Colaboración policial EU-Perú: El caso de Julián Calero
Obrero Revolucionario #922, 1 de septiembre, 1997
Recibimos el siguiente artículo del Comité de Apoyo a la Revolución en el Perú (CARP).
"...las autoridades querían que el caso de Julián Calero Salazar sirviera para demostrar que el gobierno de Estados Unidos iba a manejar el `terrorismo' con mano dura. No tenía nada que ver con las definiciones reconocidas internacionalmente de terrorismo, de derechos humanos ni de asilo político. Fue un acto netamente político; esperaban que esta insignificante persona de esa región de Perú no tuviera nada de apoyo popular...Creo que se sienten decepcionados al no poder expulsarlo a Perú para ayudar a su aliado [Fujimori]...".--Gilma Camargo, abogada, Centro de Derechos Constitucionales
En junio de 1996, Julián Calero Salazar, un peruano que vivía y trabajaba en Wilmot, Connecticut, desde 1991, viajó solo a la ciudad de Nueva York para asistir a una audiencia de inmigración sobre su solicitud de asilo político; se suponía que iba a ser un trámite sin mayores problemas. Sin embargo, al llegar a la corte, lo arrestaron de inmediato alguaciles federales, sin audiencia, y lo metieron al penal Manhattan Correctional Center, donde permaneció nueve meses en aislamiento en una celda de máxima seguridad.
El gobierno de Fujimori lo acusó de "terrorismo"; así califican los gobiernos peruano y estadounidense toda participación revolucionaria asociada con el Partido Comunista del Perú (llamado Sendero Luminoso en la prensa). Las autoridades estadounidenses colaboraban con el gobierno peruano para extraditarlo a Perú, donde lo esperaban las cámaras de tortura y un juicio draconiano ante jueces militares encapuchados.
El 28 de febrero de 1997, después de nueve meses en la cárcel, Calero salió bajo una fianza de $100,000; eso se logró gracias a la ayuda del Centro de Derechos Constitucionales, a su familia, a sus partidarios y a las denuncias contra su extradición. Sin embargo, el 1º de mayo, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) negó su solicitud de asilo político y dictó una orden de expulsión con fecha límite del 1º de septiembre. Finalmente se le permitió viajar a Dinamarca, donde vive su esposa; si no, lo iban a deportar a Perú, a pesar de que la corte de inmigración reconoció que con seguridad le esperaba arresto y tortura a manos del gobierno de Fujimori.
La relación Estados Unidos-Perú
La relación entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura militar de Perú (hija de la CIA) es el meollo de este caso. El gobierno de Fujimori lleva años tratando de aplastar la guerra popular que dirige el Partido Comunista del Perú (PCP) desde hace 17 años, y para ello ha contado con todo el respaldo de Estados Unidos. Calero declaró que no tiene conexiones con el PCP, que desde 1985 trabajó en movimientos agrarios, y que su familia ha sufrido ataques y tortura. Es bien sabido que en Perú la tortura, los escuadrones de la muerte, las masacres, los arrestos en masa, los jueces encapuchados y las sentencias a cadena perpetua aumentaron dramáticamente a principios de esta década, cuando aumentó la guerra de contrainsurgencia Made in USA ante los avances de la guerra popular. Esto lo han documentado organizaciones internacionales de derechos humanos.
En abril de 1996, Clinton firmó la "Ley contra el Terrorismo y para Agilizar la Pena de Muerte". Ese mismo mes, Estados Unidos organizó en Lima una conferencia de la OEA en la que participaron 22 naciones. Su producto fue "La Declaración de Lima y el Plan de Acción", que propone una red hemisférica de contrainsurgencia y coordinación de la policía política. Uno de los paralelos del Plan de Lima y de la nueva ley "contra el terrorismo" es un ataque contra el asilo político. En Lima, Fujimori declaró: "De hoy en adelante, las naciones americanas no protegen a los terroristas que buscan asilo o refugio presentándose como perseguidos políticos".
Pocas semanas después, arrestaron a Calero en Nueva York y, de no haber sido por el apoyo inicial de gente de Perú y Connecticut, hubiera acabado en las mazmorras de presos políticos de Perú o víctima de una ejecución política, cortesía del gobierno estadounidense.
El Departamento de Estado con las manos en la masa
Una extraordinaria carta de seis páginas dirigida al juez de inmigración de Nueva York por el Departamento de Estado reveló mucho sobre la evolución y motivos de este caso. La firmó el 17 de enero el director de la Oficina de Asuntos de Asilo, que da recomendaciones sobre solicitudes de asilo.
Primero, la carta le pedía al juez "que prohíba a las partes toda discusión pública de este caso", con la justificación de que podría tener impacto sobre la toma de la residencia del embajador japonés en Lima por guerrilleros del MRTA (que transcurría en esos momentos).
La carta decía que el arresto de Calero se debió a una solicitud del gobierno peruano. Pero viendo que las "pruebas" que este mandó contra Calero de un presunto homicidio (la única ofensa que ameritaba extradición) eran "insuficientes", "el Departamento de Justicia, con el acuerdo del Departamento de Estado" le notificó al gobierno de Fujimori "las deficiencias de las pruebas, explicó cómo se podrían corregir e invitó al gobierno de Perú a presentar documentación suplementaria para rectificar los problemas...".
