La pena de muerte injusta
de una sistema injustoObrero Revolucionario #990, 17 de enero, 1998
El pueblo de Estados Unidos vive a la sombra de la pena de muerte: la estructura de poder la aplica despiadadamente, y las ejecuciones son más y más comunes. Desde la reinstitución de dicha pena por la Suprema Corte en 1976, han ejecutado a 500 personas. (En 1972, la Suprema Corte instituyó una moratoria a las ejecuciones.) Hoy, además del gobierno federal y las fuerzas armadas, 38 estados tienen la pena capital.
En los últimos seis años, el ritmo de ejecuciones ha sido de un promedio de una a la semana. Actualmente, hay unos 3500 condenados a muerte y la cifra sigue aumentando. Según Amnistía Internacional: "Estados Unidos tiene la mayor cantidad de condenados a muerte del planeta".
El clima de castigo y venganza se fomenta desde la cúpula de la clase dominante. Por ejemplo, en 1992, Bill Clinton (en ese entonces gobernador de Arkansas) interrumpió su campaña presidencial y regresó a su estado natal para rechazar la petición de clemencia de Ricky Ray Rector, un retrasado mental negro condenado a muerte. Rector no entendía nada de lo que le pasaba, al punto de que dejó el postre de su última cena y les pidió a los guardias "guardarlo para después".
En 1996, Clinton aprobó la Ley de la Pena de Muerte Eficaz, la cual pone restricciones muy duras a las apelaciones de los condenados a muerte. Por otra parte, están ampliando el alcance de dicha pena; por ejemplo, en Illinois las categorías de homicidio a las cuales se les aplica han aumentado de seis en 1977 a 17 en 1998.
En vista de la expansión de la pena capital en este país, vale la pena examinar cómo se usa, contra quiénes y cómo se justifica. A continuación ofrecemos un análisis de dichos temas.
La pena capital es racista
En lo que respecta a la pena capital, los negros están fregados. A finales de 1997, una ligera mayoría de los ejecutados (56%) eran blancos, pero un 37% eran negros, ¡aunque constituyen apenas el 12% de la población! Mumia Abu-Jamal, el único preso político que se encuentra condenado a muerte en este momento, escribió desde la cárcel de Pensilvania: "En ninguna parte se encuentra un mundo más negro que en el pabellón de los condenados a muerte".
Un factor determinante para la aplicación de la pena capital es la raza de la víctima. La mitad de las víctimas de homicidio son negros, pero el 83% de los ejecutados fueron acusados del homicidio de un blanco. Desde 1976, han ejecutado a seis blancos por matar a un negro y a 112 negros por matar a un blanco.
Filadelfia es un ejemplo muy contundente: el 83% de los condenados a muerte son afroamericanos. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, es cuatro veces más probable que un negro de Filadelfia reciba una sentencia de muerte que un blanco.
El racismo suele ser muy patente. Por ejemplo, tanto el juez como el abogado de Wilburn Dobbs, un negro acusado de matar a un blanco en Georgia, le decía "negrito" y el licenciado se refería a la comunidad negra de Chattanooga como la "selva de negritos". Asimismo, en el estado de Utah, sentenciaron al afroamericano William Andrews a muerte aunque uno de los jurados dibujó un ahorcamiento con el lema "Linchar a los Niggers". El juez ni siquiera averiguó quién hizo el dibujito racista ni si se lo enseñó a los demás jurados. A Andrews lo ejecutaron.
Ejecutar a menores de edad
Ya juzgamos a los "chicos latinos"
ya es hora de chingarlos, de imponer la ley,
de ejecutar a esos dos mugrosos,
dijo el juez al taquígrafo de actas.
Paul Simon, "Adiós, Hermanos" Esos versos son de Capeman, una obra musical de Broadway que relata la vida de Salvador Agrón, un joven puertorriqueño sentenciado a muerte en la ciudad de Nueva York por matar a dos jóvenes blancos porque los confundió con pandilleros rivales. Agrón tenía 16 años cuando lo condenaron a muerte (posteriormente le conmutaron la sentencia).
Actualmente hay 70 condenados a muerte que recibieron la pena capital por crímenes que les imputaron cuando eran menores; la mayoría de ellos son negros y latinos. Según Amnistía Internacional, Estados Unidos es el único país que aplicó la pena de muerte a menores en 1998 (a tres personas).
