Camino a Jericó 98
El complot contra Geronimo ji Jaga
Siguen tras Geronimo
Obrero Revolucionario #945, 22 de febrero, 1998
Geronimo Ji Jaga está libre, pero su nombre figura en la lista de la Campaña Jericó 98 de presos políticos en Estados Unidos.
El 10 de junio de 1997, Geronimo ji Jaga (antes conocido como Geronimo Pratt) salió en libertad: casi 27 años después de su arresto, después de una farsa de juicio y una sentencia de cadena perpetua, después de ocho años de calabozo, después de rechazar su petición de libertad condicional 16 veces porque no ha renunciado a sus creencias revolucionarias, después de rociarle gas lacrimógeno y golpearlo. Geronimo pasó 27 años en la cárcel por un crimen que las autoridades saben que no cometió.
El 29 de mayo de 1997, el juez Everett W. Dickey anuló su condena de 1972. Dickey dijo que el principal testigo de la fiscalía era informante policial y que no se le informó a la defensa de eso ni de otros hechos importantes. Pero el 30 de enero de 1998, el fiscal Gil Garcetti de Los Angeles apeló su dictamen.
Hasta el Los Angeles Times acusó a Garcetti de "imprudencia": "Los argumentos que se encuentran en la apelación de la fiscalía de Los Angeles son tan flojos como los que ya rechazó el juez Everett W. Dickey de la Corte Superior del condado Orange. Más valdría concluir el asunto.... Parece que desde el comienzo las acusaciones contra Pratt han sido políticas, y se cree que con su condena la fiscalía y el FBI buscaban neutralizar al Partido Pantera Negra". Pero a pesar de que esta apelación amenaza con desenmascarar más chanchullos del sistema, poderosas fuerzas no quieren dejar en paz a Geronimo. En muchos sentidos, su experiencia arroja luz sobre la situación de todos los presos políticos en este país.
Blanco de COINTELPRO
A fines de los años 60 y comienzos de los 70, cuando Geronimo era un joven revolucionario, el imperialismo estadounidense se encontraba bajo ataque y a la defensiva, tanto en Vietnam como en el país, por los movimientos de liberación negra y revolucionarios. El FBI y otras dependencias policiales crearon el programa COINTELPRO ("programa de contrainteligencia") para atacar, hostigar, sabotear, meter a la cárcel y asesinar a radicales y revolucionarios. Uno de los principales blancos de COINTELPRO fue el Partido Pantera Negra.
En noviembre de 1968, el director del FBI, J. Edgar Hoover, envió un memorando a las oficinas del FBI en varias ciudades en que les ordenó "presentar un plan de medidas de contrainteligencia imaginativas y contundentes con el fin de paralizar al PPN". El FBI llevó a cabo ataques armados contra sus oficinas y dirigentes, y mató e hirió a muchos militantes. Envió soplones a infiltrar el PPN, entrampó a sus dirigentes con falsas pruebas y realizó una campaña de "desinformación". Envió cartas falsificadas y regó rumores con el fin de crear divisiones en el PPN y enemistades entre revolucionarios y simpatizantes.
A los dos meses del memorando secreto de Hoover, agentes del FBI y del Departamento de Policía de Los Angeles (DPLA) azuzaron a miembros de US, una organización "nacionalista cultural" no revolucionaria (dirigida por Ron Karenga), a asesinar a dos dirigentes de la rama de Los Angeles del PPN: Bunchy Carter y John Huggins. Bunchy había reclutado a muchos negros a las filas revolucionarias, y las autoridades esperaban que sin él, la rama se desintegrara.
Pero nuevas fuerzas llenaron el vacío. Geronimo Pratt, de 21 años, un ex soldado de la guerra de Vietnam, fue uno de sus nuevos dirigentes.
La policía política decidió "neutralizar" a Geronimo. Interceptaron sus llamadas telefónicas, lo vigilaron y lo arrestaron repetidas veces. Entre bastidores, tramaron un complot para meterlo a la cárcel o asesinarlo. Se sabe que equipos policiales examinaron docenas de crímenes sin resolver buscando uno para achacárselo.
