Obrero Revolucionario #910, 8 de junio, 1997
Geronimo ji Jaga Pratt lleva más de un cuarto siglo preso por un homicidio que no cometió. Durante 26 años el gobierno ha tenido a este ex dirigente del Partido Pantera Negra de Los Angeles aislado y ha rechazado su petición de libertad condicional 16 veces.
Los abogados de Geronimo tienen un montón de pruebas de una conspiración gubernamental contra él. Pero solo en diciembre de 1996 celebraron audiencias para presentar pruebas de que la fiscalía mintió a los abogados de la defensa y al jurado, y tapó pruebas de una campaña del gobierno para meterlo a la cárcel por sus convicciones revolucionarias.
A fines de los años 60 y comienzos de los 70, cuando Geronimo era un joven revolucionario, el imperialismo estadounidense se encontraba bajo ataque y a la defensiva, tanto en Vietnam como por los movimientos de liberación negra y revolucionarios. El FBI y otras dependencias policiales crearon el programa COINTELPRO ("programa de contrainteligencia") para atacar, hostigar, sabotear, meter a la cárcel y asesinar a radicales y revolucionarios. Uno de los principales blancos de COINTELPRO fue el Partido Pantera Negra. El FBI llevó a cabo ataques armados contra sus oficinas y dirigentes, y mató e hirió a muchos militantes. Envió soplones a infiltrar el partido, entrampó a sus dirigentes con falsas pruebas y realizó una campaña de "desinformación". Envió cartas falsificadas y regó rumores con el fin de crear divisiones en el PPN y enemistades entre revolucionarios y simpatizantes.
La policía política decidió "neutralizar" a Geronimo. A fines de 1969, cuatro días después de que el FBI y la policía de Chicago asesinaron a Fred Hampton y Mark Clark (dos dirigentes de la rama de Chicago), un ejército de más de 300 policías y agentes del FBI atacó la sede de los Panteras del sur de California, en la avenida Central de Los Angeles. Pero estos, dirigidos por Geronimo (veterano de la guerra de Vietnam), se habían preparado en serio para la posibilidad de un ataque. La sede estaba en un edificio de dos pisos. Por los preparativos y el heroísmo con que se defendieron los Panteras, la policía no logró entrar al segundo piso. Mientras tanto, una gran multitud rodeó el edificio y la chota tuvo que retirarse.
En el ataque hirieron a seis Panteras y arrestaron a 13, pero por el éxito de su autodefensa ninguno murió. El DPLA utilizó las mismísimas tácticas con que la policía de Chicago asesinó a Fred Hampton: abrieron fuego contra la cama donde dormía Geronimo. Pero Geronimo estaba durmiendo en el suelo esa noche, así que escapó de las balas policiales. A los Panteras los acusaron de "agresión contra un policía" y Geronimo pasó dos meses en la cárcel hasta que se recolectaron $125.000 para la fianza. Durante una gira nacional, a Geronimo lo persiguieron la policía y la campaña de desinformación de COINTELPRO, con la meta de fomentar desconfianza hacia él en el contexto de una importante lucha interna del Partido Pantera Negra. En diciembre de 1970, un año después del ataque, lo acusaron de la muerte de Caroline Olsen.
Desde el comienzo, el chanchullo era patente. A la hora del robo en Santa Mónica, Geronimo estaba en una reunión de los Panteras en Oakland, 640 kilómetros al norte. Hizo una llamada telefónica a Los Angeles desde la sede de los Panteras en Oakland la misma hora del incidente. Aunque no se conocieron todas las actividades de COINTELPRO sino hasta muchos años más tarde, en esos días se sabía que el gobierno espiaba a los dirigentes del Partido Pantera Negra. Los medios progresistas hicieron la pregunta: ¨dónde están los informes de vigilancia y de las intervenciones telefónicas de Geronimo? Ahora el FBI dice que "perdió" los informes de la semana del robo (que demuestran que Geronimo no estaba en Santa Mónica).
COINTELPRO enemistó a varias facciones de los Panteras, así que unos líderes del partido optaron por no dar testimonio sobre su ubicación. En el juicio de 1972, Kathleen Cleaver fue la única que dio testimonio. Veinte años después, seis ex militantes del PPN dijeron que Geronimo estuvo en la reunión de Oakland.
