Los peligros del proyecto de ley sobre “crímenes de pensamiento”

Entrevista al profesor de derecho Peter Erlinder

La entrevista de Revolución es una sección especial para que nuestros lectores se familiaricen con las opiniones de importantes figuras del arte, la música y la literatura, la ciencia, el deporte y la política. Los entrevistados expresan sus propias opiniones, naturalmente, y no son responsables de las ideas que aparecen en otras páginas de este periódico o la página web.

El 23 de octubre, con pocas noticias en la prensa, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley llamado “Ley de Prevención de Radicalización Violenta y Terrorismo Interno del 2007” (HR 1955). Este proyecto de ley es una enmienda a la Ley de Seguridad de la Patria del 2002, que permitió la mayor reorganización del gobierno federal desde la II Guerra Mundial y aumentó dramáticamente sus poderes represivos. El proyecto de ley ha pasado al Senado. Hace poco Revolución entrevistó a Peter Erlinder, profesor de derecho de la Facultad de Derecho William Mitchell de St. Paul, Minnesota, y ex presidente del Gremio Nacional de Abogados, sobre este proyecto de ley y sus implicaciones.

Revolución: Usted y otros han dado la alarma sobre el proyecto de ley de “Prevención de Radicalización Violenta y Terrorismo Interno”. ¿Qué tiene de peligroso este proyecto de ley?

Peter Erlinder: Una congresista de nombre Harman, una demócrata conservadora de California, propuso el borrador del proyecto de ley, y la dirección de la Cámara de Representantes lo aceptó como una medida no polémica. Por tanto, los demócratas y republicanos lo aprobaron con un voto de 404 a favor y 6 en contra y sin mucha discusión o debate. Eso es comprensible porque se llama la “Ley de Prevención de Radicalización Violenta y Terrorismo Interno”, y hace dos cosas. Una es que le da fondos al Departamento de Seguridad de la Patria para llevar a cabo una especie de investigación académica sobre “la radicalización violenta y el terrorismo interno”. Y quizás eso cae en el ámbito del gobierno.

El problema es que la definición que da de “radicalización violenta y terrorismo interno” es tan amplia que podría someter a prácticamente todo activista político o grupo de activistas políticos a la investigación de una comisión legislativa, que es otra cosa que establece el proyecto de ley. El problema con la comisión legislativa —por lo menos de la manera que la describe el proyecto de ley— es que no deja en claro qué precisamente serán sus poderes inherentes. Por tanto, lo peligroso del proyecto de ley no es obvio a quien lo lea por primera vez y no recuerde la historia.

La definición que el proyecto de ley da para “terrorista interno” es cualquier persona que “intimida o coacciona al gobierno de Estados Unidos, la población civil... o una parte de estos, para apoyar creencias políticas o sociales”. Esto abarca, o podría abarcar, a los estadounidenses que organizan marchas masivas en Washington, D.C., con el fin de coaccionar cambios en la política gubernamental. La definición que da de “radicales violentos” (tanto ciudadanos como no ciudadanos que residen en Estados Unidos) es “promover un sistema de creencias extremistas con el propósito de facilitar la violencia basada en la ideología para fomentar el cambio político, religioso o social”. Mejor dicho, esto se aplica a estadounidenses que no han hecho nada ilegal, pero que los miembros de la comisión piensan que tienen ideas que podrían conducir a la violencia. El proyecto de ley no ataca a todos los pensamientos o sistemas de creencias que podrían conducir a la violencia, sino solo los que podrían recurrir a la fuerza o la violencia para promover creencias políticas, religiosas o sociales. Y esto es precisamente el tipo de violencia que podría darse como resultado de una manifestación a favor o en contra de asuntos importantes. Por ejemplo, la protesta contra la Organización Mundial del Comercio en Seattle cabe en esta definición.

El proyecto de ley dice que la comisión durará 18 meses, realizará audiencias por todo el país e informará cada seis meses sobre lo que ha concluido con respecto a las personas “peligrosas” que viven entre nosotros. Eso quiere decir que prácticamente todas las personas o grupos que son activistas políticos, sociales o religiosos podrían ser el blanco de investigación de la comisión para determinar quién es o no es el “enemigo escondido”. El problema es que a los testigos que se niegan a dar testimonio los podrían acusar de desacato al Congreso, como se están enterando ahora unos ex funcionarios del gobierno de Bush, como Harriet Miers y otros. Y si dan testimonio y dicen cosas que a los miembros de la comisión y sus asesores les parecen que no son ciertas, se los podría acusar de perjurio o de mentirle a un funcionario federal, como le pasó a Scooter Libby. En todo caso, requiere que hablen de sus asociaciones políticas y sus creencias so pena de ir a la cárcel si no acceden.

Revolución: Ha comparado estas audiencias al Comité de la Cámara de Representantes sobre Actividades Antiamericanas (HUAC).