A fines de 1969, cuatro días después de que el FBI y la policía de Chicago asesinaron a Fred Hampton y Mark Clark (dos dirigentes de la rama de Chicago), un ejército de más de 140 policías y agentes del FBI atacó la sede de los Panteras del sur de California, en la avenida Central de Los Angeles. Pero estos, dirigidos por Geronimo (veterano de la guerra de Vietnam), se habían preparado en serio para la posibilidad de un ataque. La sede estaba en un edificio de dos pisos. Por los preparativos y el heroísmo con que se defendieron los Panteras, la policía no logró entrar al segundo piso. Mientras tanto, una gran multitud rodeó el edificio y la chota tuvo que retirarse.
En el ataque hirieron a seis Panteras y arrestaron a 13, pero por el éxito de su autodefensa ninguno murió. El DPLA utilizó las mismísimas tácticas con que la policía de Chicago asesinó a Fred Hampton: abrieron fuego contra la cama donde dormía Geronimo. Pero Geronimo estaba durmiendo en el suelo esa noche, así que escapó de las balas policiales.
A los Panteras los acusaron de "agresión contra un policía" y Geronimo pasó dos meses en la cárcel hasta que se recolectaron $125.000 para la fianza. Durante una gira nacional, a Geronimo lo siguieron la policía y una campaña de desinformación de COINTELPRO, con la meta de fomentar desconfianza hacia él en el contexto de una importante lucha interna del Partido Pantera Negra.
La farsa de juicio
En diciembre de 1970, un año después del ataque, lo acusaron de la muerte de Caroline Olsen. En 1968, durante un robo de $18 en una cancha de tenis de Santa Mónica, Caroline Olsen murió y su esposo Kenneth resultó herido.
Desde el comienzo, el chanchullo era patente. A la hora del robo en Santa Mónica, Geronimo estaba en una reunión de los Panteras en Oakland, 640 kilómetros al norte. Hizo una llamada telefónica a Los Angeles desde la sede de los Panteras en Oakland la misma hora del incidente. Aunque no se conocieron todas las actividades de COINTELPRO sino hasta muchos años más tarde, en esos días se sabía que el gobierno espiaba a los dirigentes del Partido Pantera Negra. Los medios progresistas hicieron la pregunta: ¿dónde están los informes de vigilancia y de las intervenciones telefónicas de Geronimo? En 1975, dos investigadores de otro caso vieron los informes de vigilancia de 1968. Demuestran que el FBI sabía que Geronimo hizo una llamada del teléfono de Bobby Seale en Oakland poco antes del homicidio y que no estaba en Santa Mónica. Ahora el FBI dice que "perdió" los informes de la semana del robo.
COINTELPRO enemistó a varias facciones de los Panteras, así que unos líderes optaron por no dar testimonio sobre su ubicación. En el juicio de 1972, Kathleen Cleaver fue la única que dio testimonio. Veinte años después, seis ex militantes del PPN dijeron que Geronimo estuvo en la reunión de Oakland.
En el juicio de 1972, la fiscalía no ofreció ninguna prueba física que vinculara a Geronimo con el homicidio; solo presentó a dos testigos. Uno de ellos, Julius Butler, era un informante policial. Dijo que Geronimo le "confesó" que cometió un robo en una cancha de tenis de Santa Mónica en 1968. Butler juró que no era informante de la policía. Pero desde la condena de Geronimo se han divulgado varios documentos del DPLA y del FBI que prueban que Butler era informante y que durante dos años le dio a la policía información sobre los Panteras Negras. De acuerdo con varios documentos del FBI divulgados en 1979, Butler se reunió más de 30 veces con agentes del FBI antes del juicio de Geronimo.
Butler, un ex sheriff del condado de Los Angeles, ingresó al Partido Pantera Negra en Los Angeles a fines de los años 60. Llegó a tener algunas responsabilidades relacionadas a la seguridad, pero muchos militantes no tenían confianza en él. En 1969, por ejemplo, a Butler y a otros seis Panteras los acusaron por un secuestro. Durante una audiencia preliminar, Butler se declaró culpable, sin siquiera hablar con su abogado, y lo sentenciaron a libertad condicional y le pusieron una multa de $200. ¡Una sentencia muy inusual para un Pantera Negra ya condenado de cuatro delitos graves!
