Obrero Revolucionario #994, 14 de febrero, 1999
En 1995, Rolando Cruz salió de la cárcel después de pasar 10 años en el pabellón de los condenados a muerte de Illinois, falsamente acusado de matar a una niña de 10 años. Libró una lucha tenaz en los tribunales y recibió mucho apoyo. Finalmente, ganó su libertad; la larga pesadilla terminó, pero el sistema le había robado 10 años.
A Rolando Cruz y Alejandro Hernández los condenaron con pruebas fraguadas: la policía les atribuyó declaraciones inculpatorias, y la fiscalía presentó la poca evidencia que tenía de una forma muy perjudicial y ocultó pruebas de su inocencia.
Ahora, cuatro policías y tres ex fiscales han sido acusados de delitos graves por conspirar para condenar falsamente a Cruz. Si los declaran culpables, será la primera condena por mala conducta de la fiscalía en un caso penal en la historia del país.
Eso no quiere decir que dicha práctica es poco común; muy por el contrario, a diario policías y fiscales mienten, ocultan e inventan pruebas, coaccionan a testigos, etc. Mejor dicho, la mala conducta oficial es la norma en todo el país.
El Chicago Tribune hizo una investigación del problema y escribió que desde 1963, "se han levantado por lo menos 381 condenas por homicidio porque los fiscales ocultaron pruebas exculpatorias o presentaron pruebas falsas deliberadamente". De las 381 condenas, 57 eran condenas a muerte.
El Tribune señala que eso "corresponde a un porcentaje minúsculo de los casos en que la fiscalía comete tales abusos, que de por sí se hacen en forma solapada y, por eso, muchas veces se requiere una labor extraordinaria para desenmascararlos. Por lo mismo, no se sabe el verdadero alcance de esta duplicidad de la fiscalía". Al tomar en cuenta otros delitos (aparte de homicidio), el problema de mala conducta de la fiscalía toma mayores dimensiones.
Una investigación del Pittsburgh Post-Gazette "encontró centenares de violaciones de reglamentos y leyes por agentes y fiscales del gobierno federal". Según el Post-Gazette: "En algunas ocasiones, no se trataba simplemente de pasar por encima de normas legales y éticas; el abuso de poder se calculó fríamente con el afán de perjudicar a la víctima en plena violación de la ley".
El licenciado Alan M. Dershowitz testificó en las audiencias de destitución de Clinton en la Cámara de Representantes en diciembre: "Informes de un sinnúmero de comisiones han identificado abusos muy extensos en los departamentos de policía de todo el país. Todo informe objetivo indica que el problema de perjurio policial es generalizado, y que es tolerado por fiscales y jueces...".
Ahorita está de moda hablar de perjurio. Pues, sí existe una epidemia de perjurio: la chota, los fiscales y otros funcionarios mienten todo el tiempo en los tribunales.
Es muy común que la chota y los fiscales inventen pruebas inculpatorias u oculten pruebas de inocencia. Según el Chicago Tribune: "La fiscalía ha ocultado pruebas que pondrían en duda el testimonio de sus testigos principales, inculparían a otros individuos o respaldarían la autodefensa del acusado. Han ocultado el hecho de que un homicidio ocurrió durante un lapso de tiempo en el cual el acusado podía probar que se hallaba en otra parte, o que sucedió en un campo de maíz y no en la casa del acusado como se afirmaba. En una ocasión los fiscales dijeron que pintura roja era sangre y en otra dijeron que sangre de cerdo era humana".
La ley requiere que la fiscalía proporcione a la defensa las pruebas y una lista de testigos favorables; eso se llama la proposición de prueba. Pero el Pittsburgh Post-Gazette informó que la fiscalía suele ocultar dicha información de la defensa: "[En una] revisión de 1500 quejas por mala conducta de la fiscalía durante los últimos 10 años, se encontraron centenares de violaciones de la proposición de prueba, es decir, los fiscales ocultaron pruebas que hubieran ayudado a la defensa a comprobar la inocencia del acusado o puesto en duda las declaraciones de un testigo que lo inculpó.... Casi no se castiga a fiscales por violaciones de la proposición de prueba y muchos de ellos las han cometido una y otra vez".