Uno de ellos se llamaba Joseph Cannon. En 1977, Cannon, un joven blanco, mató a Anne Walsh, la hermana de su abogado, quien le ofreció casa mientras estaba bajo libertad condicional por hurto. Tenía 17 años y era retrasado mental. A los cuatro años, lo atropelló un camión; le fracturó el cráneo y quedó con problemas de hiperactividad y un defecto del habla. A los diez años le diagnosticaron lesiones cerebrales (por inhalar pegamento) y después esquizofrenia. Además, sufría de depresión e intentó suicidarse a los 15 años. Su padrastro abusó sexualmente de él cuando tenía siete años, y su abuelo igual durante toda la adolescencia. Aprendió a leer y escribir en el pabellón de los condenados a muerte.
Confesó: "A veces me vuelvo loco.... No tenía por qué matar a Anne; al contrario, ella me ayudó mucho". Los médicos describieron en el juicio la brutalidad y el abuso sexual "excepcionales" que experimentó Cannon de niño; sin embargo, lo sentenciaron a muerte.
Amnistía Internacional relata: "El 22 de abril de 1998 llevaron a Joseph Cannon a la cámara de muerte en el estado de Texas, tras vivir a la sombra de la muerte la mitad de la vida. Al inyectarle la sustancia letal, se le salió la jeringa. Los presentes tuvieron que salir para que se la volvieran a poner. Unos momentos después, regresaron a presenciar la ejecución".
Ejecución de
retrasados mentalesLo desalmada y genocida que es la aplicación de la pena capital se ve claramente en el trato a los enfermos y retrasados mentales. De los 500 ejecutados desde la reinstitución de la pena de muerte, 30 eran retrasados mentales. En muchos casos, el jurado ni siquiera conoce la situación del condenado porque los fiscales la ocultan. A continuación, tres casos de hombres negros que dan una idea del problema:
A Terry Washington lo sentenciaron a muerte por el homicidio de un universitario en 1987. Posteriormente, una corte determinó que tenía lesiones cerebrales causadas por el consumo de alcohol por su madre durante el embarazo y agravadas por años de pobreza, maltrato físico y convulsiones. El jurado ignoraba dicha situación. Lo ejecutaron en el estado de Texas el 6 de mayo de 1997. A Durlyn Eddmonds le diagnosticaron esquizofrenia en 1973. De 1977 a 1980 reafirmaron el diagnóstico en seis ocasiones. En 1980, lo enjuiciaron por la muerte de un niño de nueve años; en noviembre de 1997, lo ejecutaron. El 10 de febrero de 1998 ejecutaron a Tony Mackall en el estado de Virginia, aunque era retrasado mental y sufrió trauma cerebral de niño (información que el jurado no conoció). Mujeres condenadas a muerte
En febrero de 1998, ejecutaron a Karla Faye Tucker. Fue la primera mujer ejecutada en Texas desde la guerra de Secesión y la segunda en el país desde la reinstitución de la pena de muerte. Hubo grandes protestas de opositores de la pena de muerte por todo el país y el mundo. Hasta los fascistas cristianos y el papa pidieron que la indultaran porque era cristiana fundamentalista. Pero el gobernador de Texas, George Bush (quien posiblemente se postulará para la presidencia), no quiso hacerlo y puntualizó: "Creo que nuestro sistema da un trato justo a los condenados a muerte".
En junio de 1998, 43 presas de 15 estados estaban en el pabellón de los condenados a muerte, 11 de ellas por matar a su esposo (o contratar a alguien que lo matara) y cuatro por matar policías.
Se condena a personas inocentes
Uno de los sórdidos secretos de la pena de muerte es que el sistema ha condenado y ejecutado injustamente a muchas personas. Desde 1973, 73 hombres y dos mujeres condenados a muerte han salido en libertad tras comprobar su inocencia ante los tribunales; 21 de ellos han salido desde 1993, siete en el estado de Illinois. Es decir, por cada siete ejecuciones desde 1976, una persona condenada a muerte injustamente ha salido en libertad.
En noviembre de 1998, la facultad de Derecho de la Universidad Northwestern de Illinois convocó una reunión de víctimas de condenas de muerte injustas, sus abogados, opositores de la pena de muerte, etc. Asistieron más de mil personas. Lo más impresionante fue cuando 28 de los ex condenados a muerte pasaron al micrófono uno tras otro para decir que eran "sobrevivientes del pabellón de los condenados a muerte". Dennis Williams, artista, dijo: "Si el gobierno de Illinois se hubiera salido con la suya, yo estaría muerto".
Contra los presos políticos
Otro rasgo espantoso de la pena de muerte es su uso contra presos políticos. El caso de Mumia Abu-Jamal es un ejemplo candente. Vive bajo la sombra de la pena de muerte en Pensilvania, el cuarto estado en condenados a muerte (200). En 1995 (el año que firmaron una orden de ejecución de Mumia), se realizó la primera ejecución en dicho estado desde la reinstitución de la pena de muerte. Asimismo, reinstituyeron la pena de muerte en el estado de Nueva York, donde ejecutaron a los destacados presos políticos Julius y Ethel Rosenberg hace muchos años.
