Obrero Revolucionario #1199, 18 de mayo, 2003, posted at rwor.org
Recibimos lo siguiente del Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar:
28 de abril de 2003. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. El gobierno peruano ha anunciado que en algún momento de 2004 un tribunal civil le juzgará de nuevo a Abimael Guzmán Reynoso, conocido como el Presidente Gonzalo del Partido Comunista del Perú (PCP). Esto se debe a la decisión el pasado enero del Tribunal Constitucional del Perú que declaró ilegales algunos aspectos de los decretos presidenciales "antiterroristas" que autorizaron juicios secretos ante "jueces sin rostro". Por consiguiente, el 7 de marzo anularon formalmente las condenas de cerca de 1,500 personas procesadas por militares y de otras 1,000 juzgadas por "jueces sin rostro" en juicios civiles también cerrados, y a todas las juzgará de nuevo.
Tres oficiales navales encapuchados sentenciaron a cadena perpetua al Presidente Gonzalo en una farsa de juicio de un día, poco después de su captura en 1992. Luego su abogado recibió la misma condena por defenderlo. A los pocos días de su arresto surgió un fuerte movimiento internacional que propuso "mover cielo y tierra para defender la vida del Presidente Gonzalo". Este fue uno de los factores que impidieron que el dictador de turno, Alberto Fujimori, lo ejecutara inmediatamente sin juicio, como era su plan, según recientes informes de prensa. Cuando en vez de eso, lo mandó juzgar por "terrorismo" y lo sentenciaron a cadena perpetua (el código penal peruano no tiene pena de muerte), Fujimori amenazó con que no sobreviviría mucho tiempo en la mazmorra subterránea que construyeron especialmente para él. La llamó la "tumba" del Presidente Gonzalo. Luego de gobernar mediante decretos personales y terror franco por casi una década, Fujimori terminó huyendo del país desprestigiado. Su reemplazo, Alejandro Toledo, no podía aducir que su gobierno era diferente si no aceptaba las críticas del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica contra esos decretos por contravenir el derecho internacional.
Sin embargo, aunque ha declarado que las condenas son "ilegales", el gobierno de Toledo no liberará a ninguno de estos prisioneros y dice que está "actualizando" la evidencia contra ellos. En muchos casos esa "evidencia" no fue más que la palabra de un informante anónimo, un prisionero torturado o cualquiera que se presentó ante un oficial militar encapuchado o ante un juez civil y afirmó que el acusado participó en la Guerra Popular iniciada por el PCP en 1980 o que simplemente la apoyaba. Los acusados no tenían derecho de refutar las acusaciones. En el caso del Presidente Gonzalo, no divulgaron las acusaciones exactas en su contra. Irónicamente, el gobierno ha liberado, o pronto lo hará, a varios centenares de prisioneros políticos arrestados en los años 1980 y comienzos de los 1990, antes de que Fujimori estableciera sus tribunales secretos, porque ya han cumplido sus condenas. Pero a estos 2,500 prisioneros, la mayoría de los cuales están en la cárcel hace ya diez años o más, ahora los pueden sentenciar a 18 años en los juicios venideros... desde ahora, no desde cuando los sentenciaron la primera vez.
Como parte de los preparativos para un nuevo juicio, un juez y un fiscal especial han celebrado audiencias preliminares en la base naval de El Callao, donde el Presidente Gonzalo ha estado confinado más de una década. Los simpatizantes del Presidente Gonzalo ven con mucha preocupación que él y al menos otros cinco prisioneros sigan encerrados en celdas subterráneas. Los otros dos prisioneros del PCP son el Camarada Feliciano (Oscar Ramírez Durán), quien asumió la responsabilidad de dirigir el partido luego del arresto del Presidente Gonzalo, hasta que fuera capturado en 1999, y la Camarada Miriam (Elena Iparraguirre), capturada con el Presidente Gonzalo. También hay tres líderes de la organización MRTA. No tienen el contacto con el mundo exterior que los prisioneros en el Perú y en la mayoría de los demás países consideran su derecho. El gobierno no aplica ese castigo a los prisioneros políticos en otras cárceles y de ninguna manera a los presos comunes.
