Escisiones en la cúpula y la urgencia de la resistencia desde abajo

El escándalo en Washington en torno a los videos de tortura de la CIA sigue desarrollándose. Ocurre en el contexto de una urgente convocatoria a protestar desde enero contra las torturas que comete el gobierno estadounidense, el penal militar de Guantánamo donde Estados Unidos tiene a cientos de presos sin acusaciones ni juicios, y todo el programa fascista de la clase dominante encabezada por el gobierno de Bush.

En el 2002, la CIA grabó cientos de horas de interrogatorios/torturas de dos detenidos que acusó de ser agentes de Al Qaeda en penales clandestinos fuera de Estados Unidos. Entre otras torturas, se informa que grabó el uso del submarino, en que sujetan al preso y le cubren la cara con una sábana o un plástico, y luego le echan agua encima haciéndole pensar que se va a ahogar. A finales del 2005, la CIA destruyó los videos.

Muchos funcionarios del gobierno estaban enterados del contenido de los videos y de su destrucción para tapar lo que pasaba, entre ellos varios congresistas como Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara de Representantes. Altos funcionarios de la Casa Blanca hablaron de qué hacer con los videos. Pero su existencia y destrucción solo salió a flote públicamente con un informe del New York Times el 7 de diciembre de 2007. (Ver los informes de Revolución: “Tortura…Videos destruidos…¿La nueva normalidad? ¡A MOVILIZARSE!” en el #113 y “El 11 de enero se necesita: Un mar de naranja, El escándalo sobre la tortura y las ‘nuevas normas’ fascistas” en el #114).

Este escándalo y las denuncias del hecho de que Estados Unidos está torturando oficialmente (y tapando los videos y otras pruebas de esa tortura) reflejan fuertes diferencias en la cúpula del poder. Además, esas denuncias afectan mucho a millones de personas en este país. Esta situación tiene el potencial de movilizar a muchos a participar en la lucha política y de empezar a plantear preguntas profundas muy ampliamente, como por ejemplo: ¿qué clase de sociedad es donde el gobierno no solo lleva a cabo esas medidas infrahumanas y sádicas sino que también se ve compelido a aprobarlas legalmente? ¿Y qué clase de personas permiten que eso pase sin alzar la voz en indignación y protesta para demandar que las paren inmediatamente?

Nuevos sucesos en el caso de los videos

En el contexto del escándalo y las escisiones de la clase dominante que lo provocaron, han salido a flote unos trapos sucios, en particular sobre el papel directo de altos funcionarios del gobierno que ordenaron torturar y luego taparlo. El 2 de enero, el New York Times publicó una columna de Thomas Kean y Lee Hamilton, que encabezaron la comisión del gobierno que investigó los sucesos del 11 de septiembre del 2001. Kean (republicano) y Hamilton (demócrata) son altas figuras políticas, así que su columna representa el punto de vista de poderosas fuerzas de la cúpula del poder.

Kean y Hamilton escribieron: “La comisión tenía un mandato muy amplio que explícitamente abarcaba los servicios de espionaje. Pero las denuncias de que la CIA destruyó videos de interrogatorios de agentes de Al Qaeda nos llevan a concluir que no respondió a nuestras solicitudes lícitas de información sobre el complot del 11 de septiembre. Los que sabían de los videos pero no nos informaron obstaculizaron nuestra investigación”. Es decir, Kean y Hamilton acusan a los que no dieron a conocer información acerca de los videos de la CIA de cometer un delito.

Además de la CIA, Kean y Hamilton le echan la culpa a la Casa Blanca: “En la CIA —y en la Casa Blanca— nadie hubiera podido dudar que a la comisión le interesaba toda la información relacionada a los detenidos de Al Qaeda que participaron en el complot del 11 de septiembre. Pero ningún funcionario de la administración le informó a la comisión de la existencia de videos de los interrogatorios de los detenidos”. Kean y Hamilton describen una serie de solicitudes que le hicieron a la CIA, como una reunión de enero del 2004 con George Tenet (director de la CIA), Alberto Gonzales (abogado de la Casa Blanca y más tarde secretario de Justicia), Donald Rumsfeld (secretario de Defensa) y un funcionario del Departamento de Justicia. Kean y Hamilton escribieron que en esa reunión “una vez más no mencionaron los videos”.

El mismo día que se publicó el artículo de Kean y Hamilton, el secretario de Justicia, Mike Mukasey, anunció que el Departamento de Justicia iniciaría una investigación criminal de la destrucción de los videos. Mukasey nombró a John Durham, el segundo funcionario de la fiscalía federal de Connecticut, para dirigir la investigación, en conjunción con el FBI. (Mukasey, que reemplazó a Gonzales hace poco, es tristemente célebre por no querer decir ante una audiencia del Congreso que el submarino es una forma de tortura. De todos modos, el Congreso, controlado por los demócratas, aprobó su nominación). Es posible que esto sea una maniobra para encubrir el asunto. Pero también puede ser que hayan entrado o que entren en juego ciertas contradicciones en la cúpula. Según varios informes, el FBI, por sus propios motivos, se opuso a la tortura que llevó a cabo la CIA. En parte esto se debe a disputas sobre “territorio” entre los varios servicios de espionaje, pero también podría reflejar mayores divisiones.

