Las últimas sobre la lucha por Mumia
Leonard Weinglass
Obrero Revolucionario #925, 28 de septiembre, 1997
Al preso político Mumia Abu-Jamal lo condenaron en una farsa de juicio de matar a un policía de Filadelfia en 1981; lleva 17 años en el pabellón de la muerte. Hace poco su abogado, Leonard Weinglass, escribió el siguiente recuento del caso para la nueva edición en alemán de su libro, Race for Justice: Mumia Abu-Jamal's Fight Against the Death Penalty (Carrera por la justicia: La lucha de Mumia Abu-Jamal contra la pena de muerte, Common Courage Press, 1995). Aquí Weinglass informa sobre lo que pasó del verano de 1995 a mayo de 1997.
Desde que salió Race for Justice, hace aproximadamente dos años, han ocurrido más sucesos favorables en el caso de Mumia Abu-Jamal que en los 12 años previos. Pero de todos modos, Mumia sigue en el pabellón de los condenados a muerte en Pensilvania y todavía existe la posibilidad de que fijen una fecha de ejecución en 1997.
En dos series de audiencias en 1995 y 1996, refutamos tan cabalmente los tres principales pilares de la fiscalía que solo los más intransigentes partidarios de su ejecución no admiten que se necesita un nuevo juicio. Estos tres pilares son: 1) que los testigos de la muerte del agente Faulkner identificaron a Mumia como el asesino; 2) que una bala de su pistola lo mató; y 3) que en el hospital Mumia confesó que era el asesino.
Se han conocido nuevos datos de lo que pasó en el lugar de los hechos:
William Singletary, un testigo ocular que la policía encontró en el lugar del crimen pero que no dio testimonio en el juicio de 1982, ha dicho que vio a un individuo, que no era ni Mumia ni su hermano, balear a Faulkner y huir. Eso es precisamente lo que les dijo a los detectives la noche de la muerte de Faulkner, pero estos lo amenazaron para que cambiara su versión de los hechos. Lo tuvieron en la comisaría varias horas; después de un tiempo, huyó de Filadelfia por las amenazas y el hostigamiento. Singletary no tenía antecedentes criminales, era un ex soldado condecorado de la guerra de Vietnam y tenía familia; no tenía ningún motivo para mentir.
Otra testigo ocular, Debbie Kordansky, quien tampoco dio testimonio en el juicio de 1982 porque "no me gustan los negros" y "para no ayudar a la defensa", admitió ahora que la noche de la muerte de Faulkner le dijo a la policía que, después de oír los disparos, desde la ventana de su cuarto de hotel vio huir corriendo a un hombre.
Robert Chobert, un testigo quien dijo en el juicio de 1982 que Mumia mató a Faulkner, admitió ahora que al comienzo le dijo a la policía que el asesino huyó corriendo, pero cambió su versión de los hechos seis meses más tarde porque "me equivoqué". Pero el verdadero motivo de su cambio resultó evidente cuando admitió que la policía se enteró de que esa noche estaba manejando su taxi sin licencia y él le pidió ayuda al fiscal. Dijo tímidamente que después de dar testimonio le permitieron manejar el taxi por lo menos 10 años sin licencia.
A raíz de una larga y costosa investigación, en 1996 localizamos a Veronica Jones, otra testigo que dijo en el juicio que no vio a nadie huir del lugar de los hechos. Hoy sus años de prostitución han quedado atrás y repitió ante el tribunal lo que le dijo a la policía la semana de la muerte de Faulkner: que vio a dos hombres huir corriendo después del tiroteo. También explicó por qué cambió su versión de los hechos: poco antes del juicio dos detectives la visitaron en su celda y amenazaron con dejarla en la cárcel 10 años si ayudaba a la defensa. En ese entonces tenía 20 años y temía que le quitaran sus tres hijitas. Después de oír su nuevo testimonio, el juez Sabo la mandó arrestar por una vieja orden de detención y se la llevaron del juzgado esposada.
En 1995 la defensa se enteró por primera vez de que la policía encontró en la ropa de Faulkner una licencia para manejar de una persona, a quien arrestaron y llevaron a la comisaría esa noche. ¡La fiscalía no entregó esa información a la defensa durante 13 años! A ese individuo lo localizamos; en una audiencia confirmó que era su licencia y que lo arrestaron esa noche. Como tenía una excusa firme, lo pusieron en libertad, pero le dio a la policía el nombre de un amigo (hoy difunto) que le pidió prestada su licencia esa noche. Al amigo lo arrestaron y lo pusieron en una línea de sospechosos, donde una testigo de la muerte de Faulkner lo identificó como el asesino.
