Obrero Revolucionario #1206, 6 de julio, 2003, posted at rwor.org
Centenares de personas pasan meses en la cárcel sin acusaciones... la policía recibe órdenes judiciales secretas para confiscar archivos de bibliotecas... arrestan a ciudadanos estadounidenses en territorio estadounidense y los acusan de ser "combatientes enemigos"... Las olas de represión desde el 11 de septiembre hacen pensar en otras épocas represivas: las redadas Palmer y las deportaciones en masa de inmigrantes de los años 1920, los campos de concentración para los japoneses-americanos durante la II Guerra Mundial, la represión macartista de los años 1950 o la del programa COINTELPRO de los 1960.
Existen muchos paralelos a esas épocas. Pero también hay ciertos aspectos nuevos de la situación actual en el terreno judicial. Están echando por la borda ciertos principios constitucionales que antes consideraban fundamentales: el proceso legal establecido, la causa probable, el derecho a un abogado y la independencia de los tribunales.
Han levantado los límites impuestos al espionaje político en los años 1960 y 1970, y hoy el arresto sin acusación, el espionaje sin sospecha de actividad penal y la mala conducta de los fiscales son cosa de todos los días.
Los que no son ciudadanos fueron el primer blanco de la represión. El gobierno desechó el principio de que tienen los mismos derechos y las mismas protecciones jurídicas que los ciudadanos (menos el derecho a votar). Y luego extendió la "lógica" de destripar esos derechos a los ciudadanos.
La medida más importante hasta la fecha es la Ley Patriota, aprobada apenas seis semanas después del 11 de septiembre de 2001 en una atmósfera de miedo (muchos congresistas incluso abandonaron las oficinas por miedo del ántrax).
La Ley Patriota tumba las paredes que separaban el espionaje interno e internacional, y convierte la "patria" en otro frente de batalla de una guerra mundial. Extiende la ley federal de espionaje en el exterior a las dependencias policiales internas. Socava la Cuarta Enmienda de la Constitución, que prohíbe los registros y los arrestos ilegales, y traza una distinción entre la penalización por delitos y la represión política. Ahora todas las dependencias policiales tienen acceso a nuestros correos electrónicos, videos de nuestras actividades cotidianas, testimonio ante gran jurados, etc.
Este mes el Departamento de Justicia le informó al Congreso que 10 oficinas regionales del FBI han espiado en mezquitas. No mencionó cuántos informantes han infiltrado esas comunidades religiosas. La información sobre otras formas de espionaje sigue oculta.
A la población le han quitado casi toda privacidad, pero el gobierno se oculta detrás de un velo de secreto. Incluso puede acusar a una persona que pone al descubierto si el gobierno se llevó unos archivos o a quiénes está espiando. La lista es muy larga y sigue creciendo: órdenes, arrestos y audiencias secretos, pruebas que ni siquiera pueden ver los acusados o sus abogados, etc.
Además, ahora los pensamientos de uno son un elemento que puede tomar en cuenta el gobierno y la fiscalía al acusarlo.
La Ley Patriota crea dos delitos nuevos. El primero es el "terrorismo interno" que, según la ley, es un delito que "pone en peligro la vida humana" y que "parece tener la intención de influenciar la política gubernamental por medio de la intimidación o la coacción". Así que lo clave es la intención y el gobierno es quien decide cuál es la intención del acusado.
Una amplia gama de actividades se pueden considerar intentos de influenciar la política gubernamental, como una protesta militante, un paro o la desobediencia civil. Como consecuencia, ahora el "terrorismo" significa lo que el gobierno dice que significa.
Los que planean una manifestación o participan en ella también podrán ser blancos de espionaje.
El segundo nuevo delito es "dar refugio a un terrorista" que, según la ley, significa no informarle al FBI si uno tiene "motivo razonable para creer" que una persona está a punto de cometer un delito terrorista.
Estos dos nuevos delitos, que le permiten al gobierno tomar en cuenta la "intención" de uno, no tienen fecha de vencimiento, o sea, son medidas de largo plazo. Tampoco tienen vencimiento retroactivo, o sea, el gobierno puede juzgar en cualquier momento por algo que ocurrió en cualquier fecha.
