Obrero Revolucionario #1217, 26 de octubre, 2003, posted at rwor.org
El Comité de Apoyo a la Revolución en el Perú (CARP) nos envió este artículo:
El obsecuente gobierno de Perú, remedando a su amo imperialista y su "guerra contra el terrorismo", acaba de publicar un informe que ataca la guerra popular maoísta, que dirige el Partido Comunista del Perú (PCP).
El gobierno nombró una "Comisión de la Verdad y Reconciliación" para que investigara y escuchara testimonios sobre la guerra civil que comenzó en 1980. La Comisión publicó su informe el 28 de agosto pasado.
Su tema principal es pintar la guerra popular como "terrorismo". Su conclusión fundamental: NUNCA se justifica la rebelión del pueblo contra los opresores.
La Comisión afirma que examinó "la violencia de ambos lados del conflicto". Los familiares de revolucionarios encarcelados o "desaparecidos" injustamente tenían esperanzas de que la Comisión denunciara y levantara cargos contra los militares y policías responsables de más de 20 años de masacres, torturas, violaciones, fosas comunes y desapariciones que cometieron con impunidad los gobiernos de turno en su afán de derrotar la guerra popular.
Pero el propósito de la Comisión era todo lo contrario: justificar los crímenes de los militares, policías, paramilitares y líderes del gobierno, diciendo que nada de eso hubiera pasado si el PCP no hubiese dirigido el pueblo a levantarse.
La Comisión se horroriza de que el PCP inició la guerra popular cuando se celebraban "elecciones libres". Pero la historia peruana reciente ha sido de gobiernos "elegidos democráticamente" que le chupan la sangre al pueblo.
Durante esos gobiernos "democráticos" de turno, las compañías mineras extranjeras han sacado minerales por millones de dólares, mientras que la mayoría del pueblo padece desnutrición y las enfermedades de la pobreza. Esos gobiernos han excluido y callado a las masas indígenas, maltratadas, despreciadas y abandonadas por las estructuras del poder. Millones de campesinos han tenido que emigrar a las barriadas y pueblos jóvenes de Lima, donde subsisten a duras penas.
Pero la lucha para liberarse por la vía de las armas de ese infierno cotidiano, de ese profundo sufrimiento que es el pan de todos los días en este sistema, no le interesa a la Comisión.
Los miembros de la Comisión son: el teniente general Luis Arias Graziani del ejército; Carlos Tapia y Carlos Iván Degregori, supuestos "expertos" en el tema de la guerra popular que han hecho carrera asesorando a los militares sobre cómo conducir la contrainsurgencia; Beatriz Alva Hart, ex congresista que fue miembro de la coalición electoral del presidente Alberto Fujimori; dos arzobispos y un cura católicos; Lay Sun, líder de una iglesia protestante conservadora; y Rolando Ames, congresista de un partido "de izquierda" que apoyó a los presidentes Alan García y Alberto Fujimori.
¿Quién NO estuvo en la Comisión? Ni una de las familias de los miles de torturados, asesinados o desaparecidos por el gobierno. Ni siquiera un familiar de los miles de presos políticos condenados por jueces militares secretos y encerrados en mazmorras. Mejor dicho, nadie que podría sentir solidaridad con la revolución.
Los miembros de la Comisión mostraron dónde radica su lealtad cuando expresaron "su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos efectivos que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber". Por otro lado, la Comisión expresa "su pesar por los miles de jóvenes que resultaron seducidos por una propuesta que constaba los profundos problemas del país y proclamaba: `la rebelión se justifica'".
La Comisión escuchó testimonios condenatorios sobre las barbaridades que cometió el gobierno (Ver, "¿Quién oprime a las revolucionarias peruanas?"). Sin embargo, la Comisión declara que "la más grave responsabilidad" recae "en los miembros del sistema de dirección del [Partido Comunista del Perú]... por haber planteado su lucha contra la democracia peruana... por las prácticas violentas de ocupación y control de territorios rurales y poblaciones campesinas, con un alto costo en vidas y en sufrimiento humano; por su política de genocidio mediante actos de provocación del Estado...".
