1 de septiembre: Cortan estampillas de comida a un millón de inmigrantes
"Los hemos alimentado mil años y seguimos sin comer"
Obrero Revolucionario #922, 1 de septiembre, 1997
En el campo de Estados Unidos, el trabajo más pesado lo hacen familias inmigrantes. Desde hace mucho tiempo, trabajadores mexicanos y centroamericanos cosechan frutas y vegetales en los valles agrícolas de California. Hoy en día, familias inmigrantes trabajan en los campos de todo el país: recogen naranjas en la Florida y manzanas en Michigan, trabajan en Long Island, las Carolinas y todos los estados sureños.
En Iowa, inmigrantes de Latinoamérica y Asia trabajan en empacadoras de carne. En las ciudades y sus alrededores, preparan y sirven la comida y lavan los platos.
Por dondequiera que uno vaya, los inmigrantes cultivan, cosechan y preparan gran parte de los alimentos. Así que es especialmente perverso e injusto que el 1º de septiembre el gobierno federal recorte las estampillas de comida que reciben un millón de inmigrantes legales.
Los recortes son especialmente devastadores para las familias de los trabajadores agrícolas, cuyos salarios se han reducido drásticamente; de hecho, muchas necesitan las estampillas para subsistir durante las temporadas cuando no hay trabajo. El New York Times (31 de marzo) informó que el ingreso promedio de los trabajadores agrícolas ha bajado un 20% en los últimos 20 años, a $8000 anuales por familia. En el condado de Fresno, California, que tiene la mayor producción agrícola del país, se reparten $100 millones al año de estampillas de comida y son esenciales para subsistir; ahora unos 15.000 inmigrantes legales las perderán.
A los indocumentados les han negado estampillas de comida desde hace mucho tiempo, pero ahora se las quitarán a los inmigrantes legales también. Los recortes crearán mucha miseria y privación en los ghettos y barrios pobres de las ciudades, y también en el campo de Estados Unidos, donde se encuentran las tierras más productivas del mundo.
Un vocero de Pete Wilson, el gobernador de California, defendió los recortes: "Uno tiene que trabajar para ganarse la vida". Estas desalmadas palabras niegan completamente la realidad de quién alimenta a quién en este mundo.
Como dice la vieja canción revolucionaria: "Los hemos alimentado mil años y seguimos sin comer".
***** Hace un año, la Casa Blanca y el Congreso aprobaron una ley de anulación del welfare (Welfare Repeal), que recorta sistemáticamente la red de servicios sociales a millones de personas, a sabiendas de que va a aumentar la angustia y el sufrimiento de los sectores más pobres de la clase trabajadora.
Por todo el país han recortado el welfare y han impuesto nuevos requisitos de trabajo. Además, la nueva ley federal impone un límite de cinco años de welfare, lo cual implica que millones se quedarán sin ningún recurso.
En el reciente "acuerdo" sobre el presupuesto federal entre Clinton y el Congreso republicano, cambiaron varios aspectos de la ley que afectan a los inmigrantes. Por ejemplo, decidieron no terminar el SSI (ayuda para personas incapacitadas) a los que actualmente lo reciben, pero se lo negarán a los inmigrantes legales que llegaron después del 22 de agosto de 1996. Es decir, a los que no puedan trabajar por heridas u otros problemas de salud, les negarán ayuda, a pesar de que las recibirán ciudadanos con los mismísimos problemas de salud.
El nuevo presupuesto también ordenó recortar las estampillas de comida de los inmigrantes legales. Esto lo avaló un juez federal en julio, cuando rechazó una demanda de la alcaldía de Nueva York que decía que era inconstitucional. Pero al juez le pareció bien.
Los recortes son un gran paso en el proceso de eliminar los servicios sociales más elementales. Con el fin de "ahorrar" $22 billones en los próximos cinco años, la nueva ley recorta en un 3% las estampillas de comida, afectando, entre otros, a tres millones de familias cuyo ingreso es menos de la mitad del nivel oficial de pobreza (o sea, $6250 al año para una familia de tres personas).
Además de eso, muchos inmigrantes legales perderán completamente sus estampillas. De hecho, solo unas cuantas categorías de "no ciudadanos" seguirán recibiendo estampillas de comida federales: veteranos de las FFAA estadounidenses, ciertos refugiados políticos y los que pueden probar que trabajaron legalmente durante 40 trimestres. Se supo que eso permitirá al gobierno "ahorrar" $3,7 billones para el año 2002.
