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Revolución #74, 24 de diciembre de 2006
Nuevas citaciones
Reprimen el disentimiento con mecanismos judiciales
El gobierno de Bush está utilizando las citaciones como nunca antes para intimidar a los críticos y reprimir el disentimiento.
Una citación o comparendo es una orden de comparecer ante un tribunal o de entregar documentos. Tanto la fiscalía como la defensa pueden usar citaciones para que les entreguen pruebas, pero ahora el gobierno federal busca convertirlas en un arma de represión y censura.
El 17 de noviembre Jennifer Rogers, subfiscal federal, le informó a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que esa organización había recibido un documento oficial por correo electrónico el 23 de octubre y que es ilegal que lo tenga o lo haga público. Exigió que la ACLU devolviera el documento (de tres páginas y medio) y que destruyera todas las copias.
Traducción: La policía política que monitorea los correos electrónicos se dio cuenta de que alguien se lo filtró a la ACLU y no quiere que el público lo vea.
La ACLU le preguntó a Rogers con qué autoridad pedía el documento, ¡y ella contestó que lo autoriza la Ley de Espionaje de 1917! Cuando la ACLU se negó a cumplir la orden (diciendo que el documento no tiene secretos militares, como requiere esa ley), el gobierno le dio una citación para comparecer ante un gran jurado de acusación con todas las copias del documento y todos los demás documentos “secretos” que ha recibido de la misma fuente desde hace dos meses.
La citación dice: “No es necesario comparecer personalmente si entregan los documentos” antes de la fecha de la audiencia. Esto demuestra que al gobierno no le interesa que la ACLU dé pruebas al gran jurado sino que devuelva todas las copias de un documento que el gobierno ya conoce. El director ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero, dijo que la citación es “un esfuerzo patente de intimidar y bloquear a los partidarios de los derechos humanos como la ACLU que buscan denunciar las fechorías del gobierno”.
Los “Pentagon Papers”
En el pasado, el gobierno ha buscado castigar a los funcionarios del gobierno que filtran documentos y obligar a los reporteros a divulgar su nombre. Pero nunca antes ha logrado prohibir la publicación de información vergonzosa una vez que llega a manos públicas.
Para entender lo novedosa que es esta forma de usar las citaciones, recordemos el caso de los “Pentagon Papers” de 1971. Daniel Ellsberg y Anthony Russo filtraron 47 tomos de documentos clasificados al New York Times, y la Suprema Corte decidió que el gobierno no podía impedir que los publicara, a menos que perjudicaran directa e irreparablemente a la nación. Los “Pentagon Papers” eran prueba de que el gobierno llevaba mucho tiempo mintiendo al público sobre muchos aspectos de la guerra de Vietnam. Solo perjudicaban la credibilidad del gobierno.
Casi toda la información que se ha filtrado últimamente de mentiras y espionaje gubernamentales proviene de funcionarios del gobierno hartos de lo que está pasando. Tal fue el caso de la divulgación de las intervenciones telefónicas (de conversaciones de ciudadanos estadounidenses) por la Agencia de Seguridad Nacional y de las “entregas extraordinarias” de presos a países donde los torturan. Como no ha podido pararlos, ahora el gobierno está atacando con citaciones a los que reciben la información.
Citan a los periodistas en el caso de Watada
Otra infamia parecida está pasando en el caso del teniente Ehren Watada, el primer oficial que desobedeció órdenes de ir a Irak. Un fiscal militar mandó comparecer a la periodista Sarah Olson, y amenazó con citar a Marc Ash, director ejecutivo de Truthout, y a Sari Gelzer y Dahr Jamail, colaboradores de Truthout (un respetado portal de noticias y comentarios). Lo que Gelzer y Jamail tienen en común es que entrevistaron a Watada o grabaron programas donde condenó la guerra.
El fiscal no está buscando pruebas contra Watada; no ha pedido los apuntes, grabaciones no publicadas ni fuentes de Olson, ni pone en duda la fidelidad de la información publicada. Lo que ha pedido es que Olson “autentique” los informes ya publicados, o sea, que una periodista progresista sea parte del equipo de la fiscalía.
“Básicamente, el ejército busca obligarme a ayudarle a enjuiciar al teniente Watada, confirmando la fidelidad de mis informes”, dijo Olson. “Eso es algo que no puede hacer ningún periodista. Me están usando para castigar a un militar porque habló con los medios”.
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Tenemos que oponernos enérgicamente a que usen las citaciones para atacar a los medios y a organizaciones como la ACLU. No se puede permitir que sea lo “normal”. Es otro ejemplo de las palabras de El Mundo no Puede Esperar cuando dice: “Si no nos oponemos y movilizamos para parar esto, nos obligarán a aceptarlo”.
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