En una palabra, la Comisión dice: el gobierno y las fuerzas armadas habrán cometido barbaridades, pero la responsabilidad recae sobre quienes los "provocaron" cuando llevaron al pueblo a levantarse en armas. Esa es la misma lógica perversa que acusa de "criminal" a una mujer que recurre a la fuerza contra el hombre que la ha golpeado y maltratado por años.
La Comisión tilda al PCP con los mismos epítetos anticomunistas de siempre: es "autoritario" y "totalitario". La verdad es que con la guerra popular el PCP movilizó a los campesinos a tomar control de su vida y su tierra por primera vez en siglos. En las bases de apoyo, el campesinado, bajo la dirección del PCP, expulsó a los defensores del viejo orden que lo mantenían por la fuerza en la pobreza. Los comités populares organizaron una nueva política, una nueva economía y una nueva cultura. Muchísimas mujeres se pusieron de pie como combatientes y dirigentes, pues encontraron en el programa del PCP un auténtico camino para liberarse de los maltratos y el tratamiento degradante, un futuro diferente al que ofrecían los gobiernos "democráticos" que la Comisión tanto defiende.
El informe de la Comisión señala que el 61% de las muertes atribuidas a las fuerzas del gobierno fueron "desapariciones forzadas", o sea, personas detenidas por los militares o la policía y torturadas. Estos "desaparecidos" quedaron tan mutilados que no se los pudo identificar y los sepultaron en fosas comunes. Con respecto a las "desapariciones forzadas", el 65% de los cadáveres todavía no se han encontrado. El informe explica que las desapariciones de presuntos revolucionarios y partidarios fue una práctica muy común y "fue especialmente sistemática" entre los años 1989 y 1993.
Como dice la Comisión, las "desapariciones forzadas" le permitieron al gobierno ocultar la tortura y asesinato de un detenido. Además, dice el informe, las desapariciones le permitían "intimidar a la población" en las regiones bajo control militar.
El informe también arroja luz sobre el papel de Estados Unidos en la guerra de contrainsurgencia. Los manuales del ejército peruano los escribieron en Estados Unidos, y plantean la rápida "eliminación física" de los insurgentes maoístas por cualquier medio. La mayoría de los oficiales que dirigieron las operaciones se graduaron de la Escuela de las Américas, reconocida mundialmente por enseñar torturas, asesinatos y tácticas similares.
Todo esto representa una contundente condena del mismo sistema que la Comisión llama "democrático". Porque por más que pinte a la revolución de "terrorista", en realidad son los gobernantes de turno, respaldados por Estados Unidos, los que han sembrado terror y violencia contra los oprimidos de Perú.
Una tarea clave de la Comisión fue embarrar a la revolución. En cualquier lucha revolucionaria donde las masas se levantan contra los opresores, hay quienes recurren a la venganza o atacan a quienes no son el verdadero enemigo. Pero el informe de la Comisión no trata de comprender las contradicciones que tienen el pueblo y los revolucionarios en el contexto de una lucha armada justa. En lugar de eso, la Comisión pone toda la violencia revolucionaria en una categoría: "inaceptable".
La Comisión dice que las acciones armadas de los combatientes revolucionarios contra los militares y la policía fueron "masacres" y que todo aniquilamiento fue "asesinato". Cuando el Ejército Popular de Liberación mata a miembros de las rondas (paramilitares organizados por las fuerzas armadas), dice que son asesinatos de civiles.
El punto de vista de la Comisión es que la única violencia legal y justificada es la de las fuerzas armadas del gobierno, aunque asuma formas excesivas, crueles y sádicas. Además, recalca que NUNCA se justifica la violencia de los oprimidos para librarse del viejo orden.
