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Revolución #123, 16 de marzo de 2008
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La creciente pesadilla para los inmigrantes en Arizona
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Condado Maricopa, Arizona: Una adolescente embarazada se encuentra atrapada en una casa con otros 50 inmigrantes. Se encuentran encerrados en cuartos sin muebles pero con cubos de excrementos humanos. Cuando su familia en México no paga los miles de dólares que demandan, la arrastran a un baño. Su joven esposo oye los gritos durante la media hora que dura la paliza que le dan. Ella aborta y la ropa ensangrentada queda en el suelo.
Así y todo, a ella y las demás personas en la casa las acusan del delito grave de “conspirar con ellos mismos” para cruzar la frontera. A unos los arrestan y a todos los deportan. Ese es solo un ejemplo de la pesadilla que viven los inmigrantes en el condado Maricopa, donde la situación ha empeorado dramáticamente como resultado de la dinámica compleja y subyacente de este sistema.
Los inmigrantes del condado Maricopa dicen que temen salir de sus hogares. Hace poco el Phoenix New Times entrevistó a varios inmigrantes, como a Daniela, que vino a este país hace 13 años.
Daniela no se aleja a más de tres cuadras de su hogar, y eso solo para ir a la escuela primaria donde están sus hijos. Jamás maneja; es muy posible que la paren por el color de la piel. Jamás camina sola; si la detienen nadie sabrá lo que le pasó. Tiene muy pocos amigos; debido a la atmósfera antiinmigrante y la “Línea directa sobre inmigrantes ilegales”, cualquier persona la puede denunciar. No puede hacer compras; el sheriff ha colocado sus hombres en el mercado Food City. No puede llamar a la policía si es testigo de un delito; le preguntarán sobre su situación y la deportarán. Sus hijos no pueden dormir tranquilos; tienen pesadillas de que desaparezcan a sus padres.
Esa es la situación para cientos de miles en el condado, y no solo para los inmigrantes sino para todos los de piel café. Literalmente viven en las sombras, en sus hogares, apartados los unos de los otros. En las iglesias de inmigrantes, la asistencia ha bajado en un tercio ya que los feligreses temen ir.
Además de las leyes, redadas policiales y violencia de paramilitares, han aumentado los crímenes contra los migrantes. Al igual que en el Sur (y otras partes), donde no había delito que no se podía cometer con impunidad contra los negros, el sistema ha declarado “la temporada de inmigrantes” para los que quieran agredirlos.
En los últimos años, Arizona ha aprobado una serie de leyes draconianas contra los inmigrantes. Una medida aprobada en las elecciones y reforzada por el Senado estatal les niega fianza por delitos graves. Otra medida declara que el inglés es el idioma oficial. Una ley penaliza transportar, albergar o contratar inmigrantes indocumentados. Y una ley que supuestamente apunta contra los “coyotes” que traen a los inmigrantes a este país se ha interpretado de tal manera que cualquier inmigrante indocumentado es culpable del delito grave de conspiración para traerse él mismo. (Otros estados han seguido el ejemplo de Arizona. Oklahoma, por ejemplo, les niega fianza a los inmigrantes indocumentados y Colorado, Nebraska e Idaho están considerando medidas parecidas).
Estas leyes, junto con la muy difundida promoción de odio hacia los inmigrantes, han apretado las clavijas contra ellos en Arizona y han sentado un precedente judicial para atacar a las comunidades inmigrantes.
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En el condado Maricopa, el sheriff Joe Arpaio y el fiscal Andrew Thomas están encabezando una campaña de terror racista. Arpaio es tristemente célebre por humillar a los presos y sospechosos. Ha institucionalizado a escala masiva la detención de personas por el color de la piel y desatado una campaña que permite parar a quienquiera que parezca “ilegal”, ya sea un vendedor ambulante, universitario o jornalero; a todos los someten a insultos racistas y tienen que mostrar documentos de ciudadanía. Si los detienen, hay enormes presiones para firmar declaraciones de culpabilidad y aceptar la deportación.
En su campaña electoral, Thomas se opuso vehementemente a los inmigrantes. Una de las primeras cosas que hizo fue anunciar que no iba a acusar a un paramilitar que tuvo a siete inmigrantes mexicanos de rehenes con un arma de fuego en un lugar de descanso en la autopista. Invocó retórica tipo nazi para declarar que ciertas personas no son seres humanos y dijo que Estados Unidos está “tolerando una subclase de personas”.
La Ley de Trabajo Justo y Legal
Además de todo eso, el 7 de febrero un juez federal confirmó la Ley de Trabajo Justo y Legal de Arizona, que prohíbe contratar inmigrantes indocumentados; suspende la licencia de un empresario por el primer incumplimiento y la revoca para el segundo. Requiere que los empresarios verifiquen los documentos de cualquiera que solicite trabajo en E-Verify, un banco de datos federal experimental y temporal que se sabe que tiene muchos errores.