El peso de esta nueva información hizo añicos la principal tesis de la fiscalía durante el juicio, o sea que Mumia era el asesino porque las únicas personas presentes fueron él, su hermano y el agente. El juez Sabo dijo que esas nuevas pruebas no eran verosímiles ni persuasivas, incluso cuando la fiscalía las admitió. Sabo rechazó la petición de un nuevo juicio, aferrándose a la teoría de la fiscalía en el juicio de 1982.
A comienzos de 1997, después de esa decisión de Sabo, localizamos a otra prostituta que tiene valiosa información. Pamela Jenkins era informante del FBI y fue testigo clave en una investigación de corrupción policial que llevó a cabo un gran jurado federal. En una declaración jurada a la Suprema Corte de Pensilvania, Jenkins dijo que la policía la amenazó para que identificara a Mumia, pero que ella se negó porque no estuvo cerca del lugar del tiroteo. Pamela tenía relaciones con un policía de Filadelfia que se enamoró de ella cuando tenía 14 años y él estaba encargado de localizar a estudiantes ausentes de la escuela. Un elemento sumamente importante de su testimonio fue que una amiga suya, Cynthia White (también prostituta y la principal testigo contra Mumia), le dijo que tuvo que dar testimonio contra Mumia porque la policía la amenazó. Hasta la fecha, la Suprema Corte no ha decidido si se debe celebrar una audiencia para asentar su testimonio en el acta*.
Igualmente refutamos con nuevas pruebas el segundo pilar de la fiscalía, que una bala de la pistola de Mumia mató a Faulkner:
Presentamos por primera vez el informe forense, que dice que la bala sacada del cráneo de Faulkner era de calibre .44. (La pistola de Mumia era de calibre .38 y no podía disparar la bala que lo mató.)
El abogado de Mumia durante el juicio de 1982 admitió bajo juramento que no recuerda haber visto ese informe, que no le hizo ninguna pregunta al médico forense y que no lo presentó como prueba.
Al médico forense se le mandó comparecer en las audiencias de 1995. Con patente miedo en la cara, reconoció su propio informe en un juzgado lleno de policías. Vergonzosamente, dijo que no recordaba la autopsia, sus propias notas ni nada de lo que hizo en el caso.
Un experto en armas de fuego, de nombre Fassnacht, dijo que es increíble que la policía ni siquiera hiciera una prueba muy fácil para determinar si la pistola de Mumia se había disparado. Es una prueba que él mismo le enseñó a la policía de Filadelfia cuando era maestro de balística. Dijo que tampoco entiende por qué la policía no hizo otra prueba en la mano de Mumia para determinar si él había disparado un arma de fuego, algo rutinario en casos de homicidio.
También hicimos añicos la conclusión contradictoria del laboratorio policial de que la bala que mató a Faulkner era de calibre .38. Se demostró que el médico forense sacó dos pedazos de bala de Faulkner, pero el laboratorio policial solo recibió y examinó uno de ellos. La fiscalía no mandó explicar qué pasó con el otro pedazo ni qué indicaba sobre el calibre de la bala.
El juez Sabo, nuevamente, no se dejó persuadir. Simplemente pasó por alto toda la nueva información de la bala, la pistola de Mumia, el inexplicable hecho de que la policía no la vinculó a la muerte de Faulkner y la incompetencia del abogado de Mumia.
Por último, refutamos tan completamente la presunta confesión en el hospital que hasta un periodista (y abogado) conservador de renombre, después de examinar todo el acta, concluyó (en un artículo en la prestigiosa revista American Lawyer) que fue una fabricación. Esta vez, la defensa localizó y mandó comparecer al agente Wakshul, que no dio testimonio en el juicio de 1982 supuestamente porque estaba de vacaciones.
Wakshul admitió que la noche del tiroteo dijo que "el hombre negro no dijo nada". Sin embargo, varios meses más tarde, después de reunirse con el fiscal, de repente recordó que Mumia le había confesado. Cuando le preguntamos por qué no mencionó ese hecho antes, contestó: "No me parecía importante". También admitió que aunque oficialmente estaba de vacaciones durante el juicio de 1982, en realidad estaba en su casa en Filadelfia listo para dar testimonio si lo llamaba la fiscalía.