Un ejemplo que da la Comisión es el de María Elena Moyano, a quien elogia como heroína. Moyano organizaba una olla común en el pueblo joven de Villa El Salvador, en Lima. Para comer en esa olla común uno tenía que condenar la revolución, y si no lo hacía, Moyano y sus seguidores lo delataban, lo entregaban al gobierno de Fujimori y su asesor Montesinos (agente de la CIA), o sea, a un gobierno que era el número uno en el mundo en torturas y desapariciones. Los revolucionarios primero le advirtieron a Moyano que cesara sus actividades contra el pueblo, y cuando no hizo caso la mataron. No se sabe cuántas detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones previno la eliminación de Moyano, pero la Comisión ignora su papel en los crímenes del gobierno.
La Comisión también hace hincapié en el incidente de Lucanamarca en 1983 para atacar la revolución. En ese caso las masas revolucionarias, que habían sufrido desapariciones y torturas del gobierno, tomaron represalias contra Lucanamarca. La Comisión reconoce que los reaccionarios de ese pueblo habían asesinado revolucionarios y participado en atrocidades del gobierno. Las masas revolucionarias, según se informa, mataron a casi todos los moradores de Lucanamarca.
En una entrevista de 1988, el Presidente Gonzalo del PCP dice que el partido reconoce "los excesos" que ocurrieron en Lucanamarca. Pero también explica que ese ataque a Lucanamarca ocurrió en un momento en que las masas revolucionarias necesitaban responder de alguna manera a las brutales atrocidades de las fuerzas del gobierno. Pero, en vez de ver el incidente en su contexto, la Comisión lo presenta como algo típico de la guerra popular.
El informe de la Comisión manipula las cifras sobre las muertes desde el inicio de la guerra popular en 1980. La prensa corrió a decir que la Comisión le atribuyó la mayoría de las muertes, 54%, a los revolucionarios, pero el informe de la Comisión no demuestra eso.
La Comisión le atribuye al PCP el 54% de las muertes de los casos en que pudo conseguir testimonio o evidencia directa.Pero admite que solo pudo documentar menos de 25,000 de las 69,280 muertes que consideró.
De los 69,280 muertos, más del 60% (más de 45,000) todavía no se han identificado. ¿Quiénes están sepultados en las 2000 fosas comunes que todavía no se han abierto? No hay duda de contienen los restos de campesinos y revolucionarios desaparecidos por la policía, los militares y los paramilitares.
Según el análisis de la Comisión, el 46% de los 69,280 muertos se atribuye al PCP; el 30% a los "agentes del estado"; y el 24% a "otros agentes o circunstancias" (rondas, comités de autodefensa, grupos paramilitares y agentes noidentificados). También admite que los grupos no gubernamentales de derechos humanos han atribuido un porcentaje mucho menor de las muertes al PCP: entre 5% y 16%.
Aun si uno aceptara los datos de la Comisión (que son sospechosos en vista de sus prejuicios), su método tramposo de contar es bastante obvio. ¿Cómo es posible que NO le atribuya a los "agentes del estado" las matanzas llevadas a cabo por las rondas y otras fuerzas paramilitares del gobierno? Esas fuerzas paramilitares las organizaron los gobiernos de turno, eran parte clave de la contrainsurgencia, y las reclutaron, las pagaron, las armaron y las dirigieron los militares y la policía.
Aún más descarado es incluir en la categoría de "otros agentes o circunstancias" a todas las personas asesinadas por los escuadrones de la muerte del gobierno, como el escuadrón de la muerte Rodrigo Franco durante el gobierno de Alan García o el grupo Colina organizado por Fujimori y Montesinos. Es alentar la mentira de que esos escuadrones de la muerte no tenían nada que ver con el gobierno.
Cuando se suman las dos categorías --"agentes del estado" y "otros agentes o circunstancias"-- son responsables del 54% de las muertes. En otras palabras, las propias cifras de la Comisión demuestran que por lo menos el 54% de las muertes las cometieron las fuerzas del gobierno.
Encima, hay que cuestionar estos datos ya que la Comisión solicitó testimonios en el campo, donde ocurrieron la mayoría de las desapariciones y muertes, cuando todavía se vivía bajo "estado de emergencia" (jurisdicción militar). ¿Cómo puede uno dar testimonio fiel en esas condiciones? Es fácil imaginarse lo que le podría pasar al que se solidarice con la guerra popular. ¿Qué le pasaría a un campesino de Ayacucho si dice que la guerra popular le permitió levantarse contra los opresores y que le dio la esperanza de un futuro diferente? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de encontrarse entre los miles de torturados y desaparecidos?
