Perú:
Ponen en libertad a abogados popularesObrero Revolucionario #1026, 17 de octubre, 1999
Recibimos el siguiente artículo del Comité de Apoyo a la Revolución en el Perú (CARP):
Hemos recibido muy buenas noticias acerca de la lucha por los abogados peruanos que han defendido valientemente a presos políticos. El mes pasado, absolvieron a seis abogados defensores y el día 20 de septiembre pusieron en libertad a cinco de ellos-Luis Ramón Landaure, Magno Mariás Abanto, Rodolfo Ascencios Martel, Carlos Gamero Quispe y Ernesto Messa Delgado-quienes estuvieron presos dos años en la cárcel de máxima seguridad Miguel Castro Castro.
Los abogados se han mantenido firmes contra el gobierno represivo de Fujimori, Made in USA; al salir, reiteraron su compromiso de defender a todo acusado que requiera de sus servicios.
En 1997, el gobierno acusó a ocho abogados defensores de delitos patentemente políticos-"traición a la patria" y "terrorismo"-los cuales conllevan largas sentencias de cárcel. Los abogados se destacaron por defender a acusados de terrorismo, gente de los pueblos jóvenes y otras víctimas del gobierno. Por ese "delito" sufrieron persecución política; en palabras de los abogados: "La verdadera razón de nuestra detención es impedir el derecho de la defensa y el libre ejercicio profesional; de esta manera ningún abogado se atrevería a defender libremente a persona investigada por terrorismo por temor a ser detenido o involucrado". [Se puede leer más sobre el caso de los abogados en el OR No. 1010, "ĦSuelten a los abogados populares de Perú!"]
Al filtrarse al extranjero la noticia del arresto de los abogados, se organizaron protestas en muchos países. Abogados de México, Colombia, Grecia y Estados Unidos enviaron cartas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a las autoridades y periódicos peruanos. Indignados por los atropellos contra sus colegas peruanos, apresados por el simple hecho de ejercer la profesión, expresaron gran preocupación por las inhumanas condiciones en que los tenían y por la violación de sus derechos elementales.
Asimismo, repudiaron el sistema judicial fascista de la dictadura peruana, uno de los peores del mundo, con miles y miles de presos políticos en terribles mazmorras. Los ocho abogados se sumaron a esa enorme cantidad de presos políticos y a muchos abogados sentenciados a cadena perpetua por defender presos políticos.
El 13 de septiembre se inició el juicio de seis de los abogados acusados de "terrorismo" en 1997. (Anteriormente el gobierno puso en libertad a dos.) Aunque la prensa de Estados Unidos no mencionó el juicio, hizo noticia en Perú. La fiscalía acusó a los abogados de asociarse con el Partido Comunista del Perú (PCP); la única "prueba" de tal asociación fue que han defendido presos políticos y militantes del PCP. También acusó a algunos de contribuir a la defensa jurídica del Presidente Gonzalo (Abimael Guzmán), Presidente del PCP. A Luis Ramón Landaure se le acusó de portar una bandera roja con la hoz y el martillo en una manifestación del año 1987; otra "prueba" fue un libro de Mao Tsetung.
Dichas "pruebas" se consiguieron gracias a las declaraciones de dos "arrepentidos", es decir, soplones (acusados de delitos políticos que se acogen a la Ley de Arrepentimiento de 1993, que ofrece clemencia a cambio de nombres y testimonio).
Los abogados libraron una batalla cuesta arriba contra un sistema judicial totalmente parcial; por ejemplo, un fiscal reconoció que las acusaciones carecían de mérito y recomendó poner a los ocho abogados en libertad. Como consecuencia, dos de ellos salieron de la cárcel, pero entonces las autoridades revocaron la recomendación del fiscal y ordenaron que se juzgara a los otros seis.
Los defendió un equipo de abogados limeños y representantes del Colegio de Abogados de Lima. El juicio duró una semana, pero finalmente se decidió que las acusaciones carecían de mérito y el tribunal dictaminó que los pusieran en libertad... Ħtras 22 meses presos!
La absolución de los compañeros abogados es una victoria, pero la represión sigue sin parar. Muchos abogados siguen presos y en febrero detuvieron a otro destacado abogado, Roberto Godofredo Sihuay Soto, por "terrorismo" y "traición a la patria".
Además, siguen los ataques contra los seis abogados absueltos el mes pasado: uno de ellos, Esteban Suárez González, no sale en libertad todavía dizque por un problema de trámites; la fiscalía entablará una apelación en el caso de Rodolfo Ascencios Martel; y a Carlos Gamero Quispe y Ernesto Messa Delgado los acusaron nuevamente (dicen que sobornaron a un policía para obtener copias de testimonios en su contra). Además, un tribunal superior revisará los veredictos, así que no se sabe con certeza cuál será el desenlace final.
Dicha situación subraya la importancia de seguir luchando contra la represión de los abogados defensores del pueblo. El gobierno de Fujimori se ha propuesto bloquear la defensa de los acusados de delitos políticos, en un país donde miles y miles de presos políticos se encuentran en terribles mazmorras, donde se violan las normas más elementales de derechos humanos y del derecho internacional.
El gobierno ha arrestado a los abogados del pueblo pero se le volteó la tortilla, y ahora Fujimori y compañía se encuentran ante un dilema. Como las masas peruanas han sufrido mucho con la brutalidad y represión del gobierno, y el ataque contra los abogados prendió gran indignación en amplios sectores del pueblo; precisamente porque los compañeros son conocidos defensores de los derechos del pueblo, se deslindaron los campos muy claramente tanto en Perú como en el mundo.
El apoyo internacional fue sumamente importante; muchos abogados, organizaciones de abogados y estudiantes de derecho manifestaron su solidaridad. En vísperas del juicio, una delegación de abogados franceses visitó a sus colegas peruanos en la cárcel y criticó su represión ante la prensa. Abogados de Colombia y Francia de la organización Abogados Sin Fronteras viajaron a Perú para asistir al juicio. Esas manifestaciones de solidaridad fueron muy alentadoras para los abogados y sus partidarios, pues los reaccionarios prefieren atacar al pueblo en las sombras para no suscitar protestas, pero en esta ocasión no pudieron. Es decir, la solidaridad internacional creó serias dificultades para el gobierno de Fujimori.
La lucha por defender a los abogados del pueblo se desenvuelve en un marco más amplio: el gobierno peruano, respaldado por el imperialismo yanqui, quiere aplastar la guerra popular maoísta dirigida por el PCP y acabar con la resistencia del pueblo. Pero la gran pobreza y sufrimiento atizan la guerra popular. A pesar de las dificultades, el PCP persevera y da dirección a la justa guerra revolucionaria de las masas, y esa guerra sigue siendo el problema central de la vida nacional y el motivo principal de los atropellos y represión del gobierno contra el pueblo.
Desde luego, el hecho de ganar la libertad de los cinco abogados no implica que el gobierno haya cambiado; sin embargo, es una victoria para el pueblo. Los abogados se mantuvieron firmes, recibieron mucho apoyo y ahora están libres. Eso es muy alentador para las fuerzas progresistas y revolucionarias de Perú, y sus partidarios en Perú y en el mundo entero.
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