El juez Sabo decidió que la confesión que Wakshul "recordó" después de su reunión con el fiscal es más creíble y pasó por alto lo que dijo ahora. Por eso rechazó la petición de Mumia de un nuevo juicio.
En las audiencias de 1995 y 1996, además de petardear las acusaciones de la fiscalía contra Mumia, demostramos que el proceso judicial fue deficiente porque no respetó en lo más mínimo los derechos de Mumia, en particular su derecho a defenderse.
En tres días de testimonio, su abogado del juicio de 1982 admitió que no habló con ninguno de los testigos antes del juicio, que no estaba preparado, que no planeó tácticas ni estrategia para el juicio, que no cumplió con su deber porque no objetó a la fiscalía en varios puntos críticos, y que no trató de obtener los fondos necesarios para contratar un investigador y expertos.
Su investigador admitió que se retiró del caso antes del juicio porque no le pagaron. Solo entrevistó a dos testigos, a pesar de que sabía que la policía había entrevistado a más de 20. Se concentró en tratar de entrevistar a Cynthia White, la principal testigo de la fiscalía, pero cada vez que se le acercaba en la esquina donde trabajaba, vio dos tiras que la protegían.
Fassnacht, el experto en balística, dijo que no ayudó a la defensa durante el juicio porque los $150 que el tribunal le ofrecía no eran suficientes.
El abogado de Mumia dijo que un patólogo hubiera podido contribuir mucho a la defensa pero que no encontró uno dispuesto a dar testimonio por los $150 que ofrecía el tribunal.
El condado destinó $13.000 para pagar el abogado de Mumia, el investigador y un fotógrafo. Compárese eso con lo que se gasta en otras ciudades. El condado de Los Angeles asigna $60.000 para la defensa en casos que podrían llevar a la pena de muerte y en Nueva York una comisión especial le notificó al gobernador que debe gastar $600.000 por caso.
Además de fondos inadecuados y un abogado incompetente, la selección de jurados excluyó a los candidatos afroamericanos. En 1989 la fiscalía admitió ante la Suprema Corte de Pensilvania que rechazó a ocho candidatos afroamericanos que cumplían todos los requisitos. La defensa investigó la situación y descubrió que, de hecho, la fiscalía rechazó a 11 candidatos afroamericanos. Cuando presentamos esa información, el fiscal admitió que rechazó a 10. De los 15 candidatos rechazados por la fiscalía, 10 (o sea, dos tercios) eran afroamericanos. En 1985 la Suprema Corte federal condenó la práctica de excluir a jurados por motivos raciales, cosa que pasó por alto la Suprema Corte de Pensilvania cuando consideró la apelación de Mumia en 1989, en parte debido a que el fiscal había dicho que solo excluyó a ocho candidatos afroamericanos por motivos ajenos a su raza, y además porque Mumia también rechazó a un candidato afroamericano (un hecho que no tiene relación).
Volvimos a entablar una apelación en la Suprema Corte de Pensilvania por la nueva información, y en eso salieron a flote los verdaderos motivos de la fiscalía para excluir candidatos afroamericanos del jurado. La actual fiscal de Filadelfia, Lynn Abraham, dio a conocer un video que hizo su rival en los comicios, un ex subfiscal que ahora es abogado particular. El video lo hizo en 1987 como parte de un curso de capacitación de nuevos fiscales. En la grabación les dice a los nuevos fiscales que deben excluir candidatos por motivos raciales y les explica cómo justificarlo. Les dice que no excluyan a candidatos afroamericanos que crecieron en el Sur, porque su experiencia sin duda les inculcó miedo a la autoridad. Eso fue precisamente lo que hizo la fiscalía en el juicio de Mumia. De los dos jurados afroamericanos que aceptó, uno era una señora mayor de Carolina del Sur y el otro un señor de las islas Vírgenes. Le pedimos a la Suprema Corte de Pensilvania que considerara el video como prueba de las tácticas de la fiscalía, pero todavía no ha respondido a nuestra petición.**
Otro asunto que presentamos hace poco a la Suprema Corte de Pensilvania es la decisión de un juez federal de Pittsburgh de que a fines de 1996 las autoridades carcelarias interceptaron, abrieron y fotocopiaron indebidamente cartas entre Mumia y sus abogados en un momento crítico en 1995, poco antes de entablar documentos para solicitar un nuevo juicio, y de que eso lo "perjudicó". Fue la primera vez que un juez aceptó lo que Mumia ha estado diciendo desde hace 15 años: que el gobierno ha violado sistemáticamente sus derechos. A raíz de esa decisión, que actualmente se está apelando, pedimos a la Suprema Corte de Pensilvania que anulara las acusaciones contra Mumia o que, por lo menos, le diera una nueva audiencia o un nuevo juicio. La Corte no ha respondido a nuestra petición.
