A un año de la desaparición de los 43 estudiantes
Un informe hace trizas las mentiras del gobierno mexicano
23 de septiembre de 2015 | Periódico Revolución | revcom.us
Manifestación en la Ciudad de México el febrero de 2015. (Foto: AP)
Apesta tanto el hedor de encubrimiento de parte del estado mexicano por su papel central en el asesinato y desaparición de los estudiantes del normal de Ayotzinapa, Guerrero, que incluso los organismos mundiales oficiales no podían hacerlo caso omiso.
Hace un año, el gobierno mexicano envió a 10.000 soldados a la zona alrededor de Iguala en el estado sureño mexicano de Guerrero para supuestamente buscar a los 43 estudiantes que la policía se había llevado en furgonetas policiales después de atacarlos salvajemente, junto con sicarios, en los autobuses que los estudiantes se habían tomado, cual matanza mató a tres estudiantes y tres transeúntes e hirió a 40 estudiantes. Las colinas alrededor de Iguala apestaban de decenas de fosas comunes y cientos de cadáveres aún no identificados, desenterrados en gran parte por voluntarios y familiares de los miles de desaparecidos. Pero la campaña militar realmente tenía el objetivo de suprimir la furia y determinación de las familias y los compañeros de clase de las víctimas, y por meses el estado se negó específicamente a investigar la base militar cerca del ataque.
El 6 de septiembre, el grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe sobre el ataque del 26 de septiembre del 2014.
El equipo de expertos pasó 6 meses entrevistando a testigos y detenidos y revisando las pruebas y conclusiones del gobierno. Sus resultados —que confirman lo que los que han investigado el caso han descubierto desde el ataque mismo— indican que hay un encubrimiento gubernamental que se basa en el testimonio sacado bajo tortura de testigos claves, y en la destrucción, supresión y distorsión de pruebas indispensables, todo con el fin de concluir que los únicos responsables eran los políticos corruptos locales que trabajaban con la policía local y los narcotraficantes, y que no había ninguna participación directa de parte de la policía federal ni el ejército mexicano.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU pidió que México acatara al informe y garantizara que todas las actuaciones “incluyendo aquellas que involucren a autoridades militares se realicen por el gobierno de manera diligente y exhaustiva” (énfasis nuestro).
La historia oficial
El gobierno mexicano ha presentado varias historias contradictorias. Aunque los normalistas salían de Iguala tras recaudar fondos en las calles, la inicial historia del gobierno fue que el ataque tuvo lugar para impedir que los estudiantes interrumpieran un discurso de la esposa del alcalde de Iguala. Otra historia asevera que los normalistas fueron infiltrados por una banda de narcos rivales al dominante cártel de la región, los Guerreros Unidos. El alcalde, su esposa y su familia eran líderes del cártel. La pareja fue detenida, que permanece encarcelada.
Según este relato, sicarios del cártel sacaron de la comisaría de policía a los 43 estudiantes, los mataron, los incineraron y tiraron los restos quemados al río. Buena parte de “las pruebas” del gobierno proviene de declaraciones de personas arrestadas e interrogadas por la policía federal. Cuando se sacaron a la luz las flagrantes contradicciones en la historia oficial, el presidente Enrique Peña Nieto insistió en que ya era el momento “para que vayamos hacia delante” para “superar este momento de dolor”.
Las conclusiones del informe internacional
Las conclusiones de la CIDH han revelado al público internacional lo que los investigadores independientes mexicanos habían demostrado hace mucho: Hay abundante evidencia de que lejos de ser un crimen cometido por funcionarios “locales”, la masacre fue supervisada y llevada a cabo por la policía federal y el ejército mexicano.
- El informe de la CIDH explicó que los estudiantes ni siquiera llegaron a Iguala sino hasta hora y media después de haber terminado el discurso de la esposa del alcalde, lo que desmiente las mentiras del gobierno. Lo más importante: El informe demuestra que la policía federal y agentes de inteligencia militar de la base militar de Iguala monitorearon a los estudiantes desde el momento que partieron de la escuela y que hablaron de lo que veían a través de un canal conocido como el C4 que conecta a los militares con la policía federal y local. El alcalde de Iguala hizo llamadas telefónicas a la policía estatal y federal y a la base militar inmediatamente después del comienzo del ataque, lo que duró tres horas.
- Las pruebas de que el ejército participó directamente en la matanza de los normalistas han sido reforzadas por la investigación de Anabel Hernández y Steve Fisher, ambos catedráticos con el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, que concluyó que los casquillos recogidos en la escena son de armas que usan los militares mexicanos.
