Argumentos oficiales en la Suprema Corte
Obrero Revolucionario #1240, 16 de mayo, 2004, posted at http://rwor.org
"El gobierno pide hoy que la corte le dé al presidente el poder ilimitado de detener sin juicio a cualquier ciudadano en cualquier momento, con la simple declaración de que ese ciudadano es un combatiente enemigo".
Jennifer Martínez, abogada de José Padilla, ante la Suprema Corte el 28 de abril
"Si el gobierno quiere fomentar la democracia en tantos países, ¿por qué no la practica aquí? Muéstrenme las pruebas. Si mi hijo hizo algo malo, acúsenlo y júzguenlo en los tribunales".
Ortega Lebrón, madre de José Padilla
El 28 de abril, la Suprema Corte vio los casos de José Padilla y Yaser Hamdi, ciudadanos estadounidenses presos por dos años en cárceles militares porque el presidente Bush los declaró "combatientes enemigos". Una semana antes, se presentaron en la corte argumentos a favor de los presos del campo de concentración militar de Guantánamo, Cuba.
Padilla es el primer ciudadano estadounidense arrestado en suelo nacional a quien le quitaron todo derecho legal y lo metieron preso indefinidamente sin acusarlo, simplemente porque lo mandó el presidente. Este caso (al igual que los casos de Hamdi y los presos de Guantánamo) tiene grandes implicaciones. Como señala nuestro corresponsal C. Clark Kissinger: "El gobierno avanza rápidamente hacia una forma más fascista de gobernar donde puede detener indefinidamente, incluso ciudadanos, sin acusaciones ni trámites judiciales, simplemente porque el presidente lo dictó".
Padilla nació en Brooklyn (Nueva York) y creció en Chicago. De joven entró en una pandilla y terminó en el penal, donde se convirtió al islam. Según el gobierno, se mudó a Egipto en 1998 y viajó a Pakistán, Afganistán y Arabia Saudita. El 8 de mayo de 2002, el FBI lo arrestó en el aeropuerto de Chicago, de regreso de Pakistán, por Suiza.
El gobierno no anunció el arresto hasta el mes siguiente. Lo transfirió a Nueva York y lo detuvo como "testigo material". Después del 11 de septiembre, ese pretexto se ha usado con frecuencia para detener sin acusaciones.
Donna Newman es la abogada defensora de Padilla. Ella le dijo al New York Times : "Cuando lo vi por primera vez, tenía las piernas y las manos maniatadas a un cinturón de metal. Recibí una declaración jurada que decía que según unos soplones, Padilla se involucró en un complot [terrorista]". La misma declaración jurada reconocía que "los soplones no son confiables". Newman solicitó de inmediato la libertad de Padilla.
El 9 de junio --dos días antes de una audiencia para anular la orden de detención de Padilla-- el presidente Bush declaró que Padilla era un "combatiente enemigo". Lo sacaron del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York y lo metieron en la cárcel de la Marina en Charleston, Carolina de Sur. Ahí está en un aislamiento casi total.
Newman solicitó una orden de habeus corpus, o sea, que llevaran al preso ante un juez para determinar la legalidad de su detención. La administración Bush puso otra petición contraria, junto con una declaración de Michael H. Mobbs, el "asesor especial del subsecretario de Defensa para cuestiones de política", que plantea la versión del gobierno --que Padilla, siguiendo las órdenes del Al Qaeda, iba a detonar una "bomba sucia" radiactiva-- para justificar la designación de "combatiente enemigo" y la detención militar sin contacto con su abogada.
El gobierno presentó también una declaración del director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el vicealmirante Lowell E. Jacoby, quien afirmaba que los interrogadores necesitaban establecer "una relación de confianza y dependencia" con Padilla para que este se dé cuenta de que "depende de sus interrogadores en todas sus necesidades básicas". En otras palabras, querían negarle contacto con su abogada para que renunciara a toda esperanza si no colaboraba con los interrogadores militares.
Una corte de distrito federal llegó a una decisión sin precedentes: dijo que de hecho el presidente tiene el poder constitucional de detener a un ciudadano designado como combatiente enemigo y que lo único que se decidirá en los tribunales es si hay "alguna evidencia" para justificar dicha designación.
Un tribunal de apelaciones anuló ese fallo. Dijo que el presidente no tiene el poder constitucional de detener a un ciudadano estadounidense arrestado en este país y no en una zona de combate; que una ley de 1971 prohíbe la detención de un ciudadano si no la autoriza el Congreso; y que la resolución del Congreso del 15 de septiembre de 2001 (que autorizó acción militar contra Al Qaeda) no constituye autorización para esas detenciones. La administración Bush apeló a la Suprema Corte.
La administración planteó ante la Suprema Corte razonamientos que apuntan hacia la ley marcial, donde la rama ejecutiva, con la justificación de estar en pie de guerra, tiene un poder ilimitado de encarcelar a personas tildadas de "combatiente enemigo".
