La Suprema Corte de Estados Unidos concluye deliberaciones de 2018 con decisiones reaccionarias extremas

8 de julio de 2018 | Periódico Revolución | revcom.us

 

Una serie de decisiones reaccionarias cerró la sesión de 2018 de la Suprema Corte de Estados Unidos. Estas resoluciones abrieron nuevos caminos en la transformación de Estados Unidos en una sociedad plenamente fascista en la que la intolerancia, la riqueza y el poder tengan rienda suelta para pisotear los derechos y la vida misma de las personas (a menudo bajo la bandera de la “libertad de expresión”), y ellos que están en contra tengan que sentarse y callarse.

Aquí hay algunas de las decisiones clave:

Trump contra Hawai`i (la prohibición de musulmanes): Poco después de asumir el cargo, Trump prohibió que personas de varios países predominantemente musulmanes ingresaran a Estados Unidos, aunque prometió excepciones para personas no musulmanes en esos países que sufren persecución, lo que cumplió las frecuentes promesas de la campaña electoral de Trump de prohibir que musulmanes se mudaran o viajaran a Estados Unidos las que se basaban en una ideología descaradamente antimusulmana y claramente discriminatoria e inconstitucional. Ante la corte, el régimen de Trump y Pence afirmó que no había intención discriminatoria y que se trataba de la “seguridad nacional”, aunque no había ocurrido casi ningún incidente terrorista en Estados Unidos en que hubiera participado alguien de los millones de personas de los países prohibidos. Sin importarle los hechos básicos, la Corte dictaminó que se debía hacer caso omiso de todas las declaraciones antimusulmanas de Trump; aceptó al pie de la letra la afirmación de que no había ninguna intención discriminatoria y ratificó la prohibición.

Las consecuencias: Millones de familias musulmanas desgarradas, separadas permanentemente de sus seres queridos; millones de refugiados de guerra de Siria y otros lugares privados de toda esperanza de llegar a Estados Unidos; y consagrada en la ley y la doctrina jurídica la flagrante discriminación religiosa, cubierta con la hoja de parra más transparente.

El Instituto Nacional de Defensores Pro-Vida de la Familia contra Becerra (el derecho al aborto): En California (como en todo Estados Unidos) más de 200 “centros de crisis del embarazo” se disfrazan de clínicas y engañan a mujeres que desean terminar el embarazo, fingiendo que las pueden ayudar. Una vez que tienen a una mujer en sus garras, estas “clínicas” la bombardean con propaganda antiabortista basada en el fanatismo religioso. Incluso en el caso de una mujer que no está convencida, esto a menudo causa un retraso en su decisión de tomar medidas hasta que el aborto sea más arriesgado, o ya no esté disponible. La ley del estado de California requería que estas “clínicas” a) informaran a la mujer sobre la disponibilidad de la opción de un aborto legal, seguro y de bajo costo, y b) en el caso de “clínicas” sin licencia, requería que informaran al paciente que la “clínica” no era una instalación médica licenciada.

La Corte dictaminó que exigir que estas “clínicas” brindaran información factual (en medio de su aluvión de mentiras) sobre la disponibilidad del aborto violó sus derechos de “libertad de expresión” bajo la Primera Enmienda. En cuanto a la notificación de no ser licenciadas, la Corte encontró un pretexto diferente para apoyar a los centros antiaborto, anulando la ley de California porque requería que la notificación se publicara en 13 idiomas. La corte afirmó absurdamente que esto constituía un cargo excesivo, a pesar de que un centro podía simplemente publicar tal aviso y postearlo en línea, y todos los otros centros pudieran, asimismo simplemente, imprimirlo.

Las consecuencias: Impedir que decenas de miles de mujeres hagan su decisión de hacerse un aborto, así esclavizando aún más a las mujeres, legitimando la oposición religiosa fanática a que la mujer sea respetada como un pleno ser humano, y erosionando la distinción entre una mierda no científica y los hechos reales.

Janus contra La Federación Estadounidense (derechos sindicales): El caso tenía que ver con si se les puede obligar a los trabajadores del sector público a pagar las cuotas de los sindicatos que negocian por ellos, si no pertenecen al sindicato. El demandante, Janus, objetó que esto violaba sus derechos de libertad de expresión porque él financiaría las actividades políticas que no apoyaba de su sindicato. La respuesta del sindicato fue que 1) todos los empleados se benefician de la negociación colectiva del sindicato con el gobierno y por lo tanto aquellos como Janus tenían la responsabilidad de ayudar a financiarlo, y 2) las actividades políticas del sindicato estaban separadas económica y organizacionalmente de la negociación colectiva, por lo que Janus, de hecho, no estaba pagando actividad política que no apoyaba.

