Tribunal dice que violaron los derechos de Mumia
Obrero Revolucionario #977, 11 de octubre, 1998
El 25 de agosto, se logró una victoria en la lucha por la libertad del preso político revolucionario Mumia Abu-Jamal. Un tribunal federal falló en Filadelfia que Mumia tiene el derecho de hablar con los medios de comunicación y de trabajar de periodista, y que las autoridades carcelarias no tienen el derecho de interceptar cartas de sus abogados. El fallo anuló el de un tribunal inferior.
Esto empezó en 1994 y 1995, cuando Mumia estaba preparando la audiencia de apelación post-condena (PCRA), la última apelación de la condena y sentencia de muerte. En medio de los preparativos para la audiencia, las autoridades lanzaron una serie de represalias contra Mumia.
Primero, lo castigaron por tener un "negocio" en el penal, o sea, porque se publicó su libro Live from Death Row (En vivo desde el pabellón de la muerte). Segundo, con el pretexto del supuesto "negocio", abrieron y leyeron cartas confidenciales de sus abogados sobre la estrategia para la audiencia. Tercero, suspendieron las visitas de los asistentes de los abogados. De esa manera, bloquearon el contacto entre Mumia y sus defensores y partidarios, y demoraron la presentación de documentos para la audiencia.
En agosto, el tribunal federal falló que las autoridades solo iniciaron la investigación del trabajo periodístico de Mumia después de que "la Orden Fraternal de Policía se quejó públicamente de los comentarios de Jamal en NPR" (la emisora pública nacional, que canceló dichos comentarios a raíz de las mismas quejas). El tribunal añadió que el Departamento de Correcciones (DOC) sabía que Mumia estaba escribiendo los comentarios desde 1989 pero no hizo nada hasta que la FOP se quejó, y que por otro lado ayudó a otro preso a sacar y publicitar un libro desde la cárcel. Los jueces dijeron que la investigación se debió a lo que decían sus escritos, y que eso es una violación de los derechos constitucionales.
El tribunal también falló a favor de Mumia sobre las cartas. En diciembre, durante la audiencia ante el tribunal federal, el abogado Jere Krakoff demostró que en 1994 y 1995 abrieron, leyeron, fotocopiaron y entregaron a otras dependencias estatales 10 cartas. Dos cartas tenían información sobre la estrategia para la audiencia PCRA. El tribunal señaló que "el departamento abrió sin derecho cartas privilegiadas de su abogado" y que las envió a la oficina de la dependencia estatal (el General Counsel) "encargada de aconsejar al gobernador de Pensilvania sobre una variedad de temas, entre ellos las órdenes de ejecución". Tres cartas fueron directamente a la oficina del gobernador.
Los jueces tildaron de "absurda" la afirmación del tribunal inferior y de la fiscalía de que era necesario abrir las cartas de Mumia para averiguar si tenía un "negocio". Dijeron que fue una violación de "la confidencialidad de las cartas jurídicas y por eso impidió la comunicación con sus abogados", y le ordenaron al DOC no interceptar más cartas.
Pero el tribunal rechazó la apelación sobre las visitas de los asistentes de los abogados. Falló que Mumia no demostró que la decisión de no permitir visitas de los asistentes "demoró o impidió" la apelación, y que la "seguridad" del penal es un factor más importante.
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