Según la Universidad Estatal de Arizona, esta ley afecta a los 500,000 o más inmigrantes indocumentados que son entre el 9% y el 12% de la fuerza de trabajo de Arizona, predominantemente en los oficios de servicio, construcción y jardinería. También le obliga al procurador estatal y a las autoridades del condado investigar todas las quejas sobre trabajadores sin autorización. Representa un salto en la represión sistemática y persecución de los inmigrantes en este país.
La gobernadora de Arizona, la demócrata “moderada” Janet Napolitano que aprobó la ley, dice que podría resultar en una “pena de muerte” para los negocios. Sin embargo, dijo que es mejor que otra medida “más draconiana” que se podría proponer si no se hace nada por hacer cumplir las leyes de inmigración. Tras firmarla, está haciendo cumplir esta ley draconiana. El 1º de marzo, las autoridades de Arizona recibieron órdenes de cumplir con esta ley laboral antiimigrante, la mayor y más estricta de todo el país. El fiscal Thomas ha prometido hacerla cumplir enérgicamente, y hasta ha dicho que se la puede imponer retroactivamente.
Los patrones ya han empezado a despedir a trabajadores inmigrantes, y eso ha tenido repercusiones en sus comunidades. Restaurantes y tiendas han tenido que cerrar por falta de clientes. Una gran cantidad de familias latinas se han mudado fuera del estado y su ausencia se ha notado en las escuelas, multifamiliares y vecindarios. Una escuela primaria en el oeste de Phoenix informó que la inscripción bajó un total de 525 alumnos.
Contradicciones en la cúpula y la necesidad de avances en la base
Empresarios y organizaciones como la Cámara de Comercio, la Asociación de Contratistas de Arizona, la Cámara de Comercio Hispana de Arizona y la Asociación de Contratistas Jardineros de Arizona se oponen fuertemente a la Ley de Trabajo Justo y Legal. Dicen que Arizona se estó disparando en el pie al expulsar a los inmigrantes, que son claves para la economía. Hace poco el Wall Street Journal citó a Judith Gans, experta en asuntos de inmigración, que dijo: “La expulsión de los trabajadores [indocumentados] quiere decir que hemos decidido como asunto de política encoger la economía”.
A fin de cuentas, los capitalistas necesitan a los inmigrantes, tanto porque enriquecen a la economía estadounidense como porque las remesas que mandan a sus familias ayudan a mantener la estabilidad en México. Esa necesidad fundamental está en conflicto con la necesidad de mantener y fortalecer la “goma” de chovinismo nativista antiinmigrante, que es un elemento clave de mantener intacta la sociedad estadounidense.
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Esa es una contradicción aguda para la clase dominante de Estados Unidos. Por un lado, tiene la necesidad de superexplotar a los inmigrantes indocumentados, y por otro, tiene la necesidad de fortalecer la estructura coherente de la sociedad, para “mantenerla unida” y mantener intacto su sistema. Además, están las contradicciones dentro de la clase dominante sobre cómo manejar todo eso, que se están desenvolviendo de diferentes maneras. El pasado verano, el Congreso no logró aprobar una “reforma” sumamente represiva contra los migrantes que respaldaba Bush. Hubiera intensificado la militarización de la frontera; establecido un programa de “trabajadores huéspedes” para permitir que los inmigrantes trabajen como esclavos; y establecido un sistema de “legalización”, que como principal condición los hubiera obligado a inscribirse con el gobierno. La oposición reaccionaria dentro de la clase dominante impidió aprobarla, junto con feroces ataques contra los inmigrantes. Desde ese entonces esos ataques han aumentado. A nivel federal, la militarización de la frontera ha proseguido. Las redadas en fábricas por agentes armados de la Migra (ICE) han sembrado terror en las comunidades de inmigrantes. A nivel local, por todo el país los gobiernos municipales están expulsando a los migrantes con leyes que castigan a los empresarios que los contratan o los dueños que los rentan un hogar. La represión en Arizona está a la vanguardia de todo esto.
La pesadilla que están viviendo los inmigrantes del condado Maricopa ilustra la clase de sociedad en la que vivimos y hacia donde vamos: en la que la gente cada vez más vive aterrorizada, perseguida, apartada de sus hijos y deportada simplemente por no tener documentos oficiales.
Ante esta situación, todos los sectores de la población, inclusive el proletariado de todas las nacionalidades, deben librar con urgencia una lucha política para derrotar esos crecientes ataques contra los inmigrantes, con miras hacia los mayores trastornos venideros y la posibilidad de levantamientos revolucionarios.
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