El 16% de los inmigrantes que perderán estampillas son ancianos, el 16% son niños y la mayoría de los demás trabajan por salarios de miseria. El 20% de esas familias, tiene por lo menos un miembro que trabaja. En California, la cifra es de 30% y esas personas no reciben ninguna otra clase de ayuda; el 40% de ellas son latinos cuyos sueldos no alcanzan ni siquiera para la renta y la comida.
***** Una señora mexicana le describió su situación a un reportero: Guadalupe Quintero tiene 37 años; inmigró legalmente a Long Beach, California, hace nueve años. Su esposo, Rafael, trabaja en una fábrica de fibra de vidrio en Torrance, donde gana $260 a la semana. Son seis en la familia y el hijo mayor, que tiene 19 años, también trabaja y contribuye $60 de los $150 que gana a la semana. Hace un año sufrieron un accidente automovilístico. Como no tienen seguro médico, deben miles de dólares. Actualmente, reciben $220 al mes en estampillas de comida; es la única forma de ayuda que reciben salvo el Medi-Cal (el programa estatal de servicios médicos). Los otros tres hijos (de 17, 15 y 9 años) son estudiantes, pero solo el de 17 años nació en Estados Unidos y es ciudadano, así que es el único que seguirá recibiendo estampillas después del 1º de septiembre; los demás las perderán y no tendrán con qué comer.
***** En Chicago, Leonidas y Rosa Alba Pérez hablaron de cómo los recortes afectarán a su familia. Leonidas, que tiene 78 años, trabajó en una empacadora hasta que lo echaron por su edad. Rosa trabajó en una planta de comida congelada durante cuatro años, pero ahora no puede trabajar porque le dio artritis. Actualmente reciben $800 al mes en ayuda federal—más estampillas de comida—y pagan $750 en renta y servicios. Al perder los $277 al mes de las estampillas, temen que su hija Emma, de 15 años, tendrá que abandonar sus estudios para trabajar.
***** En 1996, el Instituto Urbano calculó que los recortes del welfare, y especialmente los recortes de estampillas de comida, hundirán a 2,6 millones de personas en la miseria. Como de costumbre, el gobierno de Clinton criticó los recortes de estampillas para inmigrantes legales, ¡pero de todos modos los aprobó! Por otra parte, de acuerdo al nuevo presupuesto, el 1% más rico de la población recibirá enormes exenciones de impuestos. Es decir, por un lado, quitan comida a las familias más pobres y, por el otro, dan billones de dólares a los multimillonarios.
Los recortes del 1º de septiembre afectarán especialmente los cuatro estados donde viven el 75% de los inmigrantes que reciben estampillas de comida: California, Florida, Nueva York y Texas. No se sabe con precisión cuáles serán las consecuencias de los recortes porque la situación varía de un estado a otro. Además, los gobiernos federal y estatales siguen afinando muchos detalles.
En la mayoría de los estados, los inmigrantes legales perderán un promedio de $172 al mes a partir del 1º de septiembre. En Texas, por ejemplo, 168.000 inmigrantes han estado recibiendo estampillas y hasta la fecha el gobierno estatal no ha hecho nada para ayudar a los que las perderán.
Muchos directores de comedores de beneficencia dicen que no tienen cómo alimentar a más gente y que tendrán que negarles ayuda. Second Harvest, organización que se dedica a alimentar a los necesitados, calcula que en Illinois en los próximos seis años se le negará a la gente el equivalente a 946 millones de libras de comida como resultado de los recortes de $1 billón en el programa de estampillas de comida. Un legislador estatal dijo que esto llevará a problemas de alimentación que a su vez aumentarán la cantidad de pacientes en las salas de emergencia.
El 30% de los inmigrantes que perderán estampillas viven en California, y el 15% se concentran en el condado de Los Angeles. El presidente de la asamblea estatal calcula que 350.000 personas perderán estampillas en agosto, aunque se debate cuántas podrán evitar los recortes por medio de exenciones o solicitando la ciudadanía. Un grupo de cabildeo calcula que los recortes perjudicarán a 100.000 niños. Donna Wolfe, de la Coalición Lao Hmong de California, dijo: "En nuestra comunidad hay pánico y confusión. La reforma del welfare creará un desastre social y de salud".