La abogada de Padilla, Donna Newman, lo calificó de "la doctrina de que es así porque así lo dijimos".
El abogado que representó al gobierno, Paul Clement, afirmó que cuando el Congreso autorizó al presidente a usar "la fuerza necesaria y apropiada" contra Al Qaeda, le dio poder de "usar su criterio para determinar qué nivel de fuerza es necesaria y apropiada".
En otras palabras, la rama ejecutiva dice que tiene luz verde para hacer cualquier cosa que considere necesaria -- hasta detener a ciudadanos estadounidenses por un tiempo indefinido-- a pesar de que el Congreso no autorizó esa clase de detención.
Clement dijo que ni el Congreso ni los tribunales deben limitar el poder ejecutivo. En un momento, el magistrado Kennedy le dijo a Clement: "Sus argumentos me dan la impresión... de que Ud. piensa que los tribunales pueden examinar si el período de detención es razonable". Clement lo corregió inmediatamente: "Bueno, no quiero dar esa impresión, magistrado".
La magistrada O'Connor le preguntó a Clement si "un árbitro neutral" debe determinar la legalidad de la detención de cada individuo. Clement respondió que el proceso gubernamental de decidir a quién detener era "el árbitro neutral".
Cuando la magistrada Ginsburg sugirió darles a los detenidos un foro para presentar su defensa, Clement respondió: "El proceso del interrogatorio de por sí les da la oportunidad para aclarar si nos equivocamos al arrestarlos". Esa barbaridad viene de una administración que ya reconoció que no quiere que Padilla tenga contacto con abogados porque quiere inculcarle que su única salida es cooperar con los interrogadores.
Esa posición es un viraje radical del funcionamiento histórico del sistema judicial y del sistema de "controles y equilibrios" entre la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial, que supuestamente es una piedra angular de la "democracia estadounidense". Esto preocupa hasta a ciertos sectores de la clase dominante. Un editorial del New York Times dice: "El gobierno asusta con las bajas normas que se ha puesto al decir que solo necesita `alguna evidencia' de que un ciudadano `se asoció' con una organización terrorista `resuelta a cometer actos hostiles' para detenerlo indefinidamente".
Varios abogados y jueces (no relacionados con el caso) escribieron en un memorial a favor de Padilla: "La postura de la rama ejecutiva en este caso amenaza el `imperio de la ley' con que se fundó el país, la función de los tribunales federales, la separación de poderes del gobierno federal y las libertades fundamentales del individuo consagradas en la Constitución".
La respuesta de la administración Bush es que la "guerra contra el terrorismo" justifica todo lo que hace. Dice: "Confíen en nosotros. Usamos estos poderes para impedir futuros ataques terroristas y proteger la seguridad del pueblo estadounidense".
Esta justificación de un estado policial viene de un presidente y una administración que --como es sabido en todo el mundo-- mintió con descaro acerca de "armas de destrucción masiva" en Irak para justificar la sangrienta guerra y ocupación.
Hay indicios de que la administración Bush soltó acusaciones chuecas contra Padilla para agarrarlo y que lo tiene aislado para ocultar el hecho. El New York Times señaló: "El secretario de Justicia, John Ashcroft, anunció la captura de Padilla desde Moscú el 10 de junio de 2002 y dijo que con eso desbarató `un complot terrorista de atacar a Estados Unidos con una bomba sucia' radiactiva, la cual podía causar `heridas y muertes en escala masiva'. Sin embargo, más tarde diferentes funcionarios del gobierno recalcaron que el `complot terrorista' no llegó más allá de `pláticas, en palabras del subsecretario de Defensa, Paul D. Wolfowitz".
Michael Mobbs --el funcionario de Bush que defendió el negarle a Padilla el derecho a tener un abogado-- citó ante la corte información de inteligencia que supuestamente liga a Padilla con Al-Qaeda y el complot de detonar una "bomba sucia". El gobierno dice que dicha información viene de Abu Zubayda, acusado de ser un líder de Al Qaeda y detenido en algún lugar secreto. Sin embargo, el New York Times señaló que Zubayda no identificó específicamente a Padilla y que en el pasado ha dado información que resultó ser falsa.
El gobierno no quiere dar información sobre las fuentes por razones de "seguridad nacional". Pero como el Times escribió: "Mobbs dijo que dos de las fuentes probablemente no fueron `completamente honestas' y querían dar desinformación. Una fuente se retractó y otra estaba recibiendo tratamiento `con varias drogas' para un problema de salud". El Times también señaló: "La declaración de Mobbs no mencionó un dato de la orden de arresto del Sr. Padilla... En opinión de los informantes del gobierno, el Sr. Padilla no estaba dispuesto a morir por la causa".
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Estos pasos para expandir el poder de la rama ejecutiva son sumamente peligrosos. Dicho peligro aumentará sobremanera si ahora la Suprema Corte avala las medidas de esta administración.