Obrero Revolucionario #918, 10 de agosto, 1997
El 26 de julio, Doris Meissner, comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (la Migra), anunció una "contraofensiva contra la inmigración ilegal": la "Operación Río Grande", cuyo propósito es apretar las clavijas en la punta este de la frontera Estados Unidos-México, de Brownsville a Roma, Texas. Según un vocero, "el propósito es retomar el control y mantener el control".
Esta es la última de varias embestidas militares contra la población de toda la zona fronteriza, de San Diego a Brownsville. Operaciones anteriores inundaron esta parte de Texas con grandes cantidades de toda clase de armamento, policías, unidades militares y equipo de alta tecnología. La región ya es un infierno para los residentes mexicano-americanos y para los inmigrantes de México, cuyo único crimen es cruzar la frontera en busca de chamba. Ahora, la Migra está desplegando a lo largo del bajo río Grande/Bravo centenares más de agentes, "telescopios infrarrojos, equipo electrónico para tomar huellas dactilares y proyectores de luz". Habrá más vehículos policiales y militares, sensores electrónicos y armamento.
Meissner dijo: "En la actualidad, esta es la parte de Texas con mayores presiones tanto de la inmigración ilegal como del narcotráfico. Cuando retomemos el control de la zona, empezaremos a extender nuestra actividad más hacia Laredo y hacia el oeste". El Houston Chronicle dijo, con aprobación, que las autoridades federales están "inundando el estado con dinero y efectivos y adoptando una política de saturación". Para fines del año, habrá cien agentes más en la región de Brownsville y 270 más en lo que la Migra llama el "sector McAllen".
La Patrulla Fronteriza dice que solamente San Diego le gana al sector McAllen en la cantidad de arrestos por cruces ilegales. Esta región de Texas, que sus habitantes llaman el valle del río Grande, es densamente poblada y es una de las más importantes zonas agrícolas del país. Muchos mexicanos cruzan la frontera en una de las ciudades o colonias rurales del valle antes de emprender la peligrosa travesía al norte, hacia Houston o San Antonio. En la parte del río hacia el noroeste del valle, vive menos gente y el terreno es más árido.
La Migra se propone empujar a los inmigrantes a correr mayores riegos cruzando la frontera en esas zonas áridas de llanuras y montañas, a cientos de kilómetros de las ciudades. La Migra ha aplicado un programa similar en El Paso y San Diego: intensas operaciones han llevado a cruzar por inclementes desiertos y montañas.
Mucha gente ha muerto en el camino. El pasado invierno, 18 personas murieron del frío en las montañas al este de San Diego, tratando de evitar la vigilancia en San Diego y llegar a Los Angeles. Al cazar a los inmigrantes, la Migra ha provocado mortales accidentes automovilísticos en remotos caminos rurales. Otros inmigrantes han muerto asfixiados en Texas al cruzar en vagones ferroviarios cerrados. Según un estudio de la Universidad de Houston de 1996, la fuerte vigilancia de la Migra en Brownsville, Laredo y El Paso ha causado la muerte de 300 inmigrantes al año en los últimos diez años, porque han tenido que cruzar por zonas remotas. La política migratoria de la administración Clinton ha provocado directamente muertes antes de la nueva escalada militar.
Meissner viajó a Texas para anunciar la "Operación Río Grande" precisamente una semana después de que una delegación de Redford, un pequeño poblado del oeste de Texas, se fue de Washington, D.C. La delegación fue a expresar su indignación por el asesinato de Esequiel Hernández, de 18 años, por unos marines. Mientras Esequiel pastoreaba las cabras de su familia, como hacía todos los días, una unidad de cuatro marines camuflados lo acechaba y lo baleó por la espalda con un M-16 a una distancia de 125 m. Lo mataron a plena luz del día, pero dicen que no pudieron determinar que Esequiel pastoreaba cabras, y que Esequiel los amenazó con un antiguo rifle calibre .20 que cargaba para proteger a sus cabras de serpientes y perros.
La delegación, que incluyó a Helen, hermana de Esequiel, presentó una petición a Doris Meissner, a Barry McCaffrey ("zar de la droga" de Clinton), y a otros funcionarios y congresistas. Instaron al presidente Clinton a "cesar, de una vez por todas, todas las operaciones militares en las comunidades de la zona fronteriza" y recomendaron que "se celebraran audiencias sobre la frontera, para que los habitantes de la región puedan opinar sobre las actuales operaciones militares en las zonas fronterizas y la resultante negación de derechos civiles y de propiedad". La petición denuncia a la Patrulla Fronteriza por ser una "organización paramilitar que trabaja como una fuerza de Policía Nacional".
Todas las autoridades expresaron "simpatía" a la delegación. McCaffrey dijo que el asesinato de Esequiel fue "una tragedia". Pero durante la estancia de la delegación en Washington, el Houston Chronicle informó: "El Comité de Asignaciones del Senado aprobó un presupuesto para contratar mil agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza.... Aproximadamente 2/3 de los nuevos agentes estarán destacamentados en Texas".
Después de la muerte de Esequiel, La Resistencia declaró: "Las manos del gobierno estadounidense están empapadas de la sangre de Esequiel Hernández". El asesinato arrojó luz sobre la sanguinaria guerra fronteriza de alta tecnología que libra el gobierno, vil atrocidad que tapa. Desde un centro de mando de El Paso, lanzan unas 1500 operaciones militares al año en la frontera.
