Obrero Revolucionario #1245, 4 de julio, 2004, posted at http://rwor.org
Han salido a la luz documentos secretos que demuestran que la tortura sistemática de presos en Irak y Afganistán --y el asesinato de docenas de presos-- no es culpa de unos cuantos "soldados malos". Al contrario, los soldados seguían normas establecidas por los niveles más altos del gobierno.
Hace poco un documento fechado 6 de marzo de 2003 y titulado "Informe del grupo de trabajo sobre la interrogación de presos en la guerra global contra el terrorismo" se filtró al periódico Wall Street Journal , que lo publicó el 7 de junio. Es el último de una serie de memorandos, todos escritos después del 11 de septiembre, que autorizan la tortura. (Vean el artículo "Secret Memos Connect Bush and the Global Campaign of Torture" del RW No.1242 y en rwor.org).
Este memorando es obra de un equipo del Pentágono dirigido por el abogado principal del Departamento de Defensa, William J. Haynes II. Al recibir el documento, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, inmediatamente lo clasificó de "secreto". Aunque habla específicamente de la cárcel militar de Estados Unidos en Guantánamo, el documento plantea argumentos jurídicos y métodos de tortura que pronto se aplicaron a Irak.
Este y otros documentos proponen una nueva definición más laxa de tortura con el fin de "legalizar" varios castigos brutales, humillantes y mortales. También presentan una lógica que coloca el poder ejecutivo, y al presidente en particular, por encima de la ley y las prácticas establecidas, y de las otras ramas del gobierno. Las consecuencias van mucho más allá de la tortura de presos: muestran un estado policial en ciernes. Forman parte de un grupo de medidas que buscan concentrar mayor poder en la rama ejecutiva y el aparato represivo del estado.
El memorando del 6 de marzo de 2003 se elaboró porque los comandantes de Guantánamo se quejaban de que los interrogadores no sacaban la información necesaria con los métodos "convencionales". El Wall Street Journal escribió: "Un oficial que participó en la elaboración del informe dijo que se escribió porque los interrogadores, frustrados, empezaron a aplicar métodos poco ortodoxos a los presos intransigentes. `Habíamos trabajado por más de un año sin sacarles nada', así que los oficiales concluyeron que `era necesario tener un concepto más flexible acerca de qué es y no es tortura... Todos nos rompíamos la cabeza pensando cómo presionarlos más'".
La convención de Ginebra, firmada por Estados Unidos, era un problema para los militares pues la tercera convención dice que a los presos de guerra y los insurgentes capturados no se debe "amenazarlos, insultarlos o exponerlos a ninguna forma de tratamiento desagradable o perjudicial" para hacerlos hablar. Asimismo, la cuarta convención dice que "no se debe ejercer ninguna coacción física ni moral contra" una población sometida a una ocupación, en particular "para sacar información de individuos o terceros".
Washington es signatario también del Convenio de la ONU contra la tortura (1994), que dice: "Ninguna circunstancia excepcional, sea la guerra o la amenaza de guerra, la inestabilidad política interna o una emergencia, es aceptable como justificación de tortura". También dice que seguir órdenes superiores "tampoco es justificación de tortura" y que la violación de estas convenciones puede considerarse un delito e incluso un crimen de guerra. Además, el estatuto contra la tortura del propio gobierno estadounidense define la tortura como cualquier acto cometido con la intención de "causar fuerte dolor o sufrimiento físico o mental", y que se puede castigar con 20 años de cárcel y la cadena perpetua o la pena de muerte si la víctima muere.
El memorando del 6 de marzo demuestra que las fuerzas de la clase dominante imperialista que llevan la batuta - -empeñadas en proyectar el poderío de Estados Unidos con más fuerza en el mundo, y resueltas a aplastar cualquier obstáculo-- veían que esas leyes y tratados eran impedimentos que había que descartar.
El memorando hizo exactamente eso: propuso una nueva definición de tortura, planteó una serie de argumentos jurídicos para limitar o pasar por alto las leyes que prohiben la tortura (dando a la rama ejecutiva un poder ilimitado) y sugirió varias defensas para los implicados, altos oficiales y torturadores por igual.
El Wall Street Journal escribió en un titular que "[El memorando] Establece un marco para el uso de tortura". Al mes siguiente, Donald Rumsfeld autorizó 24 métodos de interrogación nuevos... y secretos. Durante ese período las tropas de ocupación empezaron a hacer redadas masivas de iraquíes.
El gobierno quiere tapar esos horrores diciendo que rechaza la tortura y que aplica métodos "humanitarios". Pero no quiere divulgar esos métodos ni publicar ningún memorando sobre el tema, como el apéndice (de más de 40 páginas) al documento del 6 de marzo donde se detallan las prácticas autorizadas.
El memorando del 6 de marzo busca superar, desde varios ángulos, los límites a la tortura impuestos por leyes y tratados pasados.
Ante todo, dice el Wall Street Journal , plantea que "el presidente tiene el poder casi ilimitado de librar guerras de la manera que considere apropiada y ni el Congreso, los tribunales ni el derecho internacional deben interferir en eso"; por lo tanto, concluye que "el estatuto federal sobre la tortura no pone límites al presidente ni tampoco al que sigue sus directrices". Todo eso se justifica con el pretexto de "obtener información esencial para la protección de miles de ciudadanos estadounidenses" y con el argumento de que el presidente, en capacidad de comandante en jefe, tiene poderes ilimitados en tiempos de guerra.