En 1970, expulsaron a Butler del PPN. Dos días después, presentó una "carta", que dijo que escribió antes, acusando a Geronimo del robo de 1968. Con esa "carta", las autoridades lanzaron su ataque.
Nuevas pruebas y la lucha por un nuevo juicio
En 1992, el equipo de abogados de Geronimo presentó pruebas de una extensa conspiración gubernamental al fiscal de Los Angeles, Gil Garcetti, que prometió investigarlas, pero tres años después no había hecho nada. Por eso, el 26 de febrero de 1996, entablaron una orden de habeas corpus en la Corte Superior de Los Angeles.
Stuart Hanlon, el principal abogado de Geronimo, anunció: "Hemos regresado a Los Angeles, donde ocurrió el crimen. No el crimen de que acusaron al Sr. Pratt, sino el crimen de su condena: el palacio de justicia criminal de Los Angeles".
Las nuevas audiencias empezaron el 16 de diciembre de 1996 en Santa Ana, California. Su punto focal fue Butler, quien ahora es abogado y presidente de la junta directiva de la iglesia First AME, una de las mayores iglesias negras de Los Angeles.
Por primera vez en 25 años, Butler tuvo que dar testimonio acerca de su papel en el juicio de Geronimo, y no cabe duda de que sigue trabajando con el gobierno.
Los abogados de Geronimo han divulgado documentos del DPLA, el FBI y la fiscalía de Los Angeles que dicen que Butler era informante. Pero a pesar de eso, Butler le dijo al abogado de Geronimo, Johnny L. Cochran, Jr., que no era informante sino "un ciudadano dispuesto a compartir información". Finalmente tuvo que admitir que en ciertos momentos "jugó el papel de informante".
A pesar de los esfuerzos de Butler por tapar la verdad, las audiencias pusieron en claro detalles de su relación con la policía. Dos agentes del DPLA, Duwayne Rice y Edward Henry, hablaron de sus numerosas conversaciones con Butler. Como resumió Hanlon, pintaron un cuadro de una "relación clásica de informante policial".
Por ley, la fiscalía y demás dependencias gubernamentales tienen que dar todas sus pruebas a la defensa, especialmente si pueden probar la inocencia del acusado. Si condenan a una persona y más tarde se sabe que la fiscalía tapó información importante, el condenado tiene el derecho a un nuevo juicio.
En la audiencia de diciembre de 1996 también se divulgaron nuevas pruebas acerca del otro testigo contra Geronimo: Kenneth Olsen, el sobreviviente del robo. Uno de los investigadores del juicio de 1972 dijo que Olsen le pareció "voluble". Antes de identificar a Geronimo, identificó a otros dos "sospechosos" como el asesino de su esposa, uno de los cuales estaba en la cárcel. Pero la fiscalía no dio esa información a la defensa.
Destapan la verdad
"¡Ya era hora!", Stuart Hanlon les dijo a los corresponsales. "¡Ya era hora!". El 29 de mayo de 1997 el juez Everett W. Dickey anuló la condena de Geronimo y su sentencia. Dickey dijo que como la fiscalía tapó pruebas cruciales, Geronimo no tuvo un juicio imparcial. Hanlon añadió: "¿Cómo se puede decir que este caso prueba que el sistema judicial funciona cuando tardó tanto tiempo en poner en libertad a un hombre inocente?" Hanlon ha sido el abogado de Geronimo ji Jaga Pratt, sin cobrar, desde hace 24 años, cuando lo condenaron de robo y homicidio en una farsa de juicio. Johnnie Cochran lo ha representado desde el juicio de 1972.
El juez dijo que las pruebas "ponen en claro que, durante un lapso de tres años antes del juicio, el testigo de la fiscalía Julius C. Butler... había dado información confidencial sobre el Partido Pantera Negra y sobre individuos asociados con él a varias dependencias policiales". Las dependencias que nombró Dickey son el DPLA, el FBI y la fiscalía de Los Angeles. Dickey dijo que de acuerdo a los archivos de la misma fiscalía, Butler era informante. A un investigador de la fiscalía le dijeron que antes de hablar con Butler había que pedirle permiso a George Akin (un agente del FBI) porque Butler "es de George". Después de recibir el permiso del FBI, a Butler lo consideraron informante de la fiscalía. Un detective de la fiscalía le dio $200 para comprar una pistola (que no podía comprar legalmente porque había sido condenado de un delito grave en 1969).