Todo el mundo reconocía que la verdadera cuestión en este caso era destrozar los sindicatos de trabajadores de servicios públicos (con siete millones de miembros, un tercio de los cuales son personas de color). Estos empleados están bajo un fuerte ataque económico a medida que los gobiernos estatales recortan dramáticamente los fondos para los servicios sociales y la educación, a cuales recortes los sindicatos hasta cierto grado se están oponiendo resistencia. Y estos sindicatos son una fuente importante de apoyo político y económico al Partido Demócrata, y a causas liberales y progresistas en general. Todo el mundo entendía que si a los empleados obscenamente mal pagados, como los maestros, se les diera la opción de no pagar las cuotas, muchos la aprovecharían, lo que debilitaría en gran medida, si no destruiría, los sindicatos de los trabajadores públicos. Y dado que hoy en Estados Unidos, el porcentaje de trabajadores del sector público en sindicatos es mucho más alto que el de los sindicatos del sector privado, este caso fue un ataque a los sindicatos en general.

La Corte falló a favor de Janus, nuevamente argumentando que se estaban violando los derechos de la “libertad de expresión”, aunque, como se señaló anteriormente, las cuotas de Janus no financiaban directamente la acción política sindical.

Las consecuencias: Daños importantes a los sindicatos tanto en el sector público como en el privado; minar en gran medida la base económica y política de los opositores al fascismo dentro de la clase dominante en el Partido Demócrata; una mayor consolidación del control fascista de la sociedad en su conjunto.

Pastelería Masterpiece Ltd. contra Comisión de Derechos Civiles de Colorado (derechos LGBTQ): Un pastelero en Colorado afirmó que tenía el derecho a negarse a hacer un pastel de bodas para una pareja gay porque él se oponía a las bodas homosexuales por motivos religiosos. Esto violaba las leyes estatales de Colorado que protegen de la discriminación a las personas LGBTQ. La Corte Suprema no falló directamente sobre esta demanda, pero dictaminó que la Comisión de Derechos Civiles de Colorado mostró “una hostilidad clara e inadmisible hacia las creencias religiosas sinceras que motivan las objeciones” del pastelero. Esta fue una referencia a un miembro de la Comisión que dijo que “La libertad de religión y la religión se han usado para justificar todo tipo de discriminación a lo largo de la historia, ya sea la esclavitud, ya sea el holocausto”. Sobre esa base escandalosa, la Corte falló a favor del pastelero.

Pues, ¿no está claro? Según la interpretación de la “libertad de expresión” por parte de la Corte, puedes optar por no pagar las cuotas de un sindicato que realiza negociaciones colectivas, negarse a informar a pacientes que tu centro médico no tiene licencia médica o informarle de la disponibilidad de procedimientos médicos vitales que no ofrece tu centro. Pero si simplemente mencionas que las creencias religiosas se han utilizado para justificar la discriminación y cosas aún peores — ¡olvídalo, pierdas el caso!

Las consecuencias: Validar la discriminación contra las personas LGBTQ siempre que esté “motivada” por “una creencia religiosa sincera” (es decir, la ignorancia y la intolerancia). Fallar que una declaración de un hecho científico descalifica a uno para impugnar esa discriminación.

Husted contra Instituto A. Philip Randolph (derecho a votar): El Instituto A. Philip Randolph impugnó un programa del estado de Ohio destinado a expulsar a gente del registro de votantes. En Ohio, si uno no vota durante dos años, el estado le envía una postal (en inglés solamente) en la que le pide confirmar que aún vive allí. Si no responde y no vota por otros cuatro años, le purgan del registro. Debido al problema del idioma, y debido al mayor nivel de caos en la vida de los pobres, esta política en realidad se dirige a los negros y latinos, que votan principalmente por los demócratas. Un estudio mostró que en Cincinnati, purgaron al 10% de los votantes en un barrio pobre del centro de la ciudad, mientras que purgaron al 4% en un suburbio blanco.

El pretexto para esta ley (y muchas otras en Estados Unidos) es que previene el “fraude electoral”, que prácticamente no existe en Estados Unidos. Pero no es ningún secreto —de hecho los republicanos se jactan abiertamente de ello— que esta es una de docenas de leyes destinadas a reprimir el voto de la gente de color y debilitar a los opositores del fascismo en la clase dominante, en el Partido Demócrata.

La Corte pasó por alto completamente los objetivos flagrantemente partidistas y discriminatorios y ratificó el programa de Ohio.

Las consecuencias: Una mayor erosión del derecho a votar de los negros, los latinos y otros de color, un elemento significativo en reducirlos al estatus de ciudadanía de segunda clase; una mayor consolidación del control de los fascistas sobre el poder al crear una situación en la que puedan continuar llevando a cabo —y “ganando”— “elecciones libres” que legitimen su gobierno a pesar de que solo cuentan con el apoyo del 30-40% de la población.

¿Orden o justicia?”

Lo que necesitamos es una revolución real — y si uno va en serio por una revolución real, tiene que entrarle en serio a BA.