La amenaza de ejecutar a Mumia pone de relieve el trato que el gobierno da a los opositores políticos, especialmente a los revolucionarios que tienen eco en el fondo de la sociedad. Lo condenaron falsamente del homicidio de un policía y el fiscal argumentó que debían sentenciarlo a muerte, sobre todo por su militancia y creencias políticas.
Es evidente que la estructura de poder busca linchar legalmente a nuestro hermano revolucionario y asestar un golpe devastador al pueblo. ¡No permitiremos que nos roben la vida de este compañero!
El primer estado en ejecuciones
Por un tiempo estaban muy civilizados
nadie usaba el fusil
no querían apretar el gatillo.
Pero ahora que tienen la inyección letal
no hay pedo
los mandan a la Unidad 1 de Ellis.
Steve Earle, "Unidad 1 de Ellis" Amnistía Internacional señala que Texas es la primera jurisdicción del mundo occidental en ejecuciones. La mitad de las 74 ejecuciones realizadas en Estados Unidos en 1997 fueron en Texas por inyección letal en la tristemente célebre cámara de muerte de Huntsville. El pabellón de los condenados a muerte está en la Unidad 1 de Ellis en Huntsville y Texas fue el pionero del método de inyección letal en 1982.
La Unidad 1 de Ellis concentra la injusticia de la pena de muerte. En enero de 1998, tenía 436 condenados a muerte: 173 negros, 171 blancos y 89 latinos (11 de ellos ciudadanos mexicanos); y seis mujeres (cuatro blancas y dos negras). El 88% de los ejecutados (144 hacia fines de 1997) han sido condenados por la muerte de un blanco aunque el 58% de las víctimas de homicidio del estado son gente de color.
Además, Texas tiene 26 de los 70 menores condenados a muerte (hasta junio de 1998) y tiene a su haber siete de los 11 menores ejecutados desde 1985.
El proceso de clemencia es una barbaridad. La Junta de Indultos y Libertad Condicional hace sus gestiones en secreto; no hay actas ni se explican los motivos de sus decisiones. Una nota de prensa de Canadá informó: "Los miembros de la junta comunican su decisión por fax, un proceso que se conoce como `muerte por fax'".
El pabellón de los condenados a muerte de Texas se parece a un campo de exterminio, pues "permite" a los condenados trabajar (sin sueldo). La fábrica de costura produce bolsas y uniformes para los guardias. Un preso le dijo a Amnistía Internacional: "Muchos presos no están de acuerdo con trabajar para el gobierno que los va a matar".
Contra los inmigrantes
La pena de muerte también es un arma en la guerra contra los inmigrantes. Hay más de 60 ciudadanos extranjeros de 22 países condenados a muerte en Estados Unidos. El gobierno estadounidense firmó un convenio internacional que dice que los que se encuentran presos en un país extranjero tienen el derecho de contactar al consulado de su país; sin embargo, viola dicho convenio rutinariamente. En abril de 1998, lo violó al ejecutar a Angel Breard, un ciudadano paraguayo, en el estado de Virginia. Asimismo, ejecutaron a José Villafuerte, un ciudadano hondureño, sin informarle del derecho de contactar al consulado.
En diciembre de 1998, por poco ejecutan a Stanley Faulder, un ciudadano canadiense, en el estado de Texas. Hasta la secretaria del Estado, Madeleine Albright, tomó cartas en el asunto y pidió que aplazaran la ejecución (quizás le preocuparon las consecuencias para ciudadanos estadounidenses si otros países violan el convenio). Finalmente, la Suprema Corte federal la aplazó (por ahora).
Justificaciones y "los derechos de las víctimas"
Los políticos y funcionarios del gobierno siempre dicen que las encuestas demuestran que el pueblo está a favor de la pena capital. Dicen que hay que expandirla para "frenar" la delincuencia, aunque las cifras oficiales de los últimos años comprueban que la delincuencia está disminuyendo y muchos estudios indican que dicha pena no sirve como "freno".
Los politiqueros y la prensa manipulan cínicamente los "derechos de la víctima" con el fin de acelerar el ritmo de ejecuciones. Los fiscales manipulan a las familias de las víctimas con sus propios fines políticos y los grupos derechistas las reclutan para pedir más medidas represivas.
Naturalmente, los familiares sienten un gran pesar por la pérdida que han sufrido. Pero eso no se resuelve pidiendo que este gobierno opresivo lleve a cabo un acto de venganza. De hecho, la justicia es una cuestión social y no de venganza personal. Los crímenes, en lo fundamental, son actos contra la sociedad; el deseo de sus víctimas (o de las familias de las víctimas) de vengarse no debe ser el criterio con el cual la sociedad decida cómo tratar al perpetrador.