- El gobierno afirma que tiene pruebas de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero en el cercano pueblo de Cocula. Un par de fragmentos de huesos quemados que el gobierno afirmó que se encontraron en el río fueron identificados por expertos internacionales en ADN como pertenecientes a uno de los estudiantes desaparecidos; y este mes otro fragmento pequeño fue identificado que tiene una posibilidad “moderada” de pertenecer a otro estudiante. El informe de la CIDH concluye que era imposible que una hoguera de la magnitud necesaria para incinerar y completamente desaparecer a 43 cuerpos haya ocurrido en ese basurero remoto. Y encontraron que el único fragmento de hueso concreto (encontrado el año pasado) no fue quemado a una temperatura consistente con una incineración, ni hay evidencia de que fue encontrado en este sitio.
La historia oficial se basa en la tortura
El gobierno mexicano ha utilizado las confesiones de cuatro sospechosos que identifica como miembros del cártel que presuntamente mató a los estudiantes, como evidencia crucial para su versión de los hechos. Pero entrevistas con los sospechosos y sus familias han demostrado que en realidad son trabajadores de construcción empobrecidos que niegan ser sicarios y dicen que “confesaron” después de ser torturados salvajemente.
A estos cuatro testigos los golpearon repetidamente, los sofocaron envolviéndoles la cabeza en bolsas, y les dieron choques eléctricos en sus genitales. Les amenazaron con hacer lo mismo a sus esposas e hijos. Un examen médico de los hombres encontró agujeritos de alfileres que corresponden a descargas eléctricas, y el número de heridas en los cuatro fueron 72, 42, 94 y 60.
¿Cuál será el motivo de un encubrimiento tan elaborado, lo que probablemente incluya “la siembra” de fragmentos óseos de al menos uno de los normalistas encima de los miles de restos no identificados en el río? Aunque no se sabe con certeza, tanto los expertos científicos como la trayectoria histórica indican la lógica de que los estudiantes fueron incinerados o desaparecidos de otro modo en una base militar. Un ex general informó que él, personalmente, sabía que en las décadas de 1960 y 70 disidentes fueron quemados en secreto en crematorios en las bases militares.
¿Qué pasó en realidad?
Los estudiantes de Ayotzinapa se habían tomado autobuses para viajar a una manifestación a los pocos días en la Ciudad de México en conmemoración de la masacre de estudiantes en Tlatelolco por el ejército mexicano durante el inicio de los Juegos Olímpicos de 1968. Esta toma de autobuses, y la recaudación de fondos entre los automovilistas, es una tradición entre los jóvenes en México. Mientras que la investigación federal sólo menciona cuatro autobuses, estudiantes y otros testigos dicen que habían tomado cinco. El informe encontró que la policía federal detuvo a uno de los cinco autobuses en que los estudiantes viajaban. Los estudiantes en el quinto autobús dicen que la policía detuvo el autobús y los obligó a bajarse, y salieron corriendo. No se ha visto ese autobús desde entonces. La teoría del informe es que los estudiantes habían tomado uno o varios autobuses que transportaban heroína con destino al Medio Oeste de Estados Unidos, o el dinero del narcotráfico enviado de vuelta.
Según el informe, “Información pública muestra que Iguala es un punto de embarque y transporte de drogas, especialmente la heroína, a Estados Unidos, y especialmente Chicago”. Y según la declaración jurada de un agente de la DEA [Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos] del año pasado, el presunto jefe local de los Guerreros Unidos en Chicago “trabajó con las personas en México y en el área de Chicago para transportar y distribuir narcóticos que se ocultaban en autobuses comerciales de pasajeros que viajaban entre México y Chicago”.1
Este quinto autobús desaparecido y su posible cargamento de drogas ocultas puede ser UNO de los factores detrás de lo sucedido aquella noche en Iguala, pero la hipótesis de que es “la explicación más plausible” ni siquiera aborda el contexto histórico de la represión de estos normalistas en particular.
¿POR QUÉ los militares y la policía federal ya coordinaban la vigilancia de los normalistas por el canal C4 mucho antes de que tomaran los autobuses?
¿POR QUÉ la policía mató a balazos a dos normalistas de Ayotzinapa durante una protesta en 2013?
¿POR QUÉ los políticos nacionales trataron inmediatamente de utilizar la crisis en Iguala como excusa para pedir el cierre de esta y otras escuelas normales rurales?