El 24 de septiembre de 1992, cuando Fujimori quiso de alardear triunfalmente ante la prensa internacional, el Presidente Gonzalo les volteó la tortilla a sus captores y dio un famoso discurso. Dijo que la revolución peruana continuaría por el sendero de la Guerra Popular a pesar del "recodo en el camino". (Véase el texto del discurso en la revista Un MundoQue Ganar #2002/29 en http://www.awtw.org.) Al año siguiente, Fujimori dijo que el Presidente Gonzalo y la Camarada Miriam pidieron acuerdos de paz en una carta. En el partido surgió una línea oportunista de derecha que argumentaba que debido a la captura del Presidente Gonzalo los revolucionarios tenían que abandonar la Guerra Popular y disolver el ejército y los Comités Populares con que los campesinos ejercían el poder político en muchas partes del campo. El movimiento internacional en defensa del Presidente Gonzalo, que entre otras cosas envió siete delegaciones internacionales a Lima en el curso de la década, ha reclamado principalmente que al Presidente Gonzalo, al Camarada Feliciano y a los demás prisioneros políticos y prisioneros de guerra se les permita ver y hablar libre y directamente con sus abogados, familiares, amigos y la prensa internacional. Aunque se ha informado de algunos contactos entre estos prisioneros y sus familiares, abogados y otras personas, el Presidente Gonzalo y los otros presos aún no han podido plantear públicamente sus puntos de vista.
Parece que Toledo sigue las medidas de su antecesor, bajo nuevas condiciones. Continúa aplicando el ridículo concepto jurídico y moral de Alicia en el País de las Maravillas de "primero la sentencia, luego el juicio". También sigue manteniendo a estos prisioneros en condiciones de castigo y está haciendo todo lo posible para mantenerlos en un grado intolerable de aislamiento. Si, como se ha afirmado, el Presidente Gonzalo ha podido hablar con un obispo católico, entre otras personas, ¿qué posible justificación podría haber para negarle el derecho a hablar con los visitantes que él escoja? ¿Por qué todavía se le niegan las visitas de sus abogados internacionales? ¿No es esto precisamente continuar la persecución política? ¿Por qué los pueblos del mundo tienen que leer informes de segunda mano de los puntos de vista del Presidente Gonzalo de fuentes dudosas, y no oír y leer exactamente lo que él tiene que decir con sus propias palabras?
Además, existen elementos inquietantes en las condiciones para un nuevo juicio. Una ley reciente estipula que se pueden prohibir las grabaciones de audio y video en los juicios a personas acusadas de "terrorismo". ¿El nuevo juicio será abierto al público y a la prensa, o será simplemente un refrito civil del indignante juicio militar original? Hay muchas razones para temer que la intención del gobierno es que estos nuevos juicios no sean más que una mera formalidad para mantener el encarcelamiento. El año pasado, por similares razones constitucionales y bajo presión de algunos sectores en Estados Unidos, juzgaron de nuevo en un tribunal civil a Lori Berenson, una estadounidense sentenciada a cadena perpetua por un tribunal militar "sin rostro" por apoyar al MRTA, y la sentenciaron rápidamente de nuevo a 20 años con los mismos endebles testimonios de oídas.
La Guerra Popular, una expresión de masas profundamente arraigada, con el apoyo de millones de campesinos, obreros, estudiantes y otros sectores, no puede caracterizarse como "terrorismo". De hecho, ¿por qué al gobierno del Perú, que gobierna según la voluntad de Estados Unidos y ha hecho tanto mal al pueblo peruano, debería permitírsele encarcelar a alguien por el "crimen" de buscar o apoyar su derrocamiento?
Los simpatizantes y abogados de todo el mundo seguirán de cerca estos sucesos. Esta situación refuerza la lógica y justeza de la demanda de que termine de inmediato el aislamiento del Presidente Gonzalo, el Camarada Feliciano y los otros presos.
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