En el juicio de 1972, la fiscalía no ofreció ninguna prueba física que vinculara a Geronimo con el homicidio; solo presentó a dos testigos. Uno de ellos, Julius Butler, era un informante policial. Dijo que Geronimo le "confesó" que cometió un robo en una cancha de tenis de Santa Mónica en 1968. Durante el robo (de $18), Caroline Olsen murió y su esposo Kenneth resultó herido. Butler juró que no era informante de la policía. Pero desde la condena de Geronimo se han divulgado varios documentos del Departamento de Policía de Los Angeles (DPLA) y del FBI que prueban que Butler era informante y que durante dos años le dio a la policía información sobre los Panteras Negras. De acuerdo con varios documentos del FBI divulgados en 1979, Butler se reunió más de 30 veces con agentes del FBI antes del juicio de Geronimo.
Butler, un ex sheriff del condado de Los Angeles, ingresó al Partido Pantera Negra (PPN) en Los Angeles a fines de los años 60. Llegó a tener algunas responsabilidades relacionadas a la seguridad, pero muchos militantes no tenían confianza en él. En 1969, por ejemplo, a Butler y a otros seis Panteras los acusaron por un secuestro. Durante una audiencia preliminar, Butler se declaró culpable, sin siquiera hablar con su abogado, y lo sentenciaron a libertad condicional y le pusieron una multa de $200. ¡Una sentencia muy inusual para un Pantera Negra ya condenado de cuatro delitos graves!
En agosto de 1969, expulsaron a Butler del PPN. Dos días después, presentó una "carta", que dijo que escribió antes, acusando a Geronimo del robo de 1968. Con esa "carta", las autoridades lanzaron su ataque.
Las nuevas audiencias empezaron el 16 de diciembre en Santa Ana, California. Su punto focal fue Butler, quien ahora es abogado y presidente de la junta directiva de la iglesia First AME, una de las mayores iglesias negras de Los Angeles.
Por primera vez en 25 años, Butler tuvo que dar testimonio acerca de su papel en el juicio de Geronimo, y no cabe duda de que sigue trabajando con el gobierno para mantenerlo preso.
Los abogados de Geronimo han divulgado documentos del DPLA, el FBI y la fiscalía de Los Angeles que dicen que Butler era informante. Pero a pesar de eso, Butler le dijo al abogado de Geronimo, Johnny L. Cochran, Jr., que no era informante sino "un ciudadano dispuesto a compartir información". Finalmente tuvo que admitir que en ciertos momentos "jugó el papel de informante".
A pesar de los esfuerzos de Butler por tapar la verdad, las audiencias pusieron en claro detalles de su relación con la policía. Dos agentes del DPLA, Duwayne Rice y Edward Henry, hablaron de sus numerosas conversaciones con Butler. Como resumió Stuart Hanlon, uno de los abogados de Geronimo, pintaron un cuadro de una "relación clásica de informante policial".
Por ley, la fiscalía y demás dependencias gubernamentales tienen que dar todas sus pruebas a la defensa, especialmente si pueden probar la inocencia del acusado. Si condenan a una persona y más tarde se sabe que la fiscalía tapó información importante, el condenado tiene el derecho a un nuevo juicio.
En el caso de Geronimo, la cantidad de información tapada por la fiscalía es increíble. En 1972, la fiscalía le dio una versión cuidadosamente censurada de sus "pruebas" a la defensa. En las nuevas audiencias también se divulgaron nuevas pruebas acerca del otro testigo contra Geronimo: Kenneth Olsen, sobreviviente del robo. Uno de los investigadores del juicio de 1972 dijo que Olsen le pareció "voluble". Antes de identificar a Geronimo, identificó a otros dos "sospechosos" como el asesino de su esposa, uno de los cuales estaba en la cárcel. Pero la fiscalía no dio esa información a la defensa.
Para un jurado, Jeanne Hamilton, el testimonio de Kenneth Olsen fue el factor más importante cuando votó por condenar a Geronimo en 1972. Ahora, ella lleva muchos años trabajando por obtener su libertad. Hamilton recuerda que decidió votar en contra de Geronimo cuando otro jurado le habló del testimonio de Olsen y le dijo: "¨Si alguien hubiera matado a tu esposo, no recordarías la cara?". Hamilton dijo que si se hubiera enterado de que Butler era informante y de las demás pruebas de la inocencia de Geronimo, no hubiera votado por condenarlo.