La Ley Patriota abre muchos documentos financieros al gobierno, de los informes de crédito a las cuentas bancarias.
El secretario de Hacienda puede crear su propia lista de "sospechosos de terrorismo" y pedir a los bancos información sobre sus transacciones comerciales, sin siquiera informarle al "sospechoso".
Las cuentas bancarias de las organizaciones sin fines de lucro y las sociedades benéficas se vigilarán especialmente.
Además, el gobierno puede confiscar los activos financieros si dice que la organización los utilizará para actividades terroristas, si tiene "causa probable" de que se ha cometido o se cometerá un delito, incluso si no la han condenado de ningún delito.
Esta es una herramienta muy poderosa que permite clausurar una amplia gama de organizaciones políticas y humanitarias, especialmente las que tienen lazos internacionales.
En diciembre de 2001 el gobierno confiscó los fondos de las tres mayores sociedades benéficas musulmanas en Estados Unidos, sin acusarlas, sin pedir una revisión judicial y sin celebrar una audiencia.
La Ley Patriota enmendó la Ley de Emergencia de Poderes Económicos Internacionales para permitirle al gobierno confiscar ("hasta que se lleve a cabo una investigación") la propiedad de cualquier persona u organización extranjera que el presidente dice ha "planeado, autorizado, contribuido o participado" en hostilidades contra Estados Unidos.
Las tres sociedades benéficas tienen sede en Estados Unidos, pero las acusaron por su participación en proyectos de caridad en el extranjero. Hasta confiscaron los muebles de sus oficinas, los documentos y los discos duros de las computadoras, y anotaron los nombres de los donantes.
En la época de las colonias norteamericanas, confiscar toda la propiedad de una organización se llamaba "orden general", y tras la independencia en 1776 la prohibieron en la Carta de Derechos.
La Cuarta Enmienda requiere que el gobierno tenga una "causa probable" de que se ha cometido un delito o de que se cometerá (y no solo una sospecha) para dar una orden de registro o arresto. Además, tiene que describir el lugar del registro, las personas que quiere arrestar o la propiedad que quiere confiscar. Pero en el caso de las sociedades musulmanas no tuvo que hacer nada de eso.
Cuando los abogados pidieron ver la orden contra sus clientes, el gobierno les informó que era secreta. Por eso era imposible responder a las acusaciones. Este es un ejemplo extremo de pisotera el proceso legal establecido (el principio de que hay que realizar los trámites judiciales de acuerdo con las reglas establecidas, lo que incluye la presentación de las acusaciones) y del derecho a una audiencia ante un tribunal.
La criminalización de los lazos internacionales políticos y humanitarios no empezó con la Ley Patriota. En 1996, la Ley Antiterrorista y por una Pena de Muerte Efectiva resucitó el concepto de "culpabilidad por asociación". Extendió la definición de "ayuda material" al terrorismo internacional a muchas clases de apoyo a organizaciones que el gobierno llama "terroristas".
Así se abolió la distinción antes reconocida entre el trabajo legal o humanitario de una organización y sus actividades ilegales o armadas. Así que una contribución a un hospital en Cisjordania que tiene algún vínculo con Hamas, por ejemplo, pasa a ser "apoyo al terrorismo". Dado que Hamas da muchos servicios sociales a los palestinos, ahora por una contribución a un servicio social palestino te pueden acusar de "apoyo al terrorismo".
En 1996 la ley hizo una excepción de los materiales médicos o religiosos. La Ley Patriota elimina esta excepción y amplía la definición de "apoyo" a "asesoría o ayuda de expertos". Unos comentaristas señalaron que esto podría incluir cualquier forma de ayuda humanitaria, hasta participar en charlas de paz.
El secretario de Estado puede denominar a un grupo "terrorista" si sus actividades "amenazan la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos". Eso es tan impreciso y vago que puede comprender a cualquier grupo que no le guste al gobierno.
La mayoría de los más de 30 grupos "terroristas" hasta la fecha son mesorientales, y muchos son palestinos, pero también están el Partido Comunista del Perú y el Nuevo Ejército Popular de Filipinas.
