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Revolución #80, 4 de marzo de 2007

Redadas siembran terror en comunidades de migrantes

Las redadas de San Francisco representan una pequeña parte de un ataque masivo a las comunidades de migrantes de todo el país. Han arrestado a más de 13,000 personas con el operativo “Devuélvase al remitente” iniciado el 26 de mayo del 2006.  Es decir, menos de un mes después del 1º de mayo, cuando millones de migrantes y simpatizantes salieron a las calles de Estados Unidos para condenar las injustas leyes migratorias.

Las redadas las está llevando a cabo la “Iniciativa Aprehensión de Prófugos” del “Programa Nacional de Operaciones de Fugitivos”, creado a raíz del 11 de septiembre de 2001 por la Ley Patriota. Ese programa es parte del Departamento de Seguridad de la Patria y lo administra la Oficina de Detención y Expulsión del ICE (la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas).

 “Devuélvase al remitente” y el “Programa Nacional de Detención y Expulsión” tienen una lista de más de 500,000 migrantes “fugitivos”, de los cuales la abrumadora mayoría son personas que cometieron el “delito” de quedarse en Estados Unidos tras recibir una orden de deportación. La abrumadora mayoría de los arrestados ni siquiera figuran en la lista; simplemente son personas sin papeles detenidas al azar.

El propósito de las redadas es sembrar terror en las comunidades de migrantes. “Vamos a mandar un mensaje”, dijo Robin Baker, jefe de Operaciones de Detención y Expulsión para Michigan y Ohio, ante un grupo de cazadores de esclavos del ICE reunidos en junio al comienzo de las redadas “Devuélvase al remitente”.

El gobierno quiere aumentar esas redadas y ha expandido enormemente la cantidad de “Equipos de Operaciones de Fugitivos” del ICE: de 18 a principios del 2006 a 50 (casi el triple) a principios del 2007. Para septiembre, el ICE piensa tener unos 75 equipos en todo el país, sin contar los policías municipales que está entrenando en muchas partes para el control migratorio.

Durante el año fiscal 2006, el ICE añadió otras 6,300 camas de prisión para los migrantes capturados, para un total de 27,500 camas. También aprobó un contrato de 385 millones de dólares con KBR, una empresa filial de Halliburton, para la construcción de centros de detención en caso de una “afluencia inesperada de inmigrantes”.

Aparte de las redadas “Devuélvase al remitente”, hubo siete veces más redadas en los centros de trabajo en el 2006 que en el 2002, el último año que funcionó el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).

Mientras tanto, se están restringiendo severamente los derechos legales de los migrantes. Hace poco, el New York Times escribió: “Unas leyes aprobadas hace una década y endurecidas a raíz del 11 de septiembre alejan incluso a los migrantes legales del amparo de la ley. Detienen comúnmente a los migrantes sin fianza, no les permiten hablar con un abogado, los deportan sin poder apelar y los castigan por primeras infracciones o infracciones menores con una ferocidad mecanicista que excluye la posibilidad de discreción o clemencia del juez” (18 de febrero).

Las muertes al intentar cruzar la frontera han aumentado a un ritmo alarmante. Según estadísticas de la Patrulla Fronteriza (menos de la cantidad verdadera), en el 2005 murieron 460 inmigrantes, un aumento de 40% en comparación con el año anterior (San Francisco Chronicle, 1º de octubre de 2005).

El Instituto Binacional de Inmigración, del Centro de Estudios e Investigaciones México-americanos de la Universidad de Arizona, informó que de 1990 a 1999 encontraron un promedio anual de 14 cadáveres en la zona fronteriza de Tucson. De 2000 a 2005, el promedio fue 160; o sea, un aumento de más de diez veces. Se sabe de 201 muertes en la zona durante el 2005.

Esas muertes se deben a las medidas conscientes de militarización de la frontera que obligan a cruzar en desiertos mortíferos. El año pasado, enviaron a 6,000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera. Bush, en su presupuesto del 2008, pide otros 13 mil millones de dólares para el control migratorio, lo que incluye mil millones de dólares para la construcción de más cercas electrónicas y de alambre. Otros 3.5 mil millones de dólares se destinarán al salario de 3,000 nuevos agente de la Patrulla Fronteriza.

 

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