??La lista antiterrorista de Washington
Obrero Revolucionario #933, 23 de noviembre, 1997
Un refrán popular chino dice: "Los mandarines se permiten prender fuego a las casas del pueblo, mientras a este le prohíben encender sus lámparas".
El 8 de octubre, el Departamento de Estado publicó una nueva lista que califica a 30 grupos extranjeros de "organizaciones terroristas". Esa fue una tarea pendiente de la Ley contra el Terrorismo y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, que califica de crimen federal todo apoyo material que se brinde a esos grupos.
Al anunciar la lista, el presidente Clinton dijo: "Esta medida manda un mensaje inconfundible: hay que efectuar cambios por el camino del diálogo y la deliberación abierta, no por el de la violencia y el odio".
¡Habráse visto!
"Diálogo, no violencia". ¿Cómo se atreve a pronunciar esas palabras el jefe de estado de este país, cuando la historia de todo este siglo se caracteriza por la violencia estadounidense contra pueblos enteros? Invasiones a Vietnam, República Dominicana, Granada, Cuba y muchos países más; golpes de estado sanguinarios, como el del 73 contra el gobierno elegido de Salvador Allende en Chile, que dejó 30.000 muertos. Estados Unidos es el que financió la contra en Centroamérica con el narcotráfico, y el que respalda las violaciones y masacres que comete en Perú la guerra antisubversiva de Fujimori.
Estados Unidos impuso un embargo contra Irak de años que ha matado a casi 600.000 niños por falta de alimentos y medicinas. Clinton ha continuado ese embargo y ahora amenaza completarlo con ataques militares.
Los "mensajes inconfundibles" de Estados Unidos siempre se han dado con bombardeos, armas nucleares, napalm, armadas y misiles.
Con esta nueva ley, el gobierno dice que puede hacer lo que le dé la gana, por sangriento y opresivo que sea, decidir si la oposición a eso es legítima o no, y luego imponer su veredicto contra los que viven aquí.
Cada año el gobierno manda billones de dólares para que Israel siga ocupando el territorio palestino, pero ahora sale con que es un crimen federal que los árabes que viven aquí manden dinero a escuelas de Cisjordania donde se enseña a luchar contra la ocupación israelí. Puso en marcha escuadrones de la muerte en Perú y Turquía, pero ahora dice que es un crimen mandar equipo de radio y dinero a los grupos que luchan contra esos gobiernos opresivos. ¡Mandó billones de dólares a los fundamentalistas islámicos de Afganistán, pero ahora acusa a grupos similares en Palestina de "terroristas" y manda meter en la cárcel a los que los apoyan!
¿Piensa el gobierno que puede decidir qué luchas armadas son o no son "legítimas"? ¿Piensa que la gente de esos países hará caso a sus órdenes de "pueden rebelarse así, pero no asá"? ¿Piensa que la gente de aquí obedecerá sus dictámenes de a quién pueden o no pueden apoyar?
***** La recién fundada Coalición Nacional para Proteger la Libertad Política (NCPPF, por sus siglas en inglés) se opone a elementos clave de la Ley contra el Terrorismo, y el 8 de octubre condenó la lista del Departamento de Estado. Dijo: "El gobierno está a punto de implementar uno de los más importantes ataques contra la Primera Enmienda que se ha visto en la historia reciente.... El efecto práctico de la publicación de la lista, y los procesamientos judiciales que vendrán, serán devastadores para una gran cantidad de grupos e individuos que se interesan por su país o el país de sus antepasados, o por el bienestar y los derechos humanos de gente por todo el mundo".
La lista incluye al Partido Comunista del Perú (que figura como Sendero Luminoso), que dirige una guerra popular maoísta.
También incluye a muchas organizaciones palestinas, el grupo Mujahadín de Irán, el Partido de los Trabajadores Curdos, el Khemer Rouge de Camboya y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Según esta ley Contra el Terrorismo, una vez que un grupo ha sido calificado de "terrorista", lo siguiente puede suceder:
Primero: será un crimen que cualquiera en Estados Unidos contribuya dinero u otro apoyo material, aunque fuese para sus actividades sociales, políticas y humanitarias, aun si son legales. Por ejemplo, mandar cobijas para una clínica, libros para una escuela, ropa para un orfanato o dinero para presos políticos será un crimen federal y el castigo será de hasta 10 años de cárcel si el Departamento de Estado dice que se enviaron a grupos asociados con "terroristas". Sin embargo, la ley no prohíbe material religioso ni medicinas.
Segundo: los miembros de las supuestas "organizaciones terroristas" no podrán entrar a Estados Unidos, aunque no existan pruebas de que sus miembros hayan hecho nada ilegal. Esto resucita las reglas de la ley McCarren-Walter que se aplicaron durante el macartismo, que prohibían que comunistas y revolucionarios vinieran a dar conferencias o a recaudar fondos.
Tercero: pueden deportar "con prontitud y confidencialmente" a presuntos miembros de "grupos terroristas" en audiencias secretas sin la presencia del acusado. Una parte de esta ley dice: "Las reglas federales sobre pruebas no serán aplicables en una audiencia de deportación". O sea, se puede condenar y deportar a partir de evidencia y testimonio secretos, como las mentiras y falsas acusaciones de la policía política del país natal del acusado. Al acusado simplemente se le presentaría un "resumen" de las pruebas, con la información que el gobierno decida divulgar. El acusado puede permanecer en la cárcel mientras se realizan los trámites sin su presencia.
Cuarto: las instituciones financieras deben congelar las cuentas de los grupos o de sus "representantes" en Estados Unidos. A las instituciones que no acaten les multarán $50.000 sin posibilidades de apelar.
Quinto: el FBI podrá investigar a grupos estadounidenses por el apoyo político que brinden a través de escritos o protestas públicas. Desde 1994, la enmienda Edwards le prohibía al FBI investigar actividades protegidas por la Primera Enmienda. Mejor dicho, el FBI no podía investigar a una persona simplemente por lo que dijo o escribió sobre un grupo extranjero. Pero ahora se ha rechazado la enmienda Edwards y el FBI puede iniciar investigaciones por los discursos, escritos y protestas de apoyo a los "terroristas" de la lista.
Si bien la ley no criminalizó abiertamente el apoyo político a esos movimientos, sí le dio al FBI y otras dependencias gubernamentales mayores poderes para espiar, infiltrar y trastornar a las organizaciones que dan apoyo político a movimientos extranjeros opuestos a Estados Unidos. La ley también le otorgó al FBI $400 millones para investigaciones "antiterroristas", así como 500 agentes más para investigaciones domésticas relacionadas con "terrorismo".
En una palabra, el propósito de la ley, que cuenta con el firme apoyo de Clinton, es limitar el apoyo que se pueda brindar en Estados Unidos a movimientos que luchan contra el imperialismo estadounidense.
Todo esto representa un gran ataque contra el "proceso judicial establecido", como por ejemplo el derecho del acusado a confrontar a su acusador y de apelar una decisión injusta. Además, contiene muchos otros ataques contra los derechos del pueblo: limita la cantidad de apelaciones de los presos, acelera las ejecuciones y quita derechos a los inmigrantes.
Con el pretexto
de "combatir el terrorismo"La propaganda oficialista dice que el "terrorismo" es un grave problema que altera el orden mundial, y muchas operaciones internacionales se llevan a cabo bajo el pretexto de "combatir el terrorismo".
Nada más en 1996 se realizaron cinco conferencias internacionales "contra el terrorismo": en Filipinas, Japón, Egipto, Perú y Francia. En los últimos años, Estados Unidos ha adiestrado en tácticas "antiterroristas" a más de 19.000 policías de 80 países.
Sin embargo, al revisar la lista del Departamento de Estado, se ve claramente que apunta contra diferentes grupos no gubernamentales que tienen una sola cosa en común: de una u otra manera se les considera un obstáculo a los intereses de Estados Unidos en su parte del mundo.
La definición de "terrorismo" que aplica el Departamento de Estado es tan borrosa que se puede aplicar a casi cualquier grupo no gubernamental que tenga conflictos con Estados Unidos. Aparentemente ni siquiera es necesario que haya pruebas de que el grupo en cuestión ha recurrido a las armas; basta con que el Departamento de Estado diga que tiene la "intención" de causar daños o con que lleve a cabo acciones para "intimidar".
Además, se puede calificar a una organización de "terrorista" con pruebas secretas que no se tienen que presentar en una corte. Los grupos acusados solo tienen 30 días para refutar, sin siquiera la garantía de conocer las pruebas en su contra. El propósito claramente es obstaculizar los recursos judiciales.
No hay duda alguna de que el propósito es limitar el apoyo legal a movimientos revolucionarios auténticos que luchan por una nueva sociedad en países dominados por Estados Unidos.
Por ejemplo: al avalar la acusación del gobierno peruano de que el Partido Comunista del Perú es un grupo "terrorista", Estados Unidos apoya la cruenta guerra contrarrevolucionaria que se lleva a cabo con masacres, desapariciones, torturas y violaciones. Al incluir al PCP en su lista, el gobierno quiere prohibir ciertas formas de apoyo revolucionario e impedir que los simpatizantes del PCP vengan a dar conferencias. También le permite al FBI espiar y trastornar el apoyo a la guerra popular que dirige el PCP.
¡La ley penaliza el internacionalismo revolucionario!
Heriberto Ocasio, vocero nacional del Comité de Apoyo a la Revolución en el Perú, con sede en Estados Unidos, dijo: "Si el gobierno pensó que con esta ley iba a parar la solidaridad internacional con la gente que lucha contra sus gobiernos títeres asesinos, se equivocó rotundamente. Nuestro Comité seguirá movilizando a las masas para que apoyen políticamente la justa y heroica guerra popular en Perú".
Un garrote en pro de los "convenios" yanquis
La ley y la lista del Departamento de Estado también apuntan a consolidar importantes partes del mundo donde todavía no hay movimientos maoístas, pero sí otros movimientos de oposición. Por ejemplo, al acusar al Partido de los Trabajadores de Curdistán de "terrorista", avala la cruenta guerra del gobierno turco contra el pueblo curdo en el sureste de Turquía y el norte de Irak.
Desde el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos ha querido imponer "convenios" en diferentes partes del mundo, y la nueva ley es como un garrote contra los movimientos de oposición que se oponen a dichos convenios. Eso se ve especialmente en Palestina e Irlanda.
En la lista del Departamento de Estado aparecen muchas organizaciones palestinas que se oponen a las concesiones que le ha hecho a Israel la Organización para la Liberación de Palestina de Yasir Arafat. Entre ellas están el Frente Popular para la Liberación de Palestina y los grupos islámicos Hamás y Hezbolá. El gobierno dice que Hamás recauda dinero en las comunidades árabes aquí y quiere impedirlo.
La ley también se propone presionar a organizaciones que por el momento no aparecen en la lista, como los grupos irlandeses que luchan por su independencia de Inglaterra y los zapatistas.
Desde hace muchos años el gobierno ha querido criminalizar el trabajo de Noraid, la organización que desde hace décadas recauda fondos para causas republicanas irlandesas. Como en estos momentos Sinn Fein, el brazo político del Ejército Republicano Irlandés (IRA), está negociando con el gobierno inglés, no figura en la lista de "terroristas". Sin embargo, eso podría cambiar si de nuevo vuelve a las armas. Al darse el derecho de criminalizar a Noraid, y así cortarle fondos al IRA, Estados Unidos espera presionarlo a aceptar las condiciones impuestas por el gobierno inglés.
Los zapatistas cuentan con mucho apoyo en Estados Unidos. La prensa grande ha señalado una y otra vez que lanzan sus mensajes al mundo por la Internet con computadoras que les dan partidarios de muchas partes del mundo. Por ahora, esa clase de apoyo material a los zapatistas sigue siendo legal, aunque eso podría cambiar si Washington decide que las negociaciones con el gobierno mexicano van por mal camino.
En una palabra, esta ley se propone ser una amenaza y presión permanente contra muchos movimientos políticos de todo el mundo, incluso los que hoy por hoy no constan en la lista del Departamento de Estado.
Quieren prohibir la solidaridad internacional
Para comprender mejor el posible impacto de la ley, vale preguntar qué hubiera pasado si hubiera existido en décadas pasadas:
¿Hubieran metido en la cárcel por sacar afiches para enviar al movimiento contra el apartheid de Sudáfrica? ¿Hubiera sido ilegal enviar herramientas a los guerrilleros que luchaban contra el gobierno salvadoreño? ¿Hubiera sido ilegal enviar dinero a las familias de los presos políticos de Irlanda que estaban en huelga de hambre?
La respuesta podría ser sí, si esas organizaciones figuraran en la lista del Departamento de Estado.
De hecho, el gobierno llevó a cabo espionaje y ataques contra los grupos que apoyaban a los movimientos centroamericanos en la década pasada. El libro The FBI v. The First Amendment de Richard Criley señala que entre 1981 y 1985 el FBI investigó a 1330 grupos y 2370 individuos opuestos a la política oficial en Centroamérica. La investigación empezó con el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES, por sus siglas en inglés), pero luego se extendió a cientos de organizaciones que colaboraron con CISPES o que pudieron haber sido "frentes de CISPES".
En los años 80 ya era ilegal dar ayuda militar a grupos o países opuestos a Estados Unidos, así que uno de los pretextos que usó el gobierno para sus operaciones secretas fue decir que la ayuda humanitaria a El Salvador iba a la guerrilla con fines militares. En ese entonces, las operaciones del FBI causaron un escándalo, puesto que atacó actividades que eran legales.
Pero la ley de 1996 manda que el FBI investigue y procese a quienquiera que contribuya incluso ayuda humanitaria a las organizaciones de la lista del Departamento de Estado. Esto facilita el espionaje, las deportaciones y la detención por actividades de apoyo internacional.
Oposición a la criminalización de la solidaridad internacional
Todavía no está del todo claro cómo aplicarán la Ley contra el Terrorismo. Se está organizando resistencia y ya se han recusado en los tribunales partes de la ley.
Según David Cole, del Center for Constitutional Rights, una decisión reciente en el caso de los 8 de Los Angeles (activistas pro Palestina que el gobierno trató de deportar) "pone en duda la constitucionalidad de la ley".
Hace poco, 33 organizaciones se reunieron para fundar la Coalición Nacional para Proteger la Libertad Política, entre ellas: el Comité Nacional contra Legislación Represiva; el Consejo Musulmán Americano; el Instituto Arabe Americano; el Comité de Apoyo a la Revolución en el Perú; la Junta Nacional Irlandesa; la Unión Americana de Derechos Civiles; y el Gremio Nacional de Abogados. Este es un importante primer paso para denunciar y oponerse al ataque "antiterrorista" del gobierno.
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