Obrero Revolucionario #1246, 18 de julio, 2004, posted at http://rwor.org
El 28 de junio la Suprema Corte falló sobre tres demandas que cuestionan el derecho del presidente a mandar a las fuerzas armadas a secuestrar individuos, tildar a los capturados de "combatientes enemigos" y encarcelarlos indefinidamente sin acusación, sin abogado y sin revisión de la rama judicial. Las demandas tienen que ver con los centenares de presos extranjeros que están en la base naval de Guantánamo, Cuba, y con dos ciudadanos estadounidenses (José Padilla y Yaser Hamdi) que están presos en la base naval de Charleston, Carolina del Sur.
Los medios informaron que los fallos de la Suprema Corte son un gran revés para la rama ejecutiva y el poder de George Bush, y citaron una declaración de la magistrada Sandra Day O'Connor: "Un estado de guerra no le da al presidente un cheque en blanco para violar los derechos de los ciudadanos".
Pero mencionaron muy poco otras declaraciones de O'Connor, como por ejemplo que "no hay nada que prohíba que el gobierno declare que un ciudadano es combatiente enemigo" y que, en contraste con la norma del derecho estadounidense de que uno es "inocente hasta que se pruebe que es culpable", en estos casos le toca al acusado demostrar que no es "combatiente enemigo".
En un artículo del periódico Wall Street Journal,John Yoo, hasta hace poco subsecretario de Justicia, dijo: "Los magistrados reconocieron implícitamente que el gobierno puede utilizar todas las armas a su disposición para combatir una nueva clase de enemigo. La Corte dijo claramente que hemos dejado atrás los días en que el terrorismo era responsabilidad exclusiva de las dependencias policiales, el FBI, los fiscales federales y el sistema penal".
La Suprema Corte no le dio al presidente un cheque en blanco, pero sí le dio una tarjeta de crédito de platino sin tope. La Corte no es árbitro neutral sino parte integral del estado capitalista encargada de velar más por los intereses a largo plazo de la clase dominante que por los asuntos diarios del gobierno. (Pero se metió en el conflicto de las elecciones del 2000 y le dio la Casa Blanca a George Bush).
La meta de la Corte era resolver ciertas contradicciones para la clase dominante que han surgido de la política de guerra y represión de Bush, Cheney y Rumsfeld. Una contradicción es que hay ciudadanos de los países aliados en Guantánamo, en violación del derecho internacional. El primer ministro británico, Tony Blair, por ejemplo, ha tenido muchos problemas políticos porque los ciudadanos ingleses que están en Guantánamo no tienen derechos jurídicos.
Además, en respuesta al escándalo de la tortura de los presos del penal Abu Ghraib en Irak, la Corte buscaba hacer algunos cambios cosméticos.
El 27 de mayo, unos pocos días antes de estallar el escándalo, la magistrada Ginsburg le preguntó al abogado de la rama ejecutiva: "Si la ley es lo que la rama ejecutiva diga que es, y si puede hacer lo que piense que es necesario y apropiado. ¿pues qué impide la tortura?" Este respondió: "Bueno, hay tratados internacionales". Pero ahora se sabe que en ese mismo momento, otros funcionarios del gobierno preparaban memorandos para pasar por alto los tratados internacionales y permitir la tortura de los presos.
El caso de José Padilla cuestiona directamente el derecho del presidente a arrestar a ciudadanos y detenerlos sin acusarlos. El FBI arrestó a Padilla y lo entregó a las fuerzas armadas cuando él apeló a los tribunales. La Suprema Corte esquivó el tema de "combatientes enemigos" completamente con la excusa de que Padilla no entabló la petición en el estado donde está ahora. Así que Padilla, que lleva dos años en la cárcel, seguirá preso y tiene que empezar de nuevo una nueva petición.
A Yaser Hamdi lo capturaron fuerzas afganas aliadas con Estados Unidos. En este caso, la Corte estableció normas para el tratamiento de "combatientes enemigos": que deben tener abogado y una oportunidad de apelar a una "autoridad neutral".
Los magistrados presentaron cuatro opiniones sobre estos temas:
Primero, el magistrado Thomas apoyó cien por cien la posición de Bush de que los tribunales no deben restringir el derecho del presidente a "combatir el terrorismo".
Segundo, los magistrados Scalia y Stevens escribieron que, a menos que el Congreso suspenda el derecho de habeas corpus, el presidente no tiene derecho de detener a ciudadanos estadounidenses y declararlos "combatientes enemigos". Agregaron que si hay prueba de que una persona peleó del lado de una fuerza enemiga, deben juzgarla en los tribunales por traición a la patria.