Como muchos tendrán que escoger entre pagar la renta o comprar comida, se prevé un aumento de gente sin techo. Ya se sabe de dos suicidios de inmigrantes legales en California, uno en Stockton y el otro en Chico, producto de la angustia a raíz de los recortes.
Esto afecta a toda la comunidad inmigrante. "Perder las estampillas es doblemente perjudicial", dijo Emma Tran, gerente del mercado Hanson's en la avenida Atlantic, Long Beach; la mayor parte de sus clientes hacen sus compras con estampillas. "Primero perjudica a las familias. Luego, perjudica a las tiendas".
En por lo menos 10 estados, el gobierno estatal reemplazará una parte de la ayuda que el gobierno federal recortará; por ejemplo, le darán ayuda a inmigrantes ancianos o incapacitados, pero no a trabajadores pobres ni a trabajadores agrícolas.
En muchos estados, las autoridades quieren suavizar los recortes presionando a los inmigrantes a solicitar la ciudadanía. En New Jersey, por ejemplo, recortan la ayuda estatal a inmigrantes ancianos e incapacitados si no solicitan la ciudadanía tan pronto como llenen los requisitos. La Junta de Supervisores del condado de Los Angeles formó una comisión de naturalización (de 15 dependencias del condado y 22 organizaciones particulares y públicas) que promueve la ciudadanía. Obligar a solicitar la ciudadanía con la amenaza de negar comida es una infamia; pero además, los ataques contra los inmigrantes han producido una avalancha de solicitudes y es probable que centenares de miles pierdan la ayuda de todos modos mientras están en trámites. Por otra parte, muchos trabajadores agrícolas y otros inmigrantes legales no cumplen el requisito de haber vivido cinco años corridos en Estados Unidos porque su situación y su trabajo hacen que regresen con regularidad a su país de origen.
***** En California, Hung Huynh, una vietnamita de 60 años, dijo que solicitó la ciudadanía hace 10 meses y todavía está esperando respuesta. Pero le han informado que el 1º de septiembre perderá sus $98 mensuales de estampillas de comida.
"Nos costará mucho trabajo subsistir", dijo. Era costurera y solicitó ayuda del gobierno cuando se lesionó la espalda. Vive en San Francisco con su esposo jubilado y su madre. "No entendemos por qué nos tratan así", dijo.
***** El pretexto oficial para estos crueles recortes del welfare es "obligar a trabajar" a los "adictos al welfare". Es una mentira, y eso se ve clarito en el caso de los inmigrantes legales. Muchos de ellos están trabajando; la principal "addición" que los controla es la de los capitalistas estadounidenses, que necesitan explotar la mano de obra barata de inmigrantes.
La clase dominante quiere aumentar las dificultades de los sectores más pobres de la clase obrera. Desde el punto de vista del capitalismo, más sufrimiento y hambre es parte de "aumentar la capacidad competitiva" de la economía estadounidense. Su meta es reducir el costo de los servicios sociales, obligar a millones más a aceptar salarios miserables y hacer regresar a los inmigrantes a su país de origen durante los lapsos cuando no encuentren trabajo.
De plano, se espera aumentar la rentabilidad de la economía atacando a los más pobres y vulnerables. Es una forma de crueldad calculada.
Con los recortes también quieren aislar y castigar a todos los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados. Ya niegan casi todos los servicios sociales a inmigrantes sin papeles, y los joden en la frontera y por toda la sociedad. La ley 187 de California les quita muchos servicios estatales y quiere que los empleados estatales, como maestros y trabajadores sociales, se porten como agentes de la Migra. Por su parte, la Migra ha deportado un 50% más en 1997 que en 1996, sin hablar de los que captura y deporta directamente en la zona fronteriza, que son un millón al año.
Tradicionalmente, los inmigrantes legales han recibido muchos servicios sociales porque ellos trabajan y pagan impuestos igual que los ciudadanos. Ahora cambian las reglas por completo y se los quitan muy injustamente.
Hay mucha indignación, miedo y angustia en las comunidades inmigrantes. En Madera, California, una zona rural, la cantidad de estudiantes en las escuelas primarias ha disminuido porque muchas familias inmigrantes temen que si sus hijos se inscriben, los deporten.
Después de la aprobación de la 187, un estudiante de la escuela primaria Hoover en Pico Union, Los Angeles, dijo: "Nos tratan como si fuéramos basura... como un enemigo".
Todo aspecto de estos recortes es una infamia. No se puede permitir que entren en vigor; hay que lanzar muchas formas de resistencia y protesta.
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