Bush urge cambios fascistas a las leyes de juicios y tortura

El 6 de septiembre, Bush posó para las cámaras y exigió que el Congreso aprobara la Ley de Comisiones Militares que le mandó. Esa ley sería un gran cambio del derecho estadounidense para legalizar precisamente la clase de tortura que se llevó a cabo en el penal Abu Ghraib y anular oficialmente muchos derechos jurídicos básicos. Estos cambios tienen implicaciones fascistas: para los actuales "combatientes enemigos" detenidos… y para todos.

Bush prácticamente fanfarroneó de cosas que antes negaba rotundamente: que el gobierno ha manejado una red internacional de centros secretos de interrogación. Lo admitió para seguir haciéndolo e ir más allá: justificar de una manera abierta las formas de tortura cometidas por órdenes suyas y exigir que el Congreso le dé formalmente al presidente el poder de detener, torturar, condenar y hasta ejecutar, con impunidad para quienes lo hacen.

Mejor dicho, Bush quiere que la tortura y la denegación de derechos básicos que ya han estado haciendo en secreto se reconozcan como norma legal y como precedente para lo que venga en esta guerra por el imperio.

Por eso es muy importante ver qué es lo que Bush demanda que el Congreso apruebe a toda carrera en las próximas semanas.

Formalizar la denegación de los derechos básicos

La Ley de Comisiones Militares propone autorizar y legalizar un nuevo sistema para juzgar a "combatientes enemigos extranjeros ilegales". Con este sistema, un tribunal militar decidirá el destino de los presos.

Esas comisiones militares se guiarán por reglas y principios ajenos a normas judiciales fundamentales desde la fundación de este país.

No permitirán que los prisioneros "confronten a sus acusadores” ni oigan el testimonio de los testigos que declaran contra ellos; tampoco podrán examinar las pruebas en su contra y ni siquiera tendrán el derecho de estar presentes durante la audiencia. Los jueces militares decidirán qué podrán ver u oír y, naturalmente, el acusado no sabrá qué es lo que no quieren que sepa.

En una palabra, pueden condenar y hasta ejecutar a una persona sin que sepa cuáles son las pruebas y sin tener el derecho de montar una defensa.

Si un tribunal militar “de captores” condena a un preso, ¿dónde está el derecho (supuestamente amparado por la Constitución) de tener un "jurado imparcial"?

¿A quiénes podrán juzgar estas comisiones militares? La ley dice que son para "combatientes enemigos extranjeros ilegales". Martin Lederman, profesor de Derecho de la Universidad Georgetown, nos dijo que jurídicamente el "concepto de 'extranjero' es aplicable a millones de residentes permanentes legales” de Estados Unidos. Agregó que el proyecto de ley aplica el término "combatiente enemigo” a fuerzas y organizaciones que "incluyen pero no se limitan a Al Qaeda, el Talibán, cualquier organización terrorista internacional o fuerzas asociadas" (nuestro énfasis).

O sea que esta ley de linchamientos militares, que hoy se justifica con el pretexto de combatir a Al Qaeda, se podría aplicar mañana contra otras fuerzas.

El término "combatiente enemigo ilegal" quiere decir cualquier persona que "ha apoyado las hostilidades y ayudado a fuerzas u organizaciones que participan en ellas". Nadie puede decir precisamente lo que el gobierno quiere decir con eso, pero es inquietante que el gobierno se atribuya el derecho de capturar a una persona que "ha apoyado" políticamente a fuerzas que combaten contra Estados Unidos en cualquier parte del mundo (aunque esa persona no haya participado en las "hostilidades").

Esto tiene implicaciones muy peligrosas. Charles Gittings, del Proyecto de Defensa de los Convenios de Ginebra, nos dijo: "El concepto básico es muy sencillo: si Bush dice que uno es combatiente enemigo, entonces es combatiente enemigo. Lo esencial del argumento jurídico es que si sindican de ‘terrorista’ a una niña de dos años de Chicago, es una decisión irrevocable y ella es terrorista porque el presidente así lo ha dicho. También está el concepto de 'apoyo material'. En la práctica eso quiere decir que solo deben acusar a personas que puedan sindicar de forma verosímil de que tienen algo que ver con el terrorismo, pero una vez que hagan eso, la norma es que uno es culpable por asociación y culpable hasta que se compruebe la inocencia".