Las autoridades pretextan que las unidades militares en la frontera sirven de "ojos y oídos" de la Patrulla Fronteriza y diversas dependencias policiales estatales y regionales. Los habitantes de la región se han acostumbrado a una amenazadora presencia militar que puede presentarse de improviso. Enrique Madrid, de Redford, dijo: "Los helicópteros llevan años volando de arriba a abajo del río, pero los efectivos no se ven. Parecen matorrales".
Estos agentes policiales, armamento, equipo y soldados siguen reglas y órdenes distintas al resto del país. La revista Texas Monthly señaló que "la militarización de la frontera no se da simplemente costeando la presencia de soldados apostados hombro a hombro con sus armas apuntadas hacia México. No. Cuando se imponen reglas de combate, se militariza una zona civil". Así es la cosa en la frontera.
Tras el asesinato de Esequiel y la resultante indignación, las autoridades han discutido cómo aumentar la presión en la frontera; por ejemplo, sobre el papel de las fuerzas armadas. Un mes después del asesinato, la Cámara de Representantes aprobó una enmienda que pide el envío de 10.000 soldados a la frontera. Se dice que en la administración Clinton hay oposición a la medida.
El 29 de julio, el secretario de Defensa anunció la suspensión indefinida de las patrullas militares "anti-droga" en la frontera.
Kenneth Bacon, un vocero del Pentágono, dijo que las FFAA estaban analizando toda su posición en la frontera: no solo si patrullar con soldados zonas civiles y cómo hacerlo, sino también "la susceptibilidad del personal militar a demandas civiles o criminales por cumplir con su trabajo según las reglas de combate y órdenes que les den sus oficiales". Es decir, los oficiales quieren evitar que los soldados sean demandados o juzgados por homicidio cuando matan a civiles "en el cumplimiento de su deber".
Esto se debe a las presiones contra las FFAA tras el asesinato de Esequiel; por ejemplo, las protestas en El Paso y otras ciudades fronterizas. En el oeste de Texas, un gran jurado está investigando la muerte de Esequiel Hernández y es posible que levante acusaciones contra Clemente Bañuelos, el marine homicida. Muchos habitantes de Redford consideran que aparte de Bañuelos, hay oficiales superiores responsables. El Comité pro Justicia de Redford envió una carta a Albert Valadez, el fiscal de seis condados; dice: "La comunidad opina que hay otras personas de la cadena de mando de varias dependencias superiores a quienes es necesario encontrar y que deben aceptar su responsabilidad por la lamentable profanación de los valores tradicionales americanos".
Pero la "suspensión de actividades" de las FFAA no abarca tanto como quisieran dar a entender el secretario de Defensa y otros funcionarios. Solo se aplica a "las personas que podrían encontrarse en una situación parecida" a la de Redford. Un vocero de la Marina le dijo al Houston Chronicle que en cualquier momento dado, el total de "personal de apoyo" militar destacamentado en la frontera suma centenares de elementos y que las actividades que se han suspendido afectan "principalmente a fuerzas de campo", que suman unas pocas docenas.
La "orden de Cohen [el secretario de Defensa] no afecta" a los soldados que monitorean los sensores, las comunicaciones entre las dependencias militares y policiales en la frontera, el reconocimiento aéreo y otras formas de reconocimiento y recabación de datos. En el año fiscal 95/96, las FFAA apostaron 8441 elementos en la frontera. En un día promedio, estaban en marcha 100 misiones. Solo una pequeña parte de ellas corresponde a las patrullas terrestres de cuatro hombres como la que mató a Esequiel. Eso quiere decir que centenares de soldados seguirán patrullando la frontera, al lado de miles de agentes de la Migra y de la Aduana, y un sinnúmero de policías.
Las medidas militares represivas que llevaron al asesinato de Esequiel Hernández se iniciaron en la frontera durante la administración Reagan y se han intensificado desde entonces. En Washington y Austin, la capital de Texas, las autoridades se han preocupado, con cinismo e hipocresía, por este asesinato. Pero su verdadera preocupación la expresan sus acciones: siguen inundando la frontera con un chingo de agentes, armamento y equipo.
En Texas, la cantidad de agentes de la Migra ha aumentado 53% en los últimos cuatro años. El Congreso y Clinton apoyan medidas para contratar mil agentes más al año durante los próximos cinco años. Pese a la suspensión de las patrullas terrestres, toda rama de las FFAA participa profundamente en la guerra fronteriza contra el pueblo. Cuando Doris Meissner visitó la frontera tejana, no pidió disculpas ni expresó remordimiento por el asesinato de Esequiel. Dijo: "Ahora tenemos aquí una masa crítica de recursos", e inauguró una nueva ofensiva contra el pueblo.
El asesinato de Esequiel ha prendido mucha indignación y algunas protestas. Si bien esta indignación hirió a las autoridades, han maniobrado constantemente para aplicar medidas más represivas. Dicha indignación tiene que trasformarse en una determinación que prenda un movimiento contra la militarización de la frontera y contra todos los ataques contra los inmigrantes.
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