La fiscalía tampoco le entregó a la defensa información de la trampa que tendieron el FBI y el DPLA contra Geronimo. El juez descubrió que la fiscalía sabía que Butler le dio una carta al sargento Rice del DPLA que decía que Geronimo mató a Caroline Olsen, y que dos agentes del FBI le pidieron a Rice que la entregara como "prueba".
Explicó que esta información "divulgada debida y oportunamente a un abogado defensor competente le hubiera permitido hacerle preguntas potencialmente devastadoras o presentar pruebas comprometedoras sobre Butler desde muchos puntos de vista".
Además, Dickey dijo que Butler mintió en el juicio de 1972 cuando dijo bajo juramento "Nunca he sido informante", y que el sargento Rice "le dio al jurado una impresión cabalmente errónea del alcance de las actividades de Butler, que el fiscal no hizo nada para corregir".
Para refutar que la defensa no hizo todo lo posible para desenterrar esta información, Dickey dijo: "Es poco probable que los abogados defensores de un conocido Pantera Negra en 1972 hubieran podido obtener esa información sobre un testigo de la fiscalía pidiéndola de las dependencias policiales, especialmente en vista de su esfuerzo por proteger la confidencialidad de su informante (como la falsificación de un informe de un agente del DPLA con el permiso del Comisionado Interino...)".
Los argumentos
de la fiscalíaEl dictamen del juez Dickey dice que el juicio de Geronimo no fue imparcial, pero no dice nada sobre su inocencia. Por ejemplo, no comentó sobre las pruebas de que a la hora del robo y homicidio de Caroline Olsen, Geronimo estaba a 600 kilómetros. Pero de todos modos, Dickey invalidó muchos argumentos de la fiscalía.
Dijo que a Geronimo no lo consideraron sospechoso los primeros dos años después de la muerte de Olsen; esto solo cambió con el testimonio de Butler. Dijo que es muy significativo que Butler era el único que dijo que Geronimo confesó, y que se sabe que una "confesión" tiene mucha influencia en un jurado.
También dijo que el testimonio de otros testigos oculares (como el del esposo de Caroline Olsen y de una testigo que dijo que vio a Geronimo "en circunstancias amenazadoras" en su tienda antes del homicidio) no es confiable. Señaló que "la falta de credibilidad de una identificación de una persona desconocida de otra raza después de una breve observación en una situación de tensión se ha determinado tan claramente en los años desde el juicio del solicitante que ahora los jueces casi siempre dan instrucciones especiales al respecto si la fiscalía presenta testimonio de testigos oculares y si la defensa las pide".
Es decir, es tan común que los blancos se equivoquen al idenificar a negros que los jueces tienen que reconocerlo.
"Pone el caso a otra luz"
Un aspecto muy importante de la declaración del juez es que la defensa no tiene que probar que la información negada sobre Butler hubiera absuelto a Geronimo, sino solo que "el impacto acumulativo de las pruebas que la fiscalía debió haber entregado hubiera puesto el caso a otra luz y minado la confianza en el veredicto".
Dijo que Geronimo "cumplió con demostrar que las pruebas sobre las actividades de Julius Butler no divulgadas a la defensa hubieran puesto el caso a otra luz, y el hecho de que la fiscalía no las divulgó socava la confianza en el veredicto. Como la fiscalía no divulgó esa información, le negó al solicitante el derecho a un juicio imparcial garantizado por la Constitución de Estados Unidos, perjudicando la capacidad de la defensa de impugnar la credibilidad de un testigo clave de la fiscalía". Concluyó que "se ha socavado la confianza en el veredicto y el solicitante tiene el derecho a la protección de las leyes de habeas corpus que ha pedido". Anuló la sentencia de cadena perpetua.
La decisión confirmó lo que muchos ya sabían: que el DPLA, el FBI y la fiscalía trabajaron de la mano para condenar falsamente a este compañero revolucionario y le robaron 27 años de su vida.
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