La carta dice que el gobierno peruano respondió a esa "invitación" el 19 de agosto, pero nuevamente los Departamentos de Estado y de Justicia decidieron que las "pruebas" eran insuficientes y se lo informaron al juez de inmigración, por lo que "la petición de extradición se negó sin prejuicio el 23 de agosto de 1996".
Las "pruebas" que se presentaron durante la audiencia de extradición eran completamente chimbas: supuestamente alguien dijo en Perú que en 1994 un presunto militante del PCP fue a una casa de Lima donde vivían parientes de Calero. ¡Pero Calero salió de Perú en 1991! Toda la "documentación suplementaria" era una confesión escrita sobre un incidente en 1991 que denunciaba a Calero, entre otros. Sin embargo, el documento decía claramente que el declarante fue torturado tres veces y que la policía le dictó los nombres. ¡La confesión incluso nombra al torturador!
A pesar de que la petición de extradición fue negada en agosto, el INS no soltó a Calero. Cuando su abogada fue el 6 de septiembre a poner la fianza, le dijeron que su expediente estaba "extraviado" y que la Corte de Apelaciones de Inmigración en Virginia había suspendido su orden de libertad. El INS le dijo al juez de inmigración de Nueva York que el FBI iba a mandar un equipo de investigación a Perú a traer pruebas de las conexiones "terroristas" de Calero. Así se vio claramente que los que llevaban la batuta en esto eran el Departamento de Estado y el FBI, y no la policía peruana que supuestamente solicitó la extradición.
Justifican tortura con el pretexto de "contrainsurgencia"
La carta citada del Departamento de Estado (del 17 de enero) contenía todo tipo de descaradas mentiras y calumnias contra la guerra popular y, partiendo de eso, decía que se debe extraditar a todo sospechoso de apoyar el "terrorismo", a pesar de los tribunales secretos y del reconocido sistema de tortura y de muerte lenta para los presos que impera en Perú.
Con respecto a "si Calero puede regresar a Perú sin peligro", la carta admitía que "a Calero indudablemente se le detendría y juzgaría por homicidio y terrorismo...también se le podría acusar de traición...y lo juzgaría uno de los tribunales militares sin rostro o una de las cortes civiles que describen los informes de derechos humanos". Pero para el Departamento de Estado eso está bien porque "aunque el sistema judicial peruano todavía tiene graves fallas, está mejorando". La misma carta, antes, decía que la embajada estadounidense en Perú "reconoce que la tortura sigue siendo un problema".
Esta carta del Departamento de Estado y la subsecuente negativa de la solicitud de asilo político de Calero demuestran a todas luces que los verdaderos criminales en este caso son el gobierno estadounidense y su gobierno títere de Perú. En 1992, Washington soltó $16 millones para montar el sistema de "jueces sin rostro" (Subcomité de Asuntos Occidentales de la Cámara de Representantes, 3/12/92), que ha metido a la cárcel a más de 5000 peruanos por motivos políticos. El informe de 1995 de Human Rights Watch/Americas dice que "ni una sola persona acusada de terrorismo o traición en Perú desde que se implementaron las nuevas leyes en 1992 ha recibido un juicio justo". A los abogados de los presos políticos los matan o los sentencian a cadena perpetua. ¡El New York Times informó el 5 de agosto de 1996 que en los 18 meses anteriores hubo 500,000 arrestos arbitrarios!
En el caso de Calero fue sumamente importante que acudieran a su defensa abogados y gente de su comunidad. El hecho de que el Departamento de Estado tuviera que comerse las ganas de extraditarlo fue una importante victoria parcial, pero es una infamia que la corte del INS le negara asilo político y le dijera que o se iba del país o lo deportaban a Perú.
El INS admitió que no recibió pruebas de que Calero cometió el crimen de que lo acusa la policía secreta de Perú (DINCOTE), y que si regresaba posiblemente lo torturarían y lo mandarían a un tribunal de jueces encapuchados.
Pero a pesar de eso dijo: "El Consejo de Apelaciones de Condición Migratoria ha dictaminado que si la policía tiene razón para investigar la magnitud de la ingerencia de un individuo con militantes que buscan el derrocamiento violento del gobierno, y que si la policía maltrata a ese individuo a fin de extraer información sobre esos militantes en vez de hacerlo por su opinión política, entonces el solicitante no ha demostrado que sufrió persecución por razones amparadas por la ley".
Lo que esta jeringonza oficial quiere decir es: ¡al gobierno estadounidense le parece divinamente que la DINCOTE torture a lo salvaje para "investigar" actividades revolucionarias!
El dictamen del INS pone en claro que no se le dará asilo político a los peruanos, a no ser que demuestren a satisfacción del gobierno que ni ellos ni su familia jamás han tenido contacto con alguien asociado con la guerra popular. En caso contrario, aunque haya temores fundados de tortura y de un juicio militar secreto, el INS no otorgará asilo político.
Con esto el INS sigue al pie de la letra el Plan de Lima y la ley "contra el terrorismo" firmada por Clinton. La base jurídica de ambos es definir como "terrorista" y "criminal" toda lucha revolucionaria contra el gobierno estadounidense y sus lacayos. Por lo tanto, seguramente habrá más ataques canallas como el que hemos visto contra Calero. Es de suma importancia luchar contra los ataques de este gobierno a gente de países donde las masas se han lanzado a la lucha revolucionaria.
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