El criterio social de la justicia es: ¿cómo crear una situación donde sea posible prevenir y finalmente eliminar tales crímenes y otras formas de opresión? Es fundamental captar que el Estado burgués es un organismo opresivo; pedir que ejecute no cambia las condiciones socio-económicas en que se cometen asesinatos y violaciones.
Algunos familiares rechazan el movimiento reaccionario de "derechos de las víctimas". Está el caso de Jeanne Bishop, quien perdió a su hermana (de 25 años) y cuñado a manos de un joven en 1990. Bishop le dijo a Amnistía Internacional: "Cuando lo condenaron, lo primero que me preguntó [la prensa] fue si me sentía decepcionada porque no recibió la pena de muerte. Eso me asombró; fue la primera vez que hablé contra la pena de muerte, después de la muerte de mi hermana. Dije: `¡no!'. A mi hermana le encantaba la vida, la valoraba muchísimo; jamás hubiera querido que conmemoráramos su vida con la muerte de otro ser humano ni que se derramara más sangre para honrarla. Además, yo jamás quisiera causar, ni a mi peor enemigo, el dolor que él nos causó.... Para mí es impensable decir: `Su hijo mató a mi hermana--él tenía un hermano y una hermana, chamacos muy bellos--ahora como venganza voy a robar la vida de su hijo o su hermano'. Para mí, eso no tiene caso, solo causaría más dolor".
La lucha contra la pena de muerte
El 18 de diciembre de 1998, ejecutaron a Andrew Smith en Carolina del Sur; fue la ejecución número 500 desde la reinstitución de la pena capital. Hubo una protesta frente a la cárcel; los manifestantes se pintaron la mano de rojo para simbolizar que el Estado tiene las manos manchadas de sangre y bloquearon el tránsito. Arrestaron a nueve personas. Asimismo, se realizaron protestas en 26 estados y 15 países.
Todo eso es parte del creciente movimiento contra la pena de muerte, que abarca a grupos como Amnistía Internacional, la Coalición para Abolir la Pena de Muerte y el Centro de Información sobre la Pena de Muerte; fuerzas religiosas como las comunidades Bruderhof; gente prominente como la hermana Helen Prejean, y los actores Susan Sarandon y Mike Farrell; abogados progresistas y muchos más. Mucha gente se opone a la pena de muerte por motivos humanitarios o religiosos; dicen que es cruel o creen que la vida es sagrada y que jamás sería correcto matar a un ser humano. Amnistía Internacional llama a los opositores de la pena de muerte "abolicionistas", haciendo referencia al movimiento para abolir la esclavitud del siglo 19.
Para los revolucionarios comunistas, la oposición a la pena de muerte es parte de oponerse a los ataques del sistema capitalista contra el pueblo y de luchar por un futuro diferente. Como dijo Bob Avakian, Presidente del PCR: "Los comunistas se oponen a que el Estado burgués aplique la pena de muerte porque en la mayoría de los casos la aplicará contra los oprimidos y será un instrumento para reforzar su dictadura, robustecer su aparato represivo y crear un ambiente político más represivo que, repito, servirá principalmente para someter a los oprimidos y a los que se oponen al statu quo".
La pena de muerte es un arma siniestra y peligrosa de la clase dominante, una clase que sobrevive gracias a la mayor miseria, represión y criminalización de los oprimidos. Con ella el enemigo de clase amenaza los intereses fundamentales del pueblo; hay que pararla.
Fuentes de información:
The Death Penalty in Texas: Lethal Injustice, Amnistía Internacional, marzo de 1998
On the Wrong Side of History: Children and the Death Penalty in the USA, Amnistía Internacional, octubre de 1998
United States of America: A Macabre Assembly Line of Death. Death Penalty Developments in 1997, Amnistía Internacional, abril de 1998
Innocence and the Death Penalty, The Increasing Danger of Executing the Innocent, Richard C. Dieter, Esq., Director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte
"Survivors Make the Case Against Death Row", New York Times, 16/11/98
The Death Penalty in 1997: Year End Report, Centro de Información sobre la Pena de Muerte
"Texas Justice and Stanley Faulder", The Gazette (Montreal) 21/12/98
The Death Penalty in Black & White: Who Lives, Who Dies, Who Decides, Centro de Información sobre la Pena de Muerte
"Life and Death in a Texas Prison Town", Baltimore Sun, 23/12/98
"500th Inmate Executed Since Revival of Death Penalty", Los Angeles Times, 19/12/98
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