La intensificación de las medidas represivas de Trump y Pence:
Diez días de viles maniobras contra los derechos y la vida de los negros, inmigrantes y manifestantes
17 de mayo de 2017 | Periódico Revolución | revcom.us
En la última semana, Trump y su administración estaban enredados en la controversia que ha estallado a raíz del despido del director del FBI, James Comey. Pero el régimen de Trump y Pence está avanzando con medidas fascistas, en particular medidas para cercar y reprimir a los negros y latinos, inmigrantes y otros oprimidos. Entre las maniobras en tan solo los últimos 10 días bajo el régimen fascista de Trump y Pence figuran:
1. Aplicar las políticas draconianas de la guerra contra las drogas
El 11 de mayo, el procurador general Jeff Sessions emitió un memorando a los fiscales federales en todo Estados Unidos que les ordenó levantar los cargos más graves posibles a las personas arrestadas por delitos de drogas y volver a instituir las penas mínimas obligatorias, lo que significa que más gente irá a dar a la prisión y recibirá penas mucho más largas. El memorando de Sessions revierte explícitamente un memorando de 2013 emitida por el procurador general de Obama, Eric Holder, que les dijo a los fiscales que omitieran, en algunos casos, información sobre la cantidad de drogas a fin de no causar penas obligatorias largas, y recomendó penas más cortas para los infractores no violentos por drogas. Este memorando también dijo que los acusados que no formen parte de las grandes organizaciones del narcotráfico calificaron para cargos menores y menos tiempo de prisión. El memorando de Sessions ahora requerirá penas mínimas obligatorias, típicamente vinculadas a la cantidad de drogas. Implementará las políticas más draconianas de la guerra contra las drogas, las que han sometido a las personas condenadas por delitos menores y no violentas por drogas a duras penas injustas. Durante décadas, estas políticas han impulsado enormemente la encarcelación en masa, con efectos desproporcionados a los negros y los latinos.
Ahora aún más negros y latinos, especialmente los jóvenes encerrados en las mazmorras de Estados Unidos, tendrán la vida arruinada y descartada, pasando años o décadas tras rejas, incluso por delitos menores por drogas como la posesión de pequeñas cantidades de mariguana. Y esto seguirá repercutiendo en las comunidades negras y latinas, donde las familias perderán padres, madres, hijos e hijas. Es un programa genocida.
2. Las maniobras para quitarles el derecho de votar a los negros, latinos y otra gente de color
Trump creó una nueva comisión el 11 de mayo para investigar el supuesto fraude electoral. Su verdadero propósito: promover la supresión de los votantes y validar la mentira de Trump de que tres millones de personas votaron ilegalmente en las elecciones de 2016. Trump nombró a Mike Pence, su vicepresidente fascista cristiano, y Kris Kobach, un notorio supresor del derecho a votar, para encabezar la comisión.
Las medidas para suprimir el derecho a votar históricamente han afectado a la gente pobre y a los negros y otras nacionalidades minoritarias. Los estudios demuestran que las leyes de identificación de votantes, que requieren evidencia de ciudadanía, afectan desproporcionadamente a los negros y los latinos, para quienes es más probable que no puedan conseguir identificación aprobada oficialmente o quienes tienen otras dificultades para adquirir tales documentos. Un estudio descubrió que las estrictas leyes de identificación duplicaron la brecha de participación entre blancos y latinos en las elecciones generales y casi duplicaron la brecha entre blancos y negros en las elecciones preliminares. Las leyes estatales que niegan el derecho a votar para las personas con antecedentes penales también han privado de este derecho a millones de personas y han creado una situación en la que el 13 por ciento de los hombres negros han perdido el derecho a votar.
Kobach está en la posición de testaferro de las maniobras del régimen de Trump y Pence para suprimir el derecho a votar de manera aún más enérgica. En 2016, un tribunal de apelaciones de circuito dictaminó que Kobach, el secretario de Estado por Kansas, había participado en “la negación en masa de un derecho constitucional fundamental” al impedir que 18.000 solicitantes de votar se registraran en ese estado. Kobach es un gran defensor de las leyes de identificación de votantes. En Kansas, los afroamericanos constituyen el seis por ciento de los que podrían calificarse para votar, pero el 18 por ciento de los que carecen de documentos como actas de nacimiento o pasaportes. En 2010, cuando Kobach era profesor de derecho, redactó la notoriamente racista ley de “muéstreme sus papeles” de Arizona (luego anulada por la Suprema Corte de Estados Unidos en parte por ser inconstitucional). Esta medida, contra los inmigrantes y los latinos, les dio a los policías la facultad de exigir evidencia de ciudadanía a cualquiera que sospecharan de estar ilegalmente en Estados Unidos.
Todo el proceso electoral sirve para atraer a la gente hacia los confines mortales del sistema capitalista-imperialista, y permite que los gobernantes digan que representan la “voluntad del pueblo” mientras llevan a cabo una brutal explotación y opresión en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero todos deberían tener el derecho democrático de votar, y es un ultraje que se está negando este derecho, por el que los negros y otros lucharon y murieron.