Tercero, los magistrados O'Connor, Rehnquist, Kennedy y Breyer escribieron que el presidente sí tiene derecho de encarcelar sin juicio, pero que el acusado también debe poder apelar que lo clasifiquen de "combatiente enemigo". Explicaron que eso no quiere decir que tenga derecho a un juicio: como la meta del encarcelamiento es que el "combatiente enemigo" no vuelva a pelear contra Estados Unidos, no es una forma de castigo y no merece los derechos de un acusado.
Cuarto, los magistrados Souter y Ginsburg escribieron que solo el Congreso tiene el derecho de declarar que una persona es "combatiente enemigo". La administración de Bush dijo que cuando el Congreso aprobó las operaciones militares en septiembre de 2001, le dio ese derecho al presidente implícitamente. Souter y Ginsburg contestaron que ese derecho tiene que ser explícito, y que de todos modos los presos deben tener abogados y una oportunidad de apelar.
Así que a raíz de este fallo: (1) un preso en territorio estadounidense designado como "combatiente enemigo" tiene derecho a consultar con un abogado y apelar a una "autoridad neutral", y (2) el presidente puede declarar que una persona (incluso un ciudadano) es "combatiente enemigo" y detenerlo "mientras dure la guerra". incluso si dura generaciones, como el gobierno ha dicho que será la "guerra contra el terrorismo".
La Suprema Corte no criticó, y de hecho apoyó, los nuevos "poderes de guerra" que se ha otorgado la rama ejecutiva para tratar a los "enemigos" de la manera que quiera, fuera del alcance del derecho nacional o internacional. Esto puede llevar a despachar a las fuerzas armadas contra la oposición política y a designar como "combatientes enemigos" a los que se oponen a la guerra e intervención militar con la justificación de que apoyan a los enemigos del gobierno.
En pocas palabras, la Suprema Corte no hizo nada para frenar la carrera hacia una forma de gobierno más fascista.
La Casa Blanca ha dicho que los 600 presos de 42 países que están actualmente en Guantánamo no caen bajo la jurisdicción de los tribunales estadounidenses ¡porque la base es "territorio cubano"! La Suprema Corte dijo que no es así, que los tribunales sí tienen jurisdicción y que los presos tienen derecho a apelar si reciben el status de "combatiente enemigo".
Pero no dijo que tienen derecho de apelar a los tribunales civiles. O'Connor escribió: "Es posible que un tribunal militar cumpla los requisitos que hemos establecido.Un tribunal que recibe una petición de habeas corpus de un presunto combatiente enemigo debe garantizar los procedimientos justos de la ley". O sea, O'Connor le dijo a la administración: "Si no quieren que los tribunales civiles revisen estos casos, hay que establecer tribunales militares lo antes posible".
O'Connor explicó que tales tribunales militares no tienen que proteger los derechos de los presos: "Las audiencias para los combatientes enemigos se pueden tramitar de tal manera que no sean una carga para la rama ejecutiva en tiempos de conflicto militar. Por ejemplo, se puede aceptar testimonio de oídas como prueba fidedigna. Igualmente, no sería inconstitucional darle más peso a las pruebas del gobierno. y el acusado debe presentar pruebas más convincentes".
Esto es una negación de la justicia. ¿Cómo van esos presos --que llevan más de tres años aislados, sin abogados, familiares, investigadores, periódicos, correo o teléfonos-- a probar que NO son "combatientes enemigos"?
La administración captó la onda. El 7 de julio, el Departamento de Defensa creó tribunales militares de tres oficiales militares para revisar el status de los combatientes. Supuestamente son la "autoridad neutral" a la que pueden apelar los presos de Guantánamo. El Pentágono explicó que son "neutrales" ¡porque los oficiales no tienen "interés personal" en ningún acusado específico!
También se anunció que van a acusar a más presos de Guantánamo de delitos y a juzgarlos ante un tribunal militar de cinco oficiales, que podría sentenciarlos a muerte.
La Suprema Corte cerró los ojos completamente ante lo más escandaloso: que los centenares de presos de Guantánamo y los dos ciudadanos estadounidenses presos de las fuerzas armadas son "sospechosos" de poca monta. Los presos más importantes, como los dirigentes de los talibanes, de Al Qaeda y de la resistencia iraquí, están en lugares secretos en otros países donde los pueden torturar sin preocuparse de derechos o denuncias. El 13 de mayo el programa "The Disappeared" de Nightline (ABC News) informó que a comienzos de 2002 Bush firmó una orden que le permitió a la CIA apoderarse de esos presos y trasladarlos a gusto.