Además de la investigación del Departamento de Justicia, los Comités sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado también están investigando el asunto. Ciertas figuras de la estructura de poder buscan contener el escándalo echando la culpa a funcionarios de la CIA, en particular a José Rodríguez, el director de las “operaciones clandestinas” de la CIA en el 2005 que según informes dio la orden de destruir los videos. Es posible que a Rodríguez y otros funcionarios de la CIA les toque pagar el pato, pero el artículo de Kean y Hamilton indica que el escándalo podría llegar a los altos niveles de la Casa Blanca. El 23 de diciembre, el Sunday Times (Londres) informó que Rodríguez podría pedir inmunidad a cambio de dar testimonio ante el Comité de Inteligencia de la Cámara. El artículo cita a Larry Johnson, ex funcionario de la CIA: “Rodríguez no se despertó un día y decidió: ‘Voy a destruir los videos’. Habló con mucha gente y tarde o temprano va a decir lo que pasó… Cada vez más parece que la Casa Blanca tomó la decisión”. Bush afirma que su “primer recuerdo de la existencia de los videos y de su destrucción” fue cuando se lo dijo el actual director de la CIA, Michael Hayden, en diciembre, poco antes de que saliera en el New York Times.

John Kiriakou, ex agente de la CIA que salió en varios programas televisados en diciembre y habló del “interrogatorio” grabado de Zubaydah en que participó, le culpó a los altos niveles del gobierno de Bush. Cuando le preguntaron si la Casa Blanca estaba metida en la decisión de torturar, Kiriakou dijo: “Absolutamente”. Continuó: “No es algo que se hace de cualquier manera. No es que un funcionario de la agencia se despierta y decide que va a usar una técnica mejorada [el submarino] con un preso. Es una decisión tomada por la Casa Blanca, con la coincidencia del Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia”.

En nuestros informes previos, describimos a Kiriakou como parte del “cuento” que están tejiendo desde que empezó el escándalo para justificar la tortura. Pero es posible que esto subestime la profundidad e intensidad de las contradicciones en la cúpula en torno a este escándalo. Sea lo que sea la razón que Kiriakou decidió hablar públicamente del asunto, el gobierno trató de callarlo rápidamente y posiblemente busca enjuiciarlo. Poco después de sus declaraciones televisadas, el Departamento de Justicia anunció que había iniciado una investigación criminal para determinar si divulgó “información clasificada”. Su abogado, Mark Zaid, le dijo al Washington Post que si el gobierno lo investiga, “abrirá una caja de Pandora que centrará la atención en si los interrogatorios fueron legales y hasta qué punto los han puesto al descubierto funcionarios federales”. La revista Mother Jones informó que Zaid dijo: “El gobierno de Bush ordenó esas técnicas y las aprobó, pero no defendió públicamente a la agencia, ni siquiera ante los congresistas, varios de los cuales se han enterado de los detalles del programa de interrogatorios de la CIA. La hipocresía es increíble, y John decidió que era necesario, apropiado y legal decir algo al respecto”.

Escisiones en la cúpula y la urgencia de la resistencia desde abajo

No está claro hacia dónde va todo esto, pero en este momento parece que el escándalo de los videos de tortura de la CIA sigue hirviendo y que podrían salir a flote más trapos sucios. Esto refleja las divisiones en la cúpula de la estructura del poder sobre hacer trizas algunos principios que supuestamente eran “normas aceptadas” de esta sociedad y establecer una “nueva normalidad” fascista, concentrada en cierto sentido con la legitimación de la tortura. Con una serie de memorandos, órdenes presidenciales y leyes como la Ley de Comisiones Militares, el gobierno casi ha acabado de fingir que “Estados Unidos no tortura”. La posibilidad de que este proceso podría deshacer la sociedad y afectar los intereses del sistema capitalista-imperialista de una manera imprevisible exacerba las diferencias y riñas en la cúpula del poder. Y esto se refleja en parte en el actual escándalo.

Pero incluso si este escándalo continúa y se agudiza, y lleva a la caída de algunas figuras del gobierno, esto en sí no parará toda la trayectoria fascista en que está encaminado este país. El actual escándalo se centra en “quién destruyó los videos de la CIA”, y no en la necesidad de parar la tortura inmediatamente porque es mala. No se ha denunciado el hecho de que la tortura es una medida rutinaria de la “guerra contra el terror”, en Guantánamo, en los penales estadounidenses en Irak y Afganistán, en los penales clandestinos de la CIA por todo el mundo y en las “entregas extraordinarias” en que secuestran a “sospechosos” y los envían a otros países donde los torturan bajo dirección estadounidense. Han amenazado con procesar a varias personas por “obstaculizar” el trabajo de dependencias gubernamentales, pero no han demandado responsabilizar a todos los que ordenaron llevar a cabo, llevaron a cabo, justificaron y taparon el horrendo crimen de la tortura, especialmente en los más altos niveles.

Para parar la tortura, los penales clandestinos, las entregas extraordinarias y los muchos otros crímenes y horrores del gobierno de Bush y toda la clase dominante estadounidense, se necesitará una resistencia política masiva desde abajo. Existe una gran y urgente necesidad de que se dé esa resistencia, antes de que sea demasiado tarde… antes de que las nuevas normas fascistas para legitimar sean más firmemente establecidas. Desde esa perspectiva, el escándalo de los videos es importante. La reconfiguración radicalmente reaccionaria de las “normas para legitimar” que exacerba las disputas en la cúpula también ha provocado amplia indignación (así como miedo y parálisis política) en la población. Por un momento crítico (y finito) la atención se centra en la tortura, y en esta situación la acción política resuelta e independiente tiene el potencial de penetrar la represa de miedo y parálisis y desencadenar un torrente de lucha y resistencia por toda la sociedad.

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