La verdad, la que ningún “organismo oficial” quiere abordar, es que las escuelas normales rurales de México son un semillero de ideas y organización radicales y revolucionarias, con profundas raíces en el campesinado indígena y empobrecido. Por esa razón, junto con un importante y extensivo programa neoliberal en México que rompe con aspectos de la afirmación histórica de parte del estado de que encarna la institucionalización de la revolución, ha tenido lugar un esfuerzo concertado para cerrar o limitar severamente las escuelas normales rurales y reprimir el movimiento independiente magisterial.
Los familiares convocan grandes movilizaciones con motivo del primer aniversario
Chicago, 4 de abril de 2015: María de Jesús Tlatempa Bello, madre del normalista desaparecido, José Eduardo, habla ante una marcha y mitin en apoyo de los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados y aparentemente masacrados en el sur de México. Una de las consignas principales de Caravana43: "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!" Foto: Especial de revcom.us
Durante el año pasado, la gente en docenas de ciudades y pueblos ha arrancado el control de sus comunidades a los carteles narcotraficantes organizados y las autoridades que son parte de estos. Al aproximarse las elecciones de junio, se libró una lucha fuerte y controvertida en un número de áreas en el sur de México, las fuerzas y maestros de Ayotzinapa siendo un elemento clave, para boicotear e impedir las elecciones, denunciarlas como una farsa, expulsar a los organizadores de los partidos electorales, ocupar los lugares de votación, destruir las urnas y defenderse de la dura represión de miles de soldados y fuerzas de asalto paramilitares organizados por el estado. El gobierno y ejército mexicanos han respondido con la represión aún más flagrante y la persecución y asesinato de personas en estos movimientos en varios enfrentamientos.
En respuesta a la desaparición de los 43 normalistas, las familias y compañeros de clase de los desaparecidos han organizado caravanas internacionales que han dado discursos en ciudades principales de Estados Unidos, América Latina y Europa, pidiendo a la gente de todo el mundo a apoyar su demanda por la justicia. Atraen la atención del mundo a los crímenes en México que los cárteles narcotráficos llevan a cabo con la complicidad de funcionarios gubernamentales, lo que ha convertido a gran parte de México en una zona de guerra y un cementerio. Y crea problemas políticos para los gobiernos de México y Estados Unidos a nivel internacional.
Las familias han exigido que Estados Unidos dejara de financiar el ejército mexicano que ha sido cómplice de los carteles de drogas en los asesinatos de más de 100.000 personas en México y la desaparición de más de 25.000 en los últimos ocho años. Para algunas personas, esto refleja una esperanza de que Estados Unidos obligue al gobierno mexicano a actuar en los intereses del pueblo mexicano. Otros comienzan a reconocer que los imperialistas estadounidenses no pueden ser parte de “la solución”; que en realidad ellos son la mayor parte del problema. También es significativo que las caravanas han rechazado específicamente la idea de confiar en alguno de los partidos electorales ni los políticos.
En nombre de la financiación de “la guerra contra el narcotráfico” de México y “asegurar la frontera”, Estados Unidos dio mil millones de dólares al anterior régimen mexicano de Felipe Calderón, y ahora da dinero al gobierno actual de Peña Nieto, junto con armas y tecnología para equipar y entrenar al ejército, la marina, y la policía federal, estatal y municipal mexicanos — las mismísimas fuerzas profundamente cómplices de los cárteles de drogas. Este respaldo importante se basa en los intereses de los imperialistas estadounidenses en mantener su dominación y control sobre México.
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El 26 de septiembre tomarán lugar grandes movilizaciones internacionales con motivo del primer aniversario de este crimen del estado mexicano. Las personas en todo el mundo deberían unirse a los que están denunciando esta atrocidad y el papel de los gobiernos de México y Estados Unidos detrás de la misma, y apoyar las demandas:
¡Alto a la guerra contra el pueblo!
De Iguala a Los Pinos, ¡cárcel a los asesinos! ¡Todo el pinche sistema es culpable!
¡El Estado no es omiso, es criminal! ¡Sólo el pueblo hará justicia!
1. “New Report Offers Most Plausible Explanation Yet for Attack on 43 Mexican Students” [Nuevo informe ofrece la explicación más plausible hasta ahora para el ataque contra los 43 estudiantes mexicanos”, Roque Planas, huffingtonpost.com, 9/9/2015.] [regresa]
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