Por donde se vea, esta ley sería una burda charada judicial que le permitiría al gobierno entablar cargos falsos, condenar y ejecutar. Consagraría esas normas fascistas en el derecho y los precedentes penales.

Legitimar y legalizar la tortura

Un aspecto especialmente siniestro de la ley es que permite usar contra los presos pruebas obtenidas por medio de "coacción". Históricamente, el uso de las confesiones y pruebas obtenidas por medio de la tortura se ha considerado una indignante práctica de la Inquisición. Ha sido una clara señal de un estado policial. El derecho estadounidense por lo general ha dicho que esas "pruebas" son "manchadas" y que no se pueden usar en los juicios (a pesar de que en realidad la policía ha encerrado a mucha gente con "confesiones sacadas a golpes"). Oficialmente, tanto el derecho de Estados Unidos como el derecho internacional no reconocen las confesiones sacadas a la fuerza.

En el discurso del 6 de septiembre, Bush describió detalladamente cómo la CIA recurrió a “métodos alternativos" para hacer hablar a un preso. En un artículo sobre el discurso, el New York Times cuestiona muchas de sus afirmaciones e informa que Human Rights Watch le dio al Times una lista de 14 hombres que cree que el gobierno capturó inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre y que todavía tiene detenidos en secreto. El artículo dice: "Se cree que uno de ellos, Ibn al-Shaykh al-Libi, dio falsas pistas sobre una conexión entre Irak y Al Qaeda después de que lo llevaron a Egipto en 2002. El gobierno de Bush usó la información obtenida del señor al-Libi para afirmar que Irak enseñó a miembros de Al Qaeda a usar armas biológicas y químicas. Después se supo que el Sr. al-Libi inventó esos cuentos en el penal para evitar que sus captores egipcios lo trataran mal". (NYT, 8 de septiembre) Este ejemplo demuestra que no se trata, como dicen los defensores de la tortura como el abogado Alan Dershowitz, de que sacar pruebas con torturas es moral porque "salva vidas", sino de si se le va a permitir a Bush mentir y torturar para destruir vidas.

Con la arrogancia de un mafioso que niega que ordenó una ejecución, Bush declaró: "Quiero dejar esto en claro ante la ciudadanía y el mundo: Estados Unidos no tortura. Es una violación de nuestras leyes y nuestros valores. No lo he autorizado y no lo voy a autorizar". O sea, si él lo ordena, pues no es tortura.

La ley que propuso Bush prohíbe ciertas técnicas específicas de tortura en los interrogatorios. Pero definir lo que se permite y no se permite es en sí parte del proceso de legitimar y legalizar la tortura. Unas 10 páginas de la ley legalizan las salvajes técnicas de tortura que la CIA y las fuerzas armadas han estado aplicando, como por ejemplo: exponer a temperaturas extremas, el “submarino”, posiciones de estrés dolorosas y privación de sueño. La Ley de Crímenes de Guerra de 1996 prohíbe tales técnicas y las declara delitos graves.

Bush, Rumsfeld y sus apologistas jurídicos, como John Yoo, han cambiado la definición de tortura para decir que sus salvajes "métodos alternativos" no son tortura ni ilegales. Barbara Olshansky dijo en el programa Democracy Now el 7 de septiembre que la nueva definición "dice que la tortura solo ocurre cuando una persona está a punto de un paro de órganos o de morir".

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Para los pueblos del mundo es una pesadilla que les caigan encima estos ejércitos de asesinos y torturadores. Por todo el mundo han cometido injusticias y maltrato, como en el penal Abu Ghraib de Irak, la base aérea Bagram de Afganistán y Guantánamo, Cuba. Si el Congreso aprueba y codifica tal sistema, con normas jurídicas vergonzosas y fascistas, tendría consecuencias de gran alcance, y no solo para los presos juzgados en las comisiones militares. Serán las normas y métodos que el imperio imponga para aplastar a quienes considere un obstáculo a sus planes, aquí o en otras partes del mundo.

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