Los procesos judiciales más serios por "apoyar el terrorismo" desde el 11 de septiembre se han basado en la ley de 1996 y en los poderes policiales más amplios. El gobierno no tiene que probar que los acusados apoyaban la violencia, sino simplemente que tenían algún lazo con un grupo que acusa de cometerla.
A los 6 de Lackawanna, hombres yemenitas nacidos en Estados Unidos, los tuvieron en la cárcel durante meses sin fianza por sus viajes al extranjero, sus creencias islámicas y una declaración de uno de los acusados de que fueron a un campo de entrenamiento de Al Qaeda. No los acusaron de planear, ni mucho menos de realizar, una acción violenta específica. Tampoco los acusaron de ser miembros de Al Qaeda. Afirmaban que nada más su presencia en el campo era "apoyo al terrorismo". Han acusado a otros ciudadanos estadounidenses de delitos parecidos en Oregon, la Florida, California y otros estados.
Como ha dicho David Cole, de la facultad de Derecho de la Universidad Georgetown, la Ley Patriota pone a los no ciudadanos en una situación de ley marcial, basada abiertamente en ideología y creencias políticas.
Una cláusula de la ley crea una nueva clase de no ciudadanos que el gobierno puede deportar o no dejar entrar al país debido a asociaciones o declaraciones políticas. Es una nueva versión de una ley macartista, pero esta es más amplia.
Por ejemplo, la usaron para bloquearle la entrada a Bernadette Devlin MacAlisky, ex miembro irlandesa del parlamento inglés conocida por su oposición a la dominación inglesa de Irlanda del Norte.
El gobierno puede deportar o no dejar entrar a cualquier persona que represente a "un grupo político, social o parecido cuyo endoso público de acciones terroristas, según determina el secretario de Estado, socava los esfuerzos de Estados Unidos de reducir o eliminar las actividades terroristas".
También pueden deportar a los no ciudadanos que apoyan organizaciones que no se encuentran en la lista de grupos terroristas. Esto pone en ridículo el requisito jurídico de aviso previo, ¡porque ahora se puede juzgar a alguien por cometer un acto que nunca han declarado ilegal!
El secretario de Justicia, John Ashcroft, ha dictado que los fiscales pueden espiar las reuniones entre los abogados y sus clientes en la cárcel, incluso los detenidos que no han sido condenados de ningún delito, los arrestados por violaciones de las leyes migratorias y los testigos cuyo testimonio se considera esencial y que no han acusado de nada. El fiscal no tiene que presentar una orden judicial y los tribunales no podrán supervisar cómo el Departamento de Justicia utiliza la información obtenida.
Otro cambio es la reducción del papel de los tribunales y su transformación en una dependencia para refrendar las acciones de la rama ejecutiva. Eso le permite al presidente ocultar sus acciones con un velo de secreto y le quita a los blancos del gobierno el derecho de defenderse públicamente ante un tribunal.
Además, la rama ejecutiva se está entrometiendo más y más en los trámites judiciales. En el caso de José Padilla, los abogados del gobierno dijeron que una vez que el presidente, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, declare que una persona es "combatiente enemigo", los tribunales no tienen jurisdicción y pierden el derecho de revisión. Es decir, ahora los agentes federales pueden pasar por encima los trámites judiciales normales y simplemente meter a la cárcel a alguien sin acusación o juicio.
A José Padilla, que es ciudadano estadounidense, lo arrestaron en el aeropuerto de Chicago y lleva más de un año en una cárcel militar sin acusaciones, sin audiencia, sin la presentación de pruebas en su contra y sin ver a su familia o un abogado.
El 23 de junio, George Bush anunció que ha nombrado a un tercer "combatiente enemigo": Ali Saleh Kahlah al-Marri. Lo iban a juzgar en un tribunal federal, pero ahora está fuera de la jurisdicción de los tribunales. Lo trasladaron a una cárcel militar donde no tiene contacto con el mundo exterior. El gobierno puede acusarlo de cualquier delito que quiera, y no tiene que presentar pruebas ni darle oportunidad de responder.