Un abogado militar que participó en la preparación del memorando dijo que la jefatura del Pentágono quería imponer "el poder presidencial en su nivel máximo".
El memorando afirma que el Congreso no puede hacer nada frente a tal imposición de poder presidencial. Dice: "Cualquier intento del Congreso de condicionar la interrogación de combatientes ilegales viola la autoridad singular que la Constitución le da al presidente como comandante en jefe". Afirma que el presidente tiene "una posición que según la Constitución es superior" a la del Congreso y una "autoridad inherente" para librar la guerra, mientras que "el Congreso no tiene la autoridad de poner términos y condiciones al ejercicio del poder presidencial, como comandante en jefe, de controlar las operaciones de guerra".
El memorando prevé la necesidad de tener varias defensas para los acusados de tortura: una prueba más de que la intención del gobierno desde un principio fue torturar a los detenidos. Recomienda preparar "defensas" tanto para los líderes del gobierno como para los torturadores.
Por ejemplo, recomienda citar la "necesidad" de torturar para sacar información que podría impedir un ataque. O aducir "órdenes superiores"; es decir, que los torturadores simplemente estaban cumpliendo órdenes de otras personas. Este es el mismo argumento que los nazis plantearon durante el juicio que se les hizo en Nuremburg [al final de la II Guerra Mundial - nota del traductor]; en Nuremburg lo rechazaron, pero ahora Bush y compañía lo están resucitando.
Los autores del memorando dicen que "principios constitucionales" impiden castigar a funcionarios "que ayudan al presidente a ejercer sus poderes constitucionales exclusivos" y que ni el Congreso ni los tribunales pueden "juzgar a dichos funcionarios ni recomendarlo".
El memorando recomienda que para proteger a sus subalternos y compinches, Bush dé una orden presidencial que autorice la tortura. Eso sería válido, según el memorando, porque la autoridad de descartar leyes es "inherente a la presidencia". No se sabe si Bush dio tal orden o no.
El memorando del 6 de marzo también intenta legalizar la tortura con una nueva definición. Las leyes actuales dicen que torturar es causarle dolor y sufrimiento a una persona. El memorando dice: "Causarle dolor o sufrimiento, físico o mental, a una persona no es en sí razón suficiente para clasificar la acción como tortura". Dice que el sufrimiento tiene que ser "grave" y "de tal nivel de intensidad que es difícil aguantarlo". Esto abre las puertas a toda clase de maltratos y les da a los torturadores la decisión de qué puede "aguantar" una persona.
Las leyes actuales dicen que es tortura administrar o amenazar con administrar a una persona "sustancias que alteran sus sentidos u otros procedimientos con la intención de perturbar su personalidad". Los abogados de Bush dicen que la ley "no prohíbe toda clase de drogas" y que "la perturbación en sí de los sentidos o la personalidad no es razón suficiente" para llamarla tortura. Proponen una definición más laxa: para considerarse tortura, las drogas o el estrés psicológico "deben afectar la capacidad de una persona de percibir el mundo que le rodea". De nuevo, esto autoriza más formas de violencia y la decisión queda en manos de los interrogadores.
Los círculos jurídicos, tanto progresistas como convencionales, se sorprendieron por el alcance de los argumentos y por la brusca ruptura con tradiciones y prácticas legales.
He aquí los comentarios de varios expertos citados el 6 de junio en el Los Angeles Times . Un experto en derecho militar de la Universidad Tufts dijo que el memorando era "una declaración de poder ejecutivo ilimitado". Un profesor de derecho de la Universidad de Texas dijo: "Está mal. Simplemente no puede ser correcto que el presidente haga lo que se le antoja sin importarle la legalidad de la acción". Un ex juez militar de la Infantería de la Marina afirmó: "Nunca he visto tal argumento: que el poder bélico del comandante en jefe esté por encima de la Convención de Ginebra". Un juez militar de la Marina (jubilado) preguntó: "Si la autoridad inherente del presidente como comandante en jefe está por encima del derecho nacional e internacional, ¿dónde se pondrá el límite? Si cada soberano puede pasar por alto las leyes, entonces la ley tiene aplicación".
Hasta el periódico Washington Post , muy a favor de la guerra, comentó que el memorando sigue "la lógica de regímenes criminales y dictaduras por todo el mundo que justifican la tortura por razones de `seguridad nacional'".
El gobierno de Bush sigue negándolo todo y dando "aclaraciones", pero oculta el alcance de la tortura en Irak y las pistas que conducen a altos niveles de la Casa Blanca, el Pentágono y el mismito Bush. Con vehemencia, rehúsa divulgar los métodos nuevos de interrogación.
Las declaraciones del secretario de Justicia, John Ashcroft, ante una comisión del Senado el 8 de junio son un ejemplo típico de dichas mentiras.
Ashcroft dijo: "Esta administración rechaza la tortura". Agregó: "El presidente de Estados Unidos no ha ordenado ninguna conducta que viole la Constitución del país, las leyes estatuidas por el Congreso ni los varios tratados internacionales". Sin embargo, no quiso hablar de los memorandos que ha obtenido la prensa ni de los argumentos que plantean. No quiso entregar ningún memorando al Congreso ni dar razón legal para no hacerlo (como el privilegio ejecutivo). En fin, Ashcroft demostró con sus propias acciones la perspectiva de Poder-Ejecutivo-por-encima-de-todo que plantea el memorando del 6 de marzo de 2003.