El Chicago Tribune informó sobre el caso de dos negros--Sammy Thomas y su hermano, Willie Gene--condenados por homicidio en el estado de Nueva York. El hermano de la víctima le dijo a la policía que los homicidas eran blancos. Sin embargo, por la confabulación de la policía y la fiscalía esa información clave no salió en el juicio. Finalmente, se dio a conocer en el segundo juicio de Willie Gene en 1980; lo declararon inocente y, posteriormente, anularon las acusaciones contra su hermano. Jamás se castigó al fiscal Peter Corning por mala conducta; al contrario, llegó a ser juez.
Asimismo, el Chicago Tribune menciona el caso de Orville Stifel de Ohio, condenado por matar a un rival sentimental con una carta bomba. Desde la cárcel Stifel solicitó documentos al amparo de la Ley de Libertad de Información y recibió 1500 hojas que la fiscalía había ocultado de la defensa; contenían pruebas irrefutables que inculpaban al padre de la víctima. Después de 12 años de cárcel, levantaron su condena en 1984.
Muy a menudo la chota es el testigo clave de la fiscalía; las dos dependencias trabajan de la mano para echar mentiras e inventar pruebas.
Eric Sterling, de la Fundación de Justicia Penal, dijo: "En la ciudad de Nueva York, los policías lo llaman `testimentir'. En Los Angeles, hablan del `club de mentirosos'. Todo el mundo sabe que la chota echa mentiras. Los fiscales no se preocupan por eso, simplemente lo consideran parte del sistema".
En su testimonio ante la Cámara de Representantes, el licenciado Dershowitz relató que en una ocasión cuando defendía a un abogado acusado de corrupción, el testigo principal de la fiscalía era un chota que reconoció haber cometido tres delitos, pero dijo que no cometió más. Sin embargo, según Dershowitz: "Posteriormente se supo que, de hecho, había cometido centenares de delitos adicionales y, entre ellos, algunos que juró no haber cometido". Jamás lo acusaron de perjurio "porque un joven fiscal general llamado Rudolph Giuliani [ahora alcalde de Nueva York] organizó una campaña para no acusarlo". Posteriormente, el chota dijo: "En la Academia de Policía prácticamente enseñan a perjurar".
Dershowitz señaló que funcionarios de alto nivel están muy conscientes de la epidemia de perjurio policial: "Por ejemplo, William F. Bratton, ex jefe de los departamentos de policía de Nueva York y Boston, afirma que el problema de `testimentir es muy real y necesita atención'.... Muchos jueces, quienes oyen o revisan testimonio policial, están de acuerdo con el juez Alex Kozinski de la corte federal de apelaciones del Noveno Distrito: "El perjurio oficial es un fenómeno generalizado, es un `secreto' a voces". En las palabras del juez Irving Younger: "Cualquiera que ejerza el derecho penal sabe que el perjurio policial es muy común".
Por otra parte, la chota y los fiscales coaccionan a informantes a dar testimonio falso y les enseñan cómo hacerlo, una práctica documentada en un episodio del programa de TV Frontline titulado "Snitch" (Soplón), de televisión pública.
Ha habido una explosión de tal práctica debido a "la guerra contra la droga": la fiscalía amenaza a sospechosos de delitos de droga con largos años de cárcel, aprovechando las duras sentencias obligatorias, para coaccionarlos a dar testimonio e inclusive a inventar pruebas.
Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad George Washington entrevistado en "Snitch", dijo: "En el sistema federal la sentencia obligatoria para la primera condena por un delito de droga es de 10 años, sin posibilidad de salir bajo libertad condicional. Uno está fregado, pues son muchos años de cárcel. No hay salida, sobre todo dado que los fiscales ganan arriba del 90% de esos casos. Si lo condenan a uno, son 10 años; ya no existe libertad condicional en el sistema federal.
"Ahora, cuando se le explica eso tal cual a un joven de 18 años, lo capta muy bien y le pregunta al licenciado: `¿Cómo salgo de este lío?'; el abogado le dice: "Habrá que delatar a alguien. Hay que arreglarse con ellos, hay que darles algo que necesitan'. Desde luego, el joven lo hace y si no sabe nada, lo inventa. Así es.
"No es bueno. No conviene, pero así funciona el sistema. O sea, nos estamos volviendo una sociedad de informantes".
A principios de esta década, el gobierno pagaba más de $100.000 al año a soplones; además es común que les reduzcan las sentencias. Según el Pittsburgh Post-Gazette, el afán de los fiscales de obtener el testimonio de soplones ha suscitado un nuevo comercio de información para confeccionar declaraciones: "A menudo los reclusos testifican contra personas que ni siquiera conocen; corroboran hechos que no presenciaron. El fiscal logra condenar al acusado. El recluso sale de la cárcel. El acusado pierde. Además, se afirma que agentes federales y fiscales proporcionan información a los informantes/reclusos para facilitar el arreglo".