Los abogados y partidarios de Geronimo llevan muchos años luchando por presentar todo lo que han descubierto en una nueva audiencia. En 1992, el equipo de abogados presentó pruebas de una extensa conspiración gubernamental al fiscal de Los Angeles, Gil Garcetti, quien prometió investigarlas, pero tres años después no había hecho nada. Por eso, el 26 de febrero de 1996, entablaron una orden de habeas corpus en la Corte Superior de Los Angeles.
Stuart Hanlon, el principal abogado de Geronimo, anunció: "Hemos regresado a Los Angeles, donde ocurrió el crimen. No el crimen de que acusaron al Sr. Pratt, sino el crimen de su condena: el palacio de justicia criminal de Los Angeles". En un dos por tres el sistema empezó a poner obstáculos para que no se presentaran las nuevas pruebas.
Primero, la fiscalía trató de mandar el caso a la Suprema Corte de California, pero después de varios meses de demoras, lo asignó a los tribunales de Los Angeles. En el otoño pasado, todos los jueces de Los Angeles se retiraron del caso porque un colega suyo, el juez Richard Kalustian, fue el fiscal durante el juicio de 1972 y uno de los responsables de tapar las maniobras del gobierno contra Geronimo. La fiscalía ha hecho todo lo posible por demorar los trámites y extender el plazo de los memoriales y peticiones.
En California, las autoridades carcelarias han atacado el derecho de los presos a condenar la injusticia. En abril prohibieron que les entrevistaran cara a cara los periodistas.
Justo en estos momentos, el sistema está tratando de darle más poderes a la policía política. La nuevas reglas del FBI, la Migra y otras dependencias federales les permiten investigar a personas y grupos por sus afiliaciones políticas. Hace poco en Los Angeles, la Comisión Policial anunció nuevas reglas para su División Antiterrorista, que permiten llevar a cabo investigaciones muy detalladas de personas que ni siquiera son sospechosas de un crimen. La conspiración contra Geronimo es un claro ejemplo de las viles tácticas con que el gobierno ataca a los radicales y, muy especialmente, a los revolucionarios.
El 26 de febrero de 1996, Ginny Pratt, hermana de Geronimo, habló en una rueda de prensa sobre la orden de habeas corpus. Dijo: "Geronimo está imbuido del sueño de la libertad. Quiere ser libre. Quiere estar con su hijo adolescente y su hija. Nunca ha aceptado las restricciones que le imponen. Le pueden encadenar el cuerpo pero no la mente. Lo han humillado y llevado de un penal a otro durante 25 años. Lo tienen en una celda sucia. Le mienten, lo amenazan y lo maltratan. Pero que eso pase a la historia de los negros. ¡Libertad para Ji!"
Un mes más tarde llevaron a Geronimo encadenado a un juzgado de Los Angeles. Lo tenían en una celda con las luces prendidas las 24 horas. Pero tan pronto como le quitaron las cadenas de las manos, saludó con el puño en alto al pequeño grupo de simpatizantes que pudo entrar al juzgado. Por más de 25 años Geronimo no se ha doblegado. Hubieran debido soltarlo en libertad condicional hace mucho tiempo, pero no "admite su culpabilidad". La fuerza de su ejemplo ha inspirado a gente de muchas capas sociales. Centenares han participado en manifestaciones del Comité Internacional Libertad para Geronimo Pratt. Los cineastas Melvin Van Peebles y Mario Van Peebles lo visitan con regularidad y han ido a las audiencias. Jeanne Hamilton, la ex jurado, lo ha defendido. Johnny L. Cochran, Jr., y Stuart Hanlon, junto con otros abogados, llevan muchos años luchando por su libertad en los tribunales.
Muchos jóvenes también han acudido a la defensa de Geronimo. Un estudiante negro de Oakland le dijo al OR: "Tenemos que conseguir su libertad. Todavía hay miembros de MOVE presos y hay que conseguir su libertad. Geronimo debe ser libre. Era un Pantera Negra y sé que eso tiene mucha importancia histórica para la militancia de la juventud. ¡Lo necesitamos aquí con nosotros!"
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