Torturan con cinturón eléctrico
en corte de L.A.Obrero Revolucionario #967, 26 de julio, 1998
Long Beach, California. El 30 de junio, la policía torturó a Ronnie Hawkins, de 48 años de edad, con un choque eléctrico. Después, Ronnie contó lo que sintió cuando le aplicaron 50.000 voltios de electricidad al cuerpo por ocho segundos: "Primero sentí una ardiente sensación en la columna, luego me dolió toda la espalda. Quedé paralizado unos cuatro segundos.... Me imagino que la silla eléctrica debe ser así".
La bárbara tortura no se cometió en un callejón ni en una sala de tortura de una dependencia policial, que es donde acostumbran a cometer esas atrocidades, sino en una corte, y la ordenó la jueza Joan Comparet-Cassani.
Hawkins se estaba defendiendo a sí mismo por un delito de hurto menor. Por ser el tercer delito menor y por la ley de "tres strikes", corría el riesgo de ser sentenciado a 25 años de prisión. Como es VIH positivo, hubiera sido como una sentencia de muerte.
Se dice que la ley de "tres strikes" es el mandato del pueblo, pero algunos jurados no han querido condenar a los acusados si saben que podrían ir a parar en la cárcel de por vida por un delito menor. Por tanto, se prohíbe que los jurados sepan que la ley de "tres strikes" se aplica a su caso. Ronnie Hawkins desafió esa regla durante su juicio, y le dijo al jurado lo que se le pedía que le hicieran a un ser humano. Por eso le pusieron un cinturón eléctrico durante la audiencia de sentencia.
Hawkins dijo que no debían tomar en cuenta una condena previa. La jueza le dijo que si no se callaba le aplicarían choques eléctricos. Hawkins preguntó: "¿Quiere decir que me van a electrocutar por hablar?". Y las últimas palabras antes de que le aplicaran el choque fueron: "Eso es inconstitucional".
Desde hace más de dos años, los sheriffs del condado de Los Angeles obligan a ciertos presos a ponerse un cinturón eléctrico (stun belt) operado por control remoto. Los reglamentos dicen que solo se debe usar ese instrumento de tortura si el preso ataca o intenta escaparse. Ronnie no hizo ni lo uno ni lo otro. Los defensores públicos que vieron la tortura dicen que Ronnie le alzó la voz a la jueza y que la interrumpió un par de veces, pero que ni siquiera la amenazó. "Fue algo horrible, absolutamente horrible", dijo uno de los abogados. A Ronnie le toca regresar a la corte a fines del mes para que lo sentencien.
El incidente fue noticia de primera plana en el número del 9 de julio del Los Angeles Times y causó mucha indignación. El artículo señaló que esos choques pueden ser mortales, especialmente para quienes tienen problemas del corazón. Amnistía Internacional está haciendo una campaña contra el cinturón y la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) ha pedido que se suspenda inmediatamente.
El cinturón se usa en más de 100 condados de 15 estados. El fabricante dice que no es peligroso. Pero es parte del arsenal de armas "no letales" de la policía, como la llave estranguladora, el stun gun, el gas pimienta y otros métodos de sujeción que ya han matado a muchos. La prensa informa que las autoridades han usado ese instrumento de tortura en 27 ocasiones, un tercio por "accidente".
En el caso de Ronnie Hawkins, fue la primera vez que se usa en una corte. Pero el 13 de julio, en una corte de Oakland, se lo aplicaron "accidentalmente" a Brian Hill, quien tuvo que ser hospitalizado. Como Ronnie Hawkins, Brian se estaba defendiendo y dice que lo torturaron deliberadamente porque sabe mucho de derecho y ayuda a otros presos.
El 16 de julio, la Coalición 22 de Octubre de Los Angeles y Familiares para Cambiar la Ley Tres Strikes de California (FACTS, por sus siglas en inglés) hicieron una conferencia de prensa frente a la corte de Long Beach para condenar el cinturón. Los canales de TV, la radio y los periódicos locales informaron sobre la conferencia de prensa.
A continuación publicamos declaraciones hechas en la conferencia de prensa.
