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Revolución #67, 29 de octubre de 2006
Sentencian a la cárcel a Lynne Stewart, abogada radical de derechos civiles
El lunes 16 de octubre fue una coyuntura crítica en el juicio y la represión oficial de la abogada radical de derechos civiles Lynne Stewart. Un juez de distrito federal de Nueva York, John Koeltl, la sentenció a 28 meses de cárcel, a raíz de acusaciones de dar ayuda material a terroristas y cuatro delitos más. Stewart salió en libertad condicional después de pagar la fianza, y espera una apelación. A los otros dos acusados, Ahmed Abdel Sattar y Mohamed Yousry, los condenaron a 24 años y 20 meses de cárcel respectivamente.
Con esta sentencia, el gobierno de Bush sigue el ataque a Stewart y a otros abogados defensores, a cualquier persona que se opone a este gobierno y al pueblo en general.
La fiscalía quería que Stewart, de 67 años, recibiera la pena máxima de 30 años de cárcel, y ahora dice que va a apelar para cambiar la sentencia. El gobierno no consiguió todo lo que quería, pero logró condenarla a más de dos años de cárcel a raíz de una acusación de clara motivación política: “conspirar, dar ayuda material a terroristas y defraudar al gobierno”. El secretario de Justicia, John Ashcroft, entabló las acusaciones personalmente en abril de 2002, poco después del 11 de septiembre y de la aprobación de la muy represiva Ley Patriota.
El juicio duró siete meses y en febrero de 2005 la condenaron de delitos graves poco diferentes de la acusación original. Inmediatamente, se le prohibió el ejercicio de la abogacía. Stewart comentó poco después en el programa radial Democracy Now: “Esa fue la pérdida mayor: que me echaran de la profesión que amo y a la que he servido, y donde he servido a la gente que no tiene voz”.
La condena y la sentencia de Lynne Stewart son una parte importante de la ofensiva fascista del gobierno de Bush contra los derechos legales de los individuos, por ejemplo el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente. La desaparición uno por uno de derechos establecidos, con la justificación de la “guerra contra el terrorismo”, va acompañada del espionaje secreto masivo y legalizado, y la detención ilimitada y tortura de los presos políticos.
El castigo a Stewart tiene también el objetivo de servir de advertencia a todo abogado defensor que piense representar a acusados de terrorismo y otros delitos políticos. El abogado defensor Jed Stone opinó poco después: “Este veredicto es un ataque escalofriante contra todos los abogados defensores. El gobierno nos ha dicho: ‘No defiendan a los presuntos terroristas. Si lo hacen, pagarán un precio muy alto’. No importa la opinión que se tiene de la persona o de las acusaciones, merecen una defensa como todos los demás, quizás más. Pero el gobierno no quiere que tengan abogados”.
En la década pasada, Lynne Stewart fue abogada del clérigo islámico fundamentalista Omar Abdel Rahman, condenado de conspiración sediciosa y sentenciado a cadena perpetua en 1996 a raíz de un supuesto complot para atacar varios lugares conocidos de Nueva York, como las Torres Gemelas. El gobierno acusó a Lynne Stewart, Ahmed Abdel Sattar y Mohamed Yousry de facilitar la comunicación entre Rahman y el Grupo Islámico, su organización en Egipto, al entregar un comunicado de prensa a un periodista de la agencia Reuters en el cual Rahman expresó su oposición sobre un cese del fuego con el gobierno egipcio.
El gobierno dijo que ese comunicado violaba las “medidas administrativas especiales” establecidas contra Rahman. Esas medidas empezaron en la época de Clinton y permiten aislar y silenciar a cualquier preso que consideren una amenaza a la seguridad nacional. En el caso de Rahman, estaba en aislamiento e incomunicación casi completa. No podía recibir visitas, hacer llamadas o tener contacto con otros presos. Para poder hablarle, Stewart, la abogada nombrada por el tribunal para defenderlo, tuvo que firmar un acuerdo que limitaba la clase de comunicación que podía tener con él. El gobierno dice que Stewart, al igual que Yousry y Sattar, violaron ese acuerdo y de ese modo contribuyeron al “terrorismo” y la “violencia terrorista”.
Hasta el New York Times señaló que durante el juicio “el gobierno no demostró que las acciones de Stewart [y de los otros acusados] llevaron a la violencia. El Grupo Islámico no canceló el cese del fuego. A los acusados no los acusaron de cometer actos terroristas en Estados Unidos”. El juez le dijo al jurado que ni Osama bin Laden ni Al Qaeda figuraban en el caso, pero la fiscalía presentó videos de bin Laden y tomó otras medidas para pintar de “terrorista” a Stewart.
Es revelador también que la “evidencia” que la fiscalía presentó durante el juicio se basa en un extenso espionaje secreto a Sattar: casi 75,000 grabaciones de llamadas telefónicas y faxes, además de comunicaciones por computadora. Y luego, valiéndose de esas grabaciones, el gobierno filmó y grabó las conversaciones entre Stewart y Rahman. Dichas conversaciones ocurrieron en el año 2000, pero no la acusaron sino hasta dos años después, tras el 11 de septiembre y la aprobación de la Ley Patriota.
Las leyes de Estados Unidos por mucho tiempo han sostenido que las conversaciones entre un abogado y su cliente son confidenciales. La Ley Patriota cambió todo eso, porque le da al gobierno facultades discrecionales ilimitadas para espiar dichas conversaciones, sin supervisión judicial. Poco después de su condena, Lynne Stewart comentó que la confidencialidad “…es fundamental en nuestra defensa de las personas acusadas de un delito. Y también es fundamental para las personas políticas a quienes criminaliza el gobierno… [D]urante todos los años de la Constitución, hemos gozado de un privilegio que permite a los abogados y sus clientes discutir sus casos confidencialmente… Ahora, esto cambia todas las reglas”. (entrevista de Revolución #08, 17 de julio de 2005).
El gobierno había cateado las oficinas de Stewart y ella señaló: “[Eso] provoca inquietudes no solamente para la persona a quien grabaron. ¿Te conviene acudir a un abogado como yo,… que ha dedicado su carrera a defender a los demonizados, siendo muy posible que el gobierno lo joda, requise su despacho por 12 horas, se lleve la computadora y encuentre no solo todo lo del cliente que es el blanco del cateo sino también de todos los otros clientes? Alguien me comentó que esto no es apenas un ‘viento frío’,… sino que es subártico, esto ya es el congelamiento, particularmente del abogado. Y claro, es cosa sabida que este gobierno se especializa en poner restricciones a los abogados”.
Hay mucha oposición a la represión de Lynne Stewart, por ejemplo, las más de mil cartas que abogados defensores y otros le han mandado al juez. El 16 de octubre, frente al tribunal, cientos de simpatizantes corearon enérgicamente “¡Libertad para Lynne Stewart! ¡No al estado policial!”. La noche anterior, 700 personas se reunieron en la iglesia Riverside para apoyarla.
Lynne Stewart se ha dedicado por muchas décadas a la lucha contra la represión y la opresión, y hoy es uno de los extraordinarios “abogados del pueblo” de este país, siguiendo la tradición de William Kunstler y Clarence Darrow. Por eso el gobierno de Bush quiere silenciarla y, por eso también, tenemos que impulsar la lucha para que Lynne Stewart no pase ni un minuto en la cárcel.
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