Desde tiempo atrás, mucho antes de la intensificación de la "guerra contra la droga", el falso testimonio de soplones ha sido parte del arsenal de la chota y los fiscales. En el tristemente célebre caso de los 4 de Ford Heights, condenaron a cuatro negros de un barrio pobre de Chicago--Kenny Adams, Verneal Jimerson, Willie Rainge y Dennis Williams--por la violación y el homicidio de una pareja blanca en 1978. A dos de ellos los condenaron a muerte, pero después de 20 años de cárcel, exculparon a los cuatro y salieron en libertad.
El Chicago Tribune señaló: "Desde la fase de buscar pruebas hasta el veredicto de culpable, la evidencia contra Williams y sus tres amigos no fue muy convincente. Al salir en libertad, demandaron a los sheriffs: afirmaron que eran racistas, que los detuvieron precipitadamente y después inventaron pruebas para inculparlos".
La fiscalía tenía tres testigos clave. El Tribune informó: "Los actas del juicio, declaraciones juradas y entrevistas con gente que lo presenció indican que los fiscales ocultaron el hecho de que los testigos recibieron muchos favores". Dos de ellos, quienes salieron en libertad a cambio de su testimonio, admitieron posteriormente que mintieron en el banquillo. Los fiscales ayudaron al tercer testigo a conseguir empleo; sin embargo, hasta la policía reconoció que su testimonio no era creíble.
Dennis Williams es uno de los 28 condenados a muerte hoy libres que asistieron a una reunión nacional sobre Condenas Injustas y la Pena de Muerte en noviembre pasado en Chicago. Le dijo al público: "Si el gobierno de Illinois se hubiera salido con la suya, yo estaría muerto".
Falso testimonio fue central en el juicio político de Mumia Abu-Jamal; la policía intimidó a los testigos clave a declarar contra Mumia.
La Comisión Mollen de la ciudad de Nueva York informó que los oficiales "no solo toleran sino que animan" a los agentes a mentir. Un chota explicó a la comisión que su jefe le enseñó a falsificar información a fin de arrestar a sospechosos de delitos de droga.
En general, no se anulan las condenas logradas con perjurio y otros abusos de la fiscalía, por flagrantes que sean. El Chicago Tribune señaló: "Aun cuando los fiscales ocultan pruebas, las cortes no levantan la condena a menos que dichas pruebas sean tan contundentes que exista una `probabilidad razonable' de que hubieran suscitado un veredicto distinto. El criterio es muy parecido en los casos en que la fiscalía intencionalmente presenta pruebas falsas. Por lo tanto, es muy común que las cortes ratifiquen una condena aunque el fiscal haya ocultado pruebas o permitido que un testigo mienta, pues se afirma que las acciones de la fiscalía, si bien son reprobables, a lo mejor no afectaron el veredicto".
La Ley de la Pena de Muerte Eficaz aprobada por el presidente Clinton pone mayores restricciones a las apelaciones de los condenados a muerte.
Por otra parte, no se permite demandar a los fiscales por condenas injustas; en 1976 la Suprema Corte les otorgó inmunidad.
Según las investigaciones del Chicago Tribune, ni un fiscal ha recibido sanciones oficiales por fraguar pruebas ni por mala conducta en un proceso penal. En solamente dos ocasiones se condenó a un fiscal por mala conducta, pero a los dos se les acusó de delitos menores que conllevan una multa de $500.
De hecho, han ascendido a muchos de los fiscales responsables de mala conducta.
*****
El perjurio oficial no es cosa de unas cuantas "manzanas podridas"; al contrario, es algo generalizado. Es tolerado e impulsado desde los altos niveles del sistema judicial; es un elemento clave de la maquinaria de injusticia del sistema.
Fuentes:
"Trial and Error", Chicago Tribune, 10-14 de enero, 1999
"Win at All Costs", Pittsburgh Post-Gazette, 22 de noviembre a 13 de diciembre, 1998
Testimonio de Alan Dershowitz ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, 1º de diciembre, 1998
"Snitch," Frontline, 12 de enero, 1999; escrito, montado y dirigido por Ofra Bikel
This article is posted in English and Spanish on Revolutionary Worker Online
http://rwor.org
Write: Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
Phone: 773-227-4066 Fax: 773-227-4497
(The RW Online does not currently communicate via email.)