3. Reprimir a los inmigrantes
El 7 de mayo, el gobernador fascista cristiano de Texas, Greg Abbott, firmó la SB4, una ley cruelmente anti-inmigrante que prohíbe las ciudades santuario, o sea, las ciudades que no cooperan con los agentes federales de inmigración. Trump había emitido una orden ejecutiva, ahora ante los tribunales, que amenazaba con recortar los fondos federales a las ciudades santuario. La SB4 es la primera ley que obliga a los organismos policiales estatales a acatar las órdenes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (la Migra; ICE) de que una persona encarcelada o detenida por cualquier motivo sea retenida hasta que las autoridades federales verifiquen su condición migratoria. La ley de Texas implicará la rápida detención y deportación de más padres de familia, sin siquiera que sus hijos sepan qué les pasó. En todo Estados Unidos, los inmigrantes viven bajo el temor constante de que pueden ser detenidos en cualquier momento o lugar y ser deportados. En Towson, Maryland, los agentes del ICE detuvieron a unas personas que salían del juzgado, entre ellas un inmigrante que acababa de pagar una infracción por conducir con la licencia suspendida.
4. La penalización de la protesta pacífica
Oklahoma llevó a nuevos extremos las medidas represivas contra las protestas políticas, imponiendo castigos draconianos a los manifestantes condenados de infracciones menores de la ley. Esto es parte de una ola de leyes estatales que penalizan las protestas pacíficas como las marchas, los plantones y los campamentos. Dos nuevas leyes de Oklahoma son en gran parte una vil respuesta a las protestas de los indígenas y otros en Standing Rock y en otros lugares por los derechos indígenas y el medio ambiente. La infracción no política de estar en propiedad ajena en Oklahoma había sido un delito menor con una pena máxima de $250; dañar o robar bienes durante la infracción podía resultar en un máximo de seis meses de cárcel. Una nueva ley hace que sea un delito grave estar en propiedad ajena durante una protesta en una llamada “instalación de infraestructura crítica” (como una planta de gas o petróleo), con el potencial de hasta un año de prisión y una multa de $10,000. Si la propiedad resulta dañada o las operaciones de la instalación resultan “afectadas negativamente”, los manifestantes pueden recibir hasta 10 años en la cárcel y una multa de $100,000. Una organización “que se determina que sea un conspirador” con los manifestantes —un grupo que convoca una protesta en la que ocurre la desobediencia civil o la infracción de estar en propiedad ajena— ahora puede recibir una multa ¡de hasta $1.000.000! Bajo un segundo proyecto de ley (aún no es ley), sería sujeto de responsabilidad civil cualquiera que “compense” a un manifestante (quizás por ofrecer albergue a alguien que luego fuera arrestado) — es decir, se podría demandarlo por la reparación de cualquier daño que el manifestante supuestamente causó.
5. Poner un sello de aprobación al asesinato policial de Alton Sterling
En julio de 2016, los policías de Baton Rouge asesinaron a Alton Sterling, un hombre negro de 37 años, por el “delito” de vender dvd fuera de una tienda. El 3 de mayo de 2017, el Departamento de Justicia federal anunció que no presentará cargos federales contra los policías asesinos porque “la ley exige que la razonabilidad del uso de la fuerza por un agente de la ley contra un detenido sea juzgada desde la perspectiva de un agente razonable en el lugar de los hechos, y no desde la posterior perspectiva de la retrospectiva”. En otras palabras, este brutal asesinato cumple con la normatividad de acción legal por policías “razonables”. Cada año, los policías matan a cientos de personas no armadas, desproporcionadamente negros y latinos, y casi siempre ponen en libertad sin pena a los policías asesinos. Ahora, Estados Unidos está liderado por un régimen fascista que ha declarado su respaldo de 100 por ciento a los policías y ha dejado en claro que ni siquiera pondrá límites mínimos a la policía local.
6. Ataques a los colegios y universidades negros
En un proyecto de ley de egresos firmado el 5 de mayo, Trump planteó la posibilidad de bloquear los fondos federales para los Colegios y Universidades Históricamente Negros (HBCU, por las siglas en inglés) y otros programas como los paquetes de fondos para vivienda para los pueblos indígenas. Trump sugirió que este financiamiento es inconstitucional porque eroga beneficios “a base de la raza, la etnia o el género”. Insertado en el último párrafo del proyecto de ley, la Casa Blanca anunció que iba a manejar un programa que ayuda a los HBCU a obtener préstamos de bajo costo para la construcción “de una manera conforme al requisito [constitucional] de ofrecer igualdad de protección bajo la ley”. Una expresión de la discriminación y las desigualdades en la educación hoy es el hecho de que la dotación de fondos que tienen los HBCU, en promedio, es una octava parte de lo que tienen las escuelas blancas. Actualmente, el Departamento de Educación de Estados Unidos proporciona préstamos avalados por el gobierno federal a los HBCU para la construcción de edificios y otras instalaciones. Ahora Trump ha lanzado una amenaza patente para negar esos fondos sobre la base del argumento totalmente farsante de que estos programas “discriminan” contra la gente blanca.
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Si usted prendió el noticiero en la última semana, podría pensar que las únicas noticias tienen que ver con el despido de James Comey por Trump y el claro rechazo del estado de derecho por el régimen — lo que SÍ es un ultraje. Los medios de comunicación dicen que la Casa Blanca supuestamente está “distraída” y en “desorden” con la controversia y las luchas intestinas a raíz del despido de Comey. Pero lo que realmente está ocurriendo es la imposición de una medida fascista tras otra, tanto al nivel federal como en los estados, mientras el régimen de Trump y Pence sigue avanzando agresivamente con su arremetida fascista.
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