Ahora la rama ejecutiva se está entrometiendo en los tribunales como nunca antes. Los fiscales federales pueden amenazar con trasladar a un acusado a una cárcel militar para obligarlo a declararse culpable en un tribunal civil.
En el caso de Lynne Stewart, una abogada defensora respetada de Nueva York acusada de "conspiración terrorista", el juez le dio al Departamento de Justicia poderes sin precedentes. Le permitió "investigar a las personas asociadas con la defensa" y al personal del tribunal, y decidir si la defensa puede ver los documentos clasificados que el gobierno somete al tribunal.
A Stewart la acusaron de violar la Ley Antiterrorista y por una Pena de Muerte Efectiva de 1996 simplemente porque defendió al jeque Omar Abdel Rahman. Así el secretario de Justicia pone en peligro el derecho de los acusados de delitos relacionados al "terrorismo" a tener un abogado y una defensa competente.
Otro ataque sin precedentes contra los principios básicos del sistema penal de la Ley Patriota es que ahora las dependencias policiales federales y locales pueden compartir más información.
Un ejemplo es el testimonio presentado ante los gran jurados. Los gran jurados tienen poderes casi sin límites para solicitar testimonio y archivos. En el pasado mantenían el testimonio en secreto para animar a los testigos a hablar. El gobierno ha utilizado los gran jurados para atacar a los activistas políticos, como por ejemplo a los que se oponían a la guerra de Vietnam y a los independentistas puertorriqueños.
Los gran jurados de varios estados han investigado las comunidades árabes-americanas y surasiáticas desde el 11 de septiembre. Ahora la Ley Patriota permite entregar el testimonio al FBI y la CIA; nada más tienen que informarle a un juez después de recibirlo.
Esto le da nuevos poderes a agentes del gobierno federal. La CIA y el FBI pueden trabajar de la mano con los fiscales para obligar a una persona a dar testimonio y entregar archivos sin supervisión judicial. Las investigaciones de los gran jurados pueden servir para tantear el terreno.
"La situación habrá cambiado enormemente... Estados Unidos no será igual".
Bob Avakian, "Los grandes retos de la nueva situación", 17 de marzo de 2002
Se han entablado varias demandas contra la Ley Patriota y otras medidas represivas ante los tribunales federales. Se han ganado algunas victorias en los tribunales inferiores, pero por lo general las anulan los tribunales superiores. Se vislumbran batallas jurídicas en los más altos niveles y se ha iniciado un debate público sobre el deterioro de las libertades civiles. Hay amplia preocupación, incluso de grupos conservadores.
Más de 120 pueblos y ciudades por todo el país (y las legislaturas estatales de Hawai, Alaska, Vermont y Nuevo México) han revocado la Ley Patriota en su territorio y dicho que no cooperarán con acciones federales anticonstitucionales.
Pero hay que decirlo sin pelos en la lengua: no se entiende lo seria que es la situación actual. Persisten muchas falsas ilusiones sobre las nuevas medidas y su alcance. Urge captar claramente los poderes que el gobierno ya se ha dado los mayores poderes que propone. Sería sumamente peligroso creer que la situación se calmará y que las medidas de hoy se revocarán.
En febrero, un documento interno del Departamento de Justicia se filtró a la prensa. Propone una Ley de Ampliación de la Seguridad Interna, o Ley Patriota II, con muchas medidas de estado policial:
Avergonzado, el Departamento de Justicia dijo que el documento no es un plan concreto. Pero el 5 de junio, el secretario de Justicia defendió todas las medidas represivas de los últimos dos años ante un comité de la Cámara de Representantes. Dijo que la Ley Patriota debe ser permanente y exigió más poderes para los fiscales federales y la policía para la "guerra contra el terrorismo": poderes de meter a la cárcel sin fianza, de entablar acusaciones de ser "partidarios materiales" a personas vinculadas a grupos bajo investigación, de ejecutar a más condenados de delitos relacionados al "terrorismo".
Para el gobierno, las medidas ya aprobadas son apenas el comienzo.
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