Peter Erlinder: Sí, a HUAC. Es prácticamente lo mismo, porque cuando establecieron HUAC en 1938, el propósito original era investigar a los estadounidenses “peligrosos” de ese entonces. Al Ku Klux Klan se lo nombró, pero una vez que empezaron las investigaciones, obligó a comparecer ante las audiencias a personas que pensaba que sabían algo sobre los comunistas o el comunismo. Y durante 40 años HUAC investigó a toda clase de grupos e individuos, metió presos a los 10 de Hollywood cuando se negaron a dar testimonio, puso en la lista negra a personas como Arthur Miller, Paul Robeson, Pete Seeger, Richard Wright. Obligó a delatar a conocidos so pena de que lo condenaran al ostracismo, que es precisamente el poder que tiene esta comisión. George Santayana, el filósofo estadounidense del siglo 20, dijo: “Los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”. Parece que los congresistas que votaron a favor de esto se han olvidado de la historia. Otro gran filósofo estadounidense, Yogi Berra, lo dijo mejor: “Es como volver a repetir el deja vu”. Y eso es precisamente lo que es.

Revolución: ¿Nos podría decir más sobre los poderes de esta comisión?

Peter Erlinder: Son los poderes que conlleva cualquier cuerpo investigador legislativo. Eso quiere decir —y esto es inherente a cualquier comité de investigación del Congreso— que tiene el poder de obligar a comparecer a una persona a dar testimonio, y si no lo hace lo podría meter preso por desacato al Congreso, que es lo que les está pasando a Harriet Miers y otros miembros del gobierno de Bush que se han negado a comparecer ante comités del Congreso. Además, si alguien jura que va a decir la verdad pero no lo hace, lo pueden acusar de perjurio. Incluso si no da testimonio bajo juramento, hay una ley que se ha hecho cumplir desde que se disolvió HUAC en 1975 que penaliza mentirle a un funcionario del gobierno federal, o decir cualquier cosa que un funcionario federal piensa que es una mentira. Así que la estructura general inherente a esta comisión es obligar a comparecer y dar testimonio so pena de ser acusado de desacato, y si uno da testimonio, corre el riesgo de que lo acusen de perjurio o de mentirle a un funcionario federal, si los miembros de la comisión o sus asesores piensan que no ha dicho la verdad. En todo caso, si la comisión cumple con el mandato del Congreso, tendrá por necesidad que mandar comparecer a personas que podrían tener información sobre estadounidenses que según la comisión tienen “sistemas de creencias extremistas”, o que podrían tener vínculos a individuos u organizaciones en los cuales podría haber personas con “ideas violentas”. Por ejemplo, podrían obligar a comparecer a los miembros de una mezquita para dar testimonio sobre lo que saben sobre los demás miembros de la mezquita, o de una iglesia, o un grupo de activistas sociales o un grupo político.

Revolución: Este proyecto de ley no cambia específicamente las leyes existentes ni establece nuevos castigos. ¿Pero podría ser la base para nuevas leyes represivas?

Peter Erlinder: Lo que hace es crear un blanco para investigar. Y el blanco que establece es tan amplio que cualquier persona en territorio estadounidense que haga más que mirar la televisión e ir a las urnas podría ser blanco.

Revolución: Al principio mencionó el papel de los demócratas y en particular de la congresista Jane Harman, que ha salido últimamente en las noticias porque resulta que sabía de los videos de tortura de la CIA desde el 2003. ¿Podría hablar un poco sobre el papel de los demócratas?

Peter Erlinder: El voto fue tan desigual, según lo que me han dicho unos congresistas de Minnesota, porque la dirección de la Cámara de Representantes lo presentó como un proyecto de ley que no requería mucha atención por no ser polémico. Y las personas que no han estudiado HUAC, aunque solo se disolvió en 1975, ya hace 30 años y pico, esas personas que no están familiarizadas con lo que hizo HUAC y el daño que causó, y porque el proyecto de ley no menciona los poderes inherentes de la comisión, las personas a quienes hubiera debido preocupar aparentemente decidieron no poner objeciones. Pero este es, a todas luces, un proyecto de ley presentado por los demócratas y promovido por la dirección de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y Cía.

Revolución: ¿Cómo ve este proyecto de ley en el contexto del ambiente represivo general de este país, y las leyes y medidas de Bush como la Ley Patriota, las intervenciones electrónicas, la legitimación de la tortura y cosas por el estilo?

Peter Erlinder: Bueno, creo que muchos conocen la famosa cita del pastor Niemoller: “Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista...”. Luego vinieron por los sindicalistas, y luego vinieron por los judíos. Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada. Esa es una descripción de la realidad política que se está desenvolviendo y que podemos ver. Y eso sucede siempre que se le acusa a un grupo de ser “el enemigo”. Inevitablemente, empiezan a borrarse los lindes de esa mancha. Como hemos visto una y otra vez en nuestra historia, una vez que empieza a rodar el proceso, lo que se requiere para pararlo es la oposición política consciente.

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