Chicago:
Falsas acusaciones contra dos niñosObrero Revolucionario #975, 27 de septiembre, 1998
A fines de julio, los vecinos de Englewood, una zona negra del sur de Chicago, se enteraron de un horrible crimen: Ryan Harris, de once años de edad, apareció muerta en un lote baldío, con un golpe en la cabeza y estrangulada; además, había indicios de abuso sexual.
Pero la pesadilla empeoró cuando llegó la policía. Quien pensara que la policía haría algo positivo por el pueblo, aprendió una amarga verdad.
Sin tener pruebas, la policía agarró a dos niños, de siete y ocho años de edad, y les echó la culpa. Por cinco horas, unos detectives los interrogaron sin sus padres o abogados. Más tarde, un experto en psicología infantil examinó al de siete años; dijo que tiene grandes problemas de lenguaje y que "casi no habla" si la mamá no está presente.
No obstante, la policía dijo que habían "confesado" y los encarceló.
En la corte, los niños hacían dibujos mientras los abogados presentaban sus argumentos. Eran tan chicos que ni tocaban el suelo con los pies. Sin embargo, la fiscalía los tildó de criminales empedernidos y entabló acusaciones de homicidio. Y aunque el juez los dejó regresar a casa con sus padres, les ordenó que se pusieran unas pulseras electrónicas y que no salieran.
¡Acusaciones de homicidio! ¿Contra chamacos de siete y ocho años? En Englewood y otros barrios, la gente no lo podía creer y respondió con rabia. ¿Cómo podían insistir que fueron ellos, cuando la única prueba era su "confesión", obtenida por métodos muy dudosos y posiblemente ilegales? Incluso si tuvieran algún vínculo con el crimen, ¿no habría que tratarlos con compasión y atención, en vez de botarlos al infierno del sistema judicial?
Los niños, sus familias y amigos pasaron semanas de angustia.
De repente, el 4 de septiembre, se supo que la policía lo urdió todo. La fiscalía reconoció que, al examinar la ropa interior de Ryan Harris, descubrieron semen. Es imposible que un niño de siete u ocho años produzca semen. La revelación destruyó las mentiras con que inculparon falsamente a los dos niños. La fiscalía tuvo que retirar las acusaciones de homicidio.
El alivio que sintieron las familias con esa noticia pronto se convirtió en ira. Dijo el padre del niño de ocho años: "Quería que mi hijo ayudara a agarrar al monstruo. Pero luego el monstruo llegó a ser las autoridades". La madre del otro niño dijo: "No puedo decir que estoy contenta. Una niña está muerta. Me siento decepcionada. Triste. Muy triste, porque la policía debe de servir y proteger al pueblo. Y no les dieron chance a estos chamaquitos".
Las familias y otras personas quieren que la policía, los fiscales y el alcalde se disculpen por el dolor causado a los dos niños, sus familias y toda la comunidad. Las autoridades dicen que no.
Al contrario, la policía dice que no cometió ningún error al interrogar a los dos niños solos y a puertas cerradas. Dicen que los niños renunciaron a sus derechos Miranda (derecho a llamar a un abogado). ¿Cómo va a entender un chamaquito qué significan los derechos Miranda para él, ni hablar de tomar la decisión de renunciar a ese derecho y permitir que lo interroguen sin asesoría de un abogado?
La policía y la fiscalía todavía no quieren declarar inocentes a los dos niños. El superintendente de la policía dijo que es posible que los llamen de nuevo a rendir declaración y que los podrían volver a acusar.
La conducta normal de la policía
Indigna que la policía no quiere disculparse, pero también revela una verdad básica. El vergonzoso tratamiento que le dio a los dos niños es algo típico: así trata todo el tiempo a los pobres, especialmente a los negros, latinos y otros oprimidos. La policía es el guardián de un sistema injusto y ve como enemigo a comunidades y sectores enteros del pueblo. Cada día, por todo el país, la chota agrede, tortura y acusa falsamente.
Un detective que le sacó la "confesión" a los niños de Englewood también hizo lo mismo con otro niño hace cuatro años. En ese incidente, un niño de 11 años de edad supuestamente confesó haber cometido un homicidio... otra vez, sin la presencia de padres o abogado. Con esa confesión lo declararon culpable, a pesar de que había pruebas físicas de que otra persona estaba involucrada.
No se trata de unas cuantas "manzanas podridas". En el condado Du Page, en las afueras de Chicago, la policía y los fiscales conspiraron para condenar a muerte a Rolando Cruz y Alex Hernández por el homicidio de una niña, a pesar de que otro hombre confesó ser culpable. Y una serie de escándalos en Filadelfia en los últimos años ha sacado a luz que la policía rutinariamente inventa pruebas. Revelaciones similares en otras ciudades demuestran que la práctica es muy común.
R. Eugene Pincham, un juez jubilado que ayudó en la defensa del niño de ocho años en Englewood, dijo: "La verdad, es espantoso. Si un policía hace eso con dos niños, ¿qué me haría a mí?".
Y si la policía y los fiscales son tan desalmados como para acusar falsamente de homicidio a niños inocentes, ¿puede haber duda de las extremas medidas que tomarían para condenar injustamente a un revolucionario como Mumia Abu Jamal?
La criminalización de una generación
Hasta el momento en que les tocó retirar las acusaciones, la policía y los fiscales pintaron a los niños como viles criminales que mataron con toda intención a la niña. La prensa, en un derroche amarillista, sacó a relucir otros casos de niños acusados de graves delitos.
Todo esto contribuye a crear un clima propicio a nuevas leyes y castigos más severos para los jóvenes. En otros casos la policía también ha interrogado a niños sin la presencia de padres o abogados. Poderosas fuerzas proponen juzgar a los menores como adultos para que cumplan cadena perpetua.
En el caso reciente de dos niños de 12 y 14 años de edad condenados por matar a compañeros escolares en Jonesboro, Arkansas, el juez que los sentenció se quejó de que en Arkansas no se permite sentenciar a los menores como adultos. La práctica de dar protección judicial especial a los jóvenes es blanco de burlas. La prensa los tilda de "animales" que se merecen largas sentencias en la cárcel o hasta la ejecución.
Como dice el llamamiento a un Día Nacional de Protesta el 22 de octubre: "Hay 1,7 millones de presos, la mayoría jóvenes negros o latinos, por delitos no violentos. El Congreso examina la posibilidad de reducir a 15 años la edad legal para ejecutar y de meter a los menores en prisiones de adultos. A todos nuestros jóvenes los están tratando como criminales, por su manera de vestirse, su pinta, el color de la piel o por el barrio en que viven. ¿Quién parará la criminalización de una generación?"
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