Bajo las leyes aprobadas por el gobierno de Fujimori y todavía en vigor, se puede acusar de "apología de terrorismo" a cualquiera que exprese apoyo a la revolución, y se puede meterlo a la cárcel de 8 a 18 años. Todavía están pendientes órdenes de detención del gobierno de Fujimori, cuando enjuiciaron a miles de personas ante tribunales militares secretos y las metieron presos.
Cuando se cuentan los miles de víctimas "no identificadas" del terror del gobierno y los paramilitares, no hay duda de que en la guerra peruana la gran mayoría murió a manos de las acciones de los militares y policías oficiales, como también de los paramilitares y otras fuerzas reaccionarias.
Los gobiernos de turno de Perú (con el respaldo de Estados Unidos) llevan años matando al pueblo con impunidad. En 1995 Fujimori declaró amnistía general para los militares y policías acusados de "abusos de derechos humanos". Ahora se habla de abrir de nuevo algunas investigaciones. Esto se debe a contradicciones entre los que detentan el poder, y a que no quieren que se conozca el papel que jugaron en el gobierno de Fujimori/Montesinos.
Queda por verse si de veras llegarán a enjuiciar a algunos de los líderes militares, policiales y del gobierno, pero la mera posibilidad los ha puesto a hablar.
A pocos días de publicarse el informe de la Comisión se supo que el mayor Martín Rivas, que dirigió el escuadrón de la muerte Grupo Colina, le dijo a la prensa que en 1991 Fujimori y Montesinos ordenaron el asesinato a plena luz del día de 15 personas, inclusive un niño de nueve años, en el barrio pobre de Lima Barrios Altos. Rivas dijo que la masacre fue parte de la estrategia del gobierno de asesinar a los que apoyaban la revolución. También confirmó que Fujimori ordenó el asesinato de líderes del PCP rendidos que se encontraban boca abajo en el patio del penal Canto Grande en 1992.
Rivas confirma que el escuadrón de la muerte Colina se basó en el entrenamiento que él y otros recibieron en la Escuela de las Américas. Montesinos también se graduó de esa "escuela de asesinos".
Otros militares peruanos no se arrepienten. Carlos Infantas, vicepresidente del Congreso peruano, representó los sentimientos de esos oficiales cuando declaró ante la TV dos días después de publicarse el informe de la Comisión que él "no dudaría en ordenar asesinatos colectivos para erradicar la subversión y defender mi patria... Si es por mi patria ordenaría cien asesinatos colectivos... Es la única manera de resolver un problema... debemos estar dispuestos a hacer algunas acciones heroicas para acabar con la lacra del terrorismo".
Es posible que las autoridades escojan un puñado de militares o policías como chivos expiatorios, pues ciertos sectores de la clase dominante peruana quieren lavarse las manos de los crímenes cometidos durante la presidencia de Fujimori y dicen que él debe responsabilizarse. Pero cuando se trata de los presidentes Alan García y Fernando Belaúnde, la Comisión los trata con guante de seda por "haber permitido" excesos durante sus gobiernos "democráticos".
Naturalmente, el gobierno de Estados Unidos, la CIA y sus asesores militares, que entrenaron y asesoraron a la policía y a los militares de Perú, hoy se proclaman "defensores de la democracia" en todo el mundo.
Pero hay quienes no aceptan las conclusiones injustas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Cuando el presidente de la Comisión hizo un gran anuncio público del informe final en la ciudad andina de Ayacucho, lo abuchearon en la plaza. Un letrero decía: "No habrá justicia, paz, mientras que haya desigualdad, discriminación y corrupción". Por su parte, el PCP ha respondido a las mentiras de la Comisión con más guerra popular.
(Consiga más información sobre la guerra popular en Perú en la página web del CARP en www.csrp.org, así como en la página de este periódico en rwor.org/s/peru_s.htm).