Actualmente nuestra apelación tiene 23 puntos separados, entre ellos la clara y comprobada mala conducta de parte de la fiscalía de manipular pruebas y no entregarlas a la defensa. Los seis magistrados de la Suprema Corte de Pensilvania tomarán una decisión sobre la apelación en 1997. El presidente de la Corte, el único magistrado afroamericano, se jubiló inesperadamente poco después de que Mumia entabló su apelación. Uno de los seis magistrados fue el fiscal encargado de atacar la apelación anterior de Mumia. El memorando contra Mumia lleva su firma. La Corte no ha respondido a nuestra petición de que él se retire del caso. Pero la Corte rechazó la petición de Mumia de que su abogado presentara argumentos orales.
Si la Suprema Corte de Pensilvania rechaza la apelación, el gobernador, Tom Ridge, un republicano conservador y ex militar (francotirador del odiado Cuerpo I durante la guerra de Vietnam), ha dicho que firmará una nueva orden de ejecución.
En tal eventualidad, la defensa buscará aplazar la ejecución entablando una petición de habeas corpus ante un tribunal federal en Filadelfia. Con toda probabilidad (pero sin garantía), el tribunal federal aplazará la ejecución hasta que haya tenido la oportunidad de estudiar el caso para ver si han ocurrido violaciones de leyes federales. La defensa siempre había considerado que esa etapa del caso sería crítica. Desde 1977, cuando volvieron a legalizar la pena de muerte en Estados Unidos, los jueces federales han anulado más del 35% de las condenas capitales de tribunales estatales por violaciones de los derechos federales del acusado. A diferencia de los jueces estatales, a los jueces federales no los eligen sino que los nombran de por vida. Era de esperarse que los tribunales federales examinaran de una manera independiente las acciones de los tribunales estatales de Pensilvania.
Pero eso ha cambiado. El 24 de abril de 1996, poco después del dinamitazo de Oklahoma City, el presidente Clinton firmó la Ley para Combatir el Terrorismo y de la Pena Capital, que restringe la autoridad de los tribunales federales para revisar las condenas de los tribunales estatales. En esencia, requiere que los jueces federales acepten los fallos de los jueces estatales a menos que se hayan cometido violaciones "excesivas" de los derechos federales en el proceso. Este dramático ataque al derecho de habeas corpus se ha apelado, pero una mayoría de jueces nombrados por Reagan y Bush decidirán si es una violación de la Constitución.
Desde hace 15 años Mumia, que vive a un paso de la muerte, ha dicho que es inocente. La nueva información que ha salido a flote en los últimos dos años lo ratifica. Comprueba que condenaron a una persona inocente presionando a los testigos, fabricando una confesión, ocultando pruebas y por medio de otras formas de mala conducta de la policía y la fiscalía, y que además contribuyeron a esta farsa de juicio un abogado incompetente y un tribunal hostil. Incluso los que quieren que lo ejecuten admiten públicamente que, si tiene un nuevo juicio, seguramente lo absolverán.
Una vez más, el sistema de justicia criminal estadounidense está empantanado por cuestiones de raza, clase y política. Las mismas fuerzas que históricamente han fomentado un sistema nacional de coacción y control ahora amenazan con ejecutar a un activista político negro. Solo la total vindicación de Mumia Abu-Jamal, después de 15 años de tortura en los penales, impedirá que se cometa otra injusticia más en una historia empapada de sangre de inocentes.
Mayo de 1997
Leonard Weinglass
Derechos de autor
Publicado con permiso
* Nota del OR: La audiencia se celebró en junio de 1997. Pamela Jenkins dio testimonio sobre las amenazas de la policía; dijo que Cynthia White era informante de la policía y que vio a White unos pocos meses antes de la audiencia. Sabo rechazó su testimonio. El testimonio y la decisión de Sabo son parte del acta que está considerando la Suprema Corte de Pensilvania.
OR: La Suprema Corte de Pensilvania rechazó esta petición.
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