***** Reverendo Richard Byrd, de Christ Unity Center y la Coalición 22 de Octubre:
"La Coalición 22 de Octubre para Parar la Brutalidad Policial, la Represión y la Criminalización de una Generación; Christ Unity Center; Unity Center of African Spirituality; la Iglesia Metropolitana de Los Angeles y una comunidad indignada condenan el uso innecesario e inhumano del cinturón eléctrico por la jueza Joan Comparet-Cassani. En ninguna corte ni en ningún centro de detención se deben permitir prácticas similares a las del sistema de apartheid de Sudáfrica o de los tribunales de Fujimori en Perú. Toda la gente de conciencia debe denunciar esta práctica bárbara e inhumana. Hoy denunciamos y condenamos este método de tortura contra el Sr. Hawkins, y contra los miles de presos que han guardado silencio bajo pena de tortura como la que se ha visto aquí. La comunidad no permitirá que se sigan suprimiendo los derechos humanos. Pedimos a la humanidad que diga `no'. Hoy esto le pasa a `esa gente', mañana les podría pasar a ustedes, si no lo condenan hoy".
Hermano Ali, de la organización defensora de presos National Association of Brothers and Sisters In and Out (NABSIO):
"Nos están aplicando electrochoques en las cortes, como si fuéramos ganado. Lo rechazamos y no lo permitiremos. Condenamos esta atrocidad, y condenamos a la jueza Comparet-Cassani y a cualquier otro juez que use estos métodos para someter a un individuo esposado y encadenado".
Don Evans, de Familiares para Cambiar la Ley Tres Strikes de California (FACTS):
"La ley de `tres strikes'...es draconiana. Es ley pero tenemos que cambiarla. De no hacerlo, otros jueces se comportarán como esta jueza y se sentirán impunes. Muchos han sido sentenciados prácticamente a cadena perpetua por delitos menores. Tenemos que frenar estas injusticias hoy mismo".
Bilal Mafundi Ali, Coalición contra el Abuso Policial (CAPA):
"Estamos aquí para pedirle a la junta de abogados que destituya a la jueza Comparet-Cassani y pedir que se cambie el lugar del juicio porque no creemos que la jueza sea imparcial. Si la junta no se responsabiliza ante la comunidad por el comportamiento de la jueza Comparet-Cassani, le pediremos a la ciudadanía de Los Angeles y demás comunidades que la retire por voto popular".
Mollie Bell, activista comunitaria de Compton y representante de Faith United Methodist Church:
"Quiero que cuenten conmigo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí. Ese es el tiempo que le aplicaron 50.000 voltios de electricidad al cuerpo. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? ¿De lo que son 50.000 voltios de electricidad? Solo por contestar a la jueza.... Estoy aquí en nombre de mi pastor de la iglesia Faith United Methodist. Creemos que está mal, no solo porque lo dice el pueblo, sino también porque lo dice Dios. La corte debe respetar nuestros derechos, no torturarnos. Jamás debemos permitir que nos torturen".
Unión Americana de Derechos Civiles del Sur de California:
"La ACLU del Sur de California se une a la coalición nacional e internacional de derechos humanos que exige que se dejen de aplicar prácticas inhumanas de una vez por todas. Exigimos que la Corte Superior de Los Angeles y las Cortes Municipales prohíban el cinturón eléctrico, que es una versión moderna de los instrumentos de tortura medieval. No debe existir en el actual sistema de justicia criminal".
Joey Johnson, partidario del Partido Comunista Revolucionario y la Coalición 22 de Octubre:
"¿Cuántos cientos de acusados habrá que, ante sentencias de cadena perpetua, se callaron por temor a que los electrocuten? ¿Cuántos más en el futuro guardarán silencio ante la amenaza de ser condenados de 25 años a cadena perpetua? Quieren que lo aceptemos como `normal' por el simple hecho de que lo están aplicando, y que la nueva generación que están criminalizando y mandando a la cárcel se vaya sin quejarse. Me alegra que el Sr. Hawkins tuviera el coraje de desafiar las amenazas de la jueza.
"No podemos soportar esto. A millones de personas les da asco, les indigna. Estamos aquí para decirles que eso no basta; uno tiene que oponerse y meterse en la lucha. Organicemos un Día Nacional de Protesta el 22 de octubre; lancémosnos a la calle porque solo el pueblo tiene la respuesta. Nunca antes en la historia de este país habían construido tantas cárceles. Hay 1,7 millones de presos, y la mayoría por delitos menores. Los están almacenando; es la criminalización de una generación. Solo el pueblo lo pude parar.... Alto a la brutalidad policial, la represión y la criminalización de una generación".
También hablaron Bill Tate, padre de Preston Tate, quien fue ejecutado por un carcelero del penal estatal Corcoran; Stephanie Holtz, abogada de FACTS; y Suzanne Griffin, presidenta del capítulo de Los Angeles del Gremio Nacional de Abogados.
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