptados. Las ciencias sociales necesitan urgentemente la clase de retos que presenta Ward Churchill”.
En resumen, el panel exageró enormemente los errores que consideró. La sanción extrema y sin precedentes de suspenderlo, por no decir despedirlo, es completamente injustificada y es otra prueba de que el ataque contra Churchill es puramente político. Mucha más gente (profesores, estudiantes y gente de otros sectores) tiene que condenar este ataque y sumarse a la batalla para defender a Churchill, y el pensamiento crítico y el disentimiento en las universidades. La posición que uno tome en esta batalla refleja la clase de sociedad en que quiere vivir.
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