Una vez más, torturadores y mentirosos comprobados

George Bush es torturador y un mentiroso comprobado. El gobierno de Estados Unidos es torturador y mentiroso. Otra vez los han agarrado con las manos en la masa, torturando y mintiendo descaradamente.

El 4 de octubre, el New York Times dio a conocer memos secretos del Departamento de Justicia del 2005 que autorizan la tortura: una descarga de tratamiento doloroso, cruel, degradante y dañino. Entre las cosas que el gobierno de Bush les ha hecho a los detenidos, y que el Departamento de Justicia ha autorizado, están darles golpes a la cabeza, someterlos al “submarino” (“verter agua sobre la cara de un detenido esposado con una tela sobre la cara para darle la sensación de que se está asfixiando”, como lo describe el New York Times), desnudarlos en las celdas en temperaturas heladas, privarles de sueño durante días y tocar música rock a un volumen insoportable, esposarlos por mucho tiempo en posiciones dolorosas o dañinas. Y eso es lo que se sabe. No cabe duda alguna de que han cometido otras atrocidades de las que ni siquiera sabemos todavía. Los memos de Bush justifican aplicar esos métodos crueles uno tras otro, o al mismo tiempo.

No hay ningún desacuerdo judicial —ni mucho menos moral o político— sobre esto: es, pura y simplemente tortura. Y la tortura es un crimen de guerra. Es un incumplimiento descarado del Convenio de Ginebra que prohibe tratamiento “cruel, infrahumano y degradante”. Es un incumplimiento descarado del derecho estadounidense, porque el gobierno de Estados Unidos es signatario del Convenio de Ginebra.

Pero nada de eso ha impedido que Bush y sus fieles torturadores mientan de manera descarada al respecto. “Este gobierno no tortura”, dijo Bush después de que salió el artículo del New York Times. Aquí hay un patrón. En diciembre del 2004, en una opinión judicial, el Departamento de Justicia dijo públicamente —tras un escándalo por la revelación de que había memos de Bush que autorizaban la tortura si no afectara a órganos vitales o si el torturado no muriera— dijo: “Tanto el derecho y los valores estadounidenses como las normas internacionales detestan la tortura”. Ahora resulta que un par de meses después de eso, después de que Alberto Gonzales tomó las riendas del “Departamento de Justicia”, en febrero del 2005, él y otros abogados del gobierno redactaron inmediatamente documentos secretos que, según el New York Times, justifican la tortura y que permanecen vigentes hasta la fecha.

Aquí hay un patrón: cada vez que desenmascaran sus métodos y estalla un escándalo político, mienten descaradamente y a veces dicen que han abandonado las peores prácticas, mientras que en secreto hacen lo necesario para que continúen. En el 2005, después de que el Congreso aprobó la Ley sobre el Tratamiento de Detenidos que prohibe el tratamiento “cruel, infrahumano y degradante”, y otra vez en el 2006, después de que la Suprema Corte decidió que el Convenio de Ginebra aplica a los presos de guerra de Al Qaeda, el gobierno de Bush aparentemente suspendió por un breve rato ciertas actividades. Pero enseguida mandó a sus abogados justificar la tortura con el cuento de que esas prácticas no son una violación del derecho estadounidense, para poder continuar la tortura y mantener los centros de detención secretos conocidos como “lugares negros”.

Por su parte, el Congreso y los tribunales no han hecho nada para parar eso, salvo aprobar una que otra ley para lavarse las manos, y para engañar al público y hacer pensar que se está remediando la situación y que el sistema funciona. Pero en realidad todo eso demuestra que este es un sistema que tortura y que se basa en la tortura.

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