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Revolución #72, 10 de diciembre de 2006
México: Toma de posesión en secreto, crisis política y represión brutal
Un minuto después de la medianoche del 30 de noviembre, Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), fue nombrado presidente de México. Según la Constitución, la toma de posesión debió haberse llevado a cabo en el Palacio Legislativo. Pero debido al riesgo de que los diputados de la oposición impidieran la ceremonia, el traspaso de poderes de Fox a Calderón se llevó a cabo en secreto en Los Pinos, la residencia presidencial, ante miembros del gabinete y de las fuerzas armadas. La ceremonia fue televisada a la nación. El periódico La Jornada señaló en un editorial: “Fue una demostración pavorosa de debilidad, pero constituyó una inequívoca amenaza de fuerza”.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que para millones fue el vencedor en las elecciones del pasado 2 de julio, juró prevenir la toma de posesión. Horas después de la ceremonia secreta, Fox y Calderón, con 200 guardias del Estado Mayor Presidencial, entraron por la puerta de atrás del Palacio Legislativo para la toma de protesta, que duró cuatro minutos.
La Cámara de Diputados estuvo tomada por representantes del PAN y del PRD desde el 28 de noviembre. Durante tres días se pelearon, y se tiraron sillas y botellas para arrebatarse la tribuna. El viernes, el balcón estaba repleto de dignatarios extranjeros, como George Bush, padre, y Arnold Schwartzenegger, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzales, y el príncipe de Asturias. Muchos países latinoamericanos no enviaron representantes. Después del ritual, Bush, padre, dijo: “No estoy preocupado. Todo saldrá bien”.
AMLO y unas 200,000 personas marcharon por la capital y juraron seguir movilizando a la ciudadanía contra el gobierno de Calderón.
En Oaxaca, las autoridades desataron un reino de terror en preparación para la toma de posesión de Calderón. El sábado 25 de noviembre la Policía Federal Preventiva (PFP), que ha ocupado el zócalo desde fines de octubre, abrió fuego contra miles de manifestantes que demandaban la dimisión del gobernador Ulises Ruiz Ortiz (URO). Mataron a cinco y dejaron docenas de heridos.
Porros encapuchados, fuertemente armados, quemaron varios edificios del gobierno, entre ellos la Suprema Corte, y atacaron negocios. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) denunció que eran acciones de la policía destinadas a justificar la represión. Los sicarios de URO también han atacado las oficinas de la APPO.
Por las calles de Oaxaca se ven policías federales y paramilitares con armas de grueso calibre. Desde julio han arrestado a más de 300 personas. A por lo menos 200 las han detenido indistintamente en la calle y las han mantenido incomunicadas. A muchos detenidos los trasladaron por helicóptero a cárceles de máxima seguridad en el norte del país. Los policías andan con listas de nombres y van de casa en casa, se meten en escuelas primarias y detienen a maestros ante niños asustados. Los padres de familia se han enganchado de brazos para formar escudos humanos alrededor de las escuelas. La radio pro gobierno recomienda atacar y quemar las casas de los líderes de las protestas populares. La policía ha atacado y desaparecido a estudiantes, y disparado contra la universidad. Varios observadores de derechos humanos desaparecieron en manos de hombres encapuchados apenas llegaron a Oaxaca. Los empleados del PRI filmados disparando a Brad Will, el periodista de Indymedia muerto el 27 de octubre, están en libertad. URO ha regresado a Oaxaca a decir que “se ha restaurado la normalidad”.
A pesar de la represión en Oaxaca, miles de personas protestaron contra la toma de posesión de Calderón. A la cabeza de la marcha iban familiares de los presos y los desaparecidos. Se anunciaron planes para otra marcha el 10 de diciembre.
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