En camino a Jericó 98: Amnistía y libertad para todos los presos políticos
Los independentistas puertorriqueños
Obrero Revolucionario #940, 18 de enero, 1998
Nuestra posición sigue siendo clara: Puerto Rico es una nación intervenida, conquistada militarmente y colonizada por Estados Unidos.... Somos prisioneros de guerra capturados por el enemigo. Nuestras acciones siempre han tenido y seguirán teniendo el carácter de una guerra de independencia, una guerra de liberación nacional.... El gobierno intervencionista de Estados Unidos no tiene ningún derecho en absoluto, ninguna voz en lo más mínimo con respecto a Puerto Rico, nosotros, ni cualquier prisionero de guerra puertorriqueño. El gobierno intervencionista de Estados Unidos solo tiene una alternativa en Puerto Rico y es ¡LARGARSE! Es nuestro derecho reconquistar y asegurar nuestra soberanía nacional. Nada se interpondrá en nuestra meta".
Declaración de independentistas puertorriqueños acusados de "conspiración sediciosa" en 1981 Hace 100 años, Estados Unidos se apoderó militarmente de Puerto Rico. Desde ese entonces ha sido una colonia, desde donde 13 bases militares yanquis amenazan al resto del Caribe y de Latinoamérica. Esa situación opresiva que le ha robado a los puertorriqueños su tierra, arruinado su agricultura y obligado a muchos a irse a vivir en Estados Unidos, ha provocado resistencia incansable y poderosos movimientos de independencia y liberación nacional. Durante el auge revolucionario de los años 60 y 70, tanto en la isla como en las comunidades puertorriqueñas de Estados Unidos surgieron nuevas fuerzas para luchar por la independencia de Puerto Rico.
El gobierno yanqui azuzó a sus sabuesos para capturar y procesar a los militantes de esos movimientos, sin escatimar recursos para aplastar su lucha: inventó pruebas, lanzó campañas de desinformación, puso infiltradores, soplones y medios de espionaje sofisticados. Los ha encarcelado injustamente y los ha sometido a bárbaras torturas.
Ataques contra independentistas en Chicago
"Pueden encarcelarnos por 80 años, pero jamás eliminarán el espíritu amante de la libertad de nuestro pueblo".
Ricardo Jiménez,
durante el juicio de 1980En 1980, la policía de Chicago arrestó a 10 independentistas en Evanston, al norte de Chicago, y los acusó de una supuesta campaña armada contra 29 oficinas e instituciones gubernamentales y militares. Los 10 son: Elizam Escobar, Ricardo Jiménez, Luis Rosa, Carlos Torres, Alfredo Méndez, Adolfo Matos, Carmen Valentín, Ida Luz Rodríguez, Dylcia Pagán y Lucy Rodríguez.
Más o menos al mismo tiempo, arrestaron a Haydé Beltrán Torres, a quien acusaron de dinamitar una oficina de la Mobile Oil en 1977 en Nueva York.
El 10 de diciembre de 1980, el gobierno federal acusó a los militantes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) de "conspiración sediciosa" para tumbar el gobierno y de otros 12 delitos. El juez a cargo fue oficial de espionaje militar.
Al ser detenidos, los independentistas se declararon "prisioneros de guerra" y atacaron al gobierno yanqui por dominar y oprimir a Puerto Rico. Puesto que fueron capturados en medio de la lucha armada para liberar a Puerto Rico, no reconocieron la legitimidad del sistema judicial estadounidense para juzgarlos.
Habiendo rechazado la legitimidad del sistema judicial, no se declararon ni inocentes ni culpables y declararon culpable a Estados Unidos de dominar a su país con las armas. Protestaron con huelgas de hambre. Varias veces, el juez los sacó de la corte y continuó la farsa en su ausencia. A Haydé le dieron una paliza en la puerta de un juzgado por darle la espalda al juez y defender la liberación de Puerto Rico.
El 11 de febrero de 1981, sentenciaron a 10 acusados a largas sentencias, o sea, prácticamente a cadena perpetua.
En ese momento, Alfredo Méndez se dio por vencido y empezó a colaborar con el FBI a cambio de que le conmutaran su sentencia de 83 a 20 años. El FBI lo entrevistó por lo menos 100 veces para sacarle información sobre el movimiento, y para orientarlo sobre lo que debería de decir en la corte contra los independentistas. El movimiento lo considera un "hombre quebrado e inmoral, un traidor a sus principios y a su pueblo".
En mayo de 1981, la policía capturó a Oscar López-Rivera, a quien acusó de ser el líder de las FALN. A un policía le pareció extraño que un latino estuviera en el suburbio blanco de Glenview, cerca de Chicago, y lo detuvo para ver sus papeles.
A Oscar lo acusaron de conspiración sediciosa y robo armado. Al empezar el juicio, él condenó al imperialismo yanqui y rehusó participar. Dijo: "Esto no es un juicio, es una farsa. Todos los presentes representan al gobierno o al FBI, quienes ya me han juzgado.... Puerto Rico es una colonia de la conquista militar estadounidense; su pueblo vive bajo un gobierno militar y genocida". En 1981 lo sentenciaron a 55 años de prisión. En 1988 lo acusaron de intento de fuga y le montaron 15 años más.
La acusación de
"conspiración sediciosa""Somos presos políticos porque nuestro rechazo al colonialismo es una protesta a las condiciones políticas, sociales, y económicas en que se encuentra Puerto Rico".
Alicia Rodríguez, 1997 El gobierno dice que esos presos son "criminales", y la prensa grande que son "terroristas peligrosos". Oficialmente, el gobierno insiste que no tiene presos políticos.
Sin embargo, la acusación de "conspiración sediciosa" desenmascara la realidad, pues se les acusa de conspirar "para oponerse por la fuerza a la autoridad del gobierno de Estados Unidos.... [con el propósito] de obtener la independencia de Puerto Rico". Estaban comprometidos a la lucha para liberar a su país del dominio yanqui, y todo lo que hicieron fue parte de esa justa y difícil lucha. Así que lo que el gobierno considera ilegal y criminal es la lucha por la liberación.
Las leyes de conspiración sediciosa dicen que es un crimen oponerse a la autoridad del gobierno de Estados Unidos, intentar tumbarlo, oponerse con la fuerza o conspirar para obtener propiedad oficial sin autorización. Son leyes para criminalizar a los revolucionarios y a la oposición. Las han usado para combatir a los independentistas puertorriqueños, como en 1936, cuando apresaron a la dirección del Partido Nacionalista Puertorriqueño, y en 1954 para reprimir levantamientos populares.
Son acusaciones políticas porque su finalidad es impedir desafíos al injusto poder político y porque consideran que trabajar y hablar en grupo a favor de una causa política es "conspirar". Así que uno es "culpable por asociación".
En 1985, en un artículo sobre estos casos, dijimos en las páginas de este periódico: "La acusación de `conspiración sediciosa' es para dar un mensaje político" a quienquiera que desafía la autoridad de Estados Unidos de dominar a Puerto Rico.
Ataques contra los que se oponen a la prisión injusta
"Luchar por la independencia de Puerto Rico no es crimen".
Consigna coreada en las calles
durante el juicio de julio 1985En cuanto arrestaron a los combatientes de las FALN en Evanston, se formó el Comité Nacional pro Libertad de los Prisioneros de Guerra con el fin de defenderlos y de dar a conocer la causa de los independentistas. E inmediatamente, el FBI empezó a vigilar a sus integrantes.
El gobierno organizó una "fuerza élite" de 110 agentes de diversas dependencias como el FBI de Chicago, Nueva York, Puerto Rico, Kansas City, Filadelfia y Pittsburgh, así como las divisiones de Chicago y Nueva York de la Comisión Especial de Terrorismo del Departamento de Justicia, el Servicio Secreto, la Interpol (agencia policial internacional) y el Departamento de Policía de Chicago.
El soplón Alfredo Méndez delató a otros dos militantes de las FALN y el FBI inició una masiva vigilancia de dos años con cámaras y micrófonos en casas de independentistas.
En junio de 1983, arrestaron a tres activistas: Alejandrina Torres, Edwin Cortés y Alberto Rodríguez, todos miembros del Comité Nacional pro Libertad para los Prisioneros de Guerra Puertorriqueños. Los acusaron de planear la liberación de 11 prisioneros de guerra puertorriqueños y de dinamitar dos centros de reclutamiento militar en Chicago el 4 de julio de 1983. Su juicio fue en 1985 y la fiscalía presentó 150 horas de videos de vigilancia.
Torres, Cortés y Rodríguez se declararon prisioneros de guerra y no respondieron a las acusaciones. Uno dijo: "El gobierno de los Estados Unidos mostrará unas veintiún libras de dinamita confiscada. La evidencia mostrará que en mi país, el ejército de los Estados Unidos usa y almacena bombas. Una bomba nuclear de un megatón es igual a un millón de toneladas de TNT. La cantidad de dinamita que nos acusan de poseer y la cantidad de dinamita que los Estados Unidos almacena en Puerto Rico son incomparables".
A los tres los declararon culpables de conspiración sediciosa y de una variedad de delitos relacionados con posesión de bombas y armas.
Redadas en Puerto Rico
Simultáneamente, el gobierno lanzó un ataque contra los independentistas en Puerto Rico. El FBI anunció que buscaba a los responsables del robo de $7,2 millones de un camión blindado de la compañía Wells-Fargo en Hartford, Connecticut, en 1983, que reivindicaron los Macheteros.
Con ese pretexto, el 30 de agosto de 1985 el FBI llevó a cabo grandes redadas con más de 250 agentes. Tumbaron puertas y arrestaron a mucha gente. A 17 nacionalistas los acusaron de ser Macheteros. Confiscaron centenares de miles de documentos, papeles y libros, rollos de película, etc.
Las redadas se lanzaron desde la base de la Marina estadounidense Roosevelt Roads. Cuando el gobernador de Puerto Rico se quejó de que no le informaron de antemano de las redadas, el FBI respondió de una manera típicamente colonialista: dijo que no tenía ninguna obligación de informarle de sus actividades en la isla.
A los detenidos los acusaron de violar la ley RICO, que prohíbe ser miembro de una "organización corrupta". Como la acusación de "conspiración sediciosa" contra los luchadores de las FALN, esa es una acusación altamente política basada en asociaciones políticas. Cuando se supo que el gobierno había falsificado pruebas, muchos de los arrestados fueron puestos en libertad. Pero dos Macheteros siguen en la cárcel: Antonio Camacho y Juan Segarra Palmer.
Durante el juicio, salió a flote que la policía de Puerto Rico tenía expedientes sobre más de 90.000 "subversivos", y 16.500 expedientes con información detallada. El Boston Globe informó: "Las listas de subversivos empezaron durante el gobierno militar estadounidense, después de que España cedió la isla... en 1898".
La persecución de los comités de defensa
Desde los primeros arrestos de los independentistas, el gobierno le ha caído encima a los que los defienden.
De 1975 a 1977, cinco personas fueron a parar a la cárcel en Chicago (hasta por 18 meses) por no dar testimonio a gran jurados encargados de investigar el movimiento pro independencia. Uno de los detenidos fue el dirigente nacional de la organización independentista Movimiento de Liberación Nacional (MLN), José López.
En junio de 1983, arrestaron a siete personas por no cooperar con un gran jurado en Nueva York y sentenciaron a cinco a tres años de cárcel. En Chicago, el gobierno y los medios siguen atacando al Centro Cultural Puertorriqueño, afiliado al MLN.
Ana López, coordinadora del capítulo de Nueva York del Comité Nacional pro Libertad para los Prisioneros de Guerra Puertorriqueños, le dijo al OR: "En nuestra campaña, hemos sido víctimas de una muerte sospechosa, nos han sacado de la carretera, y muchos han sido acusados y encarcelados falsamente por su apoyo a los prisioneros y a la independencia de Puerto Rico. El FBI nos sigue y hostiliza a nuestras familias. Pero esta represión no nos ha detenido. Nuestra campaña sigue fuerte".
Castigos especiales
A los independentistas los han sometido a crueles castigos en los penales. Precisamente por ser presos políticos, los han castigado duro para intimidar a los demás, quebrantar su espíritu y hacerles renunciar a la lucha.
A muchos los han mantenido en celdas de aislamiento durante largo tiempo. Oscar López lleva casi 12 años en aislamiento constante. Lo tuvieron dos años en un cruel experimento de deprivación de sueño en ADX Florence en Colorado, con graves consecuencias para su salud.
Les han aplicado restricciones especiales para impedir que se oiga su voz fuera de los penales y no les permiten contacto con los presos comunes.
Les impiden que se comuniquen con sus familiares, con restricciones a su derecho de hacer llamadas telefónicas o recibir visitas. Por ejemplo, a Adolfo Matos lo trasladaron diez veces (de un penal de Illinois a otro) sin informarles a sus familiares o partidarios.
Interceptan sus cartas y no les permiten comunicarse el uno con el otro ni tener escritos políticos. A algunos hasta les han prohibido ir a la biblioteca y participar en programas sociales y educativos.
Una y otra vez, han negado atención médica a los que tienen serios problemas de salud.
A las prisioneras las han sometido a un tratamiento especial. Durante sus primeros días en la cárcel, equipos de guardias (con hombres) sometieron a Alejandrina Torres a "registros de las cavidades corporales", que más parecen violaciones. Le dislocaron un hombro y sufrió un ataque cardíaco.
A varios prisioneros de guerra los han metido en unidades de control y tortura. En 1986, abrieron la Unidad de Control de Lexington, Kentucky, específicamente para quebrantar a las presas políticas. Alejandrina Torres fue una de las primeras en llegar, junto con las presas políticas Susan Rosenberg y Silvia Baraldini. Las vigilaban las 24 horas del día, incluso en los baños. Las sometían a experimentos de deprivación sensorial, no les permitían mirar afuera y mantenían las luces encendidas las 24 horas. En 1988, un juez ordenó cerrar la Unidad de Control de Lexington y admitió que tenían a las presas ahí por motivos políticos.
En los últimos años los centros de castigo especial han sido la Unidad de Control de Marion en Illinois y ADX Florence en Colorado. Ralph Arons, un ex alcaide de Marion, admitió: "El propósito de la Unidad de Control de Marion es controlar las actitudes revolucionarias en el sistema carcelario y en la sociedad en general".
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Hay 16 prisioneros de guerra y presos políticos puertorriqueños encarcelados injustamente en Estados Unidos. A la mayoría de ellos siguen sometiéndolos a crueles castigos en unidades de máxima seguridad. Su causa--la liberación de Puerto Rico--es justa y tenerlos en la cárcel es una infamia.
Jericó 98 coincide con el 100 aniversario de la ocupación yanqui de Puerto Rico; es un momento muy propicio para redoblar la lucha para liberar la isla y a los luchadores de liberación nacional puertorriqueños.
¡